Lizbeth Johana Canto Ojeda

Expediente 931/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
931/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
14/12/2020

Partes del expediente

  • Lizbeth Johana Canto Ojeda
  • Lizbeth Johana Canto Ojeda y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de diciembre de dos mil veinte. Atento a lo informado por la Secretaria en la razón de cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de treinta de octubre de dos mil veinte, en el que se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por lo tanto, con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de la Materia, se declara que aquella resolución ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en el aludido acuerdo se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 21 inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Agréguese copia autorizada de este proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que deriva de estos autos, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    Mérida, Yucatán, catorce de diciembre de dos mil veinte. Vista la copia autorizada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad con la fracción III del artículo Vigésimo, fracción II, inciso a) y artículo Vigésimo Primero inciso c)del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la observación de que el cuaderno original y duplicado del presente incidente de suspensión es susceptible de destrucción, toda vez que por acuerdo de trece de octubre de dos mil veinte y por resolución interlocutoria de veinte de octubre del mismo año, se negó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el secretario licenciado Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Vistos, para resolver los autos del presente juicio de amparo 1637/2019-VI, que promueve Nidia Rebeca Pérez Euan en contra de los actos que reclama del Tribunal Segundo de Juicio Oral en el Estado, por disposición del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y otra autoridad, por estimarlo violatorio de los artículos 1, 8, 14, 16, 17, 20-B y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito que se presentó el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, Nidia Rebeca Pérez Euan solicitó el amparo de la Justicia Federal en contra de los actos que reclamó del Tribunal Segundo de Juicio Oral en el Estado, por disposición del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y otra autoridad. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se emplazó a la parte tercera interesada y se señaló fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia constitucional, la cual se celebró en términos del acta que antecede, por lo que es procedente pronunciar la sentencia correspondiente; y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse un acto atribuible a autoridades dentro de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito. Segundo. Precisión de actos. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es oportuno precisar que la parte quejosa reclama de las autoridades señaladas como responsables: El acuerdo de siete de noviembre de dos mil diecinueve, dictado por el Tribunal Segundo de Juicio Oral en el Estado, por disposición del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en la carpeta administrativa J.O. 40/2019; proveído en el que se dio vista a la quejosa con el oficio del Fiscal Investigador adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en delitos de Homicidios del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, en relación a la información solicitada sobre la petición realizada por la ahora quejosa ante la autoridad primigenia, relativa a la devolución de las pertenencias puestas a disposición en la carpeta de investigación H1-19-2018. Tercero. Sobreseimiento por negativa de actos. Al rendir su informe justificado, la Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en delitos de Homicidios del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, autoridad señalada como responsable, negó el acto reclamado consistente en el acuerdo de siete de noviembre de dos mil diecinueve, y agregó que fue dictado por una diversa autoridad. En esas condiciones, sobre el particular, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y Tesis Jurisprudencial número 310, visible en la página 209 Tomo VI, Materia Común del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación y rubro: "INFORMES JUSTIFICADOS. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Actos existentes. Son ciertos los actos reclamados al Juez Integrante del Tribunal Segundo de Juicio Oral en el Estado, por disposición del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, toda vez que al rendir su informe justificado aceptó la existencia de los actos reclamados; lo que se corrobora con las constancias remitidas en apoyo a su informe justificado, las cuales cuentan con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 97 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Quinto. Antecedentes. Es conveniente situar el contexto en el cual se desarrolló el acto reclamado, el cual se originó de las siguientes actuaciones: Respecto a los cargos formulados a la hoy quejosa Nidia Rebeca Pérez Euan, la integración del Tribunal Segundo de Juicio Oral en el Estado, el quince de octubre de dos mil diecinueve dictó sentencia absolutoria en relación a la comisión de los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa cometidos contra servidor público, así como daño en propiedad ajena cometido contra servidor público; y, en consecuencia, se decretó su absoluta e inmediata libertad. Por escrito de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, la ahora quejosa solicitó la intervención del citado tribunal a fin de que ordenara la devolución de sus pertenencias puestas a disposición en la carpeta de investigación H1-19-2018, consistentes en: una credencia de elector y la cantidad de $90,520.00 (noventa mil quinientos veinte pesos 00/100 moneda nacional). La administradora del Tribunal de Juicio Oral en el Estado, dio cuenta con lo solicitado, y mediante proveído de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, el juez del conocimiento dio vista a la Fiscal Investigadora para que en el término de tres días manifestara si era cierto lo solicitado por Nidia Rebeca Pérez Euán, además, informara si se dio respuesta a dicha solicitud y en su caso el sentido de su determinación, asimismo, remitiera las constancias pertinentes, o bien, en caso de no haberlo realizado, expresara el motivo de su impedimento para responder la referida solicitud. El siete de noviembre de dos mil diecinueve, el juez de origen recibió cuenta del escrito del Fiscal Investigador del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Homicidio, mediante el cual informó que no se accedió a la petición formulada, dado que la sentencia dictada no había quedado firme, misma que podía ser recurrida, y que entre los efectos que podría conllevar sería la reposición de todo el proceso, situación en la que cualquiera de las partes podría disponer jurídicamente de los bienes de los cuales se solicitó la devolución, al respecto se acordó lo siguiente: "Ahora bien, en atención a lo comunicado por la Fiscal investigadora Licenciada en Derecho Abril Janeth Lara Sánchez, adscrita a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada de Delitos de Homicidio, dese vista de ello para su conocimiento a la ciudadana Nidia Rebeca Pérez Euán." El citado pronunciamiento constituye el acto reclamado en esta vía constitucional. Sexto. Estudio de los conceptos de violación. No existiendo una causal de improcedencia que invoquen las partes, o que este Juzgado advierta de oficio, se procede al estudio de los conceptos de violación que esgrime la parte quejosa en su demanda de amparo. La parte quejosa en sus conceptos de violación aduce que el tribunal de origen vulneró sus derechos humanos, dado que sólo le dio vista para su conocimiento respecto de lo manifestado por la fiscal, sin resolver lo relativo a la devolución de sus pertenencias, y agrega que éstas no constituyen indicios. Es esencialmente fundado el argumento producido por la parte quejosa, que básicamente consiste en la violación por parte de la responsable del derecho humano consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que transgrede en su perjuicio el principio de justicia completa. El artículo 17 Constitucional establece lo siguiente: "Artículo 17.- [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Conforme al numeral trascrito, el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: a) Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. b) Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. c) Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no de lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido, y; d) Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno para la prestación de ese servicio público. Apoya lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales" De lo anterior, se concluye que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. En el caso, de las documentales exhibidas por el tribunal responsable a las cuales se ha otorgado valor probatorio, se advierte que, en autos de la carpeta administrativa J.O. 40/2019, se emitió el acuerdo reclamado de siete de noviembre de dos mil diecinueve. En el citado proveído, se recibió el escrito del fiscal investigador, por el cual hizo diversas manifestaciones en el sentido de que no se accedió a la solicitud de la hoy quejosa respecto a la devolución de sus pertenencias, con lo que se dio vista a la promovente de manera indefinida, ya que no se señaló termino para el desahogo de la vista que condujera a un siguiente pronunciamiento, lo que de suyo implicó que no realizó pronunciamiento respecto de la pretensión que le fue puesta ante su potestad. Es así que a criterio de este órgano jurisdiccional se transgredió el principio de completitud en la impartición de justicia que emana del arábigo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del cual deriva el diverso postulado de exhaustividad, y no se atendió el deber de fundamentación y motivación previsto en el dispositivo principal 16 de la Carta Magna; se arriba a esa convicción porque al pronunciar la decisión judicial controvertida, no se realizó pronunciamiento alguno sobre pretensión de la ahora quejosa que dio origen al requerimiento que desahogó el fiscal, aunado a lo anterior, la vista otorgada a la quejosa fue por tiempo indefinido, dado que no le otorgó término alguno que le permitiera conocer si de manera subsecuente la autoridad responsable realizaría un pronunciamiento. En este contexto, debe concluirse que la responsable incurrió en una omisión que hace nugatorio el postulado de justicia pronta y expedita, lo que vulnera el principio de celeridad contenido en el segundo párrafo del artículo 17 Constitucional. Así, ante lo fundado del concepto de violación, lo conducente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. Séptimo. Efectos de la concesión del amparo. Con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se precisa que el amparo se concede a la parte quejosa, para el efecto de que una vez que cause ejecutoria la presente resolución, la autoridad responsable Tribunal Segundo de Juicio Oral en el Estado, por disposición del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado: Provea lo que en derecho corresponda respecto de la solicitud de la quejosa que le fue planteada en relación a que el fiscal investigador del conocimiento no accedió a la devolución de las pertenencias puestas a disposición en la carpeta de investigación H1-19-2018, lo que deberá hacer del conocimiento de la solicitante del amparo. Octavo. Protección de datos personales. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio promovido por Nidia Rebeca Pérez Euán, respecto del acto reclamado a Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en delitos de Homicidios del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando tercero. Segundo. La justicia de la unión ampara y protege a Nidia Rebeca Pérez Euán, respecto del acto reclamado al Tribunal Segundo de Juicio Oral en el Estado, por disposición del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, por los motivos y para los efectos expuestos en los considerandos sexto y séptimo de la presente sentencia. Tercero. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la Secretaria Azucena Sosa García, que autoriza y da fe hasta el día de hoy, treinta de octubre de dos mil veinte, fecha en que lo permitieron las labores de este Juzgado.,

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito signado por los quejosos Robert Bacilio Xool Noh, Miguel Ángel May Piste y Miguel Ángel Euan Ku, presidente, secretario y tesorero del Comisariado Ejidal de Caucel, Yucatán, respectivamente, mediante el cual realizan manifestaciones respecto del cumplimiento a la sentencia ejecutoriada emitida en este juicio de amparo, las cuales se reservan para en su caso tomarlas en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.

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