Lizbeth Pineda Cadena

Expediente 782/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
782/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
09/01/2019

Partes del expediente

  • Lizbeth Pineda Cadena

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    VI. Toluca, Estado de México; nueve de enero de dos mil diecinueve. La certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa no se inconformó dentro del plazo previsto en el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, contra el proveído de siete de diciembre de dos mil dieciocho, en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto; por tanto, se tiene por consentido, para los efectos legales conducentes. Ahora, visto el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archívo de este Juzgado de Distrito; por tanto, en el Libro de Gobierno háganse las anotaciones respectivas. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la siguiente indicación: El presente asunto es susceptible de depuración, pues en este juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal (Punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero del citado acuerdo). A consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo normativo aludido. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo de las disposiciones generales, inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    III)Toluca, Estado de México; siete de diciembre de dos mil dieciocho. La certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de veintiocho de noviembre de este año, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, a fin de establecer el correcto o incorrecto cumplimiento otorgado a la sentencia de amparo, es necesario precisar lo siguiente: El presente juicio se promovió por Lizbeth Pineda Cadena, en contra de los actos siguientes: 1.- De la Legislatura del Estado de México, se reclama la discusión, aprobación, expedición, del Decreto por el que se creó el artículo 95 fracción I, inciso C, y rango 6 de la tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente para el año dos mil dieciocho,(Por lo que hace al pago de los derechos por servicios prestados por el Instituto de la Función Registral del Estado de México, derivado de la inscripción de la compraventa a la cual más adelante me referiré) 2.-Del Gobernador del Estado Libre y Soberano de México, se reclama la aprobación, expedición, promulgación y orden de publicación del Decreto por el que se creó el artículo 95 fracción I, inciso C, y rango 6 de la tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente para el año dos mil dieciocho,(Por lo que hace al pago de los derechos por servicios prestados por el Instituto de la Función Registral del Estado de México, derivado de la inscripción de la compraventa a la cual más adelante me referiré) 3.- Del Director del Instituto de la Función Registral del Estado de México, se reclama el primer acto de aplicación del precepto señalado en párrafos precedentes consistente en la recepción del pago de derechos por concepto de compra venta adquisición o transmisión de propiedad o posesión de más de $431,773.00 efectuado el doce de febrero de dos mil dieciocho (por lo que hace a la recepción de los montos de servicios del Instituto de la Función Registral del Estado de México, derivado de la compraventa y apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria (pagados por la Notaria al nombre de la suscrita) a los cuales más adelante me referiré. Mediante sentencia terminada de engrosar el veintitrés de julio del año en curso, se resolvió: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Lizbeth Pineda Cadena, contra los actos, autoridades y motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia." Mediante ejecutoria de treinta y uno de octubre del año en curso, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en el amparo en revisión 255/2018, de su índice estadístico, resolvió en los términos siguientes: "PRIMERO. En la materia del recurso, se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a LIZBETH PINEDA CADENA, contra el acto reclamado en los términos de la sentencia recurrida y para los efectos precisados en el último considerando de la presente ejecutoria." La concesión del amparo fue para el efecto de que el Director General del Instituto de la Función Registral del Estado de México realizara lo siguiente: NO aplique a la quejosa, la tarifa contenida en el artículo 95, fracción I, inciso c), en su rango 6 del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente para el año dos mil dieciocho. Se devuelva a la quejosa la cantidad actualizada que resulte de restar a $18,762.00 (dieciocho mil setecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), la cuota mínima establecida en la porción normativa aplicada de forma que la protección constitucional no implica que no deba pagar por los servicios prestados por el Estado, sino que debe pagar la tarifa menor que establece el precepto legal invocado, por ser el parámetro mínimo que para este representa el costo de tales servicios. Así las cosas, mediante oficio 233B14000/2221/2018, presentado en la oficialía de partes de este juzgado de distrito el veintisiete de noviembre del año en curso, la Directora Técnico Jurídico del Instituto de la Función Registral del Estado de México, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copia certificada del cheque número 0005475 de veintitrés de noviembre del año en curso, por la cantidad de diecisiete mil quinientos sesenta y siete pesos 35/100; asimismo, informó que no se aplicaría a la parte quejosa la porción mínima correspondiente al artículo 95 fracción I, inciso C, rango 6 de LA Tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios , vigente en el ejercicio fiscal 2018. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Lo expuesto encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia Común, página 301, del contenido siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    III( se lista aviso parte quejosa))Toluca, Estado de México; siete de diciembre de dos mil dieciocho. La certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de veintiocho de noviembre de este año, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, a fin de establecer el correcto o incorrecto cumplimiento otorgado a la sentencia de amparo, es necesario precisar lo siguiente: El presente juicio se promovió por Lizbeth Pineda Cadena, en contra de los actos siguientes: 1.- De la Legislatura del Estado de México, se reclama la discusión, aprobación, expedición, del Decreto por el que se creó el artículo 95 fracción I, inciso C, y rango 6 de la tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente para el año dos mil dieciocho,(Por lo que hace al pago de los derechos por servicios prestados por el Instituto de la Función Registral del Estado de México, derivado de la inscripción de la compraventa a la cual más adelante me referiré) 2.-Del Gobernador del Estado Libre y Soberano de México, se reclama la aprobación, expedición, promulgación y orden de publicación del Decreto por el que se creó el artículo 95 fracción I, inciso C, y rango 6 de la tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente para el año dos mil dieciocho,(Por lo que hace al pago de los derechos por servicios prestados por el Instituto de la Función Registral del Estado de México, derivado de la inscripción de la compraventa a la cual más adelante me referiré) 3.- Del Director del Instituto de la Función Registral del Estado de México, se reclama el primer acto de aplicación del precepto señalado en párrafos precedentes consistente en la recepción del pago de derechos por concepto de compra venta adquisición o transmisión de propiedad o posesión de más de $431,773.00 efectuado el doce de febrero de dos mil dieciocho (por lo que hace a la recepción de los montos de servicios del Instituto de la Función Registral del Estado de México, derivado de la compraventa y apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria (pagados por la Notaria al nombre de la suscrita) a los cuales más adelante me referiré. Mediante sentencia terminada de engrosar el veintitrés de julio del año en curso, se resolvió: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Lizbeth Pineda Cadena, contra los actos, autoridades y motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia." Mediante ejecutoria de treinta y uno de octubre del año en curso, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en el amparo en revisión 255/2018, de su índice estadístico, resolvió en los términos siguientes: "PRIMERO. En la materia del recurso, se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a LIZBETH PINEDA CADENA, contra el acto reclamado en los términos de la sentencia recurrida y para los efectos precisados en el último considerando de la presente ejecutoria." La concesión del amparo fue para el efecto de que el Director General del Instituto de la Función Registral del Estado de México realizara lo siguiente: NO aplique a la quejosa, la tarifa contenida en el artículo 95, fracción I, inciso c), en su rango 6 del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente para el año dos mil dieciocho. Se devuelva a la quejosa la cantidad actualizada que resulte de restar a $18,762.00 (dieciocho mil setecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), la cuota mínima establecida en la porción normativa aplicada de forma que la protección constitucional no implica que no deba pagar por los servicios prestados por el Estado, sino que debe pagar la tarifa menor que establece el precepto legal invocado, por ser el parámetro mínimo que para este representa el costo de tales servicios. Así las cosas, mediante oficio 233B14000/2221/2018, presentado en la oficialía de partes de este juzgado de distrito el veintisiete de noviembre del año en curso, la Directora Técnico Jurídico del Instituto de la Función Registral del Estado de México, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copia certificada del cheque número 0005475 de veintitrés de noviembre del año en curso, por la cantidad de diecisiete mil quinientos sesenta y siete pesos 35/100; asimismo, informó que no se aplicaría a la parte quejosa la porción mínima correspondiente al artículo 95 fracción I, inciso C, rango 6 de LA Tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios , vigente en el ejercicio fiscal 2018. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Lo expuesto encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia Común, página 301, del contenido siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    III. Toluca, Estado de México; dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mediante el cual devuelve el original del juicio de amparo 782/2018-III, y copia certificada del testimonio de la resolución de treinta y uno de octubre pasado, emitida por el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito en el recurso de revisión 255/2018, cuyos puntos resolutivo son: "PRIMERO. En la materia del recurso, se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a LIZBETH PINEDA CADENA, contra el acto reclamado en los términos de la sentencia recurrida y para los efectos precisados en el último considerando de la presente ejecutoria." Ahora, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio y testimonio de mérito, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y acúsese recibo. Ahora, del cuaderno de antecedentes formado con motivo de la revisión interpuesta desglósense las actuaciones posteriores a la remisión del presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito en turno, para la substanciación del referido medio de impugnación y, una vez hecho lo anterior, agréguense éstas al sumario constitucional en el cual se actúa y, el citado cuaderno de antecedentes manténgase por separado. Por otra parte, toda vez que en la ejecutoria emitida por el tribunal de alzada se concedió el amparo, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al Director General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, para que dentro del plazo de tres días de cumplimiento a la ejecutoria de amparo y, remita copias certificadas de las constancias que así lo acrediten. Con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, los cuales facultan a este órgano jurisdiccional para hacer uso de medidas de apremio con la finalidad de hacer cumplir sus determinaciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 258 de la ley de la materia, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Además, se le hace del conocimiento que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no la exime de responsabilidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 195 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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