Livier Pérez Contreras
Expediente 2239/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 22 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2239/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 22/07/2022
Partes del expediente
- Livier Pérez Contreras
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
De la certificación de cuenta se advierte que no fue impugnada la sentencia dentro del plazo legal, como lo establecen los artículos 81, fracción I, inciso e, y 86, ambos de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente al primer ordenamiento, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, dado que por un lado se sobreseyó y por el otro se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DEPURACIÓN. De la certificación de cuenta se advierte que la parte promovente no manifestó su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Por otra parte, devuélvase en un tomo las constancias que remitió la autoridad responsable. Solicítese acuse de recibo. Tomando en consideración lo anterior, acuérdese lo correspondiente en el incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. De conformidad con lo dispuesto por el referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a la parte quejosa. Notifíquese por lista física y electrónica.
- Incidental
Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que por auto de esta misma fecha, se ordenó el archivo en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión. Por tanto, se provee lo relativo a los cuadernos del incidente de suspensión, en los siguientes términos. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación dado que se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva, además de que no se considera de relevancia documental, el original del cuaderno incidental es susceptible de DEPURACIÓN. Asimismo, una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado el incidente. Por otra parte, devuélvase en un tomo las constancias que remitió la autoridad responsable. Solicítese acuse de recibo. De conformidad con lo dispuesto por el referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a la parte quejosa. Notifíquese por lista física y electrónica.
- Principal
POR ESTE MEDIO Y EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, SE NOTIFICA AL TERCERO INTERESADO ****, LA RESOLUCIÓN DE VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE DICE: VISTOS, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo ****; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diez de noviembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, turnado el dieciocho siguiente a este Juzgado Decimoquinto, ****solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y el acto que se precisan a continuación: AUTORIDADES RESPONSABLES: NO. DE ORDEN AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO DEL INFORME PROMOCIÓN 1 JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL VIGÉSIMO SEGUNDO PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, CON RESIDENCIA EN TEQUILA CIERTO **** SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL VIGÉSIMO SEGUNDO PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, CON RESIDENCIA EN TEQUILA CIERTO **** SECRETARIO EJECUTOR DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL VIGÉSIMO SEGUNDO PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, CON RESIDENCIA EN TEQUILA INEXISTENTE Auto de 22 de abril de 2022 ACTO RECLAMADO: "[.] El auto de fecha 09 de agosto de 2021, en donde la responsable de manera ilegal ordena el pago de alimentos provisionales en favor de ****, por la cantidad de **** [.]" Acto que estimó violatorio de los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se ordenó registrar la demanda bajo el número ****y se formuló prevención a la quejosa; una vez cumplido dicho requerimiento, por auto de uno de diciembre de dos mil veintiuno se admitió a trámite la demanda; fue solicitado a las autoridades responsables su informe justificado; asimismo, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le confiere la ley para el efecto de que formulara los alegatos que a su representación corresponde; se emplazó a juicio al tercero interesado ****. Asimismo, por auto de once de abril de dos mil veintidós se tuvo por inexistente a la autoridad que la quejosa señaló como secretario ejecutor adscrito al Juzgado de Primera Instancia del Vigésimo Segundo Partido Judicial del Estado de Jalisco, con residencia en Tequila. Finalmente, fue señalada fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, tiene competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo, con fundamento en los numerales 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse omisión carente de ejecución atribuida a una autoridad distinta de la judicial y haber prevenido este Juzgado Federal en el conocimiento del presente asunto. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como cuestión inicial es menester precisar los actos reclamados en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Del examen integral de la demanda y del escrito aclaratorio, se obtiene que los actos reclamados consisten en: 1. El auto de nueve de agosto de dos mil veintiuno emitido en el juicio ****, en el que se fijó una pensión alimenticia provisional de manera mensual por la cantidad de $****, a favor del aquí tercero interesado ****; y su ejecución. 2. El auto de siete de octubre de dos mil veintiuno, donde se tuvo al tercero interesado ampliando su demanda1 . TERCERO. Verificación de certeza del acto reclamado. Actos ciertos. Las autoridades responsables Juez y Secretaria de Acuerdos del Juzgado Civil de Primera Instancia del Vigésimo Segundo Partido Judicial en el Estado de Jalisco, con sede en Tequila, al rendir su informe con justificación, lo aceptaron; lo que se corrobora con las constancias que anexaron relativas al juicio ****, que por su carácter de documentales públicas adquieren el valor probatorio pleno a que se refieren los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes relevantes del caso. 1. **** demandó en la vía ordinaria civil a ****, las prestaciones relativas a la disolución del vínculo matrimonial, la disolución y liquidación de la sociedad legal conformada, la convivencia provisional con sus menores hijas, la convivencia definitiva con dichas infantes, los alimentos provisionales durante la vigencia del procedimiento y hasta en tanto se resolviera la liquidación de la sociedad legal, así como el pago de gastos y costas. 2. Por auto de nueve de agosto de dos mil veintidós se admitió la demanda presentada, se ordenó el emplazamiento de la demandada, se fijaron los alimentos provisionales a cargo de la demandada en favor del actor por la cantidad de $**** y se ordenó llevar a cabo el requerimiento de pago a la demandada. 3. Posteriormente, **** amplió su demanda inicial a fin de reclamar como prestación el pago de alimentos definitivos. 4. Por auto de siete de octubre de dos mil veintiuno, se admitió la ampliación de demanda. 5. El veinte de octubre de dos mil veintiuno se llevó a cabo la diligencia de emplazamiento y requerimiento de pago a la demandada. Hasta aquí los antecedentes que informan la litis constitucional que se decide. Las determinaciones señaladas en los puntos 2 y 4 constituyen los actos reclamados. QUINTO. Estudio sobre la procedencia del juicio de amparo. Causa de inviabilidad materializada. Por lo que hace al auto de siete de octubre de dos mil veintiuno donde se tuvo al tercero interesado ampliando su demanda por el pago de alimentos definitivos, se advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación el 107, fracción V de la ley de la materia, que consignan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.].". De la lectura de este último precepto legal, se refiere al juicio de amparo indirecto promovido contra actos judiciales, esto es, a su procedencia contra actos dictados dentro de un procedimiento cuando producen una afectación de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelamos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación de esa naturaleza. En las apuntadas condiciones, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derecho de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, esto es, no afectan la vida, la libertad, la propiedad. Ahora, sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, debe señalarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que son aquellos actos dictados dentro del juicio que afectan de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y no los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Así se desprende de la tesis de jurisprudencia siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." 2 Lo anterior significa que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, las meras violaciones procesales no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de la agraviada. Luego, el prototipo de los primeros (actos irreparables) está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que estos constituyen especies de los que la ley fundamental preserva al gobernado como géneros, citándose a guisa de ejemplo, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordena la intercepción de la correspondencia de alguna de las partes en las oficinas de correos, el que se conmina a una parte a que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, pues en los primeros casos se puede afectar la propiedad y posesión, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo y en el séptimo la de tránsito; afectaciones éstas que no podrían repararse en ninguna actuación posterior del juicio. En tanto que el supuesto de los segundos (actos reparables) se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Esto es, en el supuesto de que la parte quejosa obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio de origen, los efectos de la violación procesal de que se duele desaparecerían, y sólo trascenderán en el caso de que la sentencia fuese contraria, afectando de esta manera sus derechos sustantivos, y en ese momento será cuando la violación de que se duelen deberán de combatirla mediante el juicio de amparo directo. En el caso, el acto reclamado lo constituye el auto de siete de octubre de dos mil veintiuno en el que la autoridad responsable tuvo al tercero interesado ampliando su demanda respecto del pago de alimentos definitivos; empero, con dicha decisión sólo se pueden afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues es evidente que los efectos de la determinación reclamada no se traducen al exterior del procedimiento en el que se dictó, sino que únicamente implica que se continúe el juicio por sus etapas ante el juez de origen, respecto de nuevas prestaciones reclamadas, hasta el dictado de la sentencia dentro de la cual la quejosa podría obtener un resultado favorable a sus intereses, pues puede ser que se le absuelva del pago de los alimentos definitivos solicitados en la ampliación, con lo que quedará subsana la posible violación a sus derechos fundamentales o, en caso contrario, tendría oportunidad de hacer valer la violación de la que ahora se duele en el juicio de amparo directo, si se toma en cuenta, que tal resolución entraña una violación a las leyes del procedimiento, conforme a lo previsto en el artículo 172 fracción XII3 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, se reitera que, al no ser un acto -el reclamado- que afecte materialmente derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para poder ser impugnado, de inmediato, a través del juicio de amparo indirecto. Es aplicable a lo anterior, por analogía, la tesis aislada: "DEMANDA LABORAL. EL AUTO QUE LA ADMITE NO ES UN ACTO INTRAPROCESAL DE IMPOSIBLE REPARACIÓN NI CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AFECTE AL QUEJOSO. El auto que admite una demanda laboral y sus consecuencias no son actos de procedimiento que dejen sin defensa al quejoso, ni que le causen un perjuicio irreparable, pues si emanan de un procedimiento seguido en forma de juicio, como los desarrollados ante la autoridad en materia de trabajo, el amparo en que se impugnen sólo puede promoverse contra la resolución definitiva, por violaciones cometidas en ella, o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le concede; así es que el amparo promovido contra dicho auto es improcedente y debe sobreseerse, pues únicamente produce el efecto de someter a las partes a un procedimiento jurisdiccional, donde tendrán la oportunidad de contestar la demanda, ofrecer pruebas y alegar; de ahí que los vicios que pudiera llegar a tener dicha admisión pueden no trascender a la esfera jurídica del quejoso4 ." Por lo expuesto, se impone sobreseer en el juicio respecto al acto reclamado indicado en el punto 2, consistente en el auto de siete de octubre de dos mil veintiuno, en el que se admitió la ampliación de demanda en el juicio de origen. SEXTO. Estudio de fondo. Al no existir causas de improcedencia que hagan valer las partes o se advierta de oficio, se emprende el examen del fondo de la controversia planteada a la luz de los conceptos de violación, por lo que hace al acto reclamado destacado en el punto 1, que consiste en el auto de nueve de agosto de dos mil veintiuno, en el que se decretó una pensión alimenticia provisional a favor del tercero interesado ****. La quejosa señala esencialmente que se transgredieron en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales, que contemplan las garantías de seguridad y legalidad jurídica, porque de manera arbitraria sin haber sido oída y vencida, se fijó el pago de una pensión alimenticia provisional exorbitante, tomando en consideración las manifestaciones bajo protesta de decir verdad del ahora tercero interesado en el sentido de que necesita los alimentos, sin que hubiese exhibido prueba alguna a fin de acreditar tal necesidad, siendo el cónyuge varón. Agrega que la pensión alimenticia provisional se determinó a través de un trámite no previsto por la ley, lo que tuvo que realizarse de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 249 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco. Asimismo, la peticionaria sostiene que el auto reclamado está indebidamente fundado y motivado, dado que el responsable a fin de justificar su decisión apuntó que de acuerdo con el artículo 433 del Código Civil del Estado de Jalisco, los cónyuges deben darse alimentos, pero pasó por alto el hecho de que el actor en su escrito inicial de demanda presentó una propuesta de convenio en el que renunció al pago de alimentos definitivos; entonces al haber fijado una pensión alimenticia, se actuó de una manera incongruente, ya que permitió que existan dos acciones contradictorias. Finalmente, la promovente expone que fue legalmente incorrecto que la responsable fijara la cantidad de $**** mensuales como pensión alimenticia a favor del actor, toda vez que le es materialmente imposible cubrir esa cantidad virtud a que sus ingresos no se lo permiten, en la medida que percibe como cantidad bruta $****quincenalmente, y además tiene la obligación de mantener a sus cuatro hijos, de los cuales dos son menores de edad; de ahí que el auto reclamado también vulnera el interés superior del menor. Tales conceptos de violación resultan infundados. Los artículos 14 y 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente, disponen: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho. Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Así, para que se cumpla el imperativo constitucional de la fundamentación y motivación, los actos de la autoridad deben cumplir los siguientes requisitos: 1. Expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso (fundamentación). 2. Señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto (motivación). 3. Existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables (relación entre la fundamentación y la motivación). En ese sentido, el derecho fundamental a que aluden los artículos 14 y 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se erige como un elemento esencial, que obliga a que todo acto de autoridad que se dirija a los gobernados esté debidamente fundado y motivado. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso.5 Ahora bien, el más alto Tribunal de Justicia del País ha definido al derecho de alimentos como la facultad jurídica que tiene una persona denominada acreedor alimentista para exigir a otra, deudor alimentario, lo necesario para vivir como consecuencia del parentesco consanguíneo, del matrimonio, del divorcio y, en determinados casos, del concubinato; por lo que los alimentos se hacen consistir en proporcionar la asistencia debida para el adecuado sustento de una o varias personas por disposición imperativa de la ley, caracterizándose esta obligatoriedad legal por ser recíproca. La obligación legal de proporcionar los alimentos descansa en el vínculo de solidaridad que enlaza a todos los miembros de una familia y en la comunión de intereses, pues su causa obedece a que las personas pertenecientes a un mismo grupo se deben recíproca asistencia; que la obligación alimenticia proviene o tiene su origen en un deber ético, el cual, con posterioridad, fue acogido por el derecho y se eleva a la categoría de una obligación jurídica provista de sanción, la cual tiene como propósito fundamental proporcionar al familiar caído en desgracia lo suficiente y necesario para su manutención o subsistencia; debiendo entenderse este deber en su connotación más amplia, esto es, el de asegurar al acreedor alimentista los medios de vida suficientes cuando éste carezca de la forma de obtenerlos y se encuentre en la imposibilidad real de procurárselos. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en reiteradas ocasiones, ha considerado a los alimentos como de interés social y orden público. Por su parte, los legisladores ordinarios regularon a los alimentos de una persona como un derecho protegido, incluso, en contra de la voluntad del propio titular, y les otorgó las características de ser personalísimos, irrenunciables, imprescriptibles e intransferibles. Se precisó que en esta obligación alimentaria derivada de la ley, deben imperar los principios de equidad y justicia, por ende, en su fijación se deberá atender a las condiciones reales prevalecientes en ese vínculo familiar de la que surge este derecho de alimentos; así, además se debe atender a estos dos principios fundamentales: estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del obligado, también deberán ser consideradas y evaluadas las circunstancias o características particulares que prevalecen o representa esa relación familiar, como sin duda lo constituyen: el medio social en que se desenvuelven tanto el acreedor como el deudor alimentario, las costumbres y las circunstancias propias en que se desenvuelve cada familia, desde luego, comprendiendo en ésta al cónyuge y demás que resulten beneficiarios conforme lo señala la ley sustantiva aplicable al caso en concreto. Entonces, si los alimentos cumplen una función social y tienen su fundamento en la solidaridad humana, este derecho debe recaer necesariamente en quienes carecen de lo necesario y se encuentran en ese estado de necesidad, y la obligación de otorgarlos sea en quienes tienen la posibilidad económica para satisfacerlos, sea en forma total o parcial. Por ende, una pensión alimenticia no sólo debe circunscribirse a cubrir las necesidades indispensables para la subsistencia del acreedor alimentario, sino también debe comprender lo necesario para que sobreviva y tenga lo suficiente acorde a la situación económica social a la que se encuentra acostumbrado y se desarrolle en la familia de la que forma parte; esto es, que si bien en tal asignación no debe existir procuración de lujos, ni gastos superfluos, tampoco debe ser tan precaria que sólo cubra las necesidades más apremiantes o de subsistencia del acreedor. Así, conforme a las consideraciones preinsertas se puede establecer que el monto de la pensión alimenticia debe atender a diversas circunstancias, específicamente, a las necesidades del acreedor alimentario y a las posibilidades del deudor; entendiendo por las primeras tanto a las indispensables para su subsistencia como todo lo necesario para que sobreviva y tenga lo suficiente acorde a la situación económica social a la que se encuentra acostumbrado (principios de proporcionalidad y equidad), ello, de conformidad a lo establecido por el artículo 439 del Código Civil del Estado de Jalisco. En concordancia con lo anterior, el artículo 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y el diverso 442 del Código Civil de la entidad, disponen lo siguiente: "Artículo 442. Los alimentos han de serán proporcionales a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos" "Artículo 696. Si al promoverse el juicio también se demanda la fijación y aseguramiento de alimentos provisionales, se presumirá la urgencia y necesidad de la medida solicitada. En el auto admisorio y sin correr traslado, el juez: I. Basándose en la información que bajo protesta de decir verdad fue proporcionada en la demanda y relativa a la posibilidad económica del deudor y al nivel de vida del mismo, así como al de los acreedores alimenticios y las necesidades de éstos, y atendiendo a las circunstancias particulares del caso, determinará de inmediato el derecho a la alimentación, fijando la cantidad o el porcentaje que sea suficiente para cubrir las necesidades alimentarias, y que como pensión provisional deberá cubrir el demandado, en tanto se resuelve el asunto en definitiva; II. De igual forma, apercibirá al actor de que en caso de que en autos se llegare a demostrar que buscando incrementar la pensión provisional proporcionó información falsa, se hará acreedor a una multa de hasta 100 cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, sin perjuicio de las sanciones penales que correspondan; y III. Si el demandado cuenta con trabajo estable, se ordenará girar oficio a la fuente laboral, a efecto de que a partir del siguiente día hábil al de la diligencia de requerimiento, se le comience a descontar al deudor la cantidad fijada como pensión provisional. Contra la resolución en que se otorguen los alimentos provisionales, no habrá recurso alguno y contra la que los deniegue procederá el de apelación en ambos efectos. Si el actor demanda alimentos caídos, estos serán materia de la sentencia definitiva." De los citados artículos se obtiene que la obligación alimentaria debe ser proporcional en cuanto a la posibilidad que tiene quien debe otorgarlos y la necesidad de quien los recibe; además, que el juez emitirá la resolución en relación con los alimentos provisionales, basándose únicamente en la información que bajo protesta de decir verdad fue proporcionada en la demanda y relativa a la posibilidad económica del deudor y al nivel de vida del mismo; y, que la urgencia y necesidad se presumirá la urgencia y necesidad de recibir alimentos con la simple solicitud del interesado. De lo anterior se concluye que las cuestiones alimentarias de naturaleza provisional, serán establecidas conforme a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad exponga la parte actora, sin audiencia de su contraparte demandada (deudor alimentario), es decir, que el legislador, en presencia del cumplimiento de dos derechos del orden público: el derecho de audiencia y el de percibir alimentos inmediatamente, da preferencia momentánea a este sobre aquel, cuestión que redunda en que el órgano jurisdiccional sólo puede tomar en consideración la información que presenta el acreedor alimentista, sin que tal proceder implique transgresión a los principios de congruencia y exhaustividad que debe satisfacer toda resolución judicial. Ahora, de la resolución reclamada se advierte que la responsable a fin de fijar una pensión provisional alimenticia a cargo de la quejosa a favor de ****, indicó que es obligación de los cónyuges darse alimentos de conformidad con el artículo 433 del código sustantivo para la entidad, y si solo uno tuviere posibilidad únicamente él cumplirá con la obligación, de acuerdo con el numeral 444 de la legislación aludida; por lo que concluyó que existe la presunción legal de la urgencia y necesidad de la medida solicitada respecto de la parte actora, aunado a que ésta manifestó bajo protesta de decir verdad que se encuentra desempleado y no percibe lo necesario para subsistir. Luego, en cuanto a la posibilidad económica de la deudora alimentaria (aquí quejosa), señaló que la parte actora manifestó bajo protesta de decir verdad que la demandada tiene un ingreso mensual de $**** toda vez que renta inmuebles; por tanto, estimó procedente fijar provisionalmente la cantidad de **** a cargo de aquélla. Asimismo, en razón de que la cantidad mensual que debe pagar la deudora, se determinó con base en las manifestaciones de decir verdad del acreedor, la responsable apercibió a éste con la imposición de una multa de hasta cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización para el caso de que se demostrara que proporcionó información falsa a efecto de incrementar la pensión alimenticia provisional. Bajo ese contexto, la determinación por parte del juzgador responsable se estima correcta, pues, contrario a lo que aduce la quejosa en sus conceptos de violación, no resultaba necesario que el actor demostrara la necesidad de recibir alimentos, habida cuenta que, como se destacó en párrafos precedentes, para la fijación de alimentos provisionales no es necesaria prueba plena, al tratarse de una medida precautoria, siendo suficiente conforme a su estándar de prueba, que el juez cuente con los datos existentes sobre la capacidad del que debe darlos y las necesidades de quienes habrán de recibirlos y al tratarse de una providencia cautelar, resulta necesaria para conservar la materia del litigio y evitar un daño grave e irreparable con motivo de la tramitación de un juicio. Lo anterior, si tomamos en consideración que el propio artículo 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, establece que las necesidades del deudor y la posibilidad económica posibilidad económica del deudor alimentario deberá de determinarse atendiendo a las manifestaciones que bajo protesta de decir exponga la acreedora alimentaria; por el contrario, su prueba plena, corresponde, en todo caso, a la cuantificación de los alimentos definitivos. Además, por tratarse de alimentos, la medida precautoria cuenta con una alta preeminencia de urgencia y necesidad, para el sano desarrollo y elemental subsistencia. Por lo anterior, se itera que es infundado lo alegado por la quejosa en el sentido de que el juzgador debió contar con medios de prueba que demostraran siquiera presuntivamente su solvencia y capacidad económica, puesto que, como se vio, tratándose de la fijación de alimentos provisionales no es necesario prueba plena del monto de los ingresos de deudor alimentario para determinarlos; sin que se soslaye que la quejosa anexó dos recibos de nómina correspondientes a las dos quincenas del mes de octubre pasado, de los que se observa que percibe la cantidad mensual de $**** y que negó bajo protesta de decir verdad, percibir cantidad alguna por concepto de las rentas que mencionó actor en el ocurso por el que se instó el procedimiento de origen; sin embargo, dichos medios de convicción no estuvieron a la vista de la responsable al emitir el acto reclamado, por lo que en este momento no pueden ser tomados en consideración, pues de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe apreciarse tal como aparezca probado ante la responsable. Además de lo anterior, es importante acotar que los alimentos provisionales, tienen como finalidad resolver momentáneamente respecto de una necesidad urgente, como es la de obtener recursos para sufragar la necesidad alimentaria; por lo que el tipo de pruebas que se exigen para que el juez pueda decretar esa medida girará en torno a dos aspectos: a) su necesidad y urgencia; y, b) la posibilidad de satisfacerla por parte del deudor alimentario. Máxime que a la resolución reclamada no le reviste el carácter de definitiva y la quejosa tiene a su alcance los medios legales para allegar pruebas a fin de que en el momento en que se resuelva en definitiva sobre los alimentos, se tomen en consideración, o bien, a fin de modificar la cantidad de la condena mediante el incidente que para tal efecto la ley prevé. Es decir, los alimentos provisionales constituyen una medida cautelar que por su naturaleza accesoria y sumaria, cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, los cuales constituyen un instrumento de interés público que busca restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que no constituye un acto privativo, y consecuentemente, no rige la garantía de previa audiencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia 6 " También sustenta lo anterior el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Tercer Circuito, de rubro y texto siguientes: "ALIMENTOS PROVISIONALES. AL TRATARSE DE UNA MEDIDA PRECAUTORIA, LA URGENCIA Y NECESIDAD DE AQUÉLLOS NO REQUIEREN PRUEBA PLENA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). El artículo 694 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco regula, entre otras cuestiones, la fijación de los alimentos que han de otorgarse en forma provisional, para lo cual estatuye que en caso de que hubiese necesidad de fijar y asegurar una pensión por concepto de alimentos provisionales, el Juez, sin correr traslado a la contraparte, verificará que el demandante acredite, la urgencia y necesidad de dicha medida y que justifique, cuando menos, la posibilidad del que debe darlos. Luego, es evidente que esas diligencias provisionales tienen como finalidad resolver momentáneamente respecto de una necesidad urgente, como es la de obtener recursos para sufragar la necesidad alimentaria; por lo que el tipo de pruebas que se exigen para que el Juez pueda decretar esa medida girará en torno a dos aspectos: a) su necesidad y urgencia; y, b) la posibilidad de satisfacerla por parte del deudor alimentario. Así, la prueba relativa a la posibilidad económica del deudor alimentario debe dar idea al juzgador sobre el alcance económico de quien ha de pagar esa prestación, y la relativa a la necesidad y urgencia de la medida también debe ser suficiente para demostrar el estado de necesidad de los alimentos y de la urgencia de recibirlos, puesto que se trata de una medida provisional, y todavía está por tramitarse el juicio en donde habrán de probarse plenamente esos dos aspectos para fijar una pensión alimenticia definitiva; de ahí que es ilegal exigir una prueba plena, de carácter indubitable, porque entonces dejaría de tener justificación el juicio que se llevará para debatir sobre el derecho, necesidad de percibirlos y capacidad para pagar los alimentos en definitiva. Por tanto, es en el juicio en donde deben quedar plenamente probadas esa necesidad y esa urgencia, y en la medida precautoria deberá desahogarse prueba que racionalmente convenza al juzgador de la necesidad de percibir alimentos, de su urgencia y de la capacidad económica del deudor alimentario7 ." De ahí que devienen infundados los conceptos de violación en los que se expone que sin haber sido oída ni vencida se fijó la pensión provisional alimenticia, sin que además el tercero interesado acreditara plenamente la necesidad de recibir alimentos que dijo tener ni la capacidad económica de la acreedora, pues afirma que le es imposible sufragar la cantidad que fue decretada por ese concepto; ya que como quedó expuesto, la medida de alimentos provisionales se rige sin la garantía de audiencia, dada su propia naturaleza, y basta que el acreedor manifieste bajo protesta de decir verdad que tiene la necesidad de recibir alimentos y de cuente de la situación económica del deudor, lo que en la especie sí aconteció. Sin que sea inadvierta que la responsable omitió hacer referencia a que los hijos producto del matrimonio de los contendientes en el juicio natural se encuentran bajo la manutención de la deudora; no obstante, atendiendo a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad del solicitante de los alimentos, se obtiene que la quejosa percibe un ingreso de $****mensuales; mientras que del análisis del acto reclamado se desprende que únicamente se fijó como pensión alimenticia provisional la cantidad de ****, por lo que tal como lo apuntó el juez natural no se considera gravoso, aunado a que a criterio de este juzgado, la quejosa está en aptitud de continuar solventado los gastos de sus hijos, por lo que tampoco se vulnera el interés superior del menor. A mayor abundamiento, respecto del interés superior del menor aludido por la quejosa, debe decirse que aunque dicha institución jurídica constituye un valor jurídico de alta envergadura en el sistema jurídico mexicano, lo cierto es que el cumplimiento de esta prerrogativa infantil no puede llegar al extremo de inobservar otras figuras procesales que son propias del instituto del debido proceso y del derecho a la seguridad jurídica, en este caso, los requisitos que contempla el código adjetivo a efecto de despachar los alimentos provisionales en favor del acreedor alimentario (la sola manifestación bajo protesta de decir verdad de las necesidades del acreedor y de la capacidad del deudor) Es orientadora, en su parte conducente, por identidad jurídica en su contenido y atento al contexto que la conforma, la tesis aislada de rubro y texto: "ALIMENTOS. LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO RECTOR DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR, NO SIGNIFICA QUE DEBA DEJAR DE OTORGARSE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA A SUS DEUDORES ALIMENTARIOS, EN LA CUANTIFICACIÓN DE CANTIDADES DERIVADAS DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA DEFINITIVA. Si bien es cierto que toda contienda judicial en que se vean involucrados los derechos inherentes a los menores, debe resolverse sin desatender el principio básico del interés superior del niño, de conformidad con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, también lo es que tal circunstancia no se traduce en que el Juez deba dejar de conceder a sus deudores alimentarios la oportunidad de ser oídos previamente a establecer el monto líquido a pagar por concepto de pensión alimenticia definitiva, pues ello equivaldría a dejar de cumplir con la garantía de audiencia establecida en los artículos 14 constitucional y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, en cambio, otorgarles la oportunidad de hacer valer lo que corresponda con relación a la liquidación, no significa que se dejen de atender las necesidades del acreedor alimentario, ya que las formalidades esenciales del procedimiento deben observarse dentro de un justo equilibrio que, por un lado, no deje en estado de indefensión a las partes y, por el otro, asegure una resolución pronta y expedita de la controversia; además de que el caso referido actualiza un supuesto distinto del que se configura tratándose de la fijación de la pensión alimenticia provisional, hipótesis en la que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que debe darse preferencia al derecho de percibir alimentos inmediatamente, sobre el derecho a ser escuchado previamente, por tratarse de una medida transitoria, que se aplica durante el procedimiento y, por ello, sólo constituye un acto de molestia y no de privación. Tampoco es obstáculo a lo señalado, lo dispuesto por el artículo 942, primer párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, conforme al cual no se requieren formalidades especiales para acudir ante el Juez de lo Familiar cuando se solicite la declaración, preservación, restitución o constitución de un derecho o se alegue la violación del mismo o el desconocimiento de una obligación, tratándose de alimentos; pues en el caso que nos ocupa, atinente a la liquidación de pensiones alimenticias adeudadas, dicho precepto legal no tiene el alcance de establecer que en materia de alimentos pueda dejar de cumplirse con las garantías de audiencia, legalidad y debido proceso del deudor alimentario pues, de estimarse así, se colocaría a la ley secundaria por encima de las normas constitucionales, en contravención a lo dispuesto por el artículo 133 constitucional. 8 " Igualmente, son infundados los argumentos en los que la quejosa indica que la pensión alimenticia provisional se determinó a través de un trámite diverso al artículo 249 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco; lo anterior, porque aunque el citado numeral contemple lo relativo a las medidas cautelares y que imponga como requisito que el promovente justifique el derecho que le asiste para ello, con prueba documental, y a falta de ésta, con la declaración bajo protesta de dos personas dignas de fe; lo cierto es que la medida de alimentos provisionales se regula expresamente por el artículo 696 del código adjetivo para la entidad, donde se establece que basta la manifestación bajo protesta de decir verdad en relación las necesidades del acreedor y la capacidad económica del deudor, por lo que no aplica lo contemplado en el diverso artículo referido por la parte inconforme. Del mismo modo, resulta infundado el diverso motivo de disenso donde se argumenta que el juez responsable a fin de justificar su decisión apuntó que de acuerdo con el artículo 433 del Código Civil del Estado de Jalisco, los cónyuges deben darse alimentos, pero pasó por alto el hecho de que el actor en su escrito inicial de demanda presentó una propuesta de convenio en el que renunció al pago de alimentos definitivos; entonces al haber fijado una pensión alimenticia, se actuó de una manera incongruente, ya que permitió que existan dos acciones contradictorias. A dicho concepto de violación le reviste tal calificativa, en razón de que el hecho de que la parte actora haya presentado en su escrito inicial de demanda una propuesta de convenio en la que refirió que exentaba a la actora de la obligación de proporcionarle alimentos una vez ejecutoriada la sentencia, es irrelevante, pues lo trascendente es que el actor solicitó de manera expresa una pensión alimenticia, la cual es autónoma e independiente de los alimentos definitivos. Lo anterior, pues la Suprema Corte ha reconocido la autonomía que caracteriza la pensión alimenticia provisional respecto a la definitiva, pues indicó que cada una se dicta en momentos procesales distintos, en vista de información disímbola entre uno y otro estadio; son independientes entre sí, porque la procedencia de la provisional no implica la improcedencia de la definitiva, ni viceversa; el dictado de la definitiva no afecta la situación jurídica generada con motivo de la provisional; no son coexistentes; la provisional subsiste entre tanto no se dicte lo relativo a la definitiva y, la decisión sobre los alimentos definitivos no impide examinar la regularidad de la provisional. Los anteriores razonamientos dieron lugar al siguiente criterio: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. SU DURACIÓN NO PUEDE DESCONTARSE DEL PLAZO PREVISTO PARA LA SUBSISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Del artículo 943 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se advierte que el Juez de lo Familiar tiene la facultad de fijar una pensión alimenticia provisional como medida cautelar a petición del acreedor, sin audiencia del deudor y mediante la información que estime necesaria, con el fin de cubrir necesidades impostergables mientras se resuelve el juicio respectivo. Por su parte, la pensión alimenticia definitiva se otorga al dictarse la sentencia y rige a partir de ese momento y hasta que la obligación alimentaria se extinga o se modifiquen judicialmente sus términos. Ahora, si bien es cierto que el propósito de ambas determinaciones es lograr la manutención y subsistencia del acreedor alimentario, también lo es que las decisiones sobre la pensión alimenticia provisional y, en su caso, la definitiva, se dictan en momentos procesales diversos y son autónomas entre sí, al grado de que una no depende de la otra (tan es así que puede dictarse una pensión provisional y no otorgarse una definitiva, y viceversa); de ahí que nunca pueden regir simultáneamente. Así, ante la imposibilidad de su coexistencia, toda vez que un tipo de pensión alimenticia no puede compensarse con la otra, la duración de la provisional no puede descontarse del plazo previsto para la subsistencia de la obligación alimentaria, toda vez que su dictado responde a lógicas diversas, diferenciándose no sólo en su naturaleza jurídica y la etapa en la que rige cada una, sino además, en la composición de sus elementos."9 En ese sentido, si los alimentos provisionales y definitivos son autónomos, la circunstancia de que el actor haya exentado a la demandada de otorgarle alimentos una vez que causara ejecutoria la sentencia, no se contrapone a los alimentos que de manera provisional se fijaron a cargo de la hoy quejosa. Por lo tanto, el auto reclamado no carece de fundamentación y motivación ni se encuentra indebidamente fundado, ya que como se evidenció en la presente resolución, señaló los preceptos aplicables al caso y expuso los motivos que la llevaron a decretar la pensión alimenticia provisional solicitada; razonamientos con los que, como se vio, comulga este órgano de control constitucional. En esas condiciones, ante lo infundados de los conceptos de violación, no se demuestra que la resolución combatida vulnere en perjuicio de la quejosa sus derechos fundamentales, por lo que se impone negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. La negativa del amparo es extensiva a los actos de ejecución atribuidos al secretario de acuerdos, puesto que no se reclamaron por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 a 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio, respecto del auto de siete de octubre de dos mil veintiuno emitido en el juicio ****por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil en Tequila, Jalisco, por los razonamientos expuestos en el penúltimo considerando de la presente sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ****, contra el auto de nueve de agosto de dos mil veintiuno emitido en el juicio **** y su ejecución, atribuidos al juez y secretario de acuerdos del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil en Tequila, Jalisco, por los razonamientos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente.
- Principal
CITATORIO.- POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA **** LA RESOLUCIÓN DE VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, TODA VEZ QUE NO OCURRIÓ A ESTE JUZGADO DE DISTRITO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DE LA MISMA, NO OBSTANTE, EL CITATORIO DEJADO EN SU DOMICILIO EL TREINTA DE JUNIO SIGUIENTE, LA RESOLUCIÓN EN CITA SEÑALA: VISTOS, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo 2239/2021; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diez de noviembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, turnado el dieciocho siguiente a este Juzgado Decimoquinto, **** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y el acto que se precisan a continuación: AUTORIDADES RESPONSABLES: NO. DE ORDEN AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO DEL INFORME PROMOCIÓN 1 JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL VIGÉSIMO SEGUNDO PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, CON RESIDENCIA EN TEQUILA CIERTO 21333 2 SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL VIGÉSIMO SEGUNDO PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, CON RESIDENCIA EN TEQUILA CIERTO 21333 3 SECRETARIO EJECUTOR DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL VIGÉSIMO SEGUNDO PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, CON RESIDENCIA EN TEQUILA INEXISTENTE Auto de 22 de abril de 2022 ACTO RECLAMADO: " [ . ] El auto de fecha 09 de agosto de 2021, en donde la responsable de manera ilegal ordena el pago de alimentos provisionales en favor de **** , por la cantidad de $3,000.00 tres mil pesos mensuales [ . ] " Acto que estimó violatorio de los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se ordenó registrar la demanda bajo el número 2239/2021 y se formuló prevención a la quejosa; una vez cumplido dicho requerimiento, por auto de uno de diciembre de dos mil veintiuno se admitió a trámite la demanda; fue solicitado a las autoridades responsables su informe justificado; asimismo, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le confiere la ley para el efecto de que formulara los alegatos que a su representación corresponde; se emplazó a juicio al tercero interesado ***. Asimismo, por auto de once de abril de dos mil veintidós se tuvo por inexistente a la autoridad que la quejosa señaló como secretario ejecutor adscrito al Juzgado de Primera Instancia del Vigésimo Segundo Partido Judicial del Estado de Jalisco, con residencia en Tequila. Finalmente, fue señalada fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, tiene competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo, con fundamento en los numerales 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse omisión carente de ejecución atribuida a una autoridad distinta de la judicial y haber prevenido este Juzgado Federal en el conocimiento del presente asunto. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como cuestión inicial es menester precisar los actos reclamados en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Del examen integral de la demanda y del escrito aclaratorio, se obtiene que los actos reclamados consisten en: 1. El auto de nueve de agosto de dos mil veintiuno emitido en el juicio ***, en el que se fijó una pensión alimenticia provisional de manera mensual por la cantidad de $ **** ( **** pesos moneda nacional), a favor del aquí tercero interesado ****; y su ejecución. 2. El auto de siete de octubre de dos mil veintiuno, donde se tuvo al tercero interesado ampliando su demanda . TERCERO. Verificación de certeza del acto reclamado. Actos ciertos. Las autoridades responsables Juez y Secretaria de Acuerdos del Juzgado Civil de Primera Instancia del Vigésimo Segundo Partido Judicial en el Estado de Jalisco, con sede en Tequila, al rendir su informe con justificación, lo aceptaron; lo que se corrobora con las constancias que anexaron relativas al juicio ****, que por su carácter de documentales públicas adquieren el valor probatorio pleno a que se refieren los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes relevantes del caso. 1. *** demandó en la vía ordinaria civil a ****, las prestaciones relativas a la disolución del vínculo matrimonial, la disolución y liquidación de la sociedad legal conformada, la convivencia provisional con sus menores hijas, la convivencia definitiva con dichas infantes, los alimentos provisionales durante la vigencia del procedimiento y hasta en tanto se resolviera la liquidación de la sociedad legal, así como el pago de gastos y costas. 2. Por auto de nueve de agosto de dos mil veintidós se admitió la demanda presentada, se ordenó el emplazamiento de la demandada, se fijaron los alimentos provisionales a cargo de la demandada en favor del actor por la cantidad de $ *** ( **** pesos moneda nacional) y se ordenó llevar a cabo el requerimiento de pago a la demandada. 3. Posteriormente, *** amplió su demanda inicial a fin de reclamar como prestación el pago de alimentos definitivos. 4. Por auto de siete de octubre de dos mil veintiuno, se admitió la ampliación de demanda. 5. El veinte de octubre de dos mil veintiuno se llevó a cabo la diligencia de emplazamiento y requerimiento de pago a la demandada. Hasta aquí los antecedentes que informan la litis constitucional que se decide. Las determinaciones señaladas en los puntos 2 y 4 constituyen los actos reclamados. QUINTO. Estudio sobre la procedencia del juicio de amparo. Causa de inviabilidad materializada. Por lo que hace al auto de siete de octubre de dos mil veintiuno donde se tuvo al tercero interesado ampliando su demanda por el pago de alimentos definitivos, se advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación el 107, fracción V de la ley de la materia, que consignan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [ . ] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [ . ] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [ . ] . " . De la lectura de este último precepto legal, se refiere al juicio de amparo indirecto promovido contra actos judiciales, esto es, a su procedencia contra actos dictados dentro de un procedimiento cuando producen una afectación de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelamos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación de esa naturaleza. En las apuntadas condiciones, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derecho de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, esto es, no afectan la vida, la libertad, la propiedad. Ahora, sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, debe señalarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que son aquellos actos dictados dentro del juicio que afectan de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y no los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Así se desprende de la tesis de jurisprudencia siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Lo anterior significa que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, las meras violaciones procesales no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de la agraviada. Luego, el prototipo de los primeros (actos irreparables) está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que estos constituyen especies de los que la ley fundamental preserva al gobernado como géneros, citándose a guisa de ejemplo, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordena la intercepción de la correspondencia de alguna de las partes en las oficinas de correos, el que se conmina a una parte a que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, pues en los primeros casos se puede afectar la propiedad y posesión, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo y en el séptimo la de tránsito; afectaciones éstas que no podrían repararse en ninguna actuación posterior del juicio. En tanto que el supuesto de los segundos (actos reparables) se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Esto es, en el supuesto de que la parte quejosa obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio de origen, los efectos de la violación procesal de que se duele desaparecerían, y sólo trascenderán en el caso de que la sentencia fuese contraria, afectando de esta manera sus derechos sustantivos, y en ese momento será cuando la violación de que se duelen deberán de combatirla mediante el juicio de amparo directo. En el caso, el acto reclamado lo constituye el auto de siete de octubre de dos mil veintiuno en el que la autoridad responsable tuvo al tercero interesado ampliando su demanda respecto del pago de alimentos definitivos; empero, con dicha decisión sólo se pueden afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues es evidente que los efectos de la determinación reclamada no se traducen al exterior del procedimiento en el que se dictó, sino que únicamente implica que se continúe el juicio por sus etapas ante el juez de origen, respecto de nuevas prestaciones reclamadas, hasta el dictado de la sentencia dentro de la cual la quejosa podría obtener un resultado favorable a sus intereses, pues puede ser que se le absuelva del pago de los alimentos definitivos solicitados en la ampliación, con lo que quedará subsana la posible violación a sus derechos fundamentales o, en caso contrario, tendría oportunidad de hacer valer la violación de la que ahora se duele en el juicio de amparo directo, si se toma en cuenta, que tal resolución entraña una violación a las leyes del procedimiento, conforme a lo previsto en el artículo 172 fracción XII de la Ley de Amparo. En tales condiciones, se reitera que, al no ser un acto -el reclamado- que afecte materialmente derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para poder ser impugnado, de inmediato, a través del juicio de amparo indirecto. Es aplicable a lo anterior, por analogía, la tesis aislada: "DEMANDA LABORAL. EL AUTO QUE LA ADMITE NO ES UN ACTO INTRAPROCESAL DE IMPOSIBLE REPARACIÓN NI CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AFECTE AL QUEJOSO. El auto que admite una demanda laboral y sus consecuencias no son actos de procedimiento que dejen sin defensa al quejoso, ni que le causen un perjuicio irreparable, pues si emanan de un procedimiento seguido en forma de juicio, como los desarrollados ante la autoridad en materia de trabajo, el amparo en que se impugnen sólo puede promoverse contra la resolución definitiva, por violaciones cometidas en ella, o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le concede; así es que el amparo promovido contra dicho auto es improcedente y debe sobreseerse, pues únicamente produce el efecto de someter a las partes a un procedimiento jurisdiccional, donde tendrán la oportunidad de contestar la demanda, ofrecer pruebas y alegar; de ahí que los vicios que pudiera llegar a tener dicha admisión pueden no trascender a la esfera jurídica del quejoso ." Por lo expuesto, se impone sobreseer en el juicio respecto al acto reclamado indicado en el punto 2, consistente en el auto de siete de octubre de dos mil veintiuno, en el que se admitió la ampliación de demanda en el juicio de origen. SEXTO. Estudio de fondo. Al no existir causas de improcedencia que hagan valer las partes o se advierta de oficio, se emprende el examen del fondo de la controversia planteada a la luz de los conceptos de violación, por lo que hace al acto reclamado destacado en el punto 1, que consiste en el auto de nueve de agosto de dos mil veintiuno, en el que se decretó una pensión alimenticia provisional a favor del tercero interesado ****. La quejosa señala esencialmente que se transgredieron en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales, que contemplan las garantías de seguridad y legalidad jurídica, porque de manera arbitraria sin haber sido oída y vencida, se fijó el pago de una pensión alimenticia provisional exorbitante, tomando en consideración las manifestaciones bajo protesta de decir verdad del ahora tercero interesado en el sentido de que necesita los alimentos, sin que hubiese exhibido prueba alguna a fin de acreditar tal necesidad, siendo el cónyuge varón. Agrega que la pensión alimenticia provisional se determinó a través de un trámite no previsto por la ley, lo que tuvo que realizarse de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 249 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco. Asimismo, la peticionaria sostiene que el auto reclamado está indebidamente fundado y motivado, dado que el responsable a fin de justificar su decisión apuntó que de acuerdo con el artículo 433 del Código Civil del Estado de Jalisco, los cónyuges deben darse alimentos, pero pasó por alto el hecho de que el actor en su escrito inicial de demanda presentó una propuesta de convenio en el que renunció al pago de alimentos definitivos; entonces al haber fijado una pensión alimenticia, se actuó de una manera incongruente, ya que permitió que existan dos acciones contradictorias. Finalmente, la promovente expone que fue legalmente incorrecto que la responsable fijara la cantidad de $ *** ( *** pesos moneda nacional) mensuales como pensión alimenticia a favor del actor, toda vez que le es materialmente imposible cubrir esa cantidad virtud a que sus ingresos no se lo permiten, en la medida que percibe como cantidad bruta $ * ** ( *** moneda nacional) quincenalmente, y además tiene la obligación de mantener a sus cuatro hijos, de los cuales dos son menores de edad; de ahí que el auto reclamado también vulnera el interés superior del menor. Tales conceptos de violación resultan infundados. Los artículos 14 y 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente, disponen: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho. Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Así, para que se cumpla el imperativo constitucional de la fundamentación y motivación, los actos de la autoridad deben cumplir los siguientes requisitos: 1. Expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso (fundamentación). 2. Señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto (motivación). 3. Existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables (relación entre la fundamentación y la motivación). En ese sentido, el derecho fundamental a que aluden los artículos 14 y 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se erige como un elemento esencial, que obliga a que todo acto de autoridad que se dirija a los gobernados esté debidamente fundado y motivado. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Ahora bien, el más alto Tribunal de Justicia del País ha definido al derecho de alimentos como la facultad jurídica que tiene una persona denominada acreedor alimentista para exigir a otra, deudor alimentario, lo necesario para vivir como consecuencia del parentesco consanguíneo, del matrimonio, del divorcio y, en determinados casos, del concubinato; por lo que los alimentos se hacen consistir en proporcionar la asistencia debida para el adecuado sustento de una o varias personas por disposición imperativa de la ley, caracterizándose esta obligatoriedad legal por ser recíproca. La obligación legal de proporcionar los alimentos descansa en el vínculo de solidaridad que enlaza a todos los miembros de una familia y en la comunión de intereses, pues su causa obedece a que las personas pertenecientes a un mismo grupo se deben recíproca asistencia; que la obligación alimenticia proviene o tiene su origen en un deber ético, el cual, con posterioridad, fue acogido por el derecho y se eleva a la categoría de una obligación jurídica provista de sanción, la cual tiene como propósito fundamental proporcionar al familiar caído en desgracia lo suficiente y necesario para su manutención o subsistencia; debiendo entenderse este deber en su connotación más amplia, esto es, el de asegurar al acreedor alimentista los medios de vida suficientes cuando éste carezca de la forma de obtenerlos y se encuentre en la imposibilidad real de procurárselos. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en reiteradas ocasiones, ha considerado a los alimentos como de interés social y orden público. Por su parte, los legisladores ordinarios regularon a los alimentos de una persona como un derecho protegido, incluso, en contra de la voluntad del propio titular, y les otorgó las características de ser personalísimos, irrenunciables, imprescriptibles e intransferibles. Se precisó que en esta obligación alimentaria derivada de la ley, deben imperar los principios de equidad y justicia, por ende, en su fijación se deberá atender a las condiciones reales prevalecientes en ese vínculo familiar de la que surge este derecho de alimentos; así, además se debe atender a estos dos principios fundamentales: estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del obligado, también deberán ser consideradas y evaluadas las circunstancias o características particulares que prevalecen o representa esa relación familiar, como sin duda lo constituyen: el medio social en que se desenvuelven tanto el acreedor como el deudor alimentario, las costumbres y las circunstancias propias en que se desenvuelve cada familia, desde luego, comprendiendo en ésta al cónyuge y demás que resulten beneficiarios conforme lo señala la ley sustantiva aplicable al caso en concreto. Entonces, si los alimentos cumplen una función social y tienen su fundamento en la solidaridad humana, este derecho debe recaer necesariamente en quienes carecen de lo necesario y se encuentran en ese estado de necesidad, y la obligación de otorgarlos sea en quienes tienen la posibilidad económica para satisfacerlos, sea en forma total o parcial. Por ende, una pensión alimenticia no sólo debe circunscribirse a cubrir las necesidades indispensables para la subsistencia del acreedor alimentario, sino también debe comprender lo necesario para que sobreviva y tenga lo suficiente acorde a la situación económica social a la que se encuentra acostumbrado y se desarrolle en la familia de la que forma parte; esto es, que si bien en tal asignación no debe existir procuración de lujos, ni gastos superfluos, tampoco debe ser tan precaria que sólo cubra las necesidades más apremiantes o de subsistencia del acreedor. Así, conforme a las consideraciones preinsertas se puede establecer que el monto de la pensión alimenticia debe atender a diversas circunstancias, específicamente, a las necesidades del acreedor alimentario y a las posibilidades del deudor; entendiendo por las primeras tanto a las indispensables para su subsistencia como todo lo necesario para que sobreviva y tenga lo suficiente acorde a la situación económica social a la que se encuentra acostumbrado (principios de proporcionalidad y equidad), ello, de conformidad a lo establecido por el artículo 439 del Código Civil del Estado de Jalisco. En concordancia con lo anterior, el artículo 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y el diverso 442 del Código Civil de la entidad, disponen lo siguiente: "Artículo 442. Los alimentos han de serán proporcionales a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos" "Artículo 696. Si al promoverse el juicio también se demanda la fijación y aseguramiento de alimentos provisionales, se presumirá la urgencia y necesidad de la medida solicitada. En el auto admisorio y sin correr traslado, el juez: I. Basándose en la información que bajo protesta de decir verdad fue proporcionada en la demanda y relativa a la posibilidad económica del deudor y al nivel de vida del mismo, así como al de los acreedores alimenticios y las necesidades de éstos, y atendiendo a las circunstancias particulares del caso, determinará de inmediato el derecho a la alimentación, fijando la cantidad o el porcentaje que sea suficiente para cubrir las necesidades alimentarias, y que como pensión provisional deberá cubrir el demandado, en tanto se resuelve el asunto en definitiva; II. De igual forma, apercibirá al actor de que en caso de que en autos se llegare a demostrar que buscando incrementar la pensión provisional proporcionó información falsa, se hará acreedor a una multa de hasta 100 cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, sin perjuicio de las sanciones penales que correspondan; y III. Si el demandado cuenta con trabajo estable, se ordenará girar oficio a la fuente laboral, a efecto de que a partir del siguiente día hábil al de la diligencia de requerimiento, se le comience a descontar al deudor la cantidad fijada como pensión provisional. Contra la resolución en que se otorguen los alimentos provisionales, no habrá recurso alguno y contra la que los deniegue procederá el de apelación en ambos efectos. Si el actor demanda alimentos caídos, estos serán materia de la sentencia definitiva." De los citados artículos se obtiene que la obligación alimentaria debe ser proporcional en cuanto a la posibilidad que tiene quien debe otorgarlos y la necesidad de quien los recibe; además, que el juez emitirá la resolución en relación con los alimentos provisionales, basándose únicamente en la información que bajo protesta de decir verdad fue proporcionada en la demanda y relativa a la posibilidad económica del deudor y al nivel de vida del mismo; y, que la urgencia y necesidad se presumirá la urgencia y necesidad de recibir alimentos con la simple solicitud del interesado. De lo anterior se concluye que las cuestiones alimentarias de naturaleza provisional, serán establecidas conforme a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad exponga la parte actora, sin audiencia de su contraparte demandada (deudor alimentario), es decir, que el legislador, en presencia del cumplimiento de dos derechos del orden público: el derecho de audiencia y el de percibir alimentos inmediatamente, da preferencia momentánea a este sobre aquel, cuestión que redunda en que el órgano jurisdiccional sólo puede tomar en consideración la información que presenta el acreedor alimentista, sin que tal proceder implique transgresión a los principios de congruencia y exhaustividad que debe satisfacer toda resolución judicial. Ahora, de la resolución reclamada se advierte que la responsable a fin de fijar una pensión provisional alimenticia a cargo de la quejosa a favor de ****, indicó que es obligación de los cónyuges darse alimentos de conformidad con el artículo 433 del código sustantivo para la entidad, y si solo uno tuviere posibilidad únicamente él cumplirá con la obligación, de acuerdo con el numeral 444 de la legislación aludida; por lo que concluyó que existe la presunción legal de la urgencia y necesidad de la medida solicitada respecto de la parte actora, aunado a que ésta manifestó bajo protesta de decir verdad que se encuentra desempleado y no percibe lo necesario para subsistir. Luego, en cuanto a la posibilidad económica de la deudora alimentaria (aquí quejosa), señaló que la parte actora manifestó bajo protesta de decir verdad que la demandada tiene un ingreso mensual de $*** (*** pesos moneda nacional) toda vez que renta inmuebles; por tanto, estimó procedente fijar provisionalmente la cantidad de $$*** (*** pesos moneda nacional) a cargo de aquélla. Asimismo, en razón de que la cantidad mensual que debe pagar la deudora, se determinó con base en las manifestaciones de decir verdad del acreedor, la responsable apercibió a éste con la imposición de una multa de hasta cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización para el caso de que se demostrara que proporcionó información falsa a efecto de incrementar la pensión alimenticia provisional. Bajo ese contexto, la determinación por parte del juzgador responsable se estima correcta, pues, contrario a lo que aduce la quejosa en sus conceptos de violación, no resultaba necesario que el actor demostrara la necesidad de recibir alimentos, habida cuenta que, como se destacó en párrafos precedentes, para la fijación de alimentos provisionales no es necesaria prueba plena, al tratarse de una medida precautoria, siendo suficiente conforme a su estándar de prueba, que el juez cuente con los datos existentes sobre la capacidad del que debe darlos y las necesidades de quienes habrán de recibirlos y al tratarse de una providencia cautelar, resulta necesaria para conservar la materia del litigio y evitar un daño grave e irreparable con motivo de la tramitación de un juicio. Lo anterior, si tomamos en consideración que el propio artículo 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, establece que las necesidades del deudor y la posibilidad económica posibilidad económica del deudor alimentario deberá de determinarse atendiendo a las manifestaciones que bajo protesta de decir exponga la acreedora alimentaria; por el contrario, su prueba plena, corresponde, en todo caso, a la cuantificación de los alimentos definitivos. Además, por tratarse de alimentos, la medida precautoria cuenta con una alta preeminencia de urgencia y necesidad, para el sano desarrollo y elemental subsistencia. Por lo anterior, se itera que es infundado lo alegado por la quejosa en el sentido de que el juzgador debió contar con medios de prueba que demostraran siquiera presuntivamente su solvencia y capacidad económica, puesto que, como se vio, tratándose de la fijación de alimentos provisionales no es necesario prueba plena del monto de los ingresos de deudor alimentario para determinarlos; sin que se soslaye que la quejosa anexó dos recibos de nómina correspondientes a las dos quincenas del mes de octubre pasado, de los que se observa que percibe la cantidad mensual de $ *** ( **** pesos *** moneda nacional) y que negó bajo protesta de decir verdad, percibir cantidad alguna por concepto de las rentas que mencionó actor en el ocurso por el que se instó el procedimiento de origen; sin embargo, dichos medios de convicción no estuvieron a la vista de la responsable al emitir el acto reclamado, por lo que en este momento no pueden ser tomados en consideración, pues de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe apreciarse tal como aparezca probado ante la responsable. Además de lo anterior, es importante acotar que los alimentos provisionales, tienen como finalidad resolver momentáneamente respecto de una necesidad urgente, como es la de obtener recursos para sufragar la necesidad alimentaria; por lo que el tipo de pruebas que se exigen para que el juez pueda decretar esa medida girará en torno a dos aspectos: a) su necesidad y urgencia; y, b) la posibilidad de satisfacerla por parte del deudor alimentario. Máxime que a la resolución reclamada no le reviste el carácter de definitiva y la quejosa tiene a su alcance los medios legales para allegar pruebas a fin de que en el momento en que se resuelva en definitiva sobre los alimentos, se tomen en consideración, o bien, a fin de modificar la cantidad de la condena mediante el incidente que para tal efecto la ley prevé. Es decir, los alimentos provisionales constituyen una medida cautelar que por su naturaleza accesoria y sumaria, cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, los cuales constituyen un instrumento de interés público que busca restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que no constituye un acto privativo, y consecuentemente, no rige la garantía de previa audiencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia " También sustenta lo anterior el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Tercer Circuito, de rubro y texto siguientes: "ALIMENTOS PROVISIONALES. AL TRATARSE DE UNA MEDIDA PRECAUTORIA, LA URGENCIA Y NECESIDAD DE AQUÉLLOS NO REQUIEREN PRUEBA PLENA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). El artículo 694 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco regula, entre otras cuestiones, la fijación de los alimentos que han de otorgarse en forma provisional, para lo cual estatuye que en caso de que hubiese necesidad de fijar y asegurar una pensión por concepto de alimentos provisionales, el Juez, sin correr traslado a la contraparte, verificará que el demandante acredite, la urgencia y necesidad de dicha medida y que justifique, cuando menos, la posibilidad del que debe darlos. Luego, es evidente que esas diligencias provisionales tienen como finalidad resolver momentáneamente respecto de una necesidad urgente, como es la de obtener recursos para sufragar la necesidad alimentaria; por lo que el tipo de pruebas que se exigen para que el Juez pueda decretar esa medida girará en torno a dos aspectos: a) su necesidad y urgencia; y, b) la posibilidad de satisfacerla por parte del deudor alimentario. Así, la prueba relativa a la posibilidad económica del deudor alimentario debe dar idea al juzgador sobre el alcance económico de quien ha de pagar esa prestación, y la relativa a la necesidad y urgencia de la medida también debe ser suficiente para demostrar el estado de necesidad de los alimentos y de la urgencia de recibirlos, puesto que se trata de una medida provisional, y todavía está por tramitarse el juicio en donde habrán de probarse plenamente esos dos aspectos para fijar una pensión alimenticia definitiva; de ahí que es ilegal exigir una prueba plena, de carácter indubitable, porque entonces dejaría de tener justificación el juicio que se llevará para debatir sobre el derecho, necesidad de percibirlos y capacidad para pagar los alimentos en definitiva. Por tanto, es en el juicio en donde deben quedar plenamente probadas esa necesidad y esa urgencia, y en la medida precautoria deberá desahogarse prueba que racionalmente convenza al juzgador de la necesidad de percibir alimentos, de su urgencia y de la capacidad económica del deudor alimentario ." De ahí que devienen infundados los conceptos de violación en los que se expone que sin haber sido oída ni vencida se fijó la pensión provisional alimenticia, sin que además el tercero interesado acreditara plenamente la necesidad de recibir alimentos que dijo tener ni la capacidad económica de la acreedora, pues afirma que le es imposible sufragar la cantidad que fue decretada por ese concepto; ya que como quedó expuesto, la medida de alimentos provisionales se rige sin la garantía de audiencia, dada su propia naturaleza, y basta que el acreedor manifieste bajo protesta de decir verdad que tiene la necesidad de recibir alimentos y de cuente de la situación económica del deudor, lo que en la especie sí aconteció. Sin que sea inadvierta que la responsable omitió hacer referencia a que los hijos producto del matrimonio de los contendientes en el juicio natural se encuentran bajo la manutención de la deudora; no obstante, atendiendo a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad del solicitante de los alimentos, se obtiene que la quejosa percibe un ingreso de $*** (*** pesos moneda nacional) mensuales; mientras que del análisis del acto reclamado se desprende que únicamente se fijó como pensión alimenticia provisional la cantidad de**** pesos 00/100 moneda nacional), por lo que tal como lo apuntó el juez natural no se considera gravoso, aunado a que a criterio de este juzgado, la quejosa está en aptitud de continuar solventado los gastos de sus hijos, por lo que tampoco se vulnera el interés superior del menor. A mayor abundamiento, respecto del interés superior del menor aludido por la quejosa, debe decirse que aunque dicha institución jurídica constituye un valor jurídico de alta envergadura en el sistema jurídico mexicano, lo cierto es que el cumplimiento de esta prerrogativa infantil no puede llegar al extremo de inobservar otras figuras procesales que son propias del instituto del debido proceso y del derecho a la seguridad jurídica, en este caso, los requisitos que contempla el código adjetivo a efecto de despachar los alimentos provisionales en favor del acreedor alimentario (la sola manifestación bajo protesta de decir verdad de las necesidades del acreedor y de la capacidad del deudor) Es orientadora, en su parte conducente, por identidad jurídica en su contenido y atento al contexto que la conforma, la tesis aislada de rubro y texto: "ALIMENTOS. LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO RECTOR DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR, NO SIGNIFICA QUE DEBA DEJAR DE OTORGARSE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA A SUS DEUDORES ALIMENTARIOS, EN LA CUANTIFICACIÓN DE CANTIDADES DERIVADAS DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA DEFINITIVA. Si bien es cierto que toda contienda judicial en que se vean involucrados los derechos inherentes a los menores, debe resolverse sin desatender el principio básico del interés superior del niño, de conformidad con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, también lo es que tal circunstancia no se traduce en que el Juez deba dejar de conceder a sus deudores alimentarios la oportunidad de ser oídos previamente a establecer el monto líquido a pagar por concepto de pensión alimenticia definitiva, pues ello equivaldría a dejar de cumplir con la garantía de audiencia establecida en los artículos 14 constitucional y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, en cambio, otorgarles la oportunidad de hacer valer lo que corresponda con relación a la liquidación, no significa que se dejen de atender las necesidades del acreedor alimentario, ya que las formalidades esenciales del procedimiento deben observarse dentro de un justo equilibrio que, por un lado, no deje en estado de indefensión a las partes y, por el otro, asegure una resolución pronta y expedita de la controversia; además de que el caso referido actualiza un supuesto distinto del que se configura tratándose de la fijación de la pensión alimenticia provisional, hipótesis en la que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que debe darse preferencia al derecho de percibir alimentos inmediatamente, sobre el derecho a ser escuchado previamente, por tratarse de una medida transitoria, que se aplica durante el procedimiento y, por ello, sólo constituye un acto de molestia y no de privación. Tampoco es obstáculo a lo señalado, lo dispuesto por el artículo 942, primer párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, conforme al cual no se requieren formalidades especiales para acudir ante el Juez de lo Familiar cuando se solicite la declaración, preservación, restitución o constitución de un derecho o se alegue la violación del mismo o el desconocimiento de una obligación, tratándose de alimentos; pues en el caso que nos ocupa, atinente a la liquidación de pensiones alimenticias adeudadas, dicho precepto legal no tiene el alcance de establecer que en materia de alimentos pueda dejar de cumplirse con las garantías de audiencia, legalidad y debido proceso del deudor alimentario pues, de estimarse así, se colocaría a la ley secundaria por encima de las normas constitucionales, en contravención a lo dispuesto por el artículo 133 constitucional. " Igualmente, son infundados los argumentos en los que la quejosa indica que la pensión alimenticia provisional se determinó a través de un trámite diverso al artículo 249 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco; lo anterior, porque aunque el citado numeral contemple lo relativo a las medidas cautelares y que imponga como requisito que el promovente justifique el derecho que le asiste para ello, con prueba documental, y a falta de ésta, con la declaración bajo protesta de dos personas dignas de fe; lo cierto es que la medida de alimentos provisionales se regula expresamente por el artículo 696 del código adjetivo para la entidad, donde se establece que basta la manifestación bajo protesta de decir verdad en relación las necesidades del acreedor y la capacidad económica del deudor, por lo que no aplica lo contemplado en el diverso artículo referido por la parte inconforme. Del mismo modo, resulta infundado el diverso motivo de disenso donde se argumenta que el juez responsable a fin de justificar su decisión apuntó que de acuerdo con el artículo 433 del Código Civil del Estado de Jalisco, los cónyuges deben darse alimentos, pero pasó por alto el hecho de que el actor en su escrito inicial de demanda presentó una propuesta de convenio en el que renunció al pago de alimentos definitivos; entonces al haber fijado una pensión alimenticia, se actuó de una manera incongruente, ya que permitió que existan dos acciones contradictorias. A dicho concepto de violación le reviste tal calificativa, en razón de que el hecho de que la parte actora haya presentado en su escrito inicial de demanda una propuesta de convenio en la que refirió que exentaba a la actora de la obligación de proporcionarle alimentos una vez ejecutoriada la sentencia, es irrelevante, pues lo trascendente es que el actor solicitó de manera expresa una pensión alimenticia, la cual es autónoma e independiente de los alimentos definitivos. Lo anterior, pues la Suprema Corte ha reconocido la autonomía que caracteriza la pensión alimenticia provisional respecto a la definitiva, pues indicó que cada una se dicta en momentos procesales distintos, en vista de información disímbola entre uno y otro estadio; son independientes entre sí, porque la procedencia de la provisional no implica la improcedencia de la definitiva, ni viceversa; el dictado de la definitiva no afecta la situación jurídica generada con motivo de la provisional; no son coexistentes; la provisional subsiste entre tanto no se dicte lo relativo a la definitiva y, la decisión sobre los alimentos definitivos no impide examinar la regularidad de la provisional. Los anteriores razonamientos dieron lugar al siguiente criterio: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. SU DURACIÓN NO PUEDE DESCONTARSE DEL PLAZO PREVISTO PARA LA SUBSISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Del artículo 943 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se advierte que el Juez de lo Familiar tiene la facultad de fijar una pensión alimenticia provisional como medida cautelar a petición del acreedor, sin audiencia del deudor y mediante la información que estime necesaria, con el fin de cubrir necesidades impostergables mientras se resuelve el juicio respectivo. Por su parte, la pensión alimenticia definitiva se otorga al dictarse la sentencia y rige a partir de ese momento y hasta que la obligación alimentaria se extinga o se modifiquen judicialmente sus términos. Ahora, si bien es cierto que el propósito de ambas determinaciones es lograr la manutención y subsistencia del acreedor alimentario, también lo es que las decisiones sobre la pensión alimenticia provisional y, en su caso, la definitiva, se dictan en momentos procesales diversos y son autónomas entre sí, al grado de que una no depende de la otra (tan es así que puede dictarse una pensión provisional y no otorgarse una definitiva, y viceversa); de ahí que nunca pueden regir simultáneamente. Así, ante la imposibilidad de su coexistencia, toda vez que un tipo de pensión alimenticia no puede compensarse con la otra, la duración de la provisional no puede descontarse del plazo previsto para la subsistencia de la obligación alimentaria, toda vez que su dictado responde a lógicas diversas, diferenciándose no sólo en su naturaleza jurídica y la etapa en la que rige cada una, sino además, en la composición de sus elementos." En ese sentido, si los alimentos provisionales y definitivos son autónomos, la circunstancia de que el actor haya exentado a la demandada de otorgarle alimentos una vez que causara ejecutoria la sentencia, no se contrapone a los alimentos que de manera provisional se fijaron a cargo de la hoy quejosa. Por lo tanto, el auto reclamado no carece de fundamentación y motivación ni se encuentra indebidamente fundado, ya que como se evidenció en la presente resolución, señaló los preceptos aplicables al caso y expuso los motivos que la llevaron a decretar la pensión alimenticia provisional solicitada; razonamientos con los que, como se vio, comulga este órgano de control constitucional. En esas condiciones, ante lo infundados de los conceptos de violación, no se demuestra que la resolución combatida vulnere en perjuicio de la quejosa sus derechos fundamentales, por lo que se impone negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. La negativa del amparo es extensiva a los actos de ejecución atribuidos al secretario de acuerdos, puesto que no se reclamaron por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 a 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio, respecto del auto de siete de octubre de dos mil veintiuno emitido en el juicio *** expuestos en el penúltimo considerando de la presente sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ***, contra el auto de nueve de agosto de dos mil veintiuno emitido en el juicio **** y su ejecución, atribuidos al juez y secretario de acuerdos del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil en Tequila, Jalisco, por los razonamientos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente.
Quedan 18 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 12,120 expedientes
- Linet Liliana Solano Castro1409/2023
- Lineth Concepción Estarda Ramírez585/2022
- Lis Lizardi Cortes122/2021
- Lisa Mariela Renteria Bosques475/2020
- Livier Alejandra Pérez de la Torre1294/2017
- Livier Alejandra Pérez de la Torre294/2019
- Livier Pérez Contreras1683/2022
- Livier Wendoline Ramirez Ramirez1939/2022
- Lizbeth Ayerim de la Mora Hernández84/2021
- Lizbeth Ayerim de la Mora Hernández1198/2019
- Lizbeth Ayerim de la Mora Hernandez355/2022
- Lizbeth Berenice Bustos González2104/2021