Lizbeth Fernanda Ramirez Baena

Expediente 36/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
36/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
05/04/2021

Partes del expediente

  • Lizbeth Fernanda Ramirez Baena

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Vista la certificación anterior, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días aludido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes que se encuentran legitimadas para ello, hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el nueve de marzo del año en curso, en la cual se determinó, sobreseer y negar el juicio de amparo promovido por Lizbeth Fernanda Ramírez Baena. En consecuencia, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Orden de archivo. archívese este asunto como total y definitivamente concluido. Orden de depuración. se considera que el presente asunto donde se negó, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de desincorporación y depuración en el plazo de tres años. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Acuerdo en incidente. Tomando en consideración lo anterior, acuérdese lo correspondiente en el incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Devolución de documentos. Hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno ofrecido como prueba que devolver a las partes.

  2. Incidental

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que por auto de esta fecha, se ordenó el archivo en el juicio de amparo 36/2021-I, de donde deriva el presente incidente de suspensión, por estar concluido; por tanto, se provee lo relativo al incidente de suspensión en que se actúa, de la manera siguiente: Orden de depuración y/o destrucción. se considera el original de este incidente de suspensión es susceptible de depuración en el plazo de tres años, contados a partir de esta fecha, bajo los lineamientos precisados en dicho numeral, toda vez que se concedió la suspensión provisional y se concedió y negó la suspensión la definitiva. Lo anterior, al tomar en consideración el criterio emitido por el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como respuesta a la consulta formulada por este órgano jurisdiccional, en el que se señala: ".únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica." Del duplicado del incidente. Ahora, por lo que hace al duplicado del cuaderno incidental, el mismo susceptible de destrucción en el plazo de seis meses. Una vez cumplido el término referido, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Relevancia documental. Debe decirse que el presente incidente de suspensión no se considera de relevancia documental. Devolución de documentos. Hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno ofrecido como prueba que devolver a las partes.

  3. Principal

    Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 y demás relativos de la Ley de Amparo se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Lizbeth Fernanda Ramírez Baena contra los actos que reclama de las autoridades responsables, precisados en los considerandos segundo y tercero por los motivos expuestos en el tercer considerando. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Lizbeth Fernanda Ramírez Baena, contra el acto que reclama de la autoridad responsable precisada en el considerando último de este fallo, por los motivos expuestos en el último considerando del presente fallo. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO, Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.

  4. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, toda vez que concluyó el esquema de suspensión del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, se continúa con el trámite de este expediente, bajo el esquema previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En consecuencia, se provee respecto al estado procesal que guarda el presente juicio, el cual por su contenido, no encuadra en los supuestos previstos en el mencionado Acuerdo General. II.- Requerimiento. Visto el estado procesal de autos, se advierte que la autoridad Instituto Nacional Electoral, no ha remitido el domicilio o datos de localización que tenga registrado a nombre de la tercera interesada Patricia Cervantes Olvera (ofendida), progenitora de Juan Pablo Torres Cervantes (hoy occiso). En tal virtud, requiérase a la citada autoridad, para que en el término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente auto, sirva proporcionar a este Juzgado Federal, el domicilio o datos de localización que tengan registrados a nombre de la tercera interesada Patricia Cervantes Olvera (ofendida), progenitora de Juan Pablo Torres Cervantes (hoy occiso); bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo se le impondrá una multa consistente en cincuenta unidades de medida y actualización, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237 y 238 de la Ley de Amparo. Finalmente, se insta a la autoridad, a que en la medida de lo posible y en virtud de la contingencia sanitaria decretada, a efecto de poder mitigar su propagación, eviten la entrega física de documentos en las instalaciones de este juzgado y con ello que las partes y el personal jurisdiccional se ubiquen en un riesgo mayor de contagio; y para ello, haga uso de manera extraordinaria de las herramientas tecnológicas a su alcance para desahogar el requerimiento que se formula, así como de los documentos o informes que en lo subsecuente deba presentar. Para lo cual podrá utilizar la Fiel, Firel o firma electrónica del SAT, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; o en su caso, podrá optar por la remisión de documentos digitalizados, vía correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional a la siguiente dirección 9jdo2cto@correo.cjf.gob.mx, cuya confirmación realizará personal de este juzgado por la misma vía, supuesto en el cual se solicita proporcionen un número telefónico y nombre de contacto, para el caso que sea necesario el reenvío de documentos no legibles. III.- Señalamiento de fecha para la audiencia constitucional. Finalmente, del estado de autos se advierte que se encontraban señaladas las catorce horas con veinte minutos del veintitrés de diciembre de dos mil veinte, para el verificativo de la audiencia constitucional, y dada la suspensión de labores no tuvo verificativo, se deja sin efectos la fecha y hora antes señalada y en su lugar se fijan las catorce horas con cuarenta minutos del diecisiete de marzo de dos mil veintiuno para su celebración. IV.- Notificación a las partes. Se instruye al actuario judicial para que la notificación del presente acuerdo, se practique a las partes por lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, toda vez que en el caso cobra aplicación la hipótesis del artículo 26 de la Ley de Amparo, fracción III, pues las fracciones I y II, prevén expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicar personalmente o por oficio, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo, sin que en el caso se actualice alguna de ellas. Lo anterior, porque el contenido de este acuerdo únicamente entraña la continuación del trámite de este expediente, bajo el esquema previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cuya vigencia es del conocimiento público a través de los acuerdos publicados por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dirigidos al público en general, al personal jurisdiccional del consejo de la judicatura federal, a las y los titulares de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Por ende, la notificación de este proveído no puede considerarse como uno de los casos de excepción a que se refieren las fracciones I y II del artículo 26 de la Ley de Amparo, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de la Materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocado por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles este acuerdo. Sin que sea obstáculo a la determinación que se emite que en este acuerdo se haya señalado una nueva fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia constitucional, pues la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la Ley de Amparo, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia número 2ª./J.176/2012 (10ª) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, enero 2013, Tomo 2, Materia Común, visible a foja 1253, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."

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