Lizbeth García Gómez
Expediente 1174/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1174/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Lizbeth García Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
En la Ciudad de México, tres de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa, que es a quien pudiera causarle perjuicio la resolución dictada el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, en la que se determinó sobreseer en el juicio fuera de audiencia, no la recurrió dentro del plazo que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo; con fundamento en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara QUE EL AUTO EN EL QUE SE DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO HA CAUSADO ESTADO, por lo que, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa
- Principal
Ciudad de México, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, se desprende que a la fecha la autoridad responsable directamente obligada al acatamiento del fallo protector, Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ha sido omisa en exhibir las constancias relativas a dicho cumplimiento, por tanto, atendiendo a la transformación jurídica contenida en la Constitución Política de la Ciudad de México, en lugar de disminuir las facultades legales que tienen las autoridades responsables para cumplir con la sentencia de amparo, con base en esa reforma constitucional que modifica la estructura orgánica de algunos organismos administrativos y por ende, las facultades que tenían, pues en términos de los artículos 44, apartado A, punto 1, y 46, apartado A, inciso C, de esa constitución, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, tienen autonomía constitucional y presupuestal, así como patrimonio propio, entre otros atributos legales, lo que implica que las autoridades responsables adscritas a dicho órgano y vinculadas a cumplir con el fallo de amparo, de manera independiente deben hacer frente directamente de sus obligaciones legales, como es el cumplir con la sentencia de amparo y no tratar de evadirla, a través de la independencia jurídica que tiene dicha institución como ente autónomo, que si bien, ya no se regirán por las mismas normas generales administrativas aplicables para su proceder, pero sí deben hacer frente, con la calidad en comento, por lo que, no es oponible como excusa un trámite interno como la solicitud para el otorgamiento de suficiencia presupuestal que refiere como impedimento para cumplimentar el fallo de amparo, al ser una cuestión de orden público, por lo que están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional. En ese sentido, en atención a lo establecido en los artículos 192; 193; 194 y 197, de la Ley de Amparo, prevén, respectivamente, el procedimiento que debe seguirse para lograr el cumplimiento de las sentencias en las que se concedió la Protección Constitucional, al efecto, en el artículo 192 de la ley de la materia, se prevé que una vez que haya causado ejecutoria, en la notificación que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa con base en el artículo 258 de la ley referida y que, a su vez, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, prevé el citado artículo 192 que, al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en dicho ordenamiento legal. En ese sentido, con fundamento en los artículos 192, último párrafo y 193, párrafo tercero, SE REQUIERE de nueva cuenta a la Directora General de Recursos Humanos, (en su carácter de autoridad directamente obligada al cumplimiento) y su superior jerárquico Coordinadora General Administración, ambos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México: para que, en el ámbito de su competencia y en el improrrogable plazo de TRES DÍAS contado a partir de su legal notificación, den cumplimiento a la ejecutoria de amparo y realicen lo siguiente: ? Acreditar que se solicitó al Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la citada dependencia, el otorgamiento de la suficiencia presupuestal para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, respecto de la cantidad a pagar a favor del quejoso por el importe liquido de $*******; como pago retroactivo por concepto de profesionalización, disponibilidad y perseverancia, por los ejercicios fiscales de uno de marzo de dos mil tres al mes de septiembre de dos mil dieciséis. De acuerdo con lo ordenado en el segundo párrafo, del artículo 193 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las citadas autoridades que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de cualquier autoridad que intervenga en el trámite relativo; por lo tanto, se apercibe a todas las autoridades requeridas, que en caso de no dar cumplimiento a los requerimientos formulados sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo invocada. b) En términos de los artículos 237 fracción I y 258 de la citada Ley, se impondrá a su titular una MULTA EQUIVALENTE A CIEN VECES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE, en términos de lo que establece el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley ya citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo, del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. En ese orden de ideas, es oportuno precisar que la finalidad objetiva perseguida por la Ley de Amparo vigente es que el procedimiento de ejecución de sentencias protectoras sea simple, expedito y rápido, entonces debe considerarse que en todo caso debe procurarse que el único plazo que se conceda a las autoridades responsables sea el de tres días, previsto en el segundo párrafo del artículo 192, razón por la cual las dos excepciones a este lapso deben ser de aplicación estricta y limitada, pues de lo contrario no se respetaría la finalidad antedicha, lo cual, a su vez, está relacionada con el deber de garantía derivado de los derechos humanos, así como con las garantías de acceso a la justicia y recurso efectivo. Lo anterior se observa de la exposición de motivos del decreto por el que se expidió la Ley de Amparo, y que es del tenor siguiente: "Ejecución de las sentencias La ejecución de sentencias es, sin duda, uno de los temas más complejos e importantes del juicio de amparo. Su relevancia estriba en que la falta de materialización rápida de las sentencias hace que el juicio de amparo no tenga sentido, pues en los hechos se podría hacer de reparación irreparable el derecho que resulte protegido y resguardado por una de sentencia de amparo. Es claro que la ausencia de un desarrollo claro y sencillo de esta materia ha propiciado situaciones de indefensión y, en ciertos casos, de impunidad. Con el propósito de solucionar estas deficiencias, se ha buscado establecer una estructura nueva para, por una parte, unificar todas las cuestiones relacionadas dentro de un título y, por la otra, darle una denominación específica a cada uno de los supuestos de ejecución que de manera innominada prevé la ley en vigor o que se han creado por la tesis jurisprudenciales. En específico, la sentencia que otorga el amparo y protección de la justicia federal pierde su objetivo cuando se incumple o deja de observarse por los servidores públicos a quienes va dirigida. Por ello, sancionar a dichos servidores públicos no es trivial si se busca que las sentencias de amparo tengan realmente eficacia. Sin ser un punto de acuerdo generalizado, se estima que la interpretación correcta del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es en el sentido de que el Pleno de la Suprema Corte debe separar del cargo y consignar directamente ante el Juez de Distrito a la autoridad remisa con el propósito de que este órgano individualice la pena que le corresponde. De esta forma, la solución que se propone es en el sentido de que, con pleno respeto a la garantía de audiencia del sujeto involucrado, sea la propia Suprema Corte la que lleve a cabo esa individualización. [Lo destacado es propio]. En relación con lo anterior, los criterios jurisprudenciales emitidos por los órganos del Poder Judicial de la Federación facultados para ello, han establecido que el juzgador tiene la obligación de fijar un término prudente y determinado para que se cumpla la sentencia de amparo, para lo cual se debe considerar que el acto que debe realizar la autoridad responsable para cumplir con el fallo protector, no se trata de un asunto ordinario, sino extraordinario al haberse declarado la inconstitucionalidad del acto, por lo que dicha autoridad no debe darle el trato de un asunto ordinario, es decir, no debe someterlo a los mismos trámites administrativos ni los plazos máximos que tiene para ello, sino que se debe efectuar en un menor plazo, pues se insiste, la parte quejosa ya obtuvo una sentencia ejecutoria que constituye una norma individualizada a su favor y, que por ende, no puede ser condicionada su cumplimiento a los trámites burocráticos de la autoridad regulados por disposiciones administrativas internas ni a las cargas de trabajo de la autoridad. Sustentan las consideraciones expuestas en el presente acuerdo, en lo conducente, los criterios de rubros siguientes: SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JUDICIAL FIJAR Y AMPLIAR EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. (Jurisprudencia número I.3o.C. J/7 (10a.) Página 2892, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Enero de 2014, Décima Época). EJECUTORIA DE AMPARO, TERMINO PARA SU CUMPLIMIENTO. (Registro 340527, emitida por la Sala Auxiliar, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 907, Materia Común). EJECUTORIA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE VELAR POR SU EXACTO CUMPLIMIENTO, EN LAS CONDICIONES POR LAS QUE FUE CONCEDIDO EL AMPARO. (Tesis número IV.1o.A.10 K (10a.) Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, página 2573). Asimismo, importa reiterar que atendiendo a la transformación jurídica en la estructura orgánica, administrativa y jurídica que dio como resultado la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la Ciudad de México, las autoridades responsables como las vinculadas a cumplir con la ejecutoria de amparo, deberán ajustar su proceder a los manuales, lineamientos, normativa interna que tengan y normas generales aplicables para el caso, para cumplir con la ejecutoria de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Por recibido el oficio signado por la Subdirectora de Amparos Administrativos en suplencia de la Coordinadora General de Administración, ambos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual, informa las gestiones que se encuentra realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada por este órgano jurisdiccional; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a sus autos el oficio de mérito para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
En la Ciudad de México, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por la Directora General de Especialidades Periciales Documentales, de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, por medio del cual, informa que la perito oficial fue notificada del oficio 33566/2022 de dos de los actuales el diez de agosto pasado. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos tomando conocimiento de su contenido. En otro orden, se agrega en autos la comparecencia que antecede, por medio de la cual, Fabiola Cleotilde Matías Estánfer, aceptó y protestó el cargo como perito oficial en materia de contabilidad. En esas condiciones, se tiene por aceptado y protestado el cargo de la especialista Fabiola Cleotilde Matías Estánfer como perito oficial en materia de contabilidad, y por desahogado el requerimiento que le fue realizado el dos de agosto de dos mil veintidós. En relatadas condiciones, con copia de las promociones con números de correspondencia 18308 y 18319 córrase traslado del cuestionario adicionado por la parte quejosa y por las autoridades responsables a la perito oficial, y hágase de su conocimiento, que deberá rendir su dictamen pericial dentro del término de DIEZ DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, apercibida que no de cumplir con lo antes señalado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces la unidad de medida y actualización vigente en la Ciudad de México, en términos de los artículos 237 fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, con quien actúa y da fe. Doy fe.
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