Lizbeth Peña Luna

Expediente 654/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 14 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
654/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
01/09/2023

Partes del expediente

  • Lizbeth Peña Luna
  • Meliza Lizet Luna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a primero de septiembre de dos mil veintitrés. CAUSA EJECUTORIA Vista la certificación de cuenta, se desprende que a la fecha, ha fenecido el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión [medio de impugnación establecido en el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), de dicha legislación], en contra la sentencia dictada en el presente asunto, en el que se sobreseyó el juicio en que se actúa, sin que ninguna de las mismas lo hubiera hecho. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto causó ejecutoria para todos los efectos legales. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. 25/04/24 15:35:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b José Alfonso García López 2 ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales vigente, se acuerda lo siguiente: JUICIO DE AMPARO CONSERVABLE El presente expediente se considera conservable; por lo tanto, se conservará por el término de tres años en el archivo de "trámite" a que se refieren los numerales 8, fracción I, y 9 de dicho Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido y transcurrido ese plazo, deberá solicitarse la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo establece el último artículo en cita. Se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo de conformidad con el artículo 34 de acuerdo en comento. 25/04/24 15:35:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b José Alfonso García López 3 Amparo indirecto 654/2023 DIGITALIZACIÒN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo tercero, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaría para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Finalmente, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 20 del citado Acuerdo General. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de José Alfonso García López, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del quince de agosto de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, en el juicio de amparo 654/2023, promovido por Meliza Lizet Luna en representación de Lizbeth Peña Luna, Eliobardo Regalado Cisneros y Jonathan Guadalupe Espinoza Ocampo, ante la presencia de Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, ante José Alfonso García López, Secretario del Juzgado, con quien actúa y da fe, sin la comparecencia de ninguna de las partes ni representante legítimo de ellas, y certifica: que se encuentra pendiente de notificar a los quejosos el acuerdo de veintiséis de mayo del presente año, en que se dio vista ante la inexistencia de autoridades responsables. A continuación, la Jueza acuerda: en relación a la certificación que antecede, se hace innecesario agotar el procedimiento para lograr la notificación del acuerdo de veintiséis de mayo del presente año a los quejosos, en el cual se les da vista con la inexistencia de las autoridades que ahí se precisaron, atento a que se actualiza una evidente causal de improcedencia que conlleva al sobreseimiento del juicio, lo que redunda en la no afectación de los derechos de los disconformes. Apoya lo anterior, por analogía de condiciones, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, Semanario Judicial de la Federación, Volumen 71, Primera Parte, Página: 61, del rubro: "REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. NO DEBE ORDENARSE SI EL QUEJOSO CARECE DE INTERES JURIDICO, AUN CUANDO NO HAYA SIDO OIDO EL TERCERO PERJUDICADO". A continuación, el Secretario de cuenta con la relación de constancias, en las que obran y destacan las siguientes: NO. CONSTANCIAS FOJAS 1 Demanda de amparo. 2 - 13 2 Acuerdo donde se concede la suspensión de plano y se previene a la parte quejosa 14 - 23 3 Constancia de notificación personal en la cual se desahoga la prevención. 26 4 Auto admisorio. 60 - 66 5 Emplazamiento a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. 134 y 139 6 Pedimento del Agente del Ministerio Público. 144 - 146 Asimismo, se hace constar que la siguiente relación coincide con las autoridades responsables y el sentido de su informe con justificación: NO AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO FOJA 1 Comandante Operativo de la Policía Estatal Preventiva Sector V, con residencia en esta ciudad Niega 74 2 Agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Célula B-III-4, con residencia en esta ciudad. Niega 77 3 Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula B-III-3, del Equipo de Investigación y Litigación del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. Niega 79 4 Jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio adscritos al Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en esta ciudad. Niega. 81 5 Fiscal de Distrito Fronterizo Costa, con residencia en esta ciudad. Niega y cierto (existe carpeta investigación) 85 y 86 6 Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula B-III-2 Tapachula, Chiapas, con residencia en esta ciudad. Niega 115 7 Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región 02, Distrito Judicial Tapachula. Niega y cierto 116 8 Director General de la Policía de Investigación, de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chipas. Niega y realiza manifestaciones. 118 9 Fiscal General del Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. Niega 122 10 Subdelegado de Procedimientos Penales "B", de la Fiscalía General de la República, con residencia en esta ciudad. Niega 135 11 Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula B-III-1 Tapachula, con residencia en esta ciudad. Niega 140 12 Comandante Operativo Encargado de la Comandancia Regional de la Policía de Investigación Zona Cierto 152 Fronterizo Costa, con residencia en esta ciudad. Al respecto la Jueza acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos a que haya lugar. Acto seguido se abre la etapa de pruebas: el secretario hace constar que, las partes ofrecieron los siguientes medios de convicción: NO PARTE PRUEBAS FOJA 1 Autoridad Responsable: Comandante Regional de la Policía Especializada, adscrito a la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, con residencia en esta ciudad. Documentales. 41 vuelta - 42 152 vuelta - 153 2 Autoridad responsable: Fiscal de Distrito Fronterizo Costa, con residencia en esta ciudad. Documentales. 87 - 112 3 Autoridad responsable: Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región 02, Distrito Judicial Tapachula. Documentales y 4 discos versátiles digitales bajo el resguardo de la Secretaría. 4 Director General de la Policía de Investigación, de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chipas. Documentales 119 - 121 Al respecto la Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza. Acto continuo, se abre el de alegatos, El secretario hace constar que los formuló: NO PARTE Manifestaciones FOJA 1 Agente del Ministerio Público de la Federación. Alegatos 144 - 146 Al respecto la Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por formulados los alegatos del representante social adscrito. Posteriormente, al respecto se acuerda: ténganse por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes, sin promoción pendiente de acuerdo, se pasan los autos para dictar la resolución que en derecho corresponda. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 654/2023. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Meliza Lizet Luna en representación de Lizbeth Peña Luna, Eliobardo Regalado Cisneros y Jonathan Guadalupe Espinoza Ocampo, mediante escrito que presentó el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, ante este órgano jurisdiccional, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades responsables y por los actos que más adelante serán precisados. SEGUNDO. Admisión y trámite. Mediante auto de la misma data, se radicó el asunto bajo el número de juicio de amparo 654/2023, se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados y previa ratificación de la demanda a cargo de los directos quejosos, en proveído de veintiséis siguiente, se admitió a trámite la demanda de trato, dando la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, solicitando informe justificado a las autoridades responsables, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en vinculación con el diverso acuerdo 16/2016, publicado el once de marzo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, en el que el Pleno del Consejo determinó el cambio de denominación de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, y por el que a partir del catorce de marzo de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional se denomina Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula; puesto que el lugar de ejecución del acto reclamado en el presente juicio, se encuentra dentro del ámbito espacial en el que este juzgado federal ejerce jurisdicción y además, deriva de un procedimiento del orden administrativo. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Antes de establecer lo relativo a la certeza del acto de autoridad reclamado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consiste, atendiendo a la integridad de la demanda, con la finalidad de una mejor impartición de justicia. Del estudio íntegro de la demanda de amparo, en relación con las demás constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables lo siguiente: _ Incomunicación. _ Desaparición Forzada. _ Tortura. _Detención fuera de procedimiento. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables 1Comandante Operativo de la Policía Estatal Preventiva Sector V, con residencia en esta ciudad; 2Agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Célula B-III-4, con residencia en esta ciudad; 3Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula B-III-3, del Equipo de Investigación y Litigación del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad; 4Jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio adscritos al Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en esta ciudad; 5Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula B-III-2 Tapachula, Chiapas, con residencia en esta ciudad; 6Fiscal General del Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez; 7Subdelegado de Procedimientos Penales "B", de la Fiscalía General de la República, con residencia en esta ciudad y 8Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula B-III-1 Tapachula, con residencia en esta ciudad, al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados. En ese sentido, al constituir el informe justificado documento público, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le otorga valor probatorio pleno. En consecuencia, al no existir dato objetivo alguno que confirme la participación de dichas potestades en la emisión y ejecución de los referidos actos reclamados; lo conducente es sobreseer en el presente juicio de amparo por cuanto a ellas, acorde a lo preceptuado por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, que dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. En cambio, son ciertos los actos reclamados al 1Comandante 1 Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Sexta época, Tomo VI, Página 236. Operativo Encargado de la Comandancia Regional de la Policía de Investigación Zona Fronterizo Costa, con residencia en esta ciudad, y 2Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región 02, Distrito Judicial Tapachula, ya que así lo confirmaron en sus respectivos informes justificados (foja 153 y 116), en el que aceptaron la existencia de los actos reclamados precisados, por lo que así deberá tenerse para los efectos legales correspondientes. Lo anterior, también se encuentra corroborado con las documentales enviadas por la primera de las autoridades responsables mencionadas, pues como complemento de su informe justificado, remitió copia del oficio número 00565/1646/2023 (foja 152 vuelta), de veinticinco de mayo del presente año, y el documento de esa misma fecha, del que se puede advertir que los directos quejosos fueron puesto en libertad en esa data, firmando y poniendo la impresión de su huella dactilar. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 2° de esta última. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos seis, del Tomo VI, parte SCJN, del Apéndice de 1995, ruyo rubro y texto reza: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Al efecto, se cita la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Por su parte el 1Fiscal de Distrito Fronterizo Costa, con residencia en esta ciudad, y 2Director General de la Policía de Investigación, de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chipas, al rendir sus respectivos informes justificados (fojas 85 y 86 y 118), negaron la existencia de los actos reclamados. Sin embargo, dichas negativas quedan desvirtuadas, con lo manifestado por el Fiscal de Distrito Fronterizo Costa, con residencia en esta ciudad, en su informe justificado, en el sentido de que al hacer una búsqueda en los archivos magnéticos fue localizada la Carpeta de Investigación número 720-089-0519-2023, la cual se integró en contra de los ahora quejosos por delito contra la salud en su modalidad de posesión simple de narcótico (marihuana), cometido en agravio de la salud pública, de la que se desprende que el veinticinco de mayo del presente año les fue otorgada la libertada a los disconformes, remitiendo en apoyo a dicho informe la constancia que así lo acredita (foja 112) Y por lo que hace al Director General de la Policía de Investigación, de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chipas, al rendir su informe justificado, aduce que lo cierto es que 2 Registro: 394182, Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, Página: 153. cuenta con los oficios DPI/CRFC/710/2023, DPI/CRFC/717/2023 y DPI/CRFC/719/2023, de fecha veinticinco de mayo del presente año, suscrito por elementos de la Policía de Investigación adscritos a la Comandancia Regional Zona Fronterizo Costa, mediante el cual ponen a disposición del Juzgado de Control Región Dos con sede en esta ciudad a los ahora quejosos, en cumplimiento a la orden de aprehensión derivada de la causa penal 160/2023 por el delito de homicidio calificado, remitiendo al efecto copia del primero de los oficios mencionados (foja 119). Medios de prueba que tienen valor probatorio pleno, por tratarse de una documental pública, en términos de lo dispuesto por los ordinales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 2° de esta última, por tratarse de documentos expedidos por servidores públicos en ejercicio de sus funciones. Al efecto, en lo conducente, se cita la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Lo anterior, encuentra apoyo en la tesis aislada, con registro IUS 211004, visible en la página trecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, julio de 1994, Octava Época, materia común, sustentada por el extinto Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. QUINTO. Análisis de causas de improcedencia. Previamente al análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados, debe examinarse lo relativo a la procedencia del presente juicio de amparo, cuyo estudio es preferente por ser una cuestión de orden público, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. A efecto de determinar lo conducente, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución en virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no; es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la ley de la materia, así como por la Carta Magna y por la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que se analiza en forma profunda, de acuerdo con el texto del señalado numeral 62. En ese sentido, de oficio este órgano jurisdiccional advierte que se debe sobreseer el presente juicio al sobrevenir el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, puesto que cesaron los efectos de la omisión reclamada, como a continuación se verá. El referido numeral y fracción disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación a que se refiere el artículo y fracción transcritos, se da por revocación o por sustitución, la primera, implica la desaparición o destrucción del acto reclamado y, la segunda, se presenta al sobrevenir un acto nuevo que incide en la vigencia o ejecutividad del primero. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia como si se hubiere concedido el amparo, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo supuesto, en cambio, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Hasta aquí el marco legal. Así pues, la hipótesis que en el presente asunto se actualiza es la primera, pues en el caso, cesaron los efectos del acto reclamado, ya que mediante proveídos de veintiséis de mayo y cinco de junio de la anualidad que transcurre, se tuvieron por rendidos -respectivamente- los informes de suspensión de plano y justificados del Fiscal de Distrito Fronterizo Costa; Juez de Control del Distrito Judicial de Tapachula y Comandante Operativo encargado de la Comandancia Regional de la Policía de Investigación Zona Fronterizo Costa, todos con residencia en esta ciudad (fojas 41, 85 y 116). Ahora bien, del contenido de dichos informes de suspensión de plano, justificados y anexos, se advierte que se actualiza una causal de improcedencia que obliga al sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Ahora bien, del contenido del informe de suspensión de plano rendido por el Comandante Operativo encargado de la Comandancia Regional de la Policía de Investigación zona Fronterizo Costa, con residencia en esta ciudad (foja 41), se advierte que por oficio número 03575/1641/2023, de fecha veintitrés de mayo del presente año, derivado de la carpeta de investigación 0720-089- 0519-2023, el Fiscal del Ministerio Público, siendo las veintiuna horas con cincuenta minutos de esa misma data, decretó la legal retención ministerial de los disconformes, por su probable participación en la comisión del hecho delictivo calificado por la ley como delito contra la salud en su modalidad de posesión simple de narcótico y lo que resultare, cometido en agravio de la salud pública. Del informe justificado rendido por el Fiscal de Distrito Fronterizo Costa, con residencia en esta ciudad, (foja 85 y 86), se advierte que el Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad 1 de Investigación y Judicialización, mediante oficio número 0562/1646/2023, de fecha veinticinco de mayo del año en curso, otorgó la libertad a los disconformes los agraviados Lizbeth Peña Luna, Eliobardo Regalado Cisneros y Jonathan Guadalupe Espinoza Ocampo, por el delito precisado en el párrafo inmediato anterior, lo que se corrobora con la copia certificada del oficio 00565/1646/2023, que obra agregado a foja 112 de los autos. En virtud de lo anterior, se configura la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, Fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud de que los quejosos, si bien fueron detenidos el veintitrés de mayo del presente año, no menos cierto es que el veinticinco siguiente, obtuvieron su libertad; lo que hace patente la actualización de la causal que se invoca, puesto que los actos reclamados consistentes en la detención ilegal e incomunicación, cesaron sus efectos, en los términos apuntados. Por lo que sobreviene la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación por contener el principio jurídico apuntado, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada con el número 59, Novena Época, visible en la página 38, Tomo XIV, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto literalmente establecen: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Asimismo, del informe del Juez de Control del Distrito Judicial de Tapachula, en esta ciudad (foja 116), se patentiza que ese mismo día en que fueron puestos en libertad los directos quejosos (25 de mayo de 2023), se cumplimentó en su contra la orden de aprehensión emitida en la causa penal 160/2023, por el delito de homicidio calificado, en agravio de quien en vida respondiera al nombre de iniciales J.Á.D.V., y al resolver el plazo constitucional ampliado, el uno de junio de ese mismo año se les dictó auto de vinculación a proceso y se prorrogó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; lo que igualmente torna improcedente el presente juicio de amparo en virtud del cambio de situación jurídica conforme a la jurisprudencia que a continuación se cita, y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Surte aplicación la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/18 (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, Penal, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2482, que dice: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada). Apoya esta conclusión la jurisprudencia 1a./J. 17/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 169410, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Junio de 2008, página 270, que dice: SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. Del mismo modo, atendiendo el reclamo de los quejosos respecto de la desaparición forzada y tortura, debe decirse que ambos supuestos resultan inexistentes, conforme a lo siguiente. Consideraciones previas. La "tortura"3 se debe entender como todo acto por medio del cual se inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o psíquicos, con la finalidad de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. La definición anterior encuentra una explicación completa y concisa en la tesis aislada 1a. LV/2015, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1425 del Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, Décima Época, constitucional-penal, con número de registro 2008504, que establece: TORTURA. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atendiendo a la norma más protectora, prevista en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, estima que se está frente a un caso de tortura cuando: i) la naturaleza del acto consista en afectaciones físicas o mentales graves; ii) éstas sean infligidas intencionalmente; y iii) tengan un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona. La tesis de mérito permite entender que se está frente a un caso de tortura cuando concurran los siguientes 3 Definición según la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como la interpretación del Comité contra la Tortura, y la de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (CIPST) -y los criterios relativos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. elementos: a) La naturaleza del acto consista en afectaciones físicas o mentales graves; b) Éstas sean infligidas intencionalmente; y c) Tengan un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona. Sentado lo antepuesto, es menester afirmar, que en la especie, no se cuenta con evidencia razonable para considerar que se cometieron actos de tortura física y psicológica en contra de los peticionarios del amparo, en autos no obran constancias suficientes que permiten aseverar esa circunstancia. Por tanto, es imprescindible considerar lo que establece la tesis aislada 1a. CCCXXVI/2018, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 256 del Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Décima Época, materia común, con número de registro 2018533, que se cita textualmente a continuación: ACTOS DE TORTURA RECLAMADOS DE MANERA AUTÓNOMA. OBLIGACIONES DE LOS JUECES DE AMPARO. Si bien el desarrollo de los precedentes legales sobre tortura de esta Primera Sala se han circunscrito de manera preponderante en el marco de los procesos penales y el impacto de la tortura en las confesiones o elementos autoincriminatorios; lo cierto es que la propia Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura entiende que la finalidad de la tortura no es sólo con propósitos de investigación criminal, sino como medio intimidatorio, castigo personal y medida preventiva, entre otros. Así, al tener como acto reclamado de manera autónoma los actos de tortura, los jueces de amparo se encuentran obligados a investigar dichas alegaciones allegándose de todos los elementos necesarios para poder determinar si se tiene por acreditada la misma. Primeramente, deberá solicitar la ampliación de los informes justificados de las autoridades responsables a las que se les haya atribuido el acto reclamado consistente en violencia física o moral y tortura, cuando las autoridades hayan negado los actos reclamados de manera genérica sin hacer pronunciamiento específico en cuanto al acto materia de análisis. Lo anterior tiene la finalidad de no dejar en estado de indefensión a la solicitante del amparo y crear certeza jurídica. Enseguida, tomando en consideración lo que señalen las autoridades responsables en sus informes con justificación, el juez deberá allegarse de todos los elementos -bitácoras, exámenes médicos y psicológicos con base en el Protocolo de Estambul, copia de la averiguación previa, entre otros- para analizar el alegato de tortura como acto reclamado, sin que sea suficiente la simple negativa de las autoridades, el cual debe ser analizado tomando en especial consideración la entidad de la tortura y en su caso con un enfoque diferenciado y con perspectiva de género. En este sentido, se deberán revisar las constancias y determinar si existe base razonable para tener por acreditada la tortura. Para ello se deberá tomar en consideración la inversión de la carga de la prueba y el estándar atenuado para acreditarse como violación a la integridad personal, según el cual bastarán indicios que permitan sostener razonablemente que la hubo, aun cuando no se sepa la identidad del o los torturadores. Del anterior criterio, se puede colegir, que al señalarse en la demanda de amparo como acto reclamado, de manera destacada, los actos de tortura, los jueces de amparo están obligados a investigarla recabando los elementos probatorios necesarios para estar en posibilidad de poder determinar si se tiene por acreditada la misma. Lo anterior, para no dejar en estado de indefensión al solicitante del amparo y crear certidumbre jurídica; por lo que, derivado de lo que expongan las autoridades responsables en sus informes con justificación, el Juez deberá allegarse de todos los elementos -bitácoras, exámenes médicos y psicológicos con base en el Protocolo de Estambul, copia de la averiguación previa, entre otros- para analizar el alegato de tortura como acto reclamado, sin que sea suficiente la simple negativa de las autoridades, el cual debe ser especial consideración la entidad de la tortura y en analizado tomando en su caso con un enfoque diferenciado y con perspectiva de género. Cabe precisar, que como instrumento de investigación de la tortura existe el Protocolo de Estambul4 que es una guía que contiene las líneas básicas con estándares internacionales en derechos humanos para la valoración médica y psicológica de una persona que se presuma o haya sido víctima de tortura o algún mal trato. Su aplicación requiere reconocer el contexto en el que se dan los hechos. Asimismo, dicho manual establece los diversos parámetros para el estudio en investigación de la tortura como son: evaluación de los antecedentes examen de los métodos de tortura, interpretación de los hallazgos y conclusiones, historial médico, examen físico, evaluación psicológica, secuelas psicológicas de la tortura, evaluación neuropsicológica, pruebas de diagnóstico, entre otros métodos y técnicas de investigación a través de los cuales se puede determinar la existencia o no de tortura. En ese tenor, se deberán revisar las constancias y determinar si existe base razonable para tener por acreditada la tortura, para lo cual se deberá tomar en consideración la inversión de la carga de la prueba y el estándar atenuado para acreditarse como violación a la integridad personal, según el cual bastarán indicios que permitan sostener razonablemente que la hubo, aun cuando no se sepa la identidad del o los torturadores. De la tesis de mérito, surge la obligación de emplear 4 Manual de investigación de hechos de tortura y malos tratos. Fue creado por organizaciones no gubernamentales y personas médicas expertas en la materia en 1999 y es considerado como un "Documento Oficial de las Naciones Unidas. una técnica de constatación precisa cuando se trata de este tipo de reclamos, así como la obligación de utilizar una herramienta para tal actividad, cuando se tiene evidencia razonable y fehaciente de que realmente se cometieron actos de tortura en contra de los peticionarios. Como se adelantó, la tesis aislada citada en párrafos precedentes, establece la obligación de utilizar una herramienta indispensable para la constatación de la existencia o no de los actos de tortura, desde la vertiente de violación a los derechos humanos de dignidad e integridad física y mental, a saber, la reversión de la carga probatoria. Por su parte, la actividad de constatación está sujeta a una técnica de comprobación, a la que el máximo Tribunal de la nación denomina estándar atenuado. Reversión de la carga probatoria. Esta herramienta implica que, al contrario a como sucede con casi todos los actos reclamados, cuando se trata del consistente en tortura, es la autoridad la que está obligada a probar que no incurrió en la violación expresada por el quejoso, es decir, que la potestad a la que se señala como responsable al respecto, tiene la ineludible obligación de acreditar que no torturó al quejoso, pues como autoridad, tiene a su alcance una amplia gama de posibilidades de probar que no fue quien infligió la tortura. De tal modo que, si no existiera la reversión de la carga probatoria al respecto, sería prácticamente imposible que una persona pudiera acreditar como acto reclamado la violación a sus derechos humanos de dignidad e integridad física y mental, pues se le impondría la carga de probar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de tales sucesos, lo que de suyo no solo implicaría revictimizarlo al obligarle a saber quién lo hizo y probar como se lo hicieron; sino además, resultaría sumamente impráctico para lograr los propósitos del juicio de amparo, al colocarle como requisito indispensable el acreditamiento de los actos de que fue objeto, para con ello, proceder al estudio de constitucionalidad, lo que resultaría inconcebible jurídicamente, porque la tortura es un acto inconstitucional e inconvencional en sí mismo. Por tal motivo, es la autoridad la que debe probar -si es que existen indicios razonables de tortura- el origen de los mismos o bien, si la autoridad no pudo haber participado en su comisión, orden o aprobación. Estándar atenuado. Por su parte, el estándar atenuado implica como actividad, que la comprobación de la violación a los derechos humanos multicitados, no debe condicionarse a requisitos ominosos o a mecanismos de comprobación rigurosos, sino que basta la concurrencia de dos elementos para arribar a la conclusión de existencia de actos de tortura, a saber, la existencia de evidencia razonable en tal sentido, y las conclusiones derivadas de la reversión de la carga probatoria. Cabe destacar en este punto, que el estándar atenuado del que se habla, es propio únicamente del juicio de amparo, pues no se debe olvidar que la tortura también constituye un tipo penal. En efecto, la tortura puede dimensionarse jurídicamente desde dos vertientes, como delito, y como violación al derecho humano de dignidad e integridad física y mental. Es aplicable la tesis aislada 1a. CCVI/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 562 del Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, materia constitucional- penal, con número de registro 2006484, que establece: TORTURA. SU SENTIDO Y ALCANCE COMO PROHIBICIÓN CONSTITUYE UN DERECHO ABSOLUTO, MIENTRAS QUE SUS CONSECUENCIAS Y EFECTOS SE PRODUCEN TANTO EN SU IMPACTO DE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS COMO DE DELITO. Conforme al marco constitucional y convencional, la prohibición de la tortura se reconoce y protege como derecho absoluto que pertenece al dominio del jus cogens internacional, mientras que sus consecuencias y efectos impactan en dos vertientes: tanto de violación de derechos humanos como de delito. En ese orden, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que: 1. Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; en ese sentido, las autoridades tienen la obligación de investigar la tortura para, en su caso, esclarecerla como delito, así como de realizar y proseguir de modo diligente las investigaciones necesarias para deslindar responsabilidades por su comisión. 2. La obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso. 3. Atento al principio interpretativo pro persona, para efectos del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. 4. Cuando una persona ha sido sometida a coacción para quebrantar la expresión espontánea de su voluntad, deben excluirse las pruebas obtenidas mediante la misma. Así, tratándose de la vertiente delictuosa, los estándares de comprobación son indiscutiblemente diferentes, no sólo porque la imputación al respecto debe cumplir con una serie de elementos normativos y subjetivos, sino porque, además, el sólo señalamiento e incluso la existencia de la evidencia, no dan lugar a afirmar categóricamente que el imputado por tal delito sea responsable del mismo, sino que es preciso que el Ministerio Público acredite fehacientemente que tal o cual persona lo cometió, por lo que mientras no haya una condena firme al respecto, ninguna persona puede ser tratada como responsable de tal ilícito, de conformidad con el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, desde la vertiente de violación de derechos humanos, la tortura tiene un estándar de comprobación atenuado, en el que basta la existencia de evidencia razonable, el señalamiento por parte del quejoso que la resintió, y las conclusiones derivadas de la reversión de la carga probatoria; de tal suerte que si existe el señalamiento claro del impetrante, la evidencia razonable de la existencia de los actos de tortura manifestados, y la autoridad responsable no quiso o no fue capaz de demostrar que no incidió en los indicios de tal evidencia; ello es suficiente para que la Justicia de la Unión se declare operante en favor del peticionario, a fin de que se reparen las violaciones a los derechos humanos infringidos. De esta manera, la figura del estándar atenuado no sólo resulta una técnica de apreciación obligatoria para este órgano de control de constitucionalidad, sino además constituye un mecanismo eficaz, idóneo, asequible y práctico para concluir cuándo se está ante un caso de tortura; porque si no existiera la herramienta de la reversión de la carga de la prueba, o bien, la técnica de apreciación de la violación a los derechos humanos multicitados con motivo de la tortura, denominada estándar atenuado; sería prácticamente imposible que cualquier persona que la haya sufrido, tuviese a su alcance algún mecanismo jurídico eficaz para verse reparado en su esfera jurídica, pues se le impondría al quejoso la carga revictimizante de comprobar las circunstancias fácticas y temporales de los actos señalados, aun cuando son las responsables las que cuentan con diversos y amplios medios a su alcance para probar precisamente lo contrario. Acotado lo antes expuesto, es menester efectuar una relatoría de los medios de convicción que existen en el sumario, dentro de los cuales se encuentran los aportados por las autoridades responsables en sus informes de suspensión de plano y justificados; así también, los allegados de oficio por este órgano jurisdiccional, los cuales son los siguientes: 1. La manifestaciones bajo protesta de decir verdad contenidas en el escrito inicial de demanda promovida por Meliza Lizet Luna, quien aseveró -en esencia- ser madre de la quejosa Lizbeth Peña Luna, que el veintitrés de mayo del presente año, la acompañó a comprar a la plaza comercial denominada "Galerías", en compañía de Eliobardo Regalado Cisneros y Jonathan Guadalupe Espinoza, y que al terminar de comprar decidieron ir a comer al restaurant "TOKS", y que al culminar sus compras se dirigió al citado restaurante, y que era entre las trece horas con cuarenta y cinco minutos y las catorce horas de ese día, y que al estar como a cien metros de la entrada del restaurant, se percató que a los disconformes se le acercaron entre cinco y ocho personas y que algunas vestían uniforme de policía y otros de civil, percatándose que los subieron a una camioneta a empujones y golpes, con los logotipos de la policía estatal de Chiapas. (Fojas 6 a 7). 2. Dictamen de medicina, de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés (fojas 105 y 106), en que se asentó que los quejosos al momento del interrogatorio no se observaban lesiones visibles. La evidencia razonable de tortura. Es menester afirmar, que en la especie, no se cuenta con evidencia razonable para considerar que se cometieron actos de tortura física en contra de los peticionarios del amparo, pues en autos no obran constancias suficientes que permitan establecer esa circunstancia. Esto es así, pues si bien se cuenta con las manifestaciones de Meliza Lizet Luna, en la demanda inicial; empero, se desvirtúan con el contenido del dictamen de medicina practicado el veintitrés de mayo del presente año, con motivo de la detención de los directos quejosos por haber sido detenidos en flagrancia, el galeno no advirtió lesiones visibles. Además de que, el galeno observó signos positivos en la exploración médico legal de los impetrantes, tales como que se encontraban conscientes, orientados, ansiosos con Glasgow de 15/15, con buena coloración de tegumentos, mucosa oral hidratada, precordio taquicardio con elevación de presión arterial 160/90 mmHg, campos pulmonares sin compromiso, asignológico, miembros pélvicos íntegros y funcionales. Por lo que, como se adelantó, los anteriores indicios, concatenados entre sí, permiten concluir que no existe evidencia razonable para estimar que el peticionario del amparo, fue víctima de tortura o malos tratos. Atento a ello, debe tenerse presente que la prueba es el medio por el cual se demuestra a la autoridad la verdad de las afirmaciones de las partes sobre la certeza de los hechos aducidos; por tanto, no existen pruebas fehacientes que corroboren lo narrado por la promovente del amparo a favor de los quejosos, por lo que es inconcuso que tales afirmaciones o manifestaciones que se realizaron no se encuentran demostradas. En ese tenor, de autos no se desprende que los quejosos hayan sido objeto de afectaciones físicas o mentales graves, infligidas intencionalmente, con el propósito de obtener de ellos una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto el menoscabo de la personalidad o la integridad física o mental, ya que incluso la detención de los ahora quejosos de veintitrés de mayo del presente año, con motivo del delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo por posesión simple de narcótico (marihuana) y lo que resulte, se le decretó su libertad en el término constitucional bajo las reservas de ley el veinticinco de mayo siguiente, lo cual se puede corroborar con el informe justificado rendido por el Fiscal de Distrito Fronterizo Costa, con residencia en esta ciudad (fojas 85 y 86 de autos y sus anexos). Asimismo, se acredita que ese mismo día en que fueron puestos en libertad los directos quejosos (veinticinco de mayo del presente año), se cumplimentó en su contra la orden de aprehensión emitida en la causa penal 160/2023, por el delito de homicidio calificado, en agravio de quien en vida fuera el adolescente de iniciales J.A.D.V., y al resolver el plazo constitucional ampliado, el treinta y uno de mayo siguiente, se les dictó auto de vinculación a proceso y se prorrogó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, lo cual se puede corroborar con el respectivo informe rendido por el Juez de Control Región 02, de los Distritos Judiciales de Tapachula, con residencia en esta ciudad (fojas 116 y 117). Datos de prueba que advierten que no se surten los requisitos mínimos para tener por acreditada la tortura, en virtud de que no existe una afectación física o mental grave en los quejosos, ya que como se dijo, su detención original de veintitrés de mayo del presente año, no tuvo la finalidad de obtener alguna confesión o información, ya que fueron detenidos en flagrancia, y a la postre fueron puestos en libertad el veinticinco siguiente. Y si bien ese mismo día en que fueron puestos en libertad los directos quejosos (25 de mayo de 2023), se cumplimentó en su contra la orden de aprehensión emitida en la causa penal 160/2023, por el delito de homicidio calificado, tampoco puede presumirse fundadamente que fue con la intensión de obtener alguna confesión o información la afectación a su anatomía, pues la afectación que narra en su demanda es anterior al cumplimiento del mandamiento de captura. De esta manera, ante el planteamiento de tortura o malos tratos, como se ha venido señalando, no se aprecian diagnósticos de lesiones físicas o psicológicas originadas por tratos degradantes de las autoridades responsables en su perjuicio, pues no se advierte que se haya obtenido una confesión [como lo alegó la promovente del amparo] o información para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona. Lo mismo ocurre con el acto reclamado consistente en la desaparición forzada de personas, pues en el caso también resulta inexistente, como se analizará. En el preámbulo de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la Organización de las Naciones Unidas definió a la desaparición forzada de personas como el arresto, detención o traslado, contra su voluntad de una persona, o en su caso, la privación de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales (de cualquier sector o nivel), por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley. Así, la desaparición forzada de personas por una parte constituye un ultraje a la dignidad humana, así como una violación grave manifiesta de los derechos humanos y libertades fundamentales5, y por otra, un delito proscrito por diversos dispositivos nacionales e internacionales, el cual ha sido catalogado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como de lesa humanidad6. Dicha afectación no solo causa perjuicio a la persona respecto de la cual no se conoce su paradero, sino también a las víctimas indirectas del delito como pueden ser los familiares, pues si bien, en el caso de desaparición forzada ellos no sufren directamente en su persona la acción criminal, sí sufren las consecuencias nocivas de esa acción menoscabando sus derechos humanos reconocidos constitucional y convencionalmente. Circunstancia que se acrecienta por la negación de las autoridades a reconocer dicha privación de la libertad, o en su caso, por la ocultación de información sobre la suerte 5 Cfr. Resolución 47/133 dictada el dieciocho de diciembre mil novecientos noventa y dos por la Organización de las Naciones Unidas. 6 Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006, parr. 82. o el paradero de la persona desaparecida, a efecto de evitar que la víctima pueda ser protegida por las leyes. Además, la desaparición forzada es pluriofensiva y continuada o permanente de múltiples derechos humanos. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha estudiado en numerosos precedentes la desaparición forzada, entre los cuales se encuentra el Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, en cuya sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil nueve Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, condenó al Estado mexicano por la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, y al respecto esgrimió, entre otras, las siguientes consideraciones: En ese sentido, partiendo de la base consistente en que el ordenamiento constitucional mexicano se integra con nuestra Carta Magna, así como por los instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, tenemos que el derecho humano a la libertad personal se reconoce a partir de los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Federal7; 2°, 4° y 9° de la Declaración Universal de Derechos Humanos8; 9° del Pacto 7 "Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. (.)" "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.)" "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.)" 8 "Artículo 2 1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía." Internacional de Derechos Civiles y Políticos9; I y XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre10, y 7° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos11. De acuerdo con dichos ordenamientos, el derecho a la libertad personal es reconocido como de primer rango, y por ende, únicamente puede ser limitado bajo "Artículo 4 Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas". "Artículo 9 Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado". 9 "Artículo 9 1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta. 2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella. 3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo. 4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal. 5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación." 10 "Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona Artículo I: Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Derecho de protección contra la detención arbitraria Artículo XXV: Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según las formas establecidas por leyes preexistentes. Nadie puede ser detenido por incumplimiento de obligaciones de carácter netamente civil. Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad." 11 "Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella. 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. 6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona. 7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios. determinados supuestos de excepcionalidad, en armonía con la Constitución Federal y los instrumentos internacionales en la materia, de manera que se salvaguarde su reconocimiento y protección de la manera más amplia, precisamente, bajo el principio pro persona. Ello, en la medida que, si bien es cierto, todas las personas gozan del derecho humano a la libertad personal, no menos verdad lo es que, como cualquier otro derecho humano, el ejercicio del mismo puede ser restringido o limitado con base en criterios de proporcionalidad al no ser absolutos. Por lo anterior, la prerrogativa de trato puede expresarse en distintas facetas (como la penal), y en consecuencia, converge con diversos principios fundamentales como la legalidad y la seguridad jurídica conforme a los artículos 14, segundo párrafo, y 16, primer párrafo, ambos de la Constitución Federal, así como con otros derechos humanos dada su inminente interrelación e interdependencia, tales como el derecho de propiedad o el derecho a la libre circulación previsto en el artículo 11 constitucional12. Además, tal como se precisó párrafos arriba, la desaparición forzada de personas también constituye una conducta delictiva, la cual, se encuentra tipificada a nivel federal en los artículos 27, 28 y 29 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la que en relación al ilícito de mérito dispone lo siguiente: 12 "Artículo 11.- Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país." Artículo 27. Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero. Artículo 28. Al servidor público, o el particular que con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, oculte o se niegue a proporcionar información sobre la privación de la libertad de una persona o sobre el paradero de una persona detenida, u oculte a una persona detenida en cualquier forma se le impondrá la pena prevista en el artículo 30. Artículo 29. Los superiores jerárquicos serán considerados autores del delito de desaparición forzada de personas en los términos de lo previsto en la legislación penal aplicable." Cabe destacar que la Legislación en comento también prevé en el numeral 95: Artículo 95. Cuando sea necesario para la búsqueda de una Persona Desaparecida, la Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda correspondiente podrá solicitar al Ministerio Público que ordene los actos de investigación previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales o que recabe autorización judicial para efectuar actos de investigación que requieran tal autorización previa, de acuerdo con el mismo ordenamiento, indicando, en su caso, las que tengan el carácter de urgentes. Las peticiones señaladas tendrán que ser resueltas sin dilación alguna cuando sean urgentes, debiendo la Comisión motivar dicho carácter." Al margen de lo previamente transcrito y tomando en consideración las definiciones establecidas en los artículos 7°, punto 2, inciso i) del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional13, 2° de la Convención Internacional 13 "Artículo 7 Crímenes de lesa humanidad 1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: (.) 2. A los efectos del párrafo 1: (.) i) Por "desaparición forzada de personas" se entenderá la aprehensión, la detención o para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas14 y II de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas15, así como lo expuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en múltiples sentencias16, se puede establecer que la desaparición forzada de personas se conforma con los siguientes elementos: La privación de la libertad (cualquiera que sea su forma); La intervención directa de agentes del Estado o de particulares con el apoyo, autorización o aquiescencia de aquéllos; La falta de información o la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o el paradero de la persona interesada17, y; La sustracción de la persona de su protección legal que trae como consecuencia el impedimento del ejercicio de recursos legales, el no acceso a las garantías procesales del caso18. el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado. (.)" 14 "Artículo 2 A los efectos de la presente Convención, se entenderá por "desaparición forzada" el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. 15 ARTICULO II Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes." 16 Dicho organismo internacional ha señalado reiteradamente como elementos concurrentes y constitutivos de la desaparición forzada a) la privación de la libertad; b) la intervención directa de agentes estatales o la aquiescencia de éstos, y c) la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o paradero de la persona interesada. 17 Verástegui González, Jorge; La personalidad jurídica en la desaparición forzada; México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2016, p. 19. 18 Lozano Mendoza; La desaparición forzada de personas en México. Su protección en Es orientadora por las razones que informa la tesis 1a. CCXXVIII/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación19, que dice: DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. PRONUNCIAMIENTOS DE INSTANCIAS INTERNACIONALES RELACIONADOS CON LOS SUJETOS ACTIVOS Y CONDUCTAS TÍPICAS QUE COMPONEN EL DELITO RESPECTIVO. Distintas instancias internacionales se han pronunciado en relación a la compatibilidad del artículo 215-A del Código Penal Federal con ciertas obligaciones en materia de desaparición forzada de personas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del caso Radilla Pacheco Vs. México, concluyó que la redacción del tipo penal de referencia es incompatible con lo regulado en el artículo II de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, pues su redacción restringe la autoría del delito a personas servidoras públicas con lo cual se impide que se pueda asegurar la sanción de todos los autores, cómplices y encubridores de este delito, sean agentes del Estado o personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado. Además, el Tribunal Interamericano observó que el mismo artículo no incluye como uno de los elementos del tipo penal la negativa de reconocer la privación de libertad o dar información sobre la suerte o paradero de las personas, lo cual debe estar presente en la tipificación del delito porque permite distinguir una desaparición forzada de otros ilícitos. En el mismo sentido, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias sostuvo que México debería adoptar las medidas legislativas necesarias a fin de asegurar que la desaparición forzada sea tipificada como delito autónomo que se ajuste a la definición del artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Por lo que tales pronunciamientos, lejos de beneficiar a los posibles sujetos activos del delito, les perjudican, pues los mismos se encuentran dirigidos, por una parte, a ampliar el listado de sujetos activos que pudieran cometer el delito de desaparición forzada de personas, no así a restringirlos y, en otra, a robustecer los supuestos que constituyen las conductas típicas, además de las ya contempladas en el citado artículo 215-A del Código Penal Federal". la Nueva Ley de Amparo. Alcances y Límites. p. 9. 19 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Constitucional, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, página 413. También cabe decir que la práctica de las desapariciones forzadas de personas continúa en México; situación que se ha acrecentado derivado del complicado contexto en materia de inseguridad pública derivada del incremento de la violencia relacionada, principalmente, con el crimen organizado, el cual, ha extendido sus actividades ilícitas a la trata de personas, los secuestros y la extorsión. Pues bien, en la especie, como ya se dijo, del contenido del informe de suspensión de plano rendido por el Comandante Operativo encargado de la Comandancia Regional de la Policía de Investigación zona Fronterizo Costa, con residencia en esta ciudad (foja 41), se advierte que por oficio número 03575/1641/2023, de fecha veintitrés de mayo del presente año, derivado de la carpeta de investigación 0720-089- 0519-2023, el Fiscal del Ministerio Público, siendo las veintiuna horas con cincuenta minutos de esa misma data, decretó la legal retención ministerial de los disconformes, por su probable participación en la comisión del hecho delictivo calificado por la ley como delito contra la salud en su modalidad de posesión simple de narcótico y lo que resultare, cometido en agravio de la salud pública. Del informe justificado rendido por el Fiscal de Distrito Fronterizo Costa, con residencia en esta ciudad, (foja 85 y 86), se advierte que el Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad 1 de Investigación y Judicialización, mediante oficio número 0562/1646/2023, de fecha veinticinco de mayo del año en curso, otorgó la libertad a los disconformes los agraviados Lizbeth Peña Luna, Eliobardo Regalado Cisneros y Jonathan Guadalupe Espinoza Ocampo, por el delito precisado en el párrafo inmediato anterior, lo que se corrobora con la copia certificada del oficio 00565/1646/2023, que obra agregado a foja 112 de los autos. Asimismo, del informe del Juez de Control del Distrito Judicial de Tapachula, en esta ciudad (foja 116), se patentiza que ese mismo día en que fueron puestos en libertad los directos quejosos (25 de mayo de 2023), se cumplimentó en su contra la orden de aprehensión emitida en la causa penal 160/2023, por el delito de homicidio calificado, en agravio de quien en vida respondiera al nombre de iniciales J.Á.D.V., y al resolver el plazo constitucional ampliado, el uno de junio de ese mismo año se les dictó auto de vinculación a proceso y se prorrogó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; lo que igualmente torna improcedente el presente juicio de amparo en virtud del cambio de situación jurídica conforme a la jurisprudencia que a continuación se cita. Lo así evidenciado, pone de manifiesto que la restricción de la libertad de la que fueron objeto los aquí quejosos, fue con motivo de su detención por la investigación de un hecho catalogado como delito (narcomenudeo), demostrándose que al ser detenidos en flagrancia, inmediatamente fueron puestos a disposición del fiscal del Ministerio Público correspondiente, quien finalmente decretó su libertad bajo las reservas de la ley; y si bien posteriormente de recuperar su libertad fueron detenidos nuevamente, ello se debió al cumplimiento de un mandato judicial. Lo que supone es su derecho a la libertad fue limitado bajo determinados supuestos de excepcionalidad previsto en la propia Constitución Federal y los instrumentos internacionales en la materia, como lo es la propia comisión de un delito o bien, bajo el supuesto de cumplimiento de un mandato de captura emitido por autoridad judicial, lo que se encuentra permitido por los artículos 14 y 16, ambos de la Constitución Federal. Además de que en la especie, las autoridades responsables no negaron información acerca del paradero de los impetrantes, al demostrarse que el Actuario Judicial de la adscripción, los encontró en los separos de las Comandancia Regional Zona Fronterizo Costa de la Policía de Investigación, en esta ciudad, inclusive la autoridad mencionada al rendir su respectivo informe de suspensión de plano, dio cuenta de la detención de los quejosos en sus instalaciones derivado de la retención ordenada por el fiscal del Ministerio Público quien realizaba la investigación del delito, como ya se ha relatado. Conforme a lo expuesto, se llega al convencimiento de que no existió desaparición forzada como lo reclaman los quejosos, sino que se trató de una limitación a ese derecho humano derivado de la comisión de un delito en flagrancia y el cumplimiento de un mandato de captura. Por lo tanto, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo respecto a los actos de tortura reclamados y desaparición forzada reclamados. Por lo que, al sobrevenir la actualización de las causales de improcedencia previstas en la fracciones XVII y XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo y en consecuencia, con apoyo en el dispositivo 63, fracciones IV y V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 59, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación20 que se lee: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo expuesto y fundado se RESUELVE: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo en términos del considerando tercero y quinto de esta resolución, por lo que hace a las autoridades responsables y actos ahí referidos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de José Alfonso García López, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a diez de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, de los que se advierte que la demanda de amparo fue presentada ante este órgano jurisdiccional, sin que cuente con la boleta de turno correspondiente; en consecuencia, gírese el oficio respectivo a la Jefa de Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, para su conocimiento y compensación. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de José Alfonso García López, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el Comandante Regional de la Policía Especializada adscrito a la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, con residencia en esta ciudad, es autoridad responsable en el presente juicio de amparo y omitió rendir su informe justificado en el término decretado para ello. Por lo tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, a efecto de mejor proveer, ante la posible actualización de una causal de improcedencia del juicio, requiérase al Comandante Regional de la Policía Especializada adscrito a la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, remita a este Juzgado Federal copia certificada de las constancias que obren en su poder como justificación del acto reclamado en el presente juicio. Lo anterior tomando en consideración que los actos reclamados en esta vía constitucional, son precisamente la incomunicación, desaparición forzada, tortura y detención fuera de procedimiento. Con el apercibimiento que de no hacerlo, o no informar el impedimento que tengan para ello, dentro del plazo señalado, se les impondrá multa equivalente de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los artículos 237 fracción I en relación con el 259 de la Ley de Amparo. DIFERIMIENTO En tales condiciones, y para no dejar en estado de indefensión a ninguna de las partes, se difiere la audiencia constitucional fijada para hoy y se señalan las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del quince de agosto del presente año, para su celebración. Sin que haya lugar a notificar a través de oficio el presente acuerdo a las autoridades señaladas como responsables, en virtud que ya se encuentran emplazadas a juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. PEDIMENTO DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO Finalmente, agréguese a los autos el pedimento firmado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas sus manifestaciones, en vía de alegatos, las cuales serán tomadas en consideración en la etapa respectiva de la audiencia constitucional.

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