Lizbeth Gutiérrez García

Expediente 1075/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1075/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
03/12/2019

Partes del expediente

  • Lizbeth Gutiérrez García

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra del auto de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Lizbeth Gutiérrez García; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356 fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se desechó de plano la demanda de amparo.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo formulada por **********, por su propio derecho, en contra de actos del fiscal adscrito a la Coordinación de Robo de Vehículos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada, dependiente de la Fiscalía General del estado de Guanajuato y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), bajo el consecutivo 1075/2019-III. Desechamiento. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. A fin de establecer si en la especie existe un motivo manifiesto de desechamiento, este tribunal expone los antecedentes que dieron origen al acto que se reclama (expresados bajo protesta de decir verdad por la propia quejosa): 1. El cinco de marzo de dos mil diecinueve, se realizó un operativo en la Comunidad de ***, donde se aseguró el inmueble que aduce la quejosa es de su propiedad, ubicado en ***. 2. La promovente acudió ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada de la Fiscalía General a oponer las defensas que estimó pertinentes respecto del aseguramiento decretado, por lo que el veintitrés de marzo de dos mil diecinueve, solicitó ante la autoridad investigadora la devolución de los bienes. 3. Ante la falta de respuesta a su petición, acudió ante el juez de Oralidad Penal de la Tercera Región con sede en Cortazar, Guanajuato para solicitar una audiencia de tutela de derechos. Ahí se abrió el respectivo procedimiento bajo el número ***, celebrada el veinticuatro de dos mil diecinueve. 4. En dicha audiencia la promovente hizo valer la omisión que le afecta y el juez de control, en esa misma fecha, emitió una resolución en la que "exhortó" al fiscal para que se diera respuesta a su petición en un término razonable, pues han transcurrido poco más de ocho meses sin que obtenga respuesta En ese sentido, del análisis integral que se efectúa a la demanda de amparo propuesta, se desprende que si bien la parte quejosa destaca en el capítulo de acto reclamado, la resolución emitida en la audiencia de tutela de derechos de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve dentro del cuadernillo ***, en la que el juez de control requirió a la autoridad responsable para que se pronunciara respecto de la solicitud reclamada, se estima que su queja y agravio va encaminado a la falta de respuesta por parte del fiscal adscrito a la Coordinación de Robo de Vehículos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada, dependiente de la Fiscalía General del estado de Guanajuato, respecto de la solicitud de devolución que realizó del inmueble asegurado por la responsable, ubicado en calle ***. Causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo. El suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; El precepto transcrito establece como causa de improcedencia del juicio de amparo que se esté tramitando algún recurso o medio de defensa legal propuesta por el quejoso, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, la que se estima actualizada en la especie de conformidad con Así, la improcedencia del juicio de amparo por la causal prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, sólo debe estimarse actualizada cuando se cumplan los siguientes requisitos: 1) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; 2) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido; y, 3) Que el recurso o medio de defensa legal constituya una vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo, lo que debe ser examinado por el Juez de amparo. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia 29, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 41, Tomo VI, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Compilación 2001, de rubro y texto: IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo. En ese orden, el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia en estudio (fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo), dado que concurren las circunstancias a que se han hecho referencia. En efecto, la exigencia marcada con el número 1 se encuentra cubierta, dado que la parte quejosa fue quien acudió ante el juez de Control para hacer valer la omisión. Por lo que respecta al requisito precisado con el número 2, también se encuentra satisfecho, debido a que la audiencia de tutela de derecho fue celebrada y el juez de Control exhortó al agente investigador a fin de que diera respuesta a la petición formuló la ahora quejosa y se está en espera de su acatamiento. En lo tocante al último de los requisitos identificado con el número 3, consistente en que la audiencia de revisión de medidas, constituya una vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el presente juicio, igualmente se encuentra colmado. Se afirma lo anterior, dado que la finalidad perseguida por el juez en la audiencia de tutela de derechos, fue conminar al fiscal a fin de que en un determinado plazo diera respuesta a la solicitud planteada. Por tanto, no es dable jurídicamente examinar la omisión que se reclama en esta instancia constitucional, en virtud que se pretende subsanar o revocar tal omisión, mediante la solicitud formulada en la audiencia de tutela de derechos de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve; instrucción cuyo acatamiento debe ser vigilado y su incumplimiento coaccionado en el procedimiento ordinario tramitado. Es cierto que el procedimiento seguido en el cuadernillo *** ya culminó con el fallo del juzgado; empero la pretensión de la improcedencia consiste en evitar que se acuda indiscriminadamente al juicio federal, en la medida en que se encuentra subjúdice un medio para revocar el acto u omisión tildado de inconstitucional. Lo anterior, tiene efectos semejantes a los que se obtienen o derivan del juicio de amparo, lo que precisamente impide la hipótesis prevista en la fracción XIX del citado artículo 61 de la ley de la materia. En conclusión, se actualiza la causal de improcedencia precisada y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 del mismo ordenamiento, se DESECHA DE PLANO la demanda. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio procesal del promovente, el ubicado en *** de esta ciudad. Por otra parte, se tienen como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica, dado que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que tienen facultades para ejercer la profesión de licenciados en derecho como lo exige el citado numeral (número de cédula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); lo anterior, hasta en tanto se salve dicha situación. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

  3. Principal

    Se notifica por lista el proveído de catorce de noviembre de dos mil diecinueve a la parte quejosa...Celaya, Guanajuato, catorce de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo formulada por Lizbeth Gutiérrez García, por su propio derecho, en contra de actos del fiscal adscrito a la Coordinación de Robo de Vehículos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada, dependiente de la Fiscalía General del estado de Guanajuato y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), bajo el consecutivo 1075/2019-III. Desechamiento. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. A fin de establecer si en la especie existe un motivo manifiesto de desechamiento, este tribunal expone los antecedentes que dieron origen al acto que se reclama (expresados bajo protesta de decir verdad por la propia quejosa): 1. El cinco de marzo de dos mil diecinueve, se realizó un operativo en la Comunidad de Santa Rosa de Lima, donde se aseguró el inmueble que aduce la quejosa es de su propiedad, ubicado en Miguel Hidalgo, número 56 de la Comunidad de Santa Rosa de Lima, del municipio de Villagrán, Guanajuato. 2. La promovente acudió ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada de la Fiscalía General a oponer las defensas que estimó pertinentes respecto del aseguramiento decretado, por lo que el veintitrés de marzo de dos mil diecinueve, solicitó ante la autoridad investigadora la devolución de los bienes. 3. Ante la falta de respuesta a su petición, acudió ante el juez de Oralidad Penal de la Tercera Región con sede en Cortazar, Guanajuato para solicitar una audiencia de tutela de derechos. Ahí se abrió el respectivo procedimiento bajo el número Q1019-12, celebrada el veinticuatro de dos mil diecinueve. 4. En dicha audiencia la promovente hizo valer la omisión que le afecta y el juez de control, en esa misma fecha, emitió una resolución en la que "exhortó" al fiscal para que se diera respuesta a su petición en un término razonable, pues "han transcurrido poco más de ocho meses sin que obtenga respuesta". En ese sentido, del análisis integral que se efectúa a la demanda de amparo propuesta, se desprende que si bien la parte quejosa destaca en el capítulo de acto reclamado, la resolución emitida en la audiencia de tutela de derechos de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve dentro del cuadernillo Q1019-12, en la que el juez de control requirió a la autoridad responsable para que se pronunciara respecto de la solicitud reclamada, se estima que su queja y agravio va encaminado a la falta de respuesta por parte del fiscal adscrito a la Coordinación de Robo de Vehículos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada, dependiente de la Fiscalía General del estado de Guanajuato, respecto de la solicitud de devolución que realizó del inmueble asegurado por la responsable, ubicado en calle Miguel Hidalgo, número 56 de la Comunidad de Santa Rosa de Lima, del municipio de Villagrán, Guanajuato. Causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo. El suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;" El precepto transcrito establece como causa de improcedencia del juicio de amparo que se esté tramitando algún recurso o medio de defensa legal propuesta por el quejoso, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, la que se estima actualizada en la especie de conformidad con Así, la improcedencia del juicio de amparo por la causal prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, sólo debe estimarse actualizada cuando se cumplan los siguientes requisitos: 1) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; 2) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido; y, 3) Que el recurso o medio de defensa legal constituya una vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo, lo que debe ser examinado por el Juez de amparo. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia 29, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 41, Tomo VI, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Compilación 2001, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." En ese orden, el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia en estudio (fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo), dado que concurren las circunstancias a que se han hecho referencia. En efecto, la exigencia marcada con el número 1 se encuentra cubierta, dado que la parte quejosa fue quien acudió ante el juez de Control para hacer valer la omisión. Por lo que respecta al requisito precisado con el número 2, también se encuentra satisfecho, debido a que la audiencia de tutela de derecho fue celebrada y el juez de Control exhortó al agente investigador a fin de que diera respuesta a la petición formuló la ahora quejosa y se está en espera de su acatamiento. En lo tocante al último de los requisitos identificado con el número 3, consistente en que la audiencia de revisión de medidas, constituya una vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el presente juicio, igualmente se encuentra colmado. Se afirma lo anterior, dado que la finalidad perseguida por el juez en la audiencia de tutela de derechos, fue conminar al fiscal a fin de que en un determinado plazo diera respuesta a la solicitud planteada. Por tanto, no es dable jurídicamente examinar la omisión que se reclama en esta instancia constitucional, en virtud que se pretende subsanar o revocar tal omisión, mediante la solicitud formulada en la audiencia de tutela de derechos de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve; instrucción cuyo acatamiento debe ser vigilado y su incumplimiento coaccionado en el procedimiento ordinario tramitado. Es cierto que el procedimiento seguido en el cuadernillo Q1019-12 ya culminó con el fallo del juzgado; empero la pretensión de la improcedencia consiste en evitar que se acuda indiscriminadamente al juicio federal, en la medida en que se encuentra subjúdice un medio para revocar el acto u omisión tildado de inconstitucional. Lo anterior, tiene efectos semejantes a los que se obtienen o derivan del juicio de amparo, lo que precisamente impide la hipótesis prevista en la fracción XIX del citado artículo 61 de la ley de la materia. En conclusión, se actualiza la causal de improcedencia precisada y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 del mismo ordenamiento, se DESECHA DE PLANO la demanda. ? Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio procesal del promovente, el ubicado en calle Aldama, número 260, primer piso, zona centro de esta ciudad. Por otra parte, se tienen como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica, dado que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que tienen facultades para ejercer la profesión de licenciados en derecho como lo exige el citado numeral (número de cédula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); lo anterior, hasta en tanto se salve dicha situación. ? Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. ? Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Günther Demián Hernández Núñez, juez Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, asistido de Antonio Guiza Cabrera, secretario que autoriza y da fe.

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