Lizbeth Berenice Tovar Valdéz

Expediente 1023/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1023/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
10/10/2022

Partes del expediente

  • Lizbeth Berenice Tovar Valdéz

Actuaciones

  1. Principal

    VII.- Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), dentro del término previsto en el diverso 98, ambos de la Ley de Amparo, en contra del auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de garantías; en consecuencia, con fundamento en el numeral 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en el libro de gobierno; asimismo, una vez que se integre el expediente físico derivado del presente asunto y sin ulterior acuerdo, archívese como total y definitivamente concluido. Ahora bien, toda vez que el presente expediente se encuentra dentro de la hipótesis del inciso b), artículo 21, contenido en el capítulo octavo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual en lo que interesa dice... En tal virtud, este juicio de amparo es susceptible de destrucción, por lo que una vez que transcurra el término de tres años que establece el citado acuerdo, dese cumplimiento y procédase a su destrucción; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que regula el artículo 15, capítulo quinto, del referido acuerdo.

  2. Principal

    VII.- Visto el escrito de cuenta signado por... en representación de... personalidad que acredita y se le reconoce con la carta poder certificada que exhibe de once de abril de dos mil veintidós y no de veintiséis de septiembre como lo indica, con ese escrito se le tiene por desahogada en tiempo y forma la prevención que le fue realizada el diecinueve de septiembre del año en curso. Ahora bien, en principio, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece que se examinará ante todo el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala... Del precepto de mérito, se advierte la facultad del juez de distrito para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, página 64, cuyo rubro y texto es... En ese contexto, de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado por la impetrante de garantías se hace consistir en: - El auto de diecinueve de agosto de dos mil veintidós dictado por el Coordinador Jurídico de Mesas de Arbitraje de la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal, Estado de México, por el cual no se acordó de conformidad lo solicitado por la quejosa por cuanto a su solicitud de imposición de sanción económica, ni apercibimiento alguno a los terceros interesados en virtud de que refiere no garantiza la plena observación del laudo. Al respecto, la suscrita advierte que en el caso, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dice... En efecto, el juicio de amparo constituye un medio extraordinario de defensa para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de garantías individuales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. Dichos principios generales del juicio de amparo se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución General de la República, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. En efecto, el principio de definitividad del juicio de amparo obliga a la parte quejosa a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues, como se dijo, el juicio de garantías se concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos no susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. En ese contexto la causa de improcedencia prevista en el artículo y fracción citados (61, XX de la ley de la materia), alude a que el juicio de garantías se tornará improcedente, cuando se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales resulte procedente algún recurso, juicio o medio de defensa legal, a través del cual, puedan ser modificados, revocados o nulificados, o bien, que deban ser revisados de oficio, de conformidad con las leyes por las cuales se rijan; siempre y cuando, atento a los ordenamientos que prevean dichos medios de defensa, se suspendan los efectos de los actos impugnados, sin que se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder su suspensión; ello, con independencia de que el acto sea susceptible de ser suspendido de acuerdo a la propia ley de la materia. En la inteligencia de que no existirá tal obligación de agotar tales medios de defensa cuando el acto reclamado carezca de fundamentación. Es decir, el amparo en materia administrativa únicamente será procedente cuando previamente se hayan agotado los recursos o medios de defensa legales que pudieren revocar, modificar o nulificar el acto reclamado; sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión; salvo la excepción prevista por la propia ley de la materia, como cuando el acto reclamado adolezca de fundamentación; todo ello, atendiendo al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Décima Época, se rubro y texto siguientes... Asimismo, es importante mencionar, que de acuerdo con la interpretación que de la improcedencia en comento, ha realizado el Máximo Tribunal de Justicia en el País, únicamente los medios de defensa previstos en una ley formal y material son susceptibles de provocar dicho motivo de improcedencia, siempre que como se dijo, éstas no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los que prevé la Ley de Amparo. Cobra aplicación a ese respecto, la jurisprudencia 115/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 448, del Tomo X, Octubre de 1999, Materia Común, Administrativa, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente... En ese tenor, debe puntualizarse que no constituye un requisito indispensable que los medios de impugnación a los que alude la causa de improcedencia en comento tengan que estar previstos por el ordenamiento legal del que emane formalmente o en la que encuentre su fundamento el acto de autoridad reclamado, pues ninguna de las disposiciones aplicables al juicio de garantías establece esa limitante, a más de que debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el legislador cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular. De ahí, que si en el caso, respecto del acto antes citado por el que la impetrante de garantías promueve su demanda, se puntualiza que, conforme a lo analizado, previamente a la instauración de este juicio de amparo, debió agotar los recursos previstos por la ley aplicable al acto aquí reclamado. Al respecto, es pertinente hacer mención el contenido de los artículos 186, 187, fracciones I y II, 229, 230 fracciones I, II y III, 231, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México vigente... Por otra parte, se observa que el código señalado, en la parte correspondiente a la sección cuarta, relativa al capítulo de suspensión del acto reclamado, no contemplan mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para suspender la ejecución del acto impugnado. Para clarificar tal aserto, se tiene presente que la Ley de Amparo, en sus artículos 128, 132 y 135 establece los requisitos para conceder la suspensión, como sigue... En contraste, de los artículos 254 a 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, relativo a la suspensión de los actos administrativos, establecen... Como se advierte, en lo que aquí interesa, los artículos transcritos relativos a la suspensión del acto administrativo impugnado, prevén que la medida será concedida siempre que no se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. Además, tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión y surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si la solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si ésta no obtiene sentencia favorable, y que en caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. En los demás casos, la suspensión se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. De lo expuesto, resulta por demás evidente que en los artículos 254 a 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no establece mayores requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado, que los consignados en los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo. Bajo tales condiciones, este órgano de control constitucional concluye que el acto reclamado puede ser combatido mediante el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio contencioso administrativo, en términos del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, dado que no exige mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado, entonces la parte quejosa previamente a promover la presente instancia constitucional, debió agotarlos para así observar el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 60/2013 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 1, página 933, cuyo rubro y texto señalan... En este contexto resulta evidente que en la especie la parte quejosa no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, pues no agotó previamente de acudir a esta instancia constitucional, el recurso administrativo de inconformidad ante la autoridad emisora de los actos reclamados o el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, tal como lo establecen los numerales ya transcritos; por lo que resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la precitada fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es aplicable, la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2052 del Tomo XCVI, del Semanario Judicial de la Federación, que reza... De igual manera cobra aplicación, la jurisprudencia I.6º.CJ/37, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, página 902, que establece... En efecto, este juzgadora advierte que la causa de improcedencia que se analiza en el caso, sí resulta manifiesta e indudable, por lo que previo a la instauración del juicio de amparo, la parte quejosa debió interponer contra el acto que ahora reclama el recurso de inconformidad o el juicio contencioso administrativo. Asimismo, del escrito inicial de demanda no se advierte que la parte quejosa esté excepcionada de agotarlo, pues no sólo hace valer violaciones directas a la Constitución, sino también cuestiones de legalidad, al referir que el auto de diecinueve de agosto de dos mil veintidós en que no se acuerda de conformidad la solicitud de imponerle una multa o alguna otra sanción coercitiva a los señalados como terceros interesados, transgrede de manera flagrante el debido proceso, además refiere que el auto reclamado adolece de imparcialidad, asimismo que se viola su derecho a la justicia al no garantizar la plena observación del laudo, siendo letra muerta. De igual manera, los medios de defensa mencionados no se encuentran contemplados en un reglamento, pues como se dijo, está previsto en el Código de Procedimientos Administrativos en el Estado de México. Motivo por el cual, es evidente que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 113 del cuerpo de leyes en cita, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por... en representación de... Cobra aplicación la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 175-180, Tercera Parte, Séptima Época, visible en la página 119, de rubro y texto siguientes... Igualmente sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo I, Abril de 1995, con registro 205283, con registro 205283 de contenido siguiente... Se reitera, que la improcedencia del juicio de amparo relacionada con el incumplimiento al principio de definitividad es una cuestión que sí es posible dilucidar desde el auto de desechamiento, en virtud de que aun aportándose los medios de prueba que las partes estimen idóneos, el hecho de que un juicio de amparo sea improcedente por no haberse agotado el principio de definitividad no es una cuestión sujeta a prueba sino a la interpretación de la norma, de ahí que resulta ocioso tramitar un juicio de derechos si, al final, la causa de improcedencia que sustenta al desechamiento es la que igualmente se tendría acreditada en sentencia definitiva. A similar conclusión (posibilidad de desechar una demanda en materia administrativa por incumplimiento al principio de definitividad) arribaron los tribunales colegiados Segundo y Cuarto, ambos en materia administrativa de este Segundo Circuito, al resolver y declarar infundados los recursos de queja 371/2019 y 393/2019, respectivamente, de su índice. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo y atento a lo dispuesto en el artículo 113 del mismo ordenamiento, lo procedente es desechar la demanda de amparo. En otro orden, respecto a los medios para ser notificada y autorizado que señala, debe estarse a lo proveído el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, donde se acordó lo conducente.

  3. Principal

    VII.- Vista la demanda de amparo, promovida por... quien se ostenta como representante de... contra el acto del Coordinador Jurídico de Mesas de Arbitraje de la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal, Estado de México; fórmese expediente y regístrese en el libro de Gobierno con el número 1023/2022-VII. Ahora bien, con fundamento en el artículo 108, fracción I y IV, en relación con el 114, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Amparo, se previene al ocursante para que dentro del término de cinco días contados a partir del día siguiente aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a las siguientes prevenciones: Primero. En relación a su representación de... quien se ostenta como representante de... exhiba copia certificada del documento idóneo con el que acredite la personalidad con la que promueve el presente juicio. Toda vez que no exhibe documento alguno del que se advierte dicha circunstancia. Es aplicable al caso, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número P./J. 23/2009, Novena Época, XXIX, Abril de 2009, Página 7, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que refiere: ... También resulta aplicable, la tesis P./J. 43/96, consultable en la página cuarenta y ocho, del Tomo cuarto, Julio de mil novecientos noventa y seis, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: ... Segundo. En relación con le punto anterior, se le requiere para que exhiba cuatro copias del documento requerido, para correr traslado a cada una de las partes. Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 124/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada el once de noviembre de dos mil dieciséis en el Semanario Judicial de la Federación, que dice: ... Tercero. Deberá aclarar en forma concreta qué acto reclama a la autoridad que señala como responsable, en virtud de que el mismo es impreciso, pues en el capítulo relativo al acto reclamado hace referencia al acuerdo de diecinueve de agosto del año en curso mediante el cual no se acordó de conformidad lo solicitado por la quejosa por cuanto hace a la solicitud de imposición de sanción económica, ni apercibimiento alguno a los hoy terceros interesados y en el apartado relativo a los conceptos de violación, hace mención al laudo de diez de julio de dos mil veintidós el cual refiere es obscuro e impreciso, por no haber contemplado las sanciones coercitivas para el cumplimiento del laudo. Lo anterior genera incertidumbre a esta Juzgadora, pues los actos que reclama son obscuros e imprecisos; por tanto, deberá señalar exactamente cuál o cuáles son sus actos reclamados para fijar la litis constitucional. Es aplicable a lo anterior por identidad jurídica, la tesis número XX.57 K de los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página 871 del Tomo III del mes de marzo de mil novecientos noventa y seis, del tenor siguiente: ... Asimismo, apoya a lo anterior por los motivos que la informan la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), visible en la página 732, Tomo I, Diciembre de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: ... Cuarto. Señale si desea que se tramite el incidente de suspensión, lo anterior debido a que de los puntos petitorios segundo y tercero hace referencia a la rendición de los informes previos y a otorgar la suspensión provisional y posteriormente la definitiva del acto reclamado. Si fuera el caso deberá exhibir dos copias del escrito inicial de demanda para la apertura del incidente de suspensión y dos del escrito aclaratorio. Quinto. Dada la naturaleza de la prevención, con fundamento en el artículo 108, fracción I y IV, en relación con el 114, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Amparo, deberá exhibir seis copias del escrito en que desahogue la prevención de mérito, para distribuirse de la siguiente manera: una para la autoridad que señaló como responsable, una para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, dos para la parte tercero interesada y dos más para integrar por duplicado los cuadernos relativos al incidente de suspensión (de ser el caso). Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J.36/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, Tomo XIII, correspondiente al mes de abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: ... En atención a lo anterior, se apercibe a la promovente que de no desahogar en sus términos la prevención señalada en los puntos primero, segundo y tercero se procederá de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo, del artículo 114, de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, y para el caso de no desahogar el numeral cuarto no se tramitará el incidente de suspensión por no haberla solicitado. Por otra parte, téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a... toda vez que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. En relación con los correos electrónicos y números telefónicos que proporciona como domicilio para recibir notificaciones, dígasele que no ha lugar, toda vez que esos medios de comunicación no están contemplados en la Ley de Amparo para los efectos que pretende; sin embargo, se tienen por señalados como forma especial de contacto, a través de los cuales se podrán entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Con apoyo en el artículo 27 fracción III, inciso a), del propio ordenamiento legal, realícense ésta y las posteriores notificaciones a través de las listas de publicación que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Por otra parte, como lo solicita con fundamento en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, expídanse a su costa un juego de copias simples del presente proveído. Entréguense a la persona que autoriza previa identificación y toma de razón que por su recibo obre en autos. Debiendo tomar en consideración que el horario de labores de este juzgado de Distrito es de las ocho horas con treinta minutos a las quince horas con treinta minutos, conforme al horario que fue asignado a este juzgado de Distrito, de conformidad con el Acuerdo General 7/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de la misma manera se hace de su conocimiento que el horario del centro de fotocopiado es de nueve a quince horas de lunes a viernes. Además, la persona que vaya a recibir dichas constancias, deberá obtener una cita conforme a las reglas establecidas en los artículos 3, 4 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Con fundamento en el artículo 22 y 28 del instrumento normativo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la totalidad de las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (esto es, promuevan electrónicamente). Asimismo, se les exhorta a que propongan formas especiales y expeditas de contacto (como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso) a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 de la Ley de Amparo y diversos 21, 22, 23, 24, 25 y 26, del Acuerdo General 12/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se instruye a los secretarios y demás personal de este juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica, para incorporarlas al expediente impreso. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 106 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se instruye a los secretarios del juzgado a efecto de que elaboren la versión pública de la sentencia y/o resolución que al efecto se dicte en este juicio de amparo, con estricto apego a dichos ordenamientos legales y demás normatividad aplicable. En otro orden, de conformidad con lo establecido en la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite a las personas para imponerse de los acuerdos dictados en el presente expediente, mediante el uso de aparatos electrónicos digitales, como son las cámaras, grabadoras, lectores ópticos o cualquier otro medio similar. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8º de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con lo que establece el diverso segundo transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, indíquese a las partes el derecho que les asiste, hasta antes de dictarse sentencia, para oponerse de manera expresa, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos.

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