Lizbeth Adriana Molina Germán
Expediente 230/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 230/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Lizbeth Adriana Molina Germán
Actuaciones
- Principal
Se declara que el auto dictado el treinta de marzo de dos mil veintitrés que desechó la demanda por notoriamente improcedente, promovida por ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. téngase este asunto como totalmente concluido, envíese al archivo.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Secretaria en Junta Distrital, empleada del Instituto Nacional Electoral, contra actos del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades; en consecuencia, fórmese el expediente y regístrese con el número 230/2023 que es el que cronológicamente le corresponde. este Juzgado procede a examinar el escrito de demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Lo anterior, en atención a que el precepto 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese contexto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: "III. Autoridades responsables; Señalo con ese carácter; al Honorable Congreso de la Unión por la expedición del Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversos Ordenamientos en Materia Electoral, entre los cuales se encuentra, la Ley General de Procedimientos Electorales; el cual hoy se combate mediante este procedimiento, a través de quien legalmente lo represente; así como al Ciudadano Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos por la promulgación de la Reforma a la citada ley, que hoy impugno, mediante este Juicio de Amparo; por el cumplimiento a la publicación de la Reforma Legal mencionada, todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables con domicilio oficialmente conocido." IV. Ley o acto reclamado; Reclamo los siguientes actos: a) La aprobación de las reformas a Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Sistemas de Impugnación en Materia Electoral por parte del CONGRESO DE LA UNIÓN, las cuales terminaron su proceso legislativo con la aprobación del dictamen por parte de la CÁMARA DE SENADORES en fecha 22 de febrero de 2023. b) La promulgación y publicación del decreto por el cual se reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Sistemas de Impugnación en Materia Electoral por parte del Presidente De Los Estados Unidos Mexicanos y el Director del Diario oficial de la Federación, la cual se dio en fecha 02 de marzo de 2023. En este sentido, los actos que se atribuyen a las autoridades responsables citadas, constituyen conductas violatorias de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º, 4º,5°, 14, 16, 25, 34, 41 y 73 fracción XXIX-U de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, , así como a los Tratados Internacionales de los cuales México es parte como lo son: La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; Carta de la EOA y la OIT." -Textual- Que la improcedencia del juicio de amparo no surge solo porque la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, el acto o resolución provengan de una autoridad formalmente electoral, ni de lo argumentado en los conceptos de violación, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución. Que para que se actualice el supuesto mencionado, es necesario que el contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en esos casos estarán sujetos a las acciones de inconstitucionalidad si se trata de normas generales o a los medios de impugnación de conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Que la materia electoral comprende las cuestiones propias de los derechos políticos, tales como las bases generales que instituyen los procesos de elección previstos directamente en la Constitución, a saber, la de los titulares del Poder Ejecutivo y los integrantes del Poder Legislativo (en ambos tanto federales como locales), así como los integrantes de los ayuntamientos (presidente municipal, regidores y síndicos). Que también forman parte de la materia electoral otros aspectos vinculados directa o indirectamente con dichos procesos o que deban influir en ellos de una u otra manera, tales como las cuestiones propiamente organizativas, administrativas y de otra índole, esto es, las funciones de las autoridades electorales y la creación de órganos administrativos para fines electorales, la organización de las elecciones, financiamiento público, comunicación social de los partidos, límites a las erogaciones y montos máximos de aportaciones, delitos, faltas administrativas y sus sanciones, distritación o redistritación, etcétera. Que con independencia del contenido material sobre el que versen, se sigue que no basta que una norma se contenga en una ley o código cuya denominación o contenido sea electoral, o que una resolución provenga de una autoridad de naturaleza electoral, para que se produzca la improcedencia del juicio de amparo, sino que es necesario que atañan estrictamente a la materia electoral, esto es, que su contenido verse sobre procesos electorales o sobre el ejercicio de los derechos político electorales, o bien, se relacionen directa o indirectamente con tales procesos o puedan influir en ellos. Que el juicio de amparo excepcionalmente procede contra normas contenidas en ordenamientos de carácter electoral o contra resoluciones provenientes de autoridades electorales cuando se estimen violatorias de algún derecho fundamental, pero siempre que el examen a realizar se limite a esta cuestión y, por tanto, no implique el análisis de los temas electorales, los involucre o pueda influir en ellos. Destacado lo anterior, se considera que, los actos reclamados, se trata desde luego de un tópico de orden meramente electoral, ajeno a la competencia de los juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, porque los temas que fueron objeto de reforma y adición son: De la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los temas tratados fueron: los cargos de elección popular en las entidades federativas, de la participación de la ciudadanía en las elecciones y consultas, de la integración de los poderes legislativo y ejecutivo de la unión y de las entidades federativas, así como de los ayuntamientos y alcaldías, disposiciones generales para la elección de cargos de elección popular, de los cargos de elección popular en las entidades federativas, entre otros. De la Ley General de Partidos Políticos los temas tratados fueron: de la distribución de competencias en materia de partidos políticos de la constitución y registro de los partidos políticos, de los derechos y obligaciones de los partidos políticos, entre otros. De la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral los temas tratados fueron: de los medios de impugnación, de los plazos y de los términos, de los requisitos del medio de impugnación, del recuento de votos y de las nulidades, de la nulidad de las elecciones federales, de la nulidad de la votación recibida en casilla, entre otros. Ciertamente, lo destacado, como se dijo, pone de manifiesto que los actos reclamados se vinculan con la materia político-electoral, los que están excluidos del control efectuado a través del juicio de amparo, cualquier acto vinculado con derechos político electorales establecidos en la Constitución Federal, resulta inconcuso la inviabilidad del presente juicio en contra de las disposiciones reclamadas, pues, para controvertir tales actos existe el órgano especializado, como es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, máxima autoridad para decidir sobre la constitucionalidad y legalidad en la materia. al ser manifiesta e indudable la causal de improcedencia aludida con antelación, a nada práctico conduciría admitir una demanda de garantías notoria e indudablemente improcedente, pues aun cuando se admitiera la demanda y se ventilara el procedimiento, no es factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos de prueba que eventualmente pudieran allegar las partes; por ello, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de garantías promovida por ********************por actualizarse la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista el artículo 61, fracción XV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. se tiene como los estrados de este juzgado, para oír y recibir notificaciones, toda vez que la parte quejosa no señala su usuario para recibir sus notificaciones vía electrónica. Por otra parte, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea "juicio en línea"; quienes no tengan autorizada la actuación por medios electrónicos podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Así, quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar hacia el modelo de juicio en línea. hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar la información que considere en relación con el expediente en el que se actúa, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto, atendiendo las formalidades previstas en la legislación federal aplicable.
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