Lizbeth Gabriela Ojeda Velasco

Expediente 356/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
356/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
31/07/2018

Partes del expediente

  • Lizbeth Gabriela Ojeda Velasco

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; el contenido de la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de diez días hábiles para que las partes interpusieran recurso de revisión contra el auto de once de julio del año en curso, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; en consecuencia, se declara que dicho proveído ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro que corresponda y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. Por otra parte, se ordena marcar en la carátula de este expediente la leyenda "destruible" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto Décimo Primero del Acuerdo mencionado.

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, nueve de julio de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito signado por Lizbeth Gabriela Ojeda Velasco, aquí quejosa; atento a su contenido, se le tiene como autorizado en los términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Luis Carlos González López, ya que como se advierte de la certificación de cuenta tiene cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Notifíquese.Akemi Gabriela Luján Martínez

  3. Principal

    Vista; la demanda de amparo promovida por Lizbeth Gabriela Ojeda Velasco, contra actos de la vice-rectora, campus Ensenada de la Universidad Autónoma de Baja California, con residencia en esta ciudad; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII y XV de la Constitución Federal; 1o, fracción I, 37, 107, 108, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo, se admite en sus términos la demanda de amparo, fórmese expediente 356/2018, anótese su ingreso en el libro de este juzgado; sin que sea el caso aperturar por duplicado el incidente de suspensión en virtud que la parte promovente no lo solicitó. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo pídase informe justificado a la responsable quien deberá rendirlo dentro del término de quince días hábiles siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, con la anticipación que permita su conocimiento por la parte quejosa, al menos ocho días hábiles antes de la celebración de la audiencia constitucional, apercibida que de no rendirlo, o lo haga sin remitir, en su caso, copias certificadas completas y legibles de las constancias necesarias, tal y como lo exige el artículo 117 de la Ley de Amparo, en la sentencia respectiva, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil dieciocho en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable las penas en que incurre con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omitir los que le conste en relación con el acto reclamado, penas éstas previstas en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, hágase del conocimiento a la autoridad responsable, que si bien se le otorga un término de quince días hábiles para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se le exhorta que en el momento que cuente con la información necesaria para rendir el informe que se le requiere, lo haga saber de inmediato a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberá rendir el mismo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de éste por lo menos con ocho días hábiles previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le aplicará la multa decretada. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, dígase a la autoridad responsable que tiene la obligación de informar la existencia de alguna causa de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, se hará acreedora a una multa de 30 (treinta) Unidades de Medida y Actualización, que equivale a la cantidad de $2,418.00 (dos mil cuatrocientos dieciocho pesos), la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil dieciocho en el Diario Oficial de la Federación, que establece el ordinal 251 de la ley de la materia. Se señalan las nueve horas con veinte minutos del uno de agosto de dos mil dieciocho, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Se le hace saber a la autoridad que tiene la obligación de recibir los oficios que se giren en el presente asunto, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido de que de negarse a recibir los mismos, se hará acreedora a una multa apercibida, de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil dieciocho en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo. Se autoriza a la secretaria de juzgado a efecto de que firme los oficios derivados de este asunto. Asimismo, el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a la autoridad responsable; en consecuencia, se apercibe a la parte quejosa que si la autoridad responsable no existe con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se le tendrá como inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables; tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y, al principio de celeridad procesal. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza, la documental que la parte quejosa adjuntó a su escrito de demanda, por no requerir forma especial para su recepción, y valórese al momento de resolver el presente asunto, sin perjuicio de hacer nueva relación al momento de celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Por otra parte, se tiene a la parte promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del día siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9 y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública; así también, hágase de su conocimiento el derecho que les asiste para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su voluntad de que la información confidencial a que alude el artículo 113, de la citada ley, no se incluyan en la publicación de la sentencia que se dicte en este asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conlleva su consentimiento; asimismo, que no será necesaria su aprobación en los casos que dispone el precepto 117 de referida norma. Ahora bien, en términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, lo cual deberá ser supervisado por la secretaría del juzgado. Finalmente, con fundamento en el artículo 5o., fracción IV de la Ley de Amparo, dése a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo.

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