Lizbeth Guadalupe Ortiz Barocio

Expediente 891/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
891/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
18/09/2023

Partes del expediente

  • Lizbeth Guadalupe Ortiz Barocio

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, se dictó sentencia en el presente juicio concediéndose la protección constitucional para los siguientes efectos: "Séptimo. En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional se concede para el efecto de que la autoridad responsable Juez Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, realice lo siguiente: Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio especial hipotecario 1355/2019 hasta la diligencia emplazamiento del quejoso, por lo que deberán quedar subsistentes las actuaciones previas a la referida diligencia. En la inteligencia que de ordenar nuevamente el emplazamiento del quejoso mediante exhorto, deberá precisar la legislación que deberá observar la autoridad exhortada para llevar a cabo dicha diligencia. Además, se precisa que la concesión de amparo no tiene el alcance de dejar insubsistente el emplazamiento de la parte codemandada en el referido juicio civil, y ordenar su nuevo llamamiento, toda vez que cada uno de ellos se verificaron de manera independiente, sin que fuera materia de análisis en el presente juicio de amparo. Sirve de sustento la jurisprudencia 1a./J. 72/2011 (9a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página novecientos treinta y tres, tomo dos, libro I, octubre de dos mil once, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, número de registro 160821, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO. LA CONCESIÓN DE AMPARO A UNO DE LOS LITISCONSORTES PARA EL EFECTO DE SER EMPLAZADO AL JUICIO, NO TIENE EL ALCANCE DE DEJAR INSUBSISTENTES LOS EMPLAZAMIENTOS DE LOS DEMÁS LITISCONSORTES Y ORDENAR SU NUEVO LLAMAMIENTO A JUICIO." 2. Deje sin efecto todas las consecuencias derivadas de aquella, incluyendo las anotaciones realizadas en oficinas registrales o bien las escrituras emitidas por fedatarios, para lo cual deberá girar oficio al Registrador Público de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad, para que proceda a realizar las cancelaciones o anotaciones respectivas, así como a los Notarios que correspondan." Atento a lo anterior, y analizadas las constancias que obran en autos se advierte que, efectivamente el diecinueve de junio de dos mil veintitrés, se recibió el oficio 2693, por el cual remitió el auto de treinta de mayo de dos mil veintitrés, en el cual dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio especial hipotecario 1355/2019 hasta la diligencia emplazamiento del quejoso, y ordenó el emplazamiento del quejoso mediante exhorto, precisando la legislación que deberá observar la autoridad exhortada para llevar a cabo dicha diligencia. En ese tenor, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase vía telegráfica a la autoridad responsable Juez Noveno de lo Civil de Proceso Escrito en la Ciudad de México, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación del oficio que emane del presente proveído, informe si existe anotación registral o escritura pública que cancelar, en relación con el inmueble materia de la litis; en su caso, remita las constancias certificadas que lo acrediten. En la inteligencia que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 258 ambos de la Ley de Amparo; y, conforme al artículo 192 de la propia ley, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Hágase del conocimiento de la autoridad que la información requerida podrá ser enviada vía electrónica -desde una cuenta de correo electrónico oficial- a la dirección de correo oficial 10jdo15cto@cjf.gob.mx. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Estefanía Brito Ortiz, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/EBO/jkgt

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés.********************Vista la constancia actuarial de cuenta de la que se advierte la imposibilidad que tuvo la persona Actuaria de este órgano jurisdiccional para notificar personalmente a la parte quejosa, el proveído de veintiuno de julio de dos mil veintitrés, por los motivos que ahí expone.********************En consecuencia, se ordena notificarle por lista en los estrados de este Juzgado el proveído de referencia, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo.********************Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Gabriela Romana Castorena Gutiérrez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/GRCG/jpsj

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C, DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRES: Tijuana, Baja California, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Lizbeth Guadalupe Ortiz Barocio, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de lo Civil, con sede en esta ciudad y de otras autoridades; en consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el Sistema de Seguimiento Integral de Expedientes, bajo número 891/2023-II-A. Ahora, del análisis integral del escrito inicial de demanda, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En efecto, el citado artículo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; portanto, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Cabe destacar que lo "manifiesto" se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; y lo "indudable" resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a tal consideración, la siguiente tesis jurisprudencial, que se cita en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo: días hábiles comprendido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, motivo por el cual lo procedente es desechar de plano, en conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo que a la letra dice: "El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos[.]" Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen: "Art. 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días [.]" "Art. 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De lo anterior se colige que, uno de los presupuestos para acudir al juicio amparo, es el de observar de manera ineludible los plazos fijados en la ley de la materia, bajo pena que el juicio resulte improcedente. En la especie, se advierte que la parte quejosa, dejó de observar la disposición contenida en el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, pues manifestó bajo protesta de decir verdad que en veinte de febrero de dos mil veintitrés, tuvo conocimiento de la existencia del juicio 2107/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de lo Civil, con sede en esta ciudad, día en que fue desalojada de su domicilio, y del que se duele no haber sido llamada a dicho procedimiento, a pesar de que en el mismo se dilucidó respecto al inmueble que señala se encontraba en posesión al haberlo arrendado por contrato privado de uno de enero de dos mil veinte. En ese tenor, resulta que el plazo de quince días hábiles comprendido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del veintiuno de febrero de dos mil veintitrés al trece de marzo de dos mil veintitrés; lo cual evidencia que la demanda que nos ocupa fue presentada de manera extemporánea. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 193-198, primera parte, página setenta y uno, con número de registro 2322213, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACION DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." En efecto, si la parte quejosa hace consistir, esencialmente el acto reclamado en la falta de emplazamiento y en vía de consecuencia todas las actuaciones respectivas en el juicio 2107/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de lo Civil con sede en esta ciudad, acto del cual, bajo protesta de decir verdad, manifestó que tuvo conocimiento el veinte de febrero de dos mil veintitrés -al haber sido desalojada del inmueble que se encontraba arrendado por motivo de dicho procedimiento jurisdiccional-; por tanto, para estar en aptitud de computar el plazo de quince días hábiles previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo para la presentación de la demanda, es necesario partir de la forma en la que ésta se impuso del acto reclamado, en virtud de que existen tres supuestos para computar el referido plazo, a saber: 1. Desde el día siguiente a aquél en que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado. 2. Desde el día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento del acto reclamado. 3. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Por tanto, en el caso, el plazo de que se trata inició a partir del día siguiente al que tuvo conocimiento del acto reclamado, es decir el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, por ello, se actualiza el segundo supuesto de los descritos en el párrafo que antecede, de ahí que el plazo de quince días hábiles comprendido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la presentación de la demanda de amparo fue de la siguiente manera:Por lo anterior expuesto, se concluye que si el escrito de demanda fue presentado el veinte de julio de dos mil veintitrés, es inconcuso que fue de forma extemporánea, pues, se insiste, el plazo establecido para tal efecto transcurrió del veintiuno de febrero de dos mil veintitrés al trece de marzo de dos mil veintitrés, con exclusión de los días veinticinco, y veintiséis de febrero, cuatro, cinco, once y doce de marzo del presente año por ser sábados y domingos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo. En virtud de lo expuesto, resulta procedente desechar por extemporánea la demanda de que se trata, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17, 18 y 113, todos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible a foja 1931, novena época, Tomo XXXI, Enero 2010, materia común, con número de registro 165582, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicenPor otra parte, se tiene como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a Juan Antonio de la Cruz Ruvalcaba al advertirse de la certificación secretarial que antecede que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; así como a Job Alfonso García Mendoza, Arturo Valiente Serratos, Miguel Ángel Basulto Álvarez y Sergio Cecilio Corona Álvarez, por haberlo solicitado expresamente de dicha forma. De igual forma, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito inicial de demanda. Se EXHORTA a la totalidad de las partes para que, de ser posible y tomando en cuenta las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la firma electrónica y solicitando la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 3 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de laNación y del Consejo de la Judicatura Federal y al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información, así como el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales; en el entendido de que con independencia de que manifieste o no su oposición a la publicación de sus datos personales, dicha información deberá protegerse, salvo autorización expresa para hacerlos públicos. Finalmente, para configurar el expediente electrónico, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Gabriela Romana Castorena Gutiérrez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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