Lizbeth Jaquelin Corona Aguilar
Expediente 826/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 826/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/08/2021
Partes del expediente
- Lizbeth Jaquelin Corona Aguilar
- Décimo Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco
Actuaciones
- Principal
Zapopan, Jalisco, a treinta de agosto de dos mil veintiuno. Causa estado. Como de la certificación que antecede se advierte, transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara con el auto de veintiocho de octubre de dos mil veinte, en el que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia, e hiciera valer el recurso de revisión en su contra, sin que así lo haya realizado, en consecuencia, se declara firme. Se ordena archivar. Consecuentemente, se ordena archivar el presente juicio como asunto totalmente concluido, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Destino. Ahora bien, toda vez que en el presente asunto se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, el expediente se encuentra en el supuesto previsto en el inciso a) del artículo 211 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por tanto, será destruible una vez que transcurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Alberto Ramírez Díaz, Secretario del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por encontrarse gozando de su periodo vacacional, el titular del juzgado, Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, según información contenida en el oficio CCJ/ST/2851/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido por el secretario Héctor Hugo Ordaz Arredondo, que autoriza y da fe.
- Principal
Revisado el expediente electrónico del juicio de amparo en el que se actúa, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 77, ambos de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en fecha fijada para el desahogo de la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo en el expediente 1303/2020/17-E. Del artículo citado en segundo término, se desprende que el juicio de amparo tiene como finalidad restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, pues en caso contrario el amparo sería improcedente al actualizarse una ineficacia reparadora de la sentencia de amparo. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la parte quejosa reclama la data fijada para el desahogo de la celebración de la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, siendo que le asiste la razón en el sentido que la responsable transgredió en su perjuicio lo establecido en el canon 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no respetó el derecho a una impartición de justicia en los plazos y términos que fija la ley procedimental que rige su actuar, dado que señaló fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones fuera del plazo legal, ello en contravención a la prontitud que le exige ese precepto constitucional. En efecto, la porción normativa en cita, que reconoce el derecho fundamental de toda persona a la impartición de justicia, dispone, en lo que interesa, que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Además, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Del contenido normativo subjetivo precisado, se llega invariablemente a las conclusiones siguientes: a) En ese precepto constitucional se reconoce a los gobernados el disfrute de diversos derechos relacionados con la administración de justicia. b) Entre los diversos derechos fundamentales que se tutelan en ese precepto se encuentra el relativo a tener un acceso efectivo a la administración de justicia que desarrollan los tribunales; con la precisión que para su debido acatamiento no basta el que se permita a los gobernados instar ante un órgano jurisdiccional, sino que el acceso sea efectivo en la medida en que, de cumplir con los requisitos justificados constitucionalmente, se pueda obtener una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado. c) La impartición de justicia solicitada por los gobernados y, por ende, el efectivo acceso a la justicia, debe sujetarse a los plazos y términos que fijen las leyes. d) Los plazos y términos que se establezcan en las leyes, es decir, la regulación de los respectivos procedimientos jurisdiccionales, deben garantizar a los gobernados un efectivo acceso a la justicia, por lo que los requisitos o presupuestos que condicionan la obtención de una resolución sobre el fondo de lo pedido deben encontrarse justificados constitucionalmente, lo que sucede, entre otros casos, cuando tienden a generar seguridad jurídica a los gobernados que acudan como partes a la contienda, o cuando permiten la emisión de resoluciones prontas y expeditas, siempre y cuando no lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende. De los anteriores principios, resulta inconcuso que el artículo 17 del Pacto Federal garantiza a favor de los gobernados, entre otros derechos fundamentales, el del acceso efectivo a la justicia, el que se concreta en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso en el cual, se cumplan los plazos y términos que fijen las leyes, para tal efecto, pues como deriva del propio texto constitucional, no se trata de un derecho incondicionado y absoluto a la prestación de esa actividad, por lo que el mismo no puede ejercerse al margen de los cauces establecidos por el legislador. Vinculado directamente a lo anterior, se tiene que la normativa que rige el actuar de la autoridad responsable en un juicio de carácter laboral, en específico en el señalamiento de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, es conforme al artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, porciones normativas de la que se obtienen los pasos y términos procesales siguientes: Luego de recibir la demanda laboral, la junta dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que la haya recibido, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de la Ley Federal del Trabajo. Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones contradictorias o no hubiere precisado el salario base de la acción, en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y la prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor. En ese sentido, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa ha manifestado bajo protesta de decir verdad que la autoridad responsable ha violentado en su perjuicio el derecho previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no ajustarse a los plazos y términos precisados, pues el propio quejoso menciona que la autoridad responsable sobrepasó excesivamente esos parámetros de temporalidad en la tramitación del expediente de origen. Lo anterior es así, dado que aduce la parte promovente, la Junta responsable programó para la celebración de la audiencia prevista por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, una data fuera del término de quince días que dispone el citado numeral, ya que la demanda laboral la presentó el nueve de julio de dos mil veinte, acordándose su admisión el diez de agosto de la anualidad que transcurre y señaló para el veintitrés de octubre del mismo año. En razón de lo anterior, el actuar de la responsable, en el sentido de fijar data para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, hasta el veintitrés de octubre de dos mil veinte, y tomando como base que esto lo manifiesta el quejoso bajo protesta de decir verdad, se puede concluir que el actuar de la responsable transgrede lo establecido en el artículo 17 Constitucional, pues al no apegarse a los términos establecidos en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, vulneró el derecho del agraviado a una impartición de justicia pronta. Sin embargo, en el caso que nos ocupa se actualiza una ineficacia reparadora de la sentencia de amparo, pues de concederse el amparo, el efecto sería que la Junta señale nueva fecha dentro del término legal de quince días hábiles para el desahogo de la audiencia prevista por el canon 873 de la Ley Federal del Trabajo, lo cual en el caso resulta imposible que acontezca, pues la responsable señaló las catorce horas con treinta minutos del veintitrés de octubre de dos mil veinte, para llevar a cabo la celebración de la referida audiencia, data que evidentemente es anterior al día en que se actúa -veintiocho de octubre de dos mil veinte-. De ahí entonces que una concesión de amparo no repararía el derecho fundamental violado. En razón de lo anterior, con fundamento en lo que dispone el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 77, en relación con el 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio, por lo que ve a este acto reclamado. Se sobresee por cesación. En ese mismo sentido, por lo que ve al acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento de las personas morales demandadas, se advierte que ha sobrevenido una causa de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro. Bajo esa postura, el artículo 61, en su fracción XXI, de la Ley de Amparo, estatuye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" El dispositivo legal transcrito implica el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de amparo. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tal y como lo sustenta la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De esta manera, si en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar las violaciones de garantías que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso concreto, el segundo acto reclamado en análisis consiste en la omisión de emplazar a las demandadas dentro del juicio laboral 1303/2020/17-E del índice de la Décima Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco. Luego, de las constancias que acompañó la autoridad responsable a su informe justificado, se advierte que han cesado los efectos de tal acto reprochado en esta sede de control constitucional. En efecto, de la lectura de la documental se observa lo siguiente: a) Que el uno de octubre del año en curso, la autoridad responsable emplazó a la totalidad de demandadas en juicio laboral de origen. Ante tales circunstancias, es diáfano que cesaron los efectos del acto reclamado en virtud de que como se estableció, la omisión de que se duele la parte quejosa consistente en la falta de emplazamiento, fue cubierta con las actas suscritas por el notificador de la junta responsable. Tiene aplicación la jurisprudencia que enseguida se menciona: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Bajo ese contexto, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se sobresee en el juicio de amparo fuera de audiencia tocante al acto reprochado al actuario de la Décima Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. Como consecuencia de lo acordado anteriormente, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada en autos. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Se tiene por recibido el ocurso signado por el perito oficial José Refugio Oliden Tornero, a través del cual, solicita se le tenga exhibiendo el comprobante fiscal para que se proceda a realizar la autorización de sus honorarios señalados, y a su vez, se remita la documentación correspondiente a la Administración Regional de Zapopan del Consejo de la Judicatura Federal, para el proceso correspondiente. Ahora bien, en primer orden de ideas, en referencia a la estimación y cálculo de los honorarios que señaló para la emisión de su trabajo, se pone a confrontación los ocursos que exhibió en este sumario de amparo, los cuales se encuentran ajustados a los lineamientos establecidos en el "Arancel para el pago de honorarios y gastos de las personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación para los ejercicios 2019 y 2020", como se verá a continuación. De la página de internet que se cita a continuación https://www.inegi.org.mx/temas/uma/, se puede advertir el valor correspondiente de una Unidad de Medida y Actualización respecto a los períodos que se requiera su consulta, la cual, se puede destacar que el valor correspondiente al año 2020 es por la cantidad de $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 centavos moneda nacional). Por su parte, el Arancel para el pago de honorarios y gastos de las personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación para los ejercicios 2019 y 2020, dispone que el valor correspondiente del arancel (monto por hora)/UMAs por rama y/o especialidad de Topografía es de 3.21. Bajo ese tenor, se puede advertir que el monto señalado por el diestro oficial, así como el efectuado por parte de este juzgado de Distrito, coinciden. Se informa a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura Federal. En ese contexto, es menester solicitar al Director General de Programación, Documentación, Presupuesto, y Tesorería, para que efectué el pago de los honorarios del perito oficial referido, por tanto, remítase copia certificada de las actuaciones correspondientes haciendo la siguiente referencia: a) Escrito por el cual la parte quejosa ofreció la prueba pericial en materia de topografía; b) Proveído de treinta de octubre de dos mil diecinueve, por el que se proveyó entre otras cosas, la admisión de la prueba pericial en comento; c) De los dos oficios de las dependencias que fueron solicitadas a fin de prestar el apoyo para la designación de un diestro oficial en materia topografía; d) Del acta de aceptación de cargo del perito oficial de data de veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve; e) Del ocurso por el que señala el monto de sus honorarios con los impuestos y retenciones; y, f) Así como del diverso por el que allega el comprobante fiscal. Las cuales, obran agregadas al sumario constitucional en que se actúa, lo anterior, a fin de que la autoridad correspondiente este en aptitud de dar respuesta a la solicitud formulada para la autorización de los honorarios del perito oficial. Precisión de la remisión de las constancias. Finalmente, sin que pase desapercibido que el aludido diestro oficial solicite que se remita la documentación correspondiente a la Administración Regional de Zapopan del Consejo de la Judicatura Federal, para el proceso del pago de sus honorarios. Sin embargo, deberá indicársele que no ha lugar, en virtud que de conformidad al artículo 17 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración de la Lista de personas que pueden fungir como peritos ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación, establece como regla principal que las constancias respectivas se enviaran Dirección General de Programación, Presupuesto y Tesorería, y no a diverso organismo, de ahí que sea inatendible dicha petición. Notifíquese.
- Principal
Zapopan, Jalisco, trece de octubre de dos mil veinte. I. Cambio de titular. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en sesión ordinaria de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la adscripción del Juez Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, a este juzgado de Distrito, con efectos a partir del dieciséis de octubre siguiente. En ese sentido, hágase del conocimiento de las partes la adscripción del titular de este órgano jurisdiccional, para los efectos legales a que haya lugar. En el entendido de que la notificación correspondiente se realizará a las partes por medio de lista de acuerdos. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, de tema: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." II. Se ordena notificar a la autoridad responsable. Del análisis del sumario se advierte que no obra la notificación al Presidente Auxiliar de la Décima Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, respecto del auto de veintinueve de septiembre del año en curso, en el que se le otorgó un plazo de tres días, para que informe el seguimiento dado a los exhortos remitidos a la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México y a la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de México a fin de llevar a cabo el emplazamiento a las demandadas en el juicio de origen; así como para que remita las constancias con las que acredite su dicho; o bien, informe la imposibilidad que tenga para ello. Por ende, se comisiona al actuario de la adscripción para que lleve a cabo la notificación correspondiente a la autoridad en mención, del proveído mencionado de veintinueve de septiembre del año en curso, a fin de que dé cumplimiento con el fallo protector. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Lorena Guadalupe Frías Oviedo, secretaria en funciones de Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, autorizada en sesión de once de febrero de dos mil veinte, comunicada mediante oficio CCJ/ST/601/2020, ante Mónica Alejandra Vargas Domínguez, secretaria que autoriza y da fe. LGFO/MAVD/vfcs
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