Liz Antonia Toy Castellanos

Expediente 187/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
187/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
24/05/2016

Partes del expediente

  • Liz Antonia Toy Castellanos

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término legal de cinco días, que establece el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiere el recurso de queja en contra del acuerdo de fecha cuatro de mayo del año en curso, en el que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de garantías; con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en los términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Se hace del conocimiento de las partes que la sentencia dictada en este juicio, y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º., fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Notifíquese. IIB

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, cuatro de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el escrito de la quejosa Lis Antonia Toy Castellanos, en atención a su contenido téngasele cumpliendo parcialmente con el requerimiento formulado en proveído de veinticinco de abril del año en curso, no obstante lo anterior, provéase lo conducente respecto del contenido de su demanda de amparo. Previo a proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo de cuenta, resulta necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe analizarse íntegramente la demanda de garantías así como su escrito aclaratorio, pues constituyen un todo, tal como dispone la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 55/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 227, Tomo VIII, Agosto de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el siguiente rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." Ahora bien, de acuerdo a los antecedentes de los actos reclamados, que bajo protesta de decir verdad narró la impetrante de garantías, así como de las constancias que autorizadas que adjuntó a su escrito de demanda, se advierten los siguientes antecedentes del juicio natural: 1. Por escrito de fecha veinticinco de noviembre de dos mil quince, José de Jesús Reyes Alegría, demandó en la vía ordinaria civil a LIZ ANTONIA TOY CASTELLANOS (aquí quejosa), la disolución del vínculo matrimonial (foja 8 a 14). 2. Mediante acuerdo de fecha siete de enero de dos mil dieciséis (foja 3 y 3), el titular del Juzgado de Décimo de Primera Instancia especializado en materia de familia con sede en Veracruz, Veracruz, admitió a trámite dicha demanda, la registró bajo el número 3039/2015; ordenó el emplazamiento de la demandada LIZ ANTONIA TOY CASTELLANOS, para que dentro del término de nueve días más cinco por razón de la distancia, contestara la demanda; como el domicilio de aludida demandada se encontraba fuera del lugar de ese juzgado (Veracruz, Veracruz) libró el exhorto 24/2016, tocando conocer para su diligenciación, al juez Segundo Familiar de esta ciudad, quien a su vez registro dicha comunicación oficial bajo el número 42/2016, en el que por auto de nueve de marzo del año en curso, comisionó a la ejecutora para que realizar el emplazamiento ordenado (foja 5). 3. Por escrito de fecha siete de abril de dos mil dieciséis, LIZ ANTONIA TOY CASTELLANOS, dio contestación a la demanda (fojas 15 a 17). 4. Finalmente, por auto de trece de abril de dos mil dieciséis, el Juez Segundo Familiar de esta ciudad, devolvió al lugar de origen la comunicación oficial 24/2016, adjuntando el escrito de LIZ ANTONIA TOY CASTELLANOS por el que dio contestación a la demanda (foja 18). En ese tenor, es imperativo precisar lo que constituye el acto reclamado, a efecto de determinar lo pedido por la parte quejosa y así poder analizando en su integridad la demanda constitucional, de ahí que análisis de las constancias que obran en autos se advierte que los actos reclamados se hacen consistir, de manera destacada en:  El acuerdo de fecha trece de abril de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Segundo Familiar de esta ciudad, en que devolvió al lugar de origen la comunicación oficial 24/2016, adjuntando el escrito de LIZ ANTONIA TOY CASTELLANOS por el que dio contestación a la demanda; así como su correspondiente notificación.  La falta de notificación de dicho acuerdo; y,  La abstención de conocer de la demanda de divorcio indicada, por incompetencia. Precisado lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, se desecha de plano la misma, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, tal como se expondrá a continuación. En efecto, se estima que en el caso se actualiza el supuesto normativo contemplado en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone la improcedencia del juicio de garantías, en los demás casos en que la misma resulte de alguna disposición de la ley, en concordancia con el artículo 107, fracción V aplicada contrario sensu, de la ley de la materia, que establecen lo siguiente: "Art. 107. El amparo se pedirá ante el juez de distrito: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" De los preceptos legales transcritos se desprende que cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, siempre y cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, se considera que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no es susceptible de reparación con el hecho de obtener una declaración o sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación de derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. Ello es así, en razón de que, la correcta interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, conduce a determinar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. Resulta aplicable al respecto el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 189, visible en la página 154, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." Entonces, las violaciones procesales o adjetivas son impugnables ordinariamente en amparo directo cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior; afectación exorbitante que debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo. En el caso, el acuerdo de fecha trece de abril de dos mil dieciséis, por el que el juez Segundo Familiar de esta ciudad, devolvió la comunicación oficial de que se trata adjuntado el escrito de contestación de la demanda, por parte de la aquí quejosa, Lis Antonia Toy Castellanos, como la falta de notificación a dicho acuerdo, no es de los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, dado que no afectan ningún derecho sustantivo tutelado por la ley. De igual forma, por lo que respecta a la abstención de conocer de la demanda indicada, por incompetencia, no es de aquellas que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, puesto aún está pendiente que de que el Juez de origen, decida si procede o no la incompetencia planteada. Por ello, tomando en consideración que no se advierte que le esté desechando el escrito de contestación de la demanda, sino que al contrario la está remitiendo al juez de origen para que provea lo conducente, se estima que dicha actuación procesal no afecte de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales; de ahí que se actualice la causa de improcedencia en estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, que aparece publicada en la página doscientos ochenta y seis, del tomo XII, correspondiente al mes de noviembre de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 2142286, cuyo tenor literal es: "ADMISIÓN DE DEMANDA. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA EL AUTO DE. Conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto establecida en el artículo 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 114, fracción IV de la Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto es improcedente contra la resolución que desecha el recurso de apelación interpuesto contra el auto inicial de admisión de demanda, porque ésta no constituye un acto en el juicio que tenga ejecución irreparable, ya que sólo produce efectos formales o intraprocesales entre las partes, toda vez que de obtener el quejoso, una sentencia favorable a sus intereses, el desechamiento del recurso de apelación aludido no dejaría huella en su esfera jurídica; de ahí que tal resolución, por constituir una violación procesal que no afecta derechos fundamentales, debe reclamarse hasta que se dicte el fallo definitivo mediante el juicio de amparo directo, en los términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal y 158, 159, fracción IX, y 165 de la Ley de Amparo". Así como, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible a página mil ciento noventa, tomo XX, correspondiente al mes de diciembre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA. LA RESOLUCIÓN DE LA JUNTA POR LA CUAL LA DETERMINA NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, NI DEFINITIVO PARA EFECTOS DEL AMPARO INDIRECTO. - De conformidad con lo establecido por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 114, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra actos en el juicio que no tengan una ejecución de imposible reparación; ahora bien, la resolución en la cual una Junta declina la competencia para conocer de un asunto no es definitiva para los efectos del juicio de amparo indirecto, ni puede considerarse que sea de imposible reparación, en virtud de que está supeditada a la aceptación o rechazo por parte de la autoridad a quien se declinó la competencia, y sería, en todo caso, la que ésta emita la que causaría el agravio y que pudiera ser impugnada a través del amparo indirecto". Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y los diversos 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley antes mencionada, hágase saber a las partes: a) que la sentencia que se dicte en este asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; b) el derecho que le asiste para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo respectivo, su voluntad de que su nombre y datos personales a que alude el artículo 3, fracción II, de la ley en mención, no se incluyan en la publicación de la sentencia referida; en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevaría su consentimiento; y, c) que no será necesaria su aprobación cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que, específicamente, señalan los artículos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley especial de referencia. Notifíquese personalmente a la quejosa.

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