Lizbeth Bárcenas Canseco

Expediente 632/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
632/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
20/10/2020

Partes del expediente

  • Lizbeth Bárcenas Canseco

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinte de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el término de cinco días a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de la materia, se declara que la determinación de treinta de septiembre de dos mil veinte, en la que se desechó la demanda de amparo promovida por Lizbeth Barcenas Canseco, por propio derecho, en el presente juicio de amparo 632/2020-II, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno del Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso b, que dicen: CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; . Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: .b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; ." En atención a lo anterior, se estima que este EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo. Sin que se omita precisar que el presente asunto, en términos del capítulo quinto, ordinal 15, del Acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Notifíquese; por lista a la parte quejosa, en los términos que al efecto establece el artículo 211, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    AVISO.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE EN LO QUE INTERESA DICE: Naucalpan de Juárez, Estado de México, a treinta de septiembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por -----------, por propio derecho, contra actos del Juez Quinto Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México y otras autoridades, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 632/2020-II. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. En esa virtud, el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6º de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal, ya que la demanda presentada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no contiene firma electrónica de la quejosa. Al respecto, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Amparo, se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el mismo trasgrede los derechos reconocidos por la constitución y con ello, se le afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anteriormente referido es premisa indispensable para instar el juicio de amparo, ya que sin la promoción del gobernado no es dable que se dé inicio a dicho procedimiento constitucional, ni que se restablezca el orden constitucional afectado, ni se deje inválido el acto de autoridad trasgresor de los derechos fundamentales del quejoso. En ese contexto, de conformidad con los artículos 3°, 6° y 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo indirecto, debe formularse por escrito o por medios electrónicos, por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, misma que podrá hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado, en la inteligencia de que en todo caso la demanda de amparo deberá contener la firma autógrafa del promovente o al haberlo presentado por medios electrónicos la evidencia criptográfica de la parte promovente. Así, es menester indicar que la firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede; en razón de que, es a través de la firma, que la parte quejosa manifiesta su voluntad para promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. En ese orden de ideas, recibida la demanda de amparo en el órgano jurisdiccional, el juzgado tiene la obligación de pronunciarse en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una manifestación de la voluntad, sino sólo aquel en la que se revele la voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa de la parte interesada o, en ciertos casos, la impresión de la huella digital, o como ya se dijo, la evidencia criptográfica al enviarse por medio electrónico. En ese sentido, tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo, el artículo 3° de la Ley de Amparo, dispone que la firma electrónica es el medio que permite a la parte quejosa el ingreso al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, en los que quien promueve sea parte. Asimismo, dicho artículo establece que los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Sobre este tema, el artículo 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, prevé que al presentar demanda de amparo indirecto de forma electrónica, el sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del asunto y de quien promueve, el archivo electrónico enviado, así como la hora y fecha de envío y recepción y que cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica que corresponderá a la firma electrónica, en la que se mostrará el nombre del titular de la firma electrónica, siempre que el certificado sea reconocido por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas y esté vigente; a excepción de cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15, de la Ley de Amparo. Dispositivo el anterior que es coincidente con lo que al efecto prevén los artículos 17 y 52 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el cual no obstante que se encuentra pendiente de publicar en el Diario Oficial de la Federación, y por tanto aun no cobra vigencia al particular, se invoca como un hecho notorio, a fin de constatar la intensión que al respecto se pretende alcanzar, a través de la tramitación del juicio en línea. En el caso en concreto, la demanda de amparo presentada vía electrónica presuntamente por ---------, por propio derecho, carece de su firma electrónica. De esta manera, no se advierte la manifestación de voluntad de la promovente de acudir a la presente instancia constitucional; pues tratándose del juicio el amparo que se pretende promover, con la firma electrónica (evidencia criptográfica) las partes expresan la voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, en razón de que con ésta se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley, circunstancia que en el caso concreto no acontece debido a que el escrito de demanda no contiene su firma electrónica. Bajo la exposición que antecede, es inconcuso que no se le puede otorgar valor alguno a la demanda de cuenta, por haber sido presentada sin firma electrónica (evidencia criptográfica) de la quejosa Lizbeth Barcenas Canseco. Se precisa que toda vez que las promociones que carecen de firma electrónica, como la demanda que nos ocupa, no es una manifestación de la voluntad del suscriptor, es decir, es equiparable a una copia simple, la cual no tiene ningún valor alguno, al no estar avalada por el nombra y firma de quien promueve, y a nadie puede responsabilizarse de su contenido, particularidad por la cual este órgano de control de constitucionalidad se encuentre impedido para acordar lo que en derecho corresponda respecto de su contenido. En ese orden de ideas, es dable concluir que ante la falta de firma electrónica de la directa quejosa, no puede decirse que exista voluntad de ejercitar la acción de amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 10ª Época, Libro sesenta y dos, Enero de dos mil diecinueve, Tomo I, página cinco, que indica: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE". Sin que se esté en el supuesto de excepción que prevé el último párrafo, del artículo 3°, de la Ley de Amparo, para que sea procedente la demanda de amparo sin el requisito de la Firma Electrónica (evidencia criptográfica), toda vez que de la lectura integra de la demanda, no se advierte que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 113 en relación con los numerales 61, fracción XXIII, 6°, y 108, párrafo primero, todos de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo presuntamente promovida por --------, por propio derecho. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio a efecto de oír y recibir notificaciones de la quejosa el ubicado en calle ------------, Naucalpan de Juárez. Así las cosas, con fundamento en el artículo 21, de la Ley de Amparo, se faculta al fedatario para que realice la notificación que deriva del presente asunto, aún en días y horas inhábiles. También, se hace del conocimiento al actuario judicial, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. En otro orden de ideas y en atención al sentido de la presente determinación, a fin de no dejar en estado de indefensión a la promovente, se tiene por autorizadas a las personas que señalan en su escrito de demanda únicamente para oír y recibir notificaciones, documentos e imponerse de autos. Se hace de su conocimiento el número telefónico oficial del Secretario encargado del asunto Abel Mejía Campos, siendo el número 55 53870500, extensión 1388, para la atención del presente asunto y se precisa que el horario de atención vía telefónica es a partir de nueve a quince horas, de lunes a viernes. También que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Asimismo, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese; personalmente a la quejosa ----------...

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a treinta de septiembre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mediante el cual devuelve los autos originales del Juicio de Amparo Indirecto 699/2019-II y testimonio de la resolución pronunciada el seis de agosto dos mil veinte, en los autos del Amparo en Revisión 362/2019, cuyos puntos resolutivos fueron: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo, para los efectos precisados en el último considerando de esta resolución." Acúsese el recibo de estilo correspondiente solicitado. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, depúrese el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del recurso interpuesto, a partir de las actuaciones posteriores al treinta de agosto de dos mil diecinueve, debiendo ser incorporadas al presente trámite, ordenándose la destrucción del cuaderno de antecedentes en mención. En tal virtud, y toda vez que de la ejecutoria emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, se advierte que la reposición del procedimiento es para el efecto de que se prevenga a la quejosa, con notificación personal y apercibimiento legal conducente, para que si es su deseo amplíe la demanda contra aquellos oficios exhibidos por el banco responsable, como sustento de su decisión de suspender, impedir y cancelar todo tipo de operación en la cuenta bancada de la quejosa, así como del impedimento para liberar la cuenta bancaria, y hecho que sea, se siga el procedimiento correspondiente y, en su oportunidad, se dicte la sentencia que en derecho corresponda. Por lo tanto, se ordena la reposición del procedimiento en este asunto; asimismo, dada la orientación emitida por el Tribunal Colegiado, con fundamento en el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa el derecho que le asiste para formular su ampliación de demanda de amparo respecto de los oficios exhibidos por el banco responsable que tomó en consideración para suspender, impedir y cancelar todo tipo de operación en su cuenta bancaria, así como el impedimento para liberar la misma, lo cual deberá hacer dentro del término de quince días previsto por el artículo 17, de la Ley de la materia, los que comenzarán a computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto; bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respecto, se continuará con la tramitación del juicio de amparo únicamente con las autoridades, actos y conceptos de violación señalados en el escrito de demanda. En caso de optar por ampliar la demanda de amparo, deberá precisar el acto que reclama, acompañando a su escrito de desahogo las copias suficientes para las partes. Hágase del conocimiento de las partes que se fijan las DIEZ HORAS DEL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE para la celebración de la audiencia constitucional, hora y día disponibles en la agenda que al efecto se lleva en este Juzgado Federal. Al respecto, con apoyo en el numeral 25, para el efecto de que las partes estimen conveniente acudir de manera virtual a la audiencia constitucional, es menester que soliciten por escrito su deseo de dicha circunstancia; para lo cual, se les concede el plazo de tres días legalmente computados, de conformidad con el precepto 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que manifiesten tal situación, y en caso de no hacerlo, se tendrán por desinteresados y se llevará acabo, sin su asistencia. Ello, sin perjuicio que puedan alegar u ofrecer medios de convicción procedentes antes de la celebración de la audiencia de Ley, de manera física o en línea. Para el caso de que las partes acudan de manera virtual al desahogo de la audiencia constitucional, es menester que cuenten con la aplicación 'Cisco Webex Meetings', misma que deberán descargar en cualquier dispositivo móvil o computadora personal (PC), y que se encuentran a su disposición en Apple store y google play. En diverso aspecto, en términos de la fracción I, del artículo 22 y cuarto transitorio, ambos del indicado Acuerdo General 21/2020, se sugiere a las partes, que de ser posible transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. De igual forma, se pone a disposición de las autoridades responsables, el correo electrónico abel.mejia.campos@correo.cjf.gob.mx, para el caso de que deseen presentar oficios relacionados con el presente asunto, siempre y cuando tengan firma electrónica de la responsable, o bien, se remita de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través de correo electrónico oficial y/o institucional, así también se precisa que el horario de atención vía telefónica es a partir de nueve a quince horas, de lunes a viernes. Se hace del conocimiento de las partes el número telefónico oficial del Secretario encargado del asunto Abel Mejía Campos, siendo el número 55 53870500, extensión 1388, para la atención del presente asunto, así también se precisa que el horario de atención es a partir de nueve a quince horas, de lunes a viernes. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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