Lizbeth Joseline Alquicira Vargas
Expediente 973/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 973/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/12/2023
Partes del expediente
- Lizbeth Joseline Alquicira Vargas
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a cuatro de diciembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término para interponer el recurso de queja contra del proveído por el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora, acorde a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de ser DESTRUIDO, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción. Asimismo, se instruye al secretario, a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por **********, por propio derecho, contra los actos atribuidos a la Juez del Tribunal de Enjuiciamiento adscrita a la Unidad de Gestión Judicial Nueve del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y otra autoridad, se provee. Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 973/2023-IV. Genérese el expediente electrónico e impreso. Fijación de la litis De la lectura de la demanda se desprende que el acto reclamado es el siguiente: La continuación de la audiencia de debates de juicio oral de veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, en que la autoridad aquí responsable admitió la incorporación por lectura del testimonio de la víctima de identidad reservada *********, dentro de la carpeta de enjuiciamiento **********. Improcedencia del juicio de amparo De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar el escrito inicial de demanda a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Así, antes de proveer sobre la admisión de la demanda de mérito, debe precisarse que se analiza en primer lugar la procedencia del juicio, ya que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, dicha cuestión debe atenderse preferentemente. Al respecto, del artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, se advierte que es posible sostener la improcedencia por alguna causal diversa de las previstas en las primeras XXII fracciones de dicho precepto, caso que deberán expresarse los fundamentos y motivos conforme a los cuales se sostiene la improcedencia del amparo en los términos precisados. Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de la Materia, establece dos presupuestos para la procedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: a) Que el acto reclamado sea dictado dentro de juicio. b) Que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Aplicado en sentido contrario, cuando el acto reclamado sea emitido dentro de juicio pero que no tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, es decir, que sean susceptibles de ser reparadas, el amparo indirecto será improcedente. En relación con lo anterior, es menester precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación en los siguientes casos: 1. Cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide su libre ejercicio en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. 2. En el caso de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Bajo esa lógica, el acto reclamado no se ubica en ninguno de los mencionados supuestos, pues en el juicio de amparo directo, en su caso, se revisarán las posibles violaciones ocurridas dentro de la audiencia de juicio oral, precisamente por ocurrir en esa etapa, sería materia de ese juicio; por lo que no estamos en presencia de actos de imposible reparación. Sobre el tema merece invocarse la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente: "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL. De acuerdo con el inciso a) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución y la fracción I del artículo 170 la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas dictadas por autoridades judiciales en dos supuestos: (i) cuando la violación se cometa en sentencia definitiva; y (ii) cuando la violación se cometa durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo. Con todo, esta Primera Sala estima que tratándose de una sentencia definitiva derivada de un proceso penal acusatorio, en el juicio de amparo directo no es posible analizar violaciones a derechos fundamentales cometidas en etapas previas al inicio del juicio oral que tengan como consecuencia la eventual exclusión de determinado material probatorio. Si bien es cierto que de una interpretación literal y aislada del apartado B del artículo 173 de la Ley de Amparo pudiera desprenderse que sí es posible analizar en el juicio de amparo directo las violaciones a las leyes del procedimiento que hayan trascendido a las defensas del quejoso cometidas durante cualquiera de las etapas del procedimiento penal acusatorio, toda vez que la Ley de Amparo en ningún momento limita el examen de dichas violaciones a las que hayan ocurrido en una etapa determinada, esta Primera Sala estima que una interpretación conforme con la Constitución de la citada disposición permite concluir que el análisis de las violaciones procesales en el juicio de amparo directo debe limitarse exclusivamente a aquellas cometidas durante la audiencia de juicio oral. En primer lugar, porque sólo con dicha interpretación adquiere plena operatividad el principio de continuidad previsto en el artículo 20 constitucional, que disciplina el proceso penal acusatorio en una lógica de cierre de etapas y oportunidad de alegar. Este principio constitucional ordena que el procedimiento se desarrolle de manera continua, de tal forma que cada una de las etapas en las que se divide -investigación, intermedia y juicio- cumpla su función a cabalidad y, una vez que se hayan agotado, se avance a la siguiente sin que sea posible regresar a la anterior. Por esta razón, se considera que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus planteamientos en el momento o etapa correspondiente, pues de lo contrario se entiende por regla general que se ha agotado su derecho a inconformarse. En segundo lugar, porque dicha interpretación también es consistente con la fracción IV del apartado A del artículo 20 constitucional. De acuerdo con dicha porción normativa, el juez o tribunal de enjuiciamiento no debe conocer de lo sucedido en etapas previas a juicio a fin de garantizar la objetividad e imparcialidad de sus decisiones. En consecuencia, si el acto reclamado en el amparo directo es la sentencia definitiva que se ocupó exclusivamente de lo ocurrido en la etapa de juicio oral, el tribunal de amparo debe circunscribirse a analizar la constitucionalidad de dicho acto sin ocuparse de violaciones ocurridas en etapas previas. Esta interpretación además es consistente con el artículo 75 de la Ley de Amparo, que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable.". (Lo destacado es propio). De lo anterior se obtiene que, en el supuesto de que, se afecte de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos de la parte quejosa previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, durante la etapa de juicio, sus efectos podrían repararse obteniendo sentencia favorable en el juicio. Esto es, en todo caso, constituirían violaciones a las leyes del procedimiento, lo cual no necesariamente ocasionará que la determinación que se dicte sea desfavorable a los intereses de la parte quejosa; además, de obtener fallo favorable, las posibles violaciones que pudieran resultar se extinguirán automáticamente, sin originar afectación alguna a sus derechos fundamentales y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. En caso contrario, si el sentido de la sentencia le resultara desfavorable, tales violaciones debe hacerlas valer al momento en que se impugne, pues hasta ese momento procesal se podría determinar si las violaciones procesales afectaron o no las defensas de la parte quejosa trascendiendo al sentido del fallo. Por ende, se itera, el acto aquí reclamado, en su caso, será materia de análisis como violación procesal en el juicio de amparo directo, en donde se revisarán las posibles violaciones ocurridas dentro de la audiencia de juicio oral, precisamente por ocurrir en esa etapa. En consecuencia, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. Por el tema que aborda, sustenta lo anterior la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, siguiente: "DESECHAMIENTO DE PRUEBAS EN LA ETAPA DE JUICIO ORAL DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. AL SER UN ACTO INTRAPROCESAL QUE NO TIENE UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. En el artículo 113 de la Ley de Amparo se faculta al juzgador para desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, y -de acuerdo con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación- por "manifiesto" se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Aunado a ello, debe tenerse la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en cada caso concreto, de modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Asimismo, en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la diversa fracción V -en sentido contrario- del artículo 107, ambos de la ley de la materia, se establece que los actos emitidos durante el juicio sólo pueden impugnarse en amparo indirecto, cuando afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la vida, la integridad personal, la libertad, etcétera, cuya afectación no puede ser reparada aun obteniendo sentencia favorable; lo que excluye la procedencia del amparo indirecto cuando sólo se afecten derechos adjetivos, aun cuando dicha afectación pudiera considerarse en grado predominante o superior. En estas circunstancias, cuando se reclame una determinación emitida en la etapa de juicio oral mediante la cual se inadmita una prueba ofertada por la defensa, el amparo indirecto es improcedente, en virtud de que se trata de un acto intraprocesal que no tiene ejecución de imposible reparación, pues no impide el ejercicio actual y real de un derecho sustantivo, al contrario, ese acto constituye una violación a las leyes del procedimiento, en términos del artículo 173, apartado B, fracción X, de la Ley de Amparo, que establece, por un lado, que las violaciones procesales (como es el acto reclamado) deben ser impugnadas en el juicio de amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, de ser ésta desfavorable a los intereses del quejoso y, por otro, dispuso que en los juicios del orden penal, se considerarán violadas las leyes del procedimiento, entre otras, cuando no se reciban al imputado las pruebas pertinentes que ofrezca o no se reciban con arreglo a derecho, como lo reclamado en el caso.". Criterio que en idéntico sentido lo compartió también el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en sesión de tres de septiembre de dos mil veintiuno, al resolver la queja penal número 154/2021. En consecuencia, se itera, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA, por notoria y manifiesta improcedencia de acuerdo con el artículo 113 de la ley de la materia. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo. Por autorizados a las personas que mencionan en su escrito inicial de demanda que cuenten con cédula profesional, con las facultades que establece el artículo 12 de la ley de la materia, siempre y cuando acrediten estar facultados para ejercer dicha profesión. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese y personalmente.
- Principal
(Cédula de notificación) con esta fecha se notifica por lista de acuerdos el proveído de 15 de noviembre de 2023 a la parte quejosa, el cual en lo conducente dice:" Ciudad de México, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por **********, por propio derecho, contra los actos atribuidos a la Juez del Tribunal de Enjuiciamiento adscrita a la Unidad de Gestión Judicial Nueve del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y otra autoridad, se provee. Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 973/2023-IV. Genérese el expediente electrónico e impreso. Fijación de la litis De la lectura de la demanda se desprende que el acto reclamado es el siguiente: La continuación de la audiencia de debates de juicio oral de veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, en que la autoridad aquí responsable admitió la incorporación por lectura del testimonio de la víctima de identidad reservada *********, dentro de la carpeta de enjuiciamiento **********. Improcedencia del juicio de amparo De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar el escrito inicial de demanda a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Así, antes de proveer sobre la admisión de la demanda de mérito, debe precisarse que se analiza en primer lugar la procedencia del juicio, ya que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, dicha cuestión debe atenderse preferentemente. Al respecto, del artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, se advierte que es posible sostener la improcedencia por alguna causal diversa de las previstas en las primeras XXII fracciones de dicho precepto, caso que deberán expresarse los fundamentos y motivos conforme a los cuales se sostiene la improcedencia del amparo en los términos precisados. Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de la Materia, establece dos presupuestos para la procedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: a) Que el acto reclamado sea dictado dentro de juicio. b) Que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Aplicado en sentido contrario, cuando el acto reclamado sea emitido dentro de juicio pero que no tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, es decir, que sean susceptibles de ser reparadas, el amparo indirecto será improcedente. En relación con lo anterior, es menester precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación en los siguientes casos: 1. Cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide su libre ejercicio en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. 2. En el caso de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Bajo esa lógica, el acto reclamado no se ubica en ninguno de los mencionados supuestos, pues en el juicio de amparo directo, en su caso, se revisarán las posibles violaciones ocurridas dentro de la audiencia de juicio oral, precisamente por ocurrir en esa etapa, sería materia de ese juicio; por lo que no estamos en presencia de actos de imposible reparación. Sobre el tema merece invocarse la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente: "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL. De acuerdo con el inciso a) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución y la fracción I del artículo 170 la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas dictadas por autoridades judiciales en dos supuestos: (i) cuando la violación se cometa en sentencia definitiva; y (ii) cuando la violación se cometa durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo. Con todo, esta Primera Sala estima que tratándose de una sentencia definitiva derivada de un proceso penal acusatorio, en el juicio de amparo directo no es posible analizar violaciones a derechos fundamentales cometidas en etapas previas al inicio del juicio oral que tengan como consecuencia la eventual exclusión de determinado material probatorio. Si bien es cierto que de una interpretación literal y aislada del apartado B del artículo 173 de la Ley de Amparo pudiera desprenderse que sí es posible analizar en el juicio de amparo directo las violaciones a las leyes del procedimiento que hayan trascendido a las defensas del quejoso cometidas durante cualquiera de las etapas del procedimiento penal acusatorio, toda vez que la Ley de Amparo en ningún momento limita el examen de dichas violaciones a las que hayan ocurrido en una etapa determinada, esta Primera Sala estima que una interpretación conforme con la Constitución de la citada disposición permite concluir que el análisis de las violaciones procesales en el juicio de amparo directo debe limitarse exclusivamente a aquellas cometidas durante la audiencia de juicio oral. En primer lugar, porque sólo con dicha interpretación adquiere plena operatividad el principio de continuidad previsto en el artículo 20 constitucional, que disciplina el proceso penal acusatorio en una lógica de cierre de etapas y oportunidad de alegar. Este principio constitucional ordena que el procedimiento se desarrolle de manera continua, de tal forma que cada una de las etapas en las que se divide -investigación, intermedia y juicio- cumpla su función a cabalidad y, una vez que se hayan agotado, se avance a la siguiente sin que sea posible regresar a la anterior. Por esta razón, se considera que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus planteamientos en el momento o etapa correspondiente, pues de lo contrario se entiende por regla general que se ha agotado su derecho a inconformarse. En segundo lugar, porque dicha interpretación también es consistente con la fracción IV del apartado A del artículo 20 constitucional. De acuerdo con dicha porción normativa, el juez o tribunal de enjuiciamiento no debe conocer de lo sucedido en etapas previas a juicio a fin de garantizar la objetividad e imparcialidad de sus decisiones. En consecuencia, si el acto reclamado en el amparo directo es la sentencia definitiva que se ocupó exclusivamente de lo ocurrido en la etapa de juicio oral, el tribunal de amparo debe circunscribirse a analizar la constitucionalidad de dicho acto sin ocuparse de violaciones ocurridas en etapas previas. Esta interpretación además es consistente con el artículo 75 de la Ley de Amparo, que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable.". (Lo destacado es propio). De lo anterior se obtiene que, en el supuesto de que, se afecte de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos de la parte quejosa previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, durante la etapa de juicio, sus efectos podrían repararse obteniendo sentencia favorable en el juicio. Esto es, en todo caso, constituirían violaciones a las leyes del procedimiento, lo cual no necesariamente ocasionará que la determinación que se dicte sea desfavorable a los intereses de la parte quejosa; además, de obtener fallo favorable, las posibles violaciones que pudieran resultar se extinguirán automáticamente, sin originar afectación alguna a sus derechos fundamentales y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. En caso contrario, si el sentido de la sentencia le resultara desfavorable, tales violaciones debe hacerlas valer al momento en que se impugne, pues hasta ese momento procesal se podría determinar si las violaciones procesales afectaron o no las defensas de la parte quejosa trascendiendo al sentido del fallo. Por ende, se itera, el acto aquí reclamado, en su caso, será materia de análisis como violación procesal en el juicio de amparo directo, en donde se revisarán las posibles violaciones ocurridas dentro de la audiencia de juicio oral, precisamente por ocurrir en esa etapa. En consecuencia, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. Por el tema que aborda, sustenta lo anterior la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, siguiente: "DESECHAMIENTO DE PRUEBAS EN LA ETAPA DE JUICIO ORAL DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. AL SER UN ACTO INTRAPROCESAL QUE NO TIENE UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. En el artículo 113 de la Ley de Amparo se faculta al juzgador para desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, y -de acuerdo con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación- por "manifiesto" se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Aunado a ello, debe tenerse la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en cada caso concreto, de modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Asimismo, en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la diversa fracción V -en sentido contrario- del artículo 107, ambos de la ley de la materia, se establece que los actos emitidos durante el juicio sólo pueden impugnarse en amparo indirecto, cuando afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la vida, la integridad personal, la libertad, etcétera, cuya afectación no puede ser reparada aun obteniendo sentencia favorable; lo que excluye la procedencia del amparo indirecto cuando sólo se afecten derechos adjetivos, aun cuando dicha afectación pudiera considerarse en grado predominante o superior. En estas circunstancias, cuando se reclame una determinación emitida en la etapa de juicio oral mediante la cual se inadmita una prueba ofertada por la defensa, el amparo indirecto es improcedente, en virtud de que se trata de un acto intraprocesal que no tiene ejecución de imposible reparación, pues no impide el ejercicio actual y real de un derecho sustantivo, al contrario, ese acto constituye una violación a las leyes del procedimiento, en términos del artículo 173, apartado B, fracción X, de la Ley de Amparo, que establece, por un lado, que las violaciones procesales (como es el acto reclamado) deben ser impugnadas en el juicio de amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, de ser ésta desfavorable a los intereses del quejoso y, por otro, dispuso que en los juicios del orden penal, se considerarán violadas las leyes del procedimiento, entre otras, cuando no se reciban al imputado las pruebas pertinentes que ofrezca o no se reciban con arreglo a derecho, como lo reclamado en el caso.". Criterio que en idéntico sentido lo compartió también el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en sesión de tres de septiembre de dos mil veintiuno, al resolver la queja penal número 154/2021. En consecuencia, se itera, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA, por notoria y manifiesta improcedencia de acuerdo con el artículo 113 de la ley de la materia. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo. Por autorizados a las personas que mencionan en su escrito inicial de demanda que cuenten con cédula profesional, con las facultades que establece el artículo 12 de la ley de la materia, siempre y cuando acrediten estar facultados para ejercer dicha profesión. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese y personalmente. ".
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