Lizbeth Martínez Trejo

Expediente 528/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 15 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
528/2020
Año
2020
Actuaciones
15
Última actuación
30/06/2021

Partes del expediente

  • Lizbeth Martínez Trejo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Visto el estado procesal de los autos y del contenido de la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no manifestó inconformidad respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo en proveído de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Por ende, con fundamento en los artículos 202 y 205 de la Ley de Amparo se tiene por consentida la resolución que declara cumplida la ejecutoria de amparo. De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental. Asimismo, en términos del artículo 18, inciso b) del citado Acuerdo General, se establece que este expediente es susceptible de depuración, toda vez que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, debiéndose conservar la demanda y la sentencia. Por ende, debido a que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en los preceptos 196 y 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Finalmente, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así como en la carátula del mismo. Notifíquese

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el escrito signado por *** en su carácter de representante especial de los menores Y.C.M. y H.C.M., en atención a su contenido, se le tiene manifestando su conformidad respecto a la declaratoria de cumplimiento dado por la autoridad responsable y acordado en proveído de veintiuno (fecha correcta) de mayo actual, de lo que este órgano toma nota para ser tomado en consideración al momento procesal oportuno. Notifíquese.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que por sentencia de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, emitida en el juicio de amparo en que se actúa, se concedió el amparo a la parte quejosa para los efectos siguientes: "(.) que la Tercera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo: Deje insubsistente la sentencia de dieciséis de julio de dos mil veinte, dictada en la toca civil 118/2020-III; y, Emita una nueva resolución en la que, atendiendo a las directrices que se le proporcionan en este fallo, ordene reponer el procedimiento, para el efecto de que se celebre una nueva junta especial en el juicio escrito familiar 637/2019, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimapán, Hidalgo, con la asistencia de los menores identificados con las iniciales Y.C.M. y H.C.M. y sus padres, en la que deberán observarse las formalidades establecidas en el "Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en casos que afecten a Niñas, Niños y Adolescentes", mismas que ya fueron apuntadas en esta resolución. Esto, desde luego, con la intervención del Consejo de Familia y del agente del Ministerio Público, con la finalidad, además, de que se realicen los exámenes necesarios para que se pueda emitir una decisión correcta sobre la guarda y custodia de los menores afectados y el régimen de convivencia con sus padres. Hecho lo anterior, deberá resolver lo conducente, con plenitud de jurisdicción.". En proveído de catorce de abril de dos mil veintiuno, se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable, quien lo informó a través del oficio 599/2021 recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado el veintitrés de abril del año en curso, con el cual se dio vista a la parte quejosa y representante especial de los menores de edad Y.C.M. y H.C.M.; última en cita quien mediante escrito de cuatro de mayo actual, manifestó su conformidad. Previo a determinar el cumplimiento a la ejecutoria que se analiza es menester señalar que el artículo 77 de la Ley de Amparo dispone: "Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y (.) En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. (.)." En la especie, se estima que se cumplió con el presupuesto jurídico contemplado en el precepto legal reproducido, toda vez que la Tercera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, dictó una nueva resolución en la que dejó insubsistente la sentencia de dieciséis de julio de dos mil veinte, dictada en el toca civil y familiar 118/2020 de su índice, y resolvió del recurso de apelación admitido en efecto devolutivo en contra del proveído de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio escrito familiar 635/2019 y su acumulado 637/2019 del índice del Juzgado Mixto de Zimapán de Zavala, Hidalgo, en los términos siguientes: Precisó los agravios expuestos por la recurrente ***, para efectos meramente informativos por advertir que en la resolución impugnada existieron omisiones por parte del a quo en el sentido de: dejar de observar el interés superior de los menores de edad de iniciales Y.C.M. y H.C.M., así como derechos de familia; y, hacer efectiva la facultad de investigar la verdad durante el procedimiento e intervenir de oficio en el asunto. Advirtió que en la toma de decisión de la guarda y custodia provisional emitida en la audiencia de catorce de noviembre de dos mil diecinueve dentro del juicio 635/2019 y su acumulado 637/2019, no se cumplieron las formalidades esenciales exigidas por la ley que deben observarse en los casos en que se involucren menores de edad, a efecto de evitar afectar su derecho humano de convivir y ser cuidados por sus padres, pues debió prever todos las cuestiones concernientes para determinar tal medida provisional, así como el derecho a la convivencia con el progenitor que no lo tuviera bajo su cuidado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estimó que la determinación de otorgar la guarda y custodia a ambos padres, fijando el cuidado y protección de los menores a cargo de su progenitor ***, no cumplió con las formalidades esenciales que deben observarse en los procedimientos judiciales en que participan menores de edad, por haber considerado únicamente lo que ellos manifestaron en la junta especial celebrada en el juicio de origen, esto es: Orientada en los lineamientos expuestos en la jurisprudencia 1a./J. 23/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, durante la Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, de rubro "GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES DE EDAD. ELEMENTOS A LOS QUE HA DE ATENDER EL JUEZ AL MOMENTO DE MOTIVAR SU RESOLUCIÓN.", señaló que el juzgador que decida sobre el tema de la guarda y custodia de los menores de edad, debe atender a los elementos personales, familiares, materiales, sociales y culturales que concurren en una familia determinada, para efecto de establecer qué es mejor para los hijos y su desarrollo integral, personalidad y formación psíquica y física, teniendo presentes los factores individualizados como criterios orientadores, sopesando en todo momento las necesidades de atención, cariño, alimentación, educación, ayuda escolar, desahogo material, sosiego y clima de equilibrio para su desarrollo, entre otras cuestiones. Señaló que la determinación del a quo fue incorrecta porque una entrevista no es suficiente para decidir lo relativo a la guarda y custodia provisional de los menores, y que tampoco es reveladora para sostener que efectivamente son objeto de violencia por parte de la madre; por lo que, no fue acorde con el "Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en casos que afecten a Niñas, Niños y Adolescentes", que establece las pautas para que éstos participen con el menor daño posible en los procedimientos en que se dirimen sus derechos fundamentales, contenidas en el Capítulo III denominado "Reglas de Actuación Generales", puntos 1, 4, 5 y 6, que en esencia, ordenan: Que el menor de edad sea informado en un lenguaje asequible y con prontitud de disponibilidad de servicios médicos, psicológicos y sociales, medidas de protección disponibles, reparación del daño, existencia y funcionamiento de programas de justicia restaurativa, entre otras cosas; Realizar la "prueba de capacidad", es decir, determinar -mediante el procedimiento establecido por la ley, a través de una persona especializada-si el menor a partir de su edad y de su propio grado de desarrollo y madurez, puede comprender las preguntas que se le formulen en un lenguaje comprensible; y, Verificar que el niño, niña o adolescente, se encuentre asistido -además de sus padres o tutores y abogados- por una persona de apoyo antes de comparecer a los tribunales, así como durante toda su participación en el procedimiento judicial, con el fin de reducir el nivel de ansiedad o estrés. Directrices que relacionó con el artículo 22 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Hidalgo, que, entre otras cosas, dispone que: Los menores de edad tienen derecho a vivir en familia; No podrán ser separados de las personas que ejerzan la patria potestad o de sus tutores y, en términos de las disposiciones aplicables, de las personas que los tengan bajo su guarda y custodia, salvo que medie orden de autoridad competente en la que se determine la procedencia de la separación, en cumplimiento a la preservación del interés superior de la niñez, de conformidad con las causas previstas en las leyes y mediante el debido proceso en el que se garantice el derecho de audiencia a todas las partes involucradas; En todos los casos, se debe tener en cuenta la opinión de las niñas, niños y adolescentes, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez; y, Las autoridades estatales y/o municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a establecer políticas de fortalecimiento familiar para evitar la separación de los menores de edad de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia. Consideró que para resolver sobre la medida provisional de guarda y custodia, no basta una entrevista que no se sujetó a los lineamientos expuestos en el protocolo y ordenamiento legal invocados, que además, violenta gravemente el interés superior de los menores, debido a que antes de desahogarse, tuvieron que ordenarse las diligencias tendientes a brindar protección y determinar la capacidad de los menores para afrontar una diligencia, ya que dadas sus minorías de edad resulta casi imposible que entiendan por sí solos la magnitud del evento, su trascendencia jurídica y sobre todo, el objeto de la misma. Por lo que, estimó ilusorio pensar que el solo hecho de cuestionar o platicar con los menores de edad, arroje datos que releven la necesidad modificarles su esfera familiar. Apoyándose, en ese sentido, en la jurisprudencia 1a./J. 12/2017, emitida por la Primera Sala del Más Alto Tribunal del país, publicada durante la Décima Época en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, marzo de 2017, Tomo I, página 288, de rubro "DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA. LINEAMIENTOS PARA SU EJERCICIO.". Destacó que se debe privilegiar el interés superior de los menores adoptando las medidas adecuadas para que se determine lo más benéfico para ellos en cuanto a la decisión de la guarda y custodia provisional, la cual tendrá que establecerse de manera objetiva. Ordenó a la jueza de origen reponer el procedimiento del juicio escrito familiar 635/2019 y su acumulado 637/2019, a efecto de que señale día y hora para la celebración de una nueva junta especial para decidir lo conducente a la guarda y custodia provisional de los infantes de iniciales Y.C.M. y H.C.M., y para determinar el régimen de convivencias con sus progenitores, requiriendo: La asistencia de los menores de edad, así como a sus padres; Observar las formalidades establecidas en el Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en casos que afecten a Niñas, Niños y Adolescentes, así como conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Hidalgo; Dar intervención al Consejo de Familia y al Agente del Ministerio Público, con la finalidad de que realicen los exámenes necesarios para que se pueda emitir una decisión correcta sobre la guarda y custodia de los referidos menores de edad y el régimen de convivencia con sus padres; y, Que, hecho lo anterior, resuelva lo conducente con plenitud de jurisdicción. Entonces, es de concluirse que la autoridad responsable cumplió en sus términos lo solicitado, pues llevó a cabo en su totalidad los efectos de la misma, restituyendo así a la parte quejosa en el goce de sus derechos que se consideraron conculcados en la resolución de mérito; por tanto, se tiene por cumplida la ejecutoria que nos ocupa en términos de lo previsto por los artículos 192 y 214 de la ley de la materia. Finalmente, con fundamento en el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a la quejosa y a la representante especial de los menores de edad de iniciales Y.C.M. y H.C.M., por el término de quince días para que manifiesten lo que a su interés convenga respecto a la declaratoria de cumplimiento, en el entendido que de no manifestar cuestión alguna al respecto se tendrá por consentida dicha determinación. Notifíquese; y, personalmente a la quejosa **, así como a la representante especial de los menores de edad de iniciales Y.C.M. y H.C.M.

  4. Principal

    TODA VEZ QUE DE LA RAZÓN ACTUARIAL QUE ANTECEDE SE ADVIERTE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO COMPARECIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO FEDERAL A NOTIFICARSE DEL PROVEIDO DE VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, DICTADO EN EL JUICIO EN EL QUE SE ACTÚA; EN CONSECUENCIA, SE PROCEDE A NOTIFICARLE EL REFERIDO ACUERDO A DICHA PARTE POR MEDIO DE LISTA, EL CUAL ENUNCIA: "Visto el estado que guardan los autos, se advierte que por sentencia de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, emitida en el juicio de amparo en que se actúa, se concedió el amparo a la parte quejosa para los efectos siguientes: "(.) que la Tercera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo: Deje insubsistente la sentencia de dieciséis de julio de dos mil veinte, dictada en la toca civil 118/2020-III; y, Emita una nueva resolución en la que, atendiendo a las directrices que se le proporcionan en este fallo, ordene reponer el procedimiento, para el efecto de que se celebre una nueva junta especial en el juicio escrito familiar 637/2019, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimapán, Hidalgo, con la asistencia de los menores identificados con las iniciales Y.C.M. y H.C.M. y sus padres, en la que deberán observarse las formalidades establecidas en el "Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en casos que afecten a Niñas, Niños y Adolescentes", mismas que ya fueron apuntadas en esta resolución. Esto, desde luego, con la intervención del Consejo de Familia y del agente del Ministerio Público, con la finalidad, además, de que se realicen los exámenes necesarios para que se pueda emitir una decisión correcta sobre la guarda y custodia de los menores afectados y el régimen de convivencia con sus padres. Hecho lo anterior, deberá resolver lo conducente, con plenitud de jurisdicción.". En proveído de catorce de abril de dos mil veintiuno, se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable, quien lo informó a través del oficio 599/2021 recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado el veintitrés de abril del año en curso, con el cual se dio vista a la parte quejosa y representante especial de los menores de edad Y.C.M. y H.C.M.; última en cita quien mediante escrito de cuatro de mayo actual, manifestó su conformidad. Previo a determinar el cumplimiento a la ejecutoria que se analiza es menester señalar que el artículo 77 de la Ley de Amparo dispone: "Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y (.) En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. (.)." En la especie, se estima que se cumplió con el presupuesto jurídico contemplado en el precepto legal reproducido, toda vez que la Tercera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, dictó una nueva resolución en la que dejó insubsistente la sentencia de dieciséis de julio de dos mil veinte, dictada en el toca civil y familiar 118/2020 de su índice, y resolvió del recurso de apelación admitido en efecto devolutivo en contra del proveído de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio escrito familiar 635/2019 y su acumulado 637/2019 del índice del Juzgado Mixto de Zimapán de Zavala, Hidalgo, en los términos siguientes: Precisó los agravios expuestos por la recurrente ***, para efectos meramente informativos por advertir que en la resolución impugnada existieron omisiones por parte del a quo en el sentido de: dejar de observar el interés superior de los menores de edad de iniciales Y.C.M. y H.C.M., así como derechos de familia; y, hacer efectiva la facultad de investigar la verdad durante el procedimiento e intervenir de oficio en el asunto. Advirtió que en la toma de decisión de la guarda y custodia provisional emitida en la audiencia de catorce de noviembre de dos mil diecinueve dentro del juicio 635/2019 y su acumulado 637/2019, no se cumplieron las formalidades esenciales exigidas por la ley que deben observarse en los casos en que se involucren menores de edad, a efecto de evitar afectar su derecho humano de convivir y ser cuidados por sus padres, pues debió prever todos las cuestiones concernientes para determinar tal medida provisional, así como el derecho a la convivencia con el progenitor que no lo tuviera bajo su cuidado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estimó que la determinación de otorgar la guarda y custodia a ambos padres, fijando el cuidado y protección de los menores a cargo de su progenitor ***, no cumplió con las formalidades esenciales que deben observarse en los procedimientos judiciales en que participan menores de edad, por haber considerado únicamente lo que ellos manifestaron en la junta especial celebrada en el juicio de origen, esto es: Orientada en los lineamientos expuestos en la jurisprudencia 1a./J. 23/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, durante la Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, de rubro "GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES DE EDAD. ELEMENTOS A LOS QUE HA DE ATENDER EL JUEZ AL MOMENTO DE MOTIVAR SU RESOLUCIÓN.", señaló que el juzgador que decida sobre el tema de la guarda y custodia de los menores de edad, debe atender a los elementos personales, familiares, materiales, sociales y culturales que concurren en una familia determinada, para efecto de establecer qué es mejor para los hijos y su desarrollo integral, personalidad y formación psíquica y física, teniendo presentes los factores individualizados como criterios orientadores, sopesando en todo momento las necesidades de atención, cariño, alimentación, educación, ayuda escolar, desahogo material, sosiego y clima de equilibrio para su desarrollo, entre otras cuestiones. Señaló que la determinación del a quo fue incorrecta porque una entrevista no es suficiente para decidir lo relativo a la guarda y custodia provisional de los menores, y que tampoco es reveladora para sostener que efectivamente son objeto de violencia por parte de la madre; por lo que, no fue acorde con el "Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en casos que afecten a Niñas, Niños y Adolescentes", que establece las pautas para que éstos participen con el menor daño posible en los procedimientos en que se dirimen sus derechos fundamentales, contenidas en el Capítulo III denominado "Reglas de Actuación Generales", puntos 1, 4, 5 y 6, que en esencia, ordenan: Que el menor de edad sea informado en un lenguaje asequible y con prontitud de disponibilidad de servicios médicos, psicológicos y sociales, medidas de protección disponibles, reparación del daño, existencia y funcionamiento de programas de justicia restaurativa, entre otras cosas; Realizar la "prueba de capacidad", es decir, determinar -mediante el procedimiento establecido por la ley, a través de una persona especializada-si el menor a partir de su edad y de su propio grado de desarrollo y madurez, puede comprender las preguntas que se le formulen en un lenguaje comprensible; y, Verificar que el niño, niña o adolescente, se encuentre asistido -además de sus padres o tutores y abogados- por una persona de apoyo antes de comparecer a los tribunales, así como durante toda su participación en el procedimiento judicial, con el fin de reducir el nivel de ansiedad o estrés. Directrices que relacionó con el artículo 22 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Hidalgo, que, entre otras cosas, dispone que: Los menores de edad tienen derecho a vivir en familia; No podrán ser separados de las personas que ejerzan la patria potestad o de sus tutores y, en términos de las disposiciones aplicables, de las personas que los tengan bajo su guarda y custodia, salvo que medie orden de autoridad competente en la que se determine la procedencia de la separación, en cumplimiento a la preservación del interés superior de la niñez, de conformidad con las causas previstas en las leyes y mediante el debido proceso en el que se garantice el derecho de audiencia a todas las partes involucradas; En todos los casos, se debe tener en cuenta la opinión de las niñas, niños y adolescentes, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez; y, Las autoridades estatales y/o municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a establecer políticas de fortalecimiento familiar para evitar la separación de los menores de edad de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia. Consideró que para resolver sobre la medida provisional de guarda y custodia, no basta una entrevista que no se sujetó a los lineamientos expuestos en el protocolo y ordenamiento legal invocados, que además, violenta gravemente el interés superior de los menores, debido a que antes de desahogarse, tuvieron que ordenarse las diligencias tendientes a brindar protección y determinar la capacidad de los menores para afrontar una diligencia, ya que dadas sus minorías de edad resulta casi imposible que entiendan por sí solos la magnitud del evento, su trascendencia jurídica y sobre todo, el objeto de la misma. Por lo que, estimó ilusorio pensar que el solo hecho de cuestionar o platicar con los menores de edad, arroje datos que releven la necesidad modificarles su esfera familiar. Apoyándose, en ese sentido, en la jurisprudencia 1a./J. 12/2017, emitida por la Primera Sala del Más Alto Tribunal del país, publicada durante la Décima Época en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, marzo de 2017, Tomo I, página 288, de rubro "DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA. LINEAMIENTOS PARA SU EJERCICIO.". Destacó que se debe privilegiar el interés superior de los menores adoptando las medidas adecuadas para que se determine lo más benéfico para ellos en cuanto a la decisión de la guarda y custodia provisional, la cual tendrá que establecerse de manera objetiva. Ordenó a la jueza de origen reponer el procedimiento del juicio escrito familiar 635/2019 y su acumulado 637/2019, a efecto de que señale día y hora para la celebración de una nueva junta especial para decidir lo conducente a la guarda y custodia provisional de los infantes de iniciales Y.C.M. y H.C.M., y para determinar el régimen de convivencias con sus progenitores, requiriendo: La asistencia de los menores de edad, así como a sus padres; Observar las formalidades establecidas en el Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en casos que afecten a Niñas, Niños y Adolescentes, así como conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Hidalgo; Dar intervención al Consejo de Familia y al Agente del Ministerio Público, con la finalidad de que realicen los exámenes necesarios para que se pueda emitir una decisión correcta sobre la guarda y custodia de los referidos menores de edad y el régimen de convivencia con sus padres; y, Que, hecho lo anterior, resuelva lo conducente con plenitud de jurisdicción. Entonces, es de concluirse que la autoridad responsable cumplió en sus términos lo solicitado, pues llevó a cabo en su totalidad los efectos de la misma, restituyendo así a la parte quejosa en el goce de sus derechos que se consideraron conculcados en la resolución de mérito; por tanto, se tiene por cumplida la ejecutoria que nos ocupa en términos de lo previsto por los artículos 192 y 214 de la ley de la materia. Finalmente, con fundamento en el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a la quejosa y a la representante especial de los menores de edad de iniciales Y.C.M. y H.C.M., por el término de quince días para que manifiesten lo que a su interés convenga respecto a la declaratoria de cumplimiento, en el entendido que de no manifestar cuestión alguna al respecto se tendrá por consentida dicha determinación. Notifíquese; y, personalmente a la quejosa **, así como a la representante especial de los menores de edad de iniciales Y.C.M. y H.C.M."

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