Lizbeth Lucero Padilla
Expediente 305/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 305/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 13/07/2015
Partes del expediente
- Lizbeth Lucero Padilla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria el auto de diecinueve de junio de dos mil quince, considerando que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la suspensión definitiva de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Por otra parte, en términos de lo establecido en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena devolver al 1. Juzgado Tercero de lo Penal, con residencia en esta ciudad, las copias certificadas de la causa penal 55/2011 de su índice, que remitió al rendir su informe justificado.
- Principal
hago efectivo el apercibimiento del A V I S O de veintidós de junio de dos mil quince, dejado en el domicilio procesal de LA PARTE QUEJOSA, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de diecinueve de junio de dos mil quince, por lista y por lista en una página electrónica, QUE DICE: Ensenada, Baja California, diecinueve de junio de dos mil quince. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el informe justificado rendido por el 1. Juez Tercero de lo Penal, con residencia en esta ciudad. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida como prueba de la citada autoridad, la consistente en: 1. Copia certificada de la causa penal 55/2011, de su índice. Atendiendo al grosor de los anexos remitidos por la autoridad en mención; para un mejor manejo del expediente, se ordena la apertura del tomo de prueba I, para glosar las referidas constancias. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA De las constancias que remite la autoridad responsable, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracciones X y XI, de la Ley de Amparo disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI.- Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior. De los preceptos transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclame un acto que ya haya sido materia de una ejecutoria en un juicio de amparo diverso, lo que en materia procesal se denomina como "cosa juzgada", lo cual produce el efecto de tornar improcedente un juicio de amparo cuando este tiene el mismo objeto que otro en el que ya se estudió y resolvió el mismo problema planteado, evitando con ello que recaiga nueva sentencia que pudiera ser contradictoria sobre el fondo del asunto que ya fue analizado. Ahora bien, para que se actualice la improcedencia citada es necesario que se acrediten los siguientes requisitos: a) que el quejoso en la demanda de amparo impugne el mismo acto reclamado con anterioridad, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; b) contra las mismas autoridades responsables; y c) que el diverso juicio de amparo se haya dictado ejecutoria. En el presente caso se dan los elementos mencionados, en cuanto al señalado en el inciso a) que en la demanda de amparo se impugne el mismo acto reclamado con anterioridad, se encuentra acreditado, pues en el presente asunto se reclama la orden de aprehensión y su ejecución, dictada por el Juez Tercero de lo Penal, quien al rendir su informe con justificación aceptó la existencia del acto reclamado resultando ser la orden de aprehensión librada en contra de la quejosa el veinticuatro de febrero de dos mil once, por el delito de Robo con violencia Equiparado. Igualmente, la autoridad responsable remitió las constancias que acreditan la existencia del diverso juicio de amparo 172/2011-4, del índice del antes Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad; promovido precisamente por Lizbeth Lucero Padilla, señalando como autoridades responsables a las denominadas Juez Primero de Primera Instancia Penal, Juez Segundo de Primera Instancia Penal y al Juez Tercero de lo Penal, quien aceptó la existencia del acto reclamado, siendo el mismo que el del presente juicio. Siguiendo el juicio de amparo 172/2011-4 el trámite correspondiente, se dictó sentencia el veintiocho de abril de dos mil once, donde el entonces Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, analizó la constitucionalidad del acto reclamado ya descrito, procediendo a resolver en el siguiente sentido: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías interpuesto por LIZBETH LUCERO PADILLA, respecto de las autoridades precisadas en el considerando segundo, de esta resolución por los motivos y fundamentos ahí expuestos. SEGUNDO. Se NIEGA a LIZBETH LUCERO PADILLA, la protección constitucional solicitada respecto del acto que reclamó a las autoridades responsables precisadas en el considerando tercero, por las razones expresadas en el último de los considerandos de la presente resolución. (Fojas 74 a 76 del tomo de pruebas) Es decir, se acredita la identidad del acto reclamado en el presente juicio con el diverso 172/2011-4 del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, en el cual se entró al estudio de fondo del asunto, resolviéndose sobreseer y negar el amparo y protección de la Justicia Federal respecto de la orden de aprehensión de veinticuatro de febrero de dos mil once, por el delito de Robo con violencia Equiparado El segundo requisito b) Identidad de autoridades, de igual forma, se encuentra acreditado, pues en el juicio de amparo 172/2011-4, del índice del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, así como en la demanda que dio origen al expediente en que se actúa, se advierte que en ambos asuntos se señaló a la misma autoridad responsable, es decir al Juez Tercero de lo Penal. Finalmente, el tercer requisito, c) que el diverso juicio de amparo se haya dictado ejecutoria, se encuentra satisfecho, según se advierte de las constancias remitidas por la responsable, dado que el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, el veintiocho de abril de dos mil once Sobreseyó en el juicio y negó la protección constitucional en el juicio 172/2011-4, causando ejecutoria la citada sentencia el diecinueve de mayo de dos mil once (foja 83 del tomo de pruebas). En esa tesitura, resulta improcedente el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, por lo que se sobresee fuera de audiencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la mencionada legislación. Resulta aplicable a este asunto, la jurisprudencia 1a./J. 40/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en Octubre de 2008, página: 286, que señala: ORDEN DE APREHENSIÓN. SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, RELATIVA A LA COSA JUZGADA, CUANDO LA ORDEN RECLAMADA YA FUE MATERIA DE UN DIVERSO JUICIO DE GARANTÍAS, AUNQUE SE ALEGUE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. Acorde con el artículo 73 de la Ley de Amparo, el estudio de las causales de improcedencia es de oficio y de orden público. Por otra parte, para que opere la causal a que se refiere la fracción IV del citado precepto legal, el amparo debe interponerse por el propio quejoso contra las mismas autoridades y acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diferentes. En congruencia con lo expuesto, se concluye que cuando se promueve un juicio de amparo contra una orden de aprehensión que ya fue materia de un diverso juicio de garantías, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción IV, de la Ley de la materia, aunque se alegue como violación la prescripción de la acción penal. Sin que sea óbice a lo anterior, lo establecido en el artículo 183 de la Ley citada, pues conforme a su correcta interpretación, en los asuntos del orden penal la violación consistente en la extinción de la acción persecutoria es de estudio preferente a cualquier otra cuestión de fondo o violación procesal. De ahí que sea incorrecto sostener que dicho artículo permita analizar la prescripción de la acción penal previo al estudio y acreditamiento de la procedencia del juicio de amparo, pues además de que tal extremo no puede desprenderse del propio numeral, estimar lo contrario, es decir, que el estudio de la prescripción de la acción penal es previo al de las causas de improcedencia, haría procedente el amparo en tal aspecto (aunque ya sea cosa juzgada), otorgándole la naturaleza de un recurso ordinario en el proceso penal, aunque evidentemente no lo sea. Consecuentemente, se hace extensivo el sobreseimiento decretado, respecto de la autoridad señalada como ejecutora 2. Comandante de la Policía Ministerial de Ensenada, Baja California, conforme a la jurisprudencia registro 238280 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 41, que dice: EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. Finalmente, ante el sobreseimiento decretado, es dable dejar sin efecto la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con cuatro minutos del dos de julio de dos mil quince.
- Incidental
RESUELVE ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por Lizbeth Lucero Padilla, por propio derecho, en contra de los actos reclamados y las autoridades precisadas en el segundo considerando por los motivos y fundamentos expuestos en el tercero. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en los artículos 107, 108 y 112 de la Ley de Amparo, se admite la demanda que promueve Lizbeth Lucero Padilla, por derecho propio, contra actos de: 1. Juzgado Tercero de lo Penal de Ensenada, Baja California; y, 2. Comandante de la Policía Ministerial de Ensenada, Baja California. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 305/2015-II-A. APERTURA DE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Tal como lo solicitó la parte quejosa, tramítese por duplicado el incidente, a fin de proveer respecto de la procedencia de la suspensión provisional de los actos reclamados. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO Con fundamento en el artículo 5 fracción IV de la Ley de Amparo, se da la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las nueve horas con cuatro minutos del dos de julio de dos mil quince. SOLICITUD DE INFORMES JUSTIFICADOS Se solicita a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, que deberán rendir dentro del término de quince días contado a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copias certificadas legibles, completas y ordenadas de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, es decir, del acto reclamado y sus antecedentes, con fundamento en el artículo 117, párrafo primero de la Ley de Amparo, apercibidas que en caso de omisión, con fundamento en el numeral 260, fracción II, del ordenamiento invocado, se les impondrá una multa de cien días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de la materia. De igual modo, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que en caso de actualizarse la cesación de efectos del acto reclamado, o bien que ocurra alguna causa notoria de sobreseimiento, deberán informarlo de inmediato, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de treinta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en calle Segunda, número 1758, colonia Obrera, de esta ciudad; asimismo, se tienen por autorizados con las facultades que señala el artículo 12 de la ley de la materia, a Luis Ricardo Benítez Ramírez y Roberto Ismael Villarreal Vazquez, por así haberlo solicitado expresamente la quejosa, en su escrito original de demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO Se reserva pronunciarse respecto al emplazamiento de la parte tercera interesada, hasta en tanto se reciban los informes justificados de las responsables. APERCIBIMIENTO Con fundamento en el artículo 108, fracción III y 63 de la Ley de Amparo, se apercibe a la quejosa que de señalar incorrectamente la denominación de la autoridad responsable; tendrá como efecto declarar su inexistencia, y previa vista que se otorgue, se continuará con el trámite del juicio o, se sobreseerá respecto a la declarada inexistente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con los artículo 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, por el cual se derogó el acuerdo 30/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que: 1. La sentencia que se dicte en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información. 2. El derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales en la sentencia. 3. Manifestar en forma expresa al momento de allegar pruebas o constancias al juicio, si las mismas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o legislaturas de los Estados. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. Notifíquese, personalmente al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y por oficio a las autoridades
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