Livio Faustino Cordero Rivera
Expediente 1523/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1523/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 01/08/2019
Partes del expediente
- Livio Faustino Cordero Rivera
- Juez Primero Mixto de Primera Instancia En Santiago, Ixcuintla, Nayarit
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por el Presidente Municipal Superior Jerárquico, Tesorero y Jefe de Catastro del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, residente en Valle de Banderas, Nayarit y anexos que acompaña, y en atención a su contenido, téngasele informando los trámites que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento total al fallo protector emitido en el presente juicio de garantías. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el escrito de cuenta, signado por el tercero interesado, y en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° de esta última, expídase al promovente por duplicado las copias certificadas que solicita, previa toma de razón y recibo que de su entrega se deje en autos, y por conducto de la persona que para tal efecto autoriza. NOTIFÍQUESE.
- Principal
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA:Vista la certificación Secretarial que antecede, comuníquese a las partes que la adscripción del licenciado IVAR LANGLE GÓMEZ, como nuevo titular adscrito a este órgano jurisdiccional, inició a partir del día uno de mayo de dos mil diecinueve, conforme el acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitido en sesión de diez de abril de dos mil diecinueve, en sustitución del licenciado Alfredo Barrera Flores; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, este juzgador federal, IVAR LANGLE GÓMEZ, considera encontrarse impedido para conocer del presente juicio, en términos del artículo 51, fracciones VI y VIII, de la Ley de Amparo, ya que el suscrito figura como quejoso en juicio de amparo semejante al presente, pues de no ser así se pudiera ver inmersa la imparcialidad del suscrito. En efecto, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo segundo, dispone: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales". En el referido precepto constitucional se encuentra contenido el principio de imparcialidad en las resoluciones de los tribunales; por tanto, a efecto de respectar dicho principio constitucional, cuando esa imparcialidad se vea comprometida, el funcionario judicial debe inhibirse de conocer del asunto. Así, se estima que la excusa tiene como finalidad primordial asegurar la garantía de neutralidad exigida por el numeral 17 constitucional, por lo que es inconcuso que cuando el juzgador reconoce expresamente que su imparcialidad pudiera verse afectada al resolver el asunto, tal aspecto basta para eximirlo, porque el resolutor acepta que no tiene certeza en su fuero interno para analizarlo ecuánimemente, ni para adoptar una decisión judicial imparcial. Orienta tal criterio la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que dice: "IMPARCIALIDAD. CONTENIDO DEL PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. El principio de imparcialidad que consagra el artículo 17 constitucional, es una condición esencial que debe revestir a los juzgadores que tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional, la cual consiste en el deber que tienen de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Así, el referido principio debe entenderse en dos dimensiones: a) la subjetiva, que es la relativa a las condiciones personales del juzgador, misma que en buena medida se traduce en los impedimentos que pudieran existir en los negocios de que conozca, y b) la objetiva, que se refiere a las condiciones normativas respecto de las cuales debe resolver el juzgador, es decir, los presupuestos de ley que deben ser aplicados por el juez al analizar un caso y resolverlo en un determinado sentido. Por lo tanto, si por un lado, la norma reclamada no prevé ningún supuesto que imponga al juzgador una condición personal que le obligue a fallar en un determinado sentido, y por el otro, tampoco se le impone ninguna obligación para que el juzgador actúe en un determinado sentido a partir de lo resuelto en una diversa resolución, es claro que no se atenta contra el contenido de las dos dimensiones que integran el principio de imparcialidad garantizado en la Constitución Federal". Por su parte, el artículo 51, fracciones VI y VIII, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: (.) VI. Si figuran como partes en algún juicio de amparo semejante al de su conocimiento; (.) VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad. (.)" De la porción normativa anterior se colige el impedimento en materia de amparo, el cual doctrinalmente debe entenderse como un factor externo para limitar la competencia de un órgano jurisdiccional, conocida como competencia subjetiva, el cual está dirigido a la persona del juez o magistrado, y al actualizarse acarrea la consecuencia de separarlo del proceso de su conocimiento. Este modelo para determinar la competencia, se apoya en situaciones personales del juzgador que la ley contempla, que constituyen en una especie de inhabilidad subjetiva del funcionario para administrar justicia en el caso concreto y su separación es una garantía de la imparcialidad indispensable para que la sociedad y las partes tengan confianza en sus jueces. Dicho de otra forma, el impedimento es una forma de limitar la función jurisdiccional vinculada con el elemento personal del juzgador, que como tal, vive dentro de un conglomerado social, es sujeto de derecho e intereses, con relaciones humanas, sociales y familiares, titular de bienes propios, situaciones de vida personal; asimismo, no sólo las relaciones personales de dichas personas físicas pueden influir en el ánimo del juzgador, sino que en ocasiones pudieran presentarse situaciones relacionadas con su ejercicio jurisdiccional. La finalidad de la figura jurídica, es salvaguardar el principio de imparcialidad, uno de los elementos pilares del derecho humano de acceso a la justicia reconocido en el segundo párrafo del citado artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual se entiende como una condición esencial de los juzgadores de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Conforme a lo anterior, es dable sostener que la justicia imparcial se traduce en la observancia de las normas jurídicas que regulan el caso y el ánimo del juzgador de estudiar los aspectos que se debaten, sin crear sentimientos de aversión o simpatía hacia alguna de las partes, sea por los datos probatorios que se proporcionen o por el conocimiento externo de las conductas del sujeto. Desde esa perspectiva, las leyes permiten que los encargados de impartir justicia puedan hacer patente su posible parcialidad en el fallo que dicten, lo que los inhibe de su conocimiento con el fin de cumplir con el artículo 17 constitucional. En ese contexto, del citado ordinal 51 de la ley de la materia se advierte que existen diversos motivos por los cuales un juez de amparo debe abstenerse de conocer de un asunto, por actualizarse circunstancias que le impiden resolver con imparcialidad. En concordancia con lo anterior, el precepto invocado establece que si un juez de distrito es parte en un procedimiento constitucional, similar al que le es turnado para su integración y resolución, el cual versa sobre un acto reclamado semejante al del primeramente mencionado, en ese supuesto se configura la causa de impedimento prevista en la aludida fracción VI del artículo 51 de la Ley de Amparo, que lo obliga a excusarse del conocimiento del ulterior juicio, a fin de garantizar la imparcialidad en su resolución. Por identidad jurídica sustancial, es sustento de lo anterior el criterio emitido en la jurisprudencia PC.III.C. J/35 K (10a.), emitida por el Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 1378, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "IMPEDIMENTO. LA CAUSA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE AMPARO, SE ACTUALIZA CUANDO UN JUEZ DE DISTRITO ES SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN UN JUICIO DE AMPARO SIMILAR AL QUE SE LE TURNA PARA RESOLUCIÓN, EL CUAL VERSA SOBRE UN ACTO RECLAMADO SEMEJANTE AL DEL PRIMERAMENTE MENCIONADO. La interpretación gramatical del precepto citado no sólo debe prevalecer por consigna del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sino que, incluso, es acorde con su interpretación teleológica, ya que la finalidad de las causas por las que el operador del derecho debe inhibirse del conocimiento de ciertos asuntos es, precisamente, para asegurar la imparcialidad en su función jurisdiccional; por ello, si un Juez de Distrito está señalado como autoridad responsable en un procedimiento constitucional, similar al que le es turnado para su integración y resolución, el cual versa sobre un acto reclamado semejante al del primeramente mencionado, en ese supuesto se configura la causa de impedimento prevista en la fracción VI del artículo 51 de la Ley de Amparo, que lo obliga a excusarse del conocimiento del ulterior juicio, a fin de garantizar la imparcialidad en su resolución". En esos términos, se concluye que el juez de distrito debe excusarse de conocer de una demanda de amparo, así como de la ampliación de esa demanda cuando es parte quejosa en un diverso juicio cuya materia es similar al de la demanda puesta a su consideración, pues en ese caso, su imparcialidad se puede ver comprometida. En ese tenor, conviene tener presente el contenido de los artículos 54, fracción III y 55, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 54. Conocerán de las excusas y recusaciones: (.) III. Los tribunales colegiados de circuito: (.) c) De los jueces de distrito, los titulares de los tribunales unitarios y demás autoridades que conozcan de los juicios de amparo, que se encuentren en su circuito." "Artículo 55. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación manifestarán estar impedidos ante el tribunal pleno o ante la sala que conozca del asunto de que se trate. Los magistrados de circuito y los jueces de distrito manifestarán su impedimento y lo comunicarán al tribunal colegiado de circuito que corresponda." Ahora, en el caso, de la revisión íntegra de la demanda, se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en: Así, los actos reclamados sometidos a consideración de este juzgador, esencialmente, son el decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75 y 127 constitucionales y sus artículos Transitorios del Primero al Quinto, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de agosto de dos mil nueve. Como se observa, los actos, cuyo estudio se somete a la potestad del que suscribe, consisten en la inconstitucionalidad de algunas de las normas a que hace referencia el Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se adiciona el Código Penal Federal, disposiciones que se encuentran dirigidas a todo servidor público, incluyendo al suscrito, al ser destinatario de dichas normas. Al respecto el suscrito, al ser destinatario de esas normas, procedí a su análisis de forma personal, a fin de verificar la posible afectación que pudieran generar a mi esfera particular, concluyendo en que existe dicha circunstancia; por lo que cabe mencionar que el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, comparecí ante la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y promoví demanda de amparo, precisamente contra los referidos artículos 75 y 127 constitucionales y sus artículos Transitorios del Primero al Quinto, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de agosto de dos mil nueve, así como contra los artículos 1 a 17 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la adición del Capítulo V Bis al Título Décimo, Libro Segundo, del Código Penal Federal, con la denominación "Del pago y recibo indebido de remuneraciones de los Servidores Públicos", con los artículos 217 Bis y 217 Ter y Primero y Segundo Transitorios, la cual, por razón de turno, tocó conocer al Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, en la ciudad de México, quien la registró con el número 1619/2018 de su estadística. Sobre esa base, el suscrito considera procedente que se analice la existencia de una causa de excusa, pues de manera objetiva estimo que mi imparcialidad estaría afectada al resolver el asunto; de ahí que pueden actualizarse las causas de impedimento que establecen la fracciones VI y VIII del numeral 51 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el diverso precepto 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, lo que podría dar lugar a un conflicto entre el interés público que conlleva el ejercicio de la función jurisdiccional y el interés personal de quien debe ejercerla en un caso concreto; de ahí que resulta pertinente informar la causa de impedimento que considero se materializa, con el fin de asegurar la garantía de neutralidad en el proceso, así como para preservar la imparcialidad e independencia de la impartición de justicia. Lo anterior es así, en razón de que las disposiciones legales combatidas se encuentran dirigidas a todo servidor público, incluido el suscrito en mi carácter de juez de distrito, por lo que existe posibilidad de afectación en mi esfera jurídica, ya que eventualmente seré sujeto a su aplicación, lo cual ha derivado en que me haya inconformado contra su contenido en diverso juicio, pues constituye un hecho notorio que el país se encuentra en época de transición, en la cual el próximo régimen pretende implementar políticas con base en la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. En ese orden de ideas, es evidente que la materia de análisis de la demanda de amparo, es similar a la de un diverso juicio de amparo, tramitado en diverso órgano judicial, donde este juzgador tiene el carácter de parte quejosa. Dicha circunstancia constituye una situación de riesgo de pérdida inmediata de la imparcialidad con que debe conducirse este juzgador, al ser parte en un diverso juicio en el cual se estudia el mismo tema que ahora se trae a consideración. En lo conducente, apoya lo anterior la tesis I.11o.C.24 K (10a.), consultable en la página 1711, del Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPEDIMENTO EN EL AMPARO. LA SITUACIÓN DE RIESGO DE PÉRDIDA DE IMPARCIALIDAD, DEBE SER REAL Y ACTUAL (ALCANCES DEL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE LA MATERIA). Las fracciones de la I a la VII del artículo en mención, prevén la existencia de elementos objetivos que afectan de forma directa e inmediata la imparcialidad en que debe conducirse el juzgador, cuando tiene el carácter de cónyuge o pariente de alguna de las partes o de sus abogados; si tiene interés personal en el asunto o lo tiene su cónyuge o parientes; si ha intervenido en el asunto en diverso carácter o intervino como asesor; si forma parte de diverso juicio de amparo semejante al de su conocimiento; y si tiene una amistad o enemistad con alguna de las partes o sus representantes. Por otro lado, en la fracción VIII, el legislador estableció que pueden presentarse situaciones diversas a las especificadas, que impliquen, desde luego, elementos que pongan en riesgo la imparcialidad del juzgador. A diferencia de las fracciones I a VII, que señalan específicamente las circunstancias que afectan directamente la imparcialidad del juzgador, la fracción VIII no exige que el elemento objetivo la afecte directamente, pues establece como mínimo que exista un riesgo, término que significa una contingencia o proximidad de un daño que está expuesto a perderse o a no verificarse. Así, el elemento objetivo que exige la fracción VIII debe tener la característica de que el juzgador no se encuentre en una situación de riesgo que comprometa su imparcialidad o, que a los ojos de la sociedad o de un observador razonable pueda advertir que existe motivo para pensarlo así; esto es, que existan situaciones que puedan llevar a considerar que se advierten conflictos de intereses y, por ello, se pierda la distinción de honorabilidad, la buena imagen y el decoro de los que goza el juzgador, así como el órgano jurisdiccional del que forma parte; decoro judicial que funciona como una herramienta de unidad y equilibrio para la exteriorización de las conductas judiciales, atendiendo con razonabilidad a determinado escenario de conducta exigido como desarrollo de un mejor escenario de justicia, lo que fortalece la respetabilidad y confianza en los justiciables, la probidad, buena opinión e imagen. Así, para que se actualice la hipótesis prevista en la invocada fracción VIII debe presentarse lo siguiente: que el juzgador se encuentre en una situación diversa a las previstas en las fracciones I a VII; que esa situación constituya un elemento real y actual; y, que éste ponga en riesgo la pérdida de imparcialidad, como puede ser la afectación al decoro judicial". Por tanto, quien esto resuelve considera se encuentra impedido para conocer del amparo en que se actúa, pues como se explicó, soy parte quejosa en un diverso juicio cuya materia es similar a lo que ahora se analiza; lo anterior, con la finalidad de no comprometer la imparcialidad que debe observarse en cualquier procedimiento judicial. Conforme a lo expuesto, a juicio del suscrito existe un elemento objetivo real y actual que genera riesgo de pérdida de imparcialidad, de ahí que considero se pueden actualizar las causas de impedimento que establecen la fracciones VI y VIII del numeral 51 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el diverso precepto 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, lo que imposibilita el conocimiento de este asunto, dado que por sus características, me vería limitado subjetivamente para analizar los actos reclamados. En tales condiciones, de conformidad con el artículo 55 de la Ley de Amparo, remítase los autos del cuaderno de antcedentes en que se actúa, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad de Tepic, Nayarit, a fin de que resuelva lo que en derecho proceda sobre el impedimento manifestado por el suscrito; debiéndose continuar las actuaciones correspondientes en el cuaderno de antecedentes formado por motivo del impedimento decretado en juicio de amparo en que se actúa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Agréguese en autos para que surta sus efectos legales procedentes el comunicado de cuenta, que signa el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en Tepic, Nayarit, a través del cual remite copia certificada de impedimento 18/2018, relacionado con el juicio de amparo indirecto 2437/2018, los autos originales del juicio de amparo indirecto de referencia y un sobre amarillo; en consecuencia, agréguese a sus autos para los efectos legales correspondientes, acúsese recibo de estilo a la Superioridad; glósese el cuaderno de antecedentes respectivo, y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que el Tribunal de referencia, declaró sin materia el impedimento planteado por el entonces Juez Alfredo Barrera Flores para conocer del juicio de amparo indirecto 2437/2018, por las razones y fundamentos precisados en dicha ejecutoria. Por otra parte, en relación al sobre que contiene los documentos que la parte quejosa adjuntó a su escrito de demanda de amparo, guárdese en la caja de valores de este órgano jurisdiccional, mismo que se encuentra registrado con el número de registro 16/2018. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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