Liudmila Caballero Guzmán
Expediente 1022/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1022/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Liudmila Caballero Guzmán
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Archivo del expediente Con fundamento en los artículos 1, 8, fracción I, 9, 12, 14, 20, fracción IV, y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, -que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales-, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, en vigor, al día siguiente, archívese este asunto como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del precitado Acuerdo. Destrucción del expediente Este expediente, resulta DESTRUIBLE porque se desechó la demanda origen de este juicio de amparo, por lo que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez transcurrido dicho plazo, contado a partir de la fecha en que se dictó este acuerdo, procédase a su destrucción. Anotaciones en la carátula y libro En términos del artículo 34 del citado Acuerdo, indíquese en la carátula la referida valoración, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico. Finalmente, devuélvase al Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, un cuaderno de pruebas que remitió en su momento al Tribunal de Alzada en apoyo a su informe justificado. Notifíquese.
- Principal
Número de expediente: 1022/2023 Acuerdo: SECCIÓN II. MESA III-B. PRAL. 1022/2023 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Recepción de autos y registro del expediente Visto el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, por el que remite el juicio de amparo ****/2023, de su índice y un cuaderno de pruebas, que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, así como un cuadernillo compuesto de cinco copias de la demanda; formado con motivo de la demanda promovida por *****; toda vez que ese órgano colegiado declaró carecer de competencia legal para conocer de la aludida demanda. En consecuencia, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia declinada, por lo que este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del asunto; en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1022/2023. Se hace del conocimiento. Hágase lo anterior del conocimiento al tribunal de alzada, para los efectos legales correspondientes. Acúsese de recibo. Desechamiento En principio, conviene señalar que de la lectura integral de la demanda se advierte que de las autoridades responsables Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, la parte quejosa reclama lo siguiente: El auto emitido en el juicio ejecutivo mercantil ****/2010 de fecha veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, en el cual da cuenta con un escrito de **** recibido el diecisiete de agosto de este año, al que anexó copias de la ejecutoria de amparo de fecha diecinueve de junio de dos mil veintitrés y ordenó girar oficio a la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca para que reactive las retenciones al salario de la trabajadora ***** el cual fue suspendido mediante oficio *****/2023 de once de mayo de dos mil veintitrés, toda vez que ya causó ejecutoria el juicio de amparo ***/2023 el cual fue sobreseído al ser un acto consentido; asimismo se le requiere para que exhiba los comprobantes en los que conste que se han realizado dichas transferencias al fondo para la administración de justicia, e indica que dicho acto no se encuentra fundado ni motivado. Contra ese reclamo, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, es pertinente examinar si existe alguna causa de improcedencia que, por ser manifiesta e indudable, haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito, establece que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; lo que es así porque en atención al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el ordinal 17 de la Constitución Federal, no es factible dar trámite a las demandas de amparo notoriamente improcedentes para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultarán indudablemente improcedentes. Así, la norma transcrita impone al Juez de Distrito la obligación de estudiar el libelo de amparo y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia desecharla de plano, para lo cual en principio deben tomarse en consideración únicamente los hechos y las circunstancias narrados en el propio ocurso y en los anexos que se acompañen. Precisa destacar que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y la plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento relativo no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o porque estén acreditados con datos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran aportar o hacer valer en el procedimiento sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su cotenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. El proceder anterior tiene como base lo previsto por el artículo 17 constitucional que consagra el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción e impone como deber a los órganos jurisdiccionales de salvaguardar esa prerrogativa de manera pronta y expedita, dado que no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre será improcedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse la improcedencia de una cuestión de orden público debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar qué supuestos legales que regulan a esa institución jurídica se actualizan en el presente sumario. Bajo la premisa contenida en el artículo anterior, es pertinente examinar si en la especie existe alguna causal de improcedencia, que por ser manifiesta e indudable, permita de plano su desechamiento. Expuesto lo anterior, a consideración de quien aquí resuelve, se estima que procede desechar de plano la demanda de amparo respecto del citado acto reclamado, en términos de lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, toda vez que se advierte que se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, mismos que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" La interpretación de los citados artículos, lleva a concluir que el juicio constitucional es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la propia Constitución o de la Ley; así, para el caso del párrafo segundo, se desprenden dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, a saber: 1) actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución y tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación; y, 2) actos en ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, debe precisarse que son aquellos que cuentan con autonomía propia y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución del procedimiento respectivo (definida como la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente), por ser en ésta en la que se materializará el agravio. En efecto, en ambos párrafos de la disposición 107, fracción IV, apuntada, el legislador dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. En apoyo a lo anterior se invoca, la jurisprudencia P./J. 32/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Abril de 2001, página 31, registro 190035, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional lo hace consistir en el auto emitido en el juicio ejecutivo mercantil ****/2010 el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, en el cual da cuenta con un escrito de Franco San Pedro Jesús Ángel, recibido el diecisiete de agosto de este año, al que anexó copias de la ejecutoria de amparo de fecha diecinueve de junio de dos mil veintitrés y ordenó girar oficio a la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca para que reactive las retenciones al salario de la trabajadora ***** el cual fue suspendido mediante oficio ****/2023 de once de mayo de dos mil veintitrés, toda vez que ya causó ejecutoria el juicio de amparo ****/2023 el cual fue sobreseído al ser un acto consentido; asimismo se le requiere para que exhiba los comprobantes en los que conste que se han realizado dichas transferencias al fondo para la administración de justicia. En esa tesitura, de las constancias que integran el expediente de origen se aprecia: I.- Jesús Ángel Franco San Pedro, promovió la demanda, en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria, contra ***** la cual se radicó por auto de cinco de agosto de dos mil diez. II.- Por auto de seis de enero de dos mil doce, se tuvo a la demandada dando contestación al libelo instaurado en su contra. III.- Seguida la secuela procesal, el seis de marzo de dos mil trece, se dictó la sentencia correspondiente en la que se condenó a la demandada a pagar a la parte actora la cantidad de veinticinco mil pesos, moneda nacional por concepto de suerte principal; intereses moratorios a razón del quince por ciento mensual sobre la suerte principal adeudada desde el treinta y uno de octubre de dos mil diez, día siguiente a la fecha de vencimiento del documento base de la acción más los que se sigan produciendo hasta la total liquidación del adeudo, y gastos y costas del juicio. IV.- Por auto de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, se comisionó al actuario de la adscripción para que se constituyera en el domicilio de la demandada y le requiriera de pago por la cantidad de cuatrocientos treinta y nueve mil trescientos setenta y cinco pesos, moneda nacional y en caso de no realizarlo le embargara bienes suficientes que alcancen a cubrir dichas cantidades. V.- La diligencia de embargo tuvo verificativo el trece de julio de dos mil veintiuno; y al no haber hecho el pago correspondiente de la cantidad a que fue condenada, la parte actora solicitó se le embargara el treinta por ciento del excedente de su salario que tiene como empleada del Gobierno del Estado de Oaxaca. VI.- Por auto de tres de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo a LIUDMILA CABALLERO GUZMÁN, promoviendo incidente de nulidad de actuaciones en contra de la notificación efectuada el trece de julio de la pasada anualidad. VII.- El seis de junio de dos mil veintidós, se resolvió el incidente de nulidad de actuaciones, declarándose improcedente el mismo. VIII.- Por auto de doce de julio de dos mil veintidós, se ordenó girar oficio al Secretario de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca, para que hiciera las gestiones necesarias a fin de realizar el descuento del treinta por ciento de la totalidad del excedente del salario mínimo de la demandada que percibe como jubilada, hasta cubrir el monto de la cantidad condenada. IX.- Mediante acuerdo de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, se precisó que en diverso auto de doce de julio de dos mil veintidós, se señaló por error que la demandada era trabajadora jubilada, por lo que se hizo la aclaración que es trabajadora activa del Gobierno del Estado de Oaxaca, y se ordenó dar cumplimiento al auto de doce de julio de dos mil veintidós. X.- Por determinación de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo a la parte actora realizando manifestaciones; asimismo, se ordenó al encargado de la mesa de cumplir girara el oficio pendiente al Secretario de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca. XI.- Inconforme con esa determinación la ahora quejosa promovió juicio de amparo el cual quedó radicado bajo el número de expediente *****/2023 de la estadística propia, asunto en el que el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, se sobreseyó en el juicio, estableciendo medularmente lo siguiente: Establecido lo anterior, es menester precisar que del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama el acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, emitido dentro del juicio ejecutivo mercantil ****/2010 del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, mediante el cual se tuvo a la parte actora realizando manifestaciones; asimismo, se ordenó al encargado de la mesa de cumplir girara el oficio pendiente al Secretario de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca. Determinación que considera le causa perjuicio en virtud de que precisa que no se encuentra fundado ni motivado. No obstante, de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil 567/2010 del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del distrito Judicial del Centro, detalladas en líneas precedentes se aprecia que por auto de doce de julio de dos mil veintidós, se ordenó girar oficio al Secretario de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca, para que hiciera las gestiones necesarias a fin de realizar el descuento del treinta por ciento de la totalidad del excedente del salario mínimo de la demandada, hasta cubrir el monto de la cantidad condenada. Determinación de la que la parte actora, aquí quejosa, quedó notificada el veintidós de agosto de dos mil veintidós, sin que hubiere sido combatido mediante el juicio de amparo o algún otro medio de defensa legal. En razón de ello, si la parte quejosa no combatió a través del juicio de amparo el acuerdo de doce de julio de dos mil veintidós, en donde se ordenó realizar el descuentos del treinta por ciento de la totalidad del excedente del salario mínimo de la demandada, hasta cubrir el monto de la cantidad a que fue condenada; es inconcuso que tal resolución adquirió firmeza al ser consentida tácitamente. Por tanto, si mediante el proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, el Juez responsable ordena enviar el oficio pendiente al Secretario de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca, dicho proveído fue emitido a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en auto de doce de julio de dos mil veintidós, en donde se ordenó girar oficio al aludido Secretario de Administración, para que hiciera las gestiones necesarias a fin de realizar el descuento del treinta por ciento de la totalidad del excedente del salario mínimo de la demandada, hasta cubrir el monto de la cantidad condenada; es evidente que es una consecuencia lógica, natural y necesaria de aquél que se reputó consentido. Ciertamente, si ahora en el acto reclamado el juez responsable con motivo del escrito de Franco San Pedro Jesús Ángel, ordenó girar el oficio pendiente al Secretario de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca, con la finalidad de que hiciera las gestiones pertinentes para que se realizara el descuento del treinta por ciento de la totalidad del excedente del salario mínimo de la demandada, hasta cubrir el monto de la cantidad condenada, siendo, por tanto, el acto reclamado una consecuencia o efecto que tiene su causa o razón de ser en ese acuerdo. De ahí que, se satisfagan las condiciones para que opere la improcedencia de que se trata, pues está demostrada la relación causa efecto entre el acto consentido y el reclamado. En efecto, el acto reclamado que ordenó girar el oficio pendiente al Secretario de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca, para que hiciera las gestiones necesarias a fin de realizar el descuento del treinta por ciento de la totalidad del excedente del salario mínimo de la demandada, hasta cubrir el monto de la cantidad condenada, constituye un acto derivado de otro que fue consentido, pues desde que se dictó el acuerdo de doce de julio de dos mil veintidós, la parte ahora quejosa supo que se procedería a realizarle el descuento en su sueldo con motivo de la condena decretada en el expediente ejecutivo mercantil de origen; sin embargo, no se inconformó, contra tal proveído. Por ello, no es jurídicamente posible que la parte quejosa pretenda someter a análisis constitucional un acto que tiene su razón de ser en uno diverso, cuyas consecuencias jurídicas consintió; de ahí que se configure la causal de improcedencia que se analiza, lo que impone sobreseer en el presente juicio de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo XII.-Asunto que causó ejecutoria el diecinueve de junio de dos mil veintitrés. En ese sentido, se precisa que el cumplimiento de un fallo definitivo es de orden público, atendiendo a su naturaleza, pues emana de un juicio donde la parte quejosa ya fue oída, en respeto a la garantía de audiencia previa al acto de privación definitivo y que se identifica con la sentencia que tiene esa calidad cosa juzgada, por lo que debe en todo momento evitarse que se obstaculice su cumplimiento. Así, los actos que se reclaman en esta instancia constitucional, tal como lo señalan en su escrito de cuenta, se tratan de actos tendentes al cumplimiento o ejecución de sentencia, ya que aducen la autoridad responsable, vulnera en su perjuicio su derecho de audiencia, de seguridad jurídica tutelados por la norma constitucional. Así, es evidente, que el acto que en esta instancia Constitucional reclama, es tendente al cumplimiento o ejecución de la sentencia dictada en el procedimiento ejecutivo mercantil de origen, sin que estas puedan considerarse la última resolución en dicho procedimiento de ejecución, pues con los mismos no se aprueba o reconoce de manera expresa el cumplimiento total de la sentencia, ni se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, sino en todo caso, se insiste, se tratan de actuaciones dictadas dentro del juicio ejecutivo mercantil ****/2010 del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro. Luego, de la lectura de la demanda, se advierte que los actos reclamados derivan de un juicio ejecutivo mercantil concluido con una sentencia ejecutoria en la cual, la parte quejosa es parte demandada, por lo tanto, no tiene la calidad de persona extraña a juicio, además, el expediente se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, ya que existe sentencia firme; lo que pone de manifiesto que por el momento no es procedente el juicio de amparo, al no actualizarse las excepciones a la regla general señalada, máxime que en el caso, no se afectan de manera directa derechos sustantivos. Pues como ya ha quedado evidenciado en el diverso juicio de amparo 443/2023 de la estadística propia, la parte quejosa inicialmente se inconformó en ese asunto contra el auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, emitido dentro del juicio ejecutivo mercantil ****/2010 del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, mediante el cual se tuvo a la parte actora realizando manifestaciones; asimismo, se ordenó al encargado de la mesa de cumplir girara el oficio pendiente al Secretario de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca; sin embargo, de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil se apreció que por auto de doce de julio de dos mil veintidós, se ordenó girar oficio al Secretario de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca, para que hiciera las gestiones necesarias a fin de realizar el descuento del treinta por ciento de la totalidad del excedente del salario mínimo de la demandada, hasta cubrir el monto de la cantidad condenada; determinación de la que la parte actora, aquí quejosa, quedó notificada el veintidós de agosto de dos mil veintidós, sin que hubiere sido combatido mediante el juicio de amparo o algún otro medio de defensa legal; siendo, por tanto, el acto reclamado en ese asunto una consecuencia o efecto que tiene su causa o razón de ser en ese acuerdo emitido primigeniamente; con lo cual se convalida la decisión de la causa de improcedencia que se actualiza. Sustenta lo anterior, en sentido contrario, la jurisprudencia P./J. 108/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6, con número de registro 163152, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." De ahí que, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, porque se considera que las determinaciones de la autoridad responsable, pretenden ejecutar o dar por ejecutada la sentencia emitida en el juicio ejecutivo mercantil ****/2010; por lo que a criterio de este juzgador, será impugnable en el amparo la última resolución de dicho procedimiento, no así los actos reclamados en su demanda de amparo, puesto que será hasta dicho momento que se actualice, como violación procesal a ese procedimiento de ejecución, si es que el sentido de dicha resolución final es adverso al ejecutado. En otras palabras, se considera que los actos aquí reclamados, por su naturaleza, no constituyen la última determinación en el procedimiento, puesto que no se aprueba o reconoce de manera expresa el cumplimiento total de la sentencia, ni se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Máxime que como se dijo en líneas anteriores, la resolución reclamada, no afecta de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. En ese sentido, la irreparabilidad del acto atiende a las consecuencias jurídicas que origina y no a las manifestaciones que se hagan de que con ello se atenta contra ciertos derechos fundamentales y que se causa daño irreparable, como lo argumenta la quejosa, porque de permitirlo así, se dejaría al libre albedrío la promoción indiscriminada del juicio de amparo, basándose en la sola manifestación del gobernado de que se trata de actos de imposible reparación, lo que desde luego desnaturalizaría la acción constitucional. Así, se destaca que no se actualiza alguna de las hipótesis bajo las cuales excepcionalmente el acto reclamado sería reclamable en amparo indirecto de forma inmediata, pues aun y cuando se estimara que el acto reclamado pudiera estimarse de imposible reparación, éste se encuentra plenamente vinculado con el procedimiento de ejecución y por ende, como se precisó, no es ajeno a la cosa juzgada en el juicio natural; ni se le puede considerar que tengan autonomía propia y que no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Expuesto lo anterior, se reitera, a consideración de quien aquí resuelve, contra la resolución que constituye el acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo tercero, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, en atención a que el acto aquí reclamado, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa, porque la improcedencia del acto reclamado es manifiesta e incuestionable desde este momento procesal. En apoyo a lo anterior, se invoca por analogía jurídica, la Jurisprudencia VI.2o.C. J/253, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Mayo de 2005, página 1331, con número de registro 178405, de rubro y texto: "ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO PORQUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo. De igual manera, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 1a./J. 57/2019, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I, página 110, con número de registro 2020631, de rubro y texto siguiente: "ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA. La interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. En la disposición apuntada, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Ahora, en lo que ve al procedimiento de remate y en el preciso tema de la formalización de la adjudicación, la norma es precisa al definir la última resolución como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura. Al respecto, la definitividad a la que se refiere el precepto en cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. En ese tenor, la circunstancia de que la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, pero la eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, si se considera que la eventual contumacia de éste, solamente dará lugar a que dicha facultad de otorgar la escritura pase al juzgador, con lo que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario y, en tal virtud, no existe razón fundada para esperar a que se haga efectivo el apercibimiento a fin de acudir al juicio de amparo, pues con motivo de aquel requerimiento, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate, sin el riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables ni contravenir los objetivos perseguidos por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo." Así como la Jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a), con número de registro 2011474, sustentada por la Primera sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1066, del Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Además, cabe precisar que el cumplimiento de las sentencias no debe obstaculizarse, por ser de interés público; pues al ser el procedimiento de ejecución el cúmulo de medidas que la ley permite tomar a los órganos jurisdiccionales, con el fin de lograr que el actor obtenga lo condenado en la sentencia definitiva; la última resolución que se dicte, necesariamente, será aquélla que, por sí sola y con su ejecución, satisfaga el fin de dicho procedimiento y resuelva la principal. Tiene aplicación al particular, la tesis 2a. VIII/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 230, del Tomo VII, febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 196894, que indica: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del período de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución". En esas condiciones, se desecha de plano la demanda de que se trata. Autorización de constancias de autos Se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos, excepto, cuando en el informe justificado se exhiba información clasificada como reservada o confidencial, lo que de ser el caso, se proveerá en el momento procesal oportuno. Domicilio para recibir notificaciones Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese, personalmente.
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SECCIÓN II. MESA III-B. PRAL. 1022/2023 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Recepción de autos y registro del expediente Visto el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, por el que remite el juicio de amparo ****/2023, de su índice y un cuaderno de pruebas, que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, así como un cuadernillo compuesto de cinco copias de la demanda; formado con motivo de la demanda promovida por *****; toda vez que ese órgano colegiado declaró carecer de competencia legal para conocer de la aludida demanda. En consecuencia, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia declinada, por lo que este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del asunto; en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1022/2023. Se hace del conocimiento. Hágase lo anterior del conocimiento al tribunal de alzada, para los efectos legales correspondientes. Acúsese de recibo. Desechamiento En principio, conviene señalar que de la lectura integral de la demanda se advierte que de las autoridades responsables Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, la parte quejosa reclama lo siguiente: El auto emitido en el juicio ejecutivo mercantil ****/2010 de fecha veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, en el cual da cuenta con un escrito de **** recibido el diecisiete de agosto de este año, al que anexó copias de la ejecutoria de amparo de fecha diecinueve de junio de dos mil veintitrés y ordenó girar oficio a la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca para que reactive las retenciones al salario de la trabajadora ***** el cual fue suspendido mediante oficio *****/2023 de once de mayo de dos mil veintitrés, toda vez que ya causó ejecutoria el juicio de amparo ***/2023 el cual fue sobreseído al ser un acto consentido; asimismo se le requiere para que exhiba los comprobantes en los que conste que se han realizado dichas transferencias al fondo para la administración de justicia, e indica que dicho acto no se encuentra fundado ni motivado. Contra ese reclamo, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, es pertinente examinar si existe alguna causa de improcedencia que, por ser manifiesta e indudable, haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito, establece que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; lo que es así porque en atención al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el ordinal 17 de la Constitución Federal, no es factible dar trámite a las demandas de amparo notoriamente improcedentes para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultarán indudablemente improcedentes. Así, la norma transcrita impone al Juez de Distrito la obligación de estudiar el libelo de amparo y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia desecharla de plano, para lo cual en principio deben tomarse en consideración únicamente los hechos y las circunstancias narrados en el propio ocurso y en los anexos que se acompañen. Precisa destacar que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y la plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento relativo no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o porque estén acreditados con datos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran aportar o hacer valer en el procedimiento sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su cotenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. El proceder anterior tiene como base lo previsto por el artículo 17 constitucional que consagra el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción e impone como deber a los órganos jurisdiccionales de salvaguardar esa prerrogativa de manera pronta y expedita, dado que no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre será improcedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse la improcedencia de una cuestión de orden público debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar qué supuestos legales que regulan a esa institución jurídica se actualizan en el presente sumario. Bajo la premisa contenida en el artículo anterior, es pertinente examinar si en la especie existe alguna causal de improcedencia, que por ser manifiesta e indudable, permita de plano su desechamiento. Expuesto lo anterior, a consideración de quien aquí resuelve, se estima que procede desechar de plano la demanda de amparo respecto del citado acto reclamado, en términos de lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, toda vez que se advierte que se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, mismos que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" La interpretación de los citados artículos, lleva a concluir que el juicio constitucional es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la propia Constitución o de la Ley; así, para el caso del párrafo segundo, se desprenden dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, a saber: 1) actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución y tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación; y, 2) actos en ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, debe precisarse que son aquellos que cuentan con autonomía propia y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución del procedimiento respectivo (definida como la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente), por ser en ésta en la que se materializará el agravio. En efecto, en ambos párrafos de la disposición 107, fracción IV, apuntada, el legislador dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. En apoyo a lo anterior se invoca, la jurisprudencia P./J. 32/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Abril de 2001, página 31, registro 190035, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional lo hace consistir en el auto emitido en el juicio ejecutivo mercantil ****/2010 el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, en el cual da cuenta con un escrito de Franco San Pedro Jesús Ángel, recibido el diecisiete de agosto de este año, al que anexó copias de la ejecutoria de amparo de fecha diecinueve de junio de dos mil veintitrés y ordenó girar oficio a la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca para que reactive las retenciones al salario de la trabajadora ***** el cual fue suspendido mediante oficio ****/2023 de once de mayo de dos mil veintitrés, toda vez que ya causó ejecutoria el juicio de amparo ****/2023 el cual fue sobreseído al ser un acto consentido; asimismo se le requiere para que exhiba los comprobantes en los que conste que se han realizado dichas transferencias al fondo para la administración de justicia. En esa tesitura, de las constancias que integran el expediente de origen se aprecia: I.- Jesús Ángel Franco San Pedro, promovió la demanda, en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria, contra ***** la cual se radicó por auto de cinco de agosto de dos mil diez. II.- Por auto de seis de enero de dos mil doce, se tuvo a la demandada dando contestación al libelo instaurado en su contra. III.- Seguida la secuela procesal, el seis de marzo de dos mil trece, se dictó la sentencia correspondiente en la que se condenó a la demandada a pagar a la parte actora la cantidad de veinticinco mil pesos, moneda nacional por concepto de suerte principal; intereses moratorios a razón del quince por ciento mensual sobre la suerte principal adeudada desde el treinta y uno de octubre de dos mil diez, día siguiente a la fecha de vencimiento del documento base de la acción más los que se sigan produciendo hasta la total liquidación del adeudo, y gastos y costas del juicio. IV.- Por auto de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, se comisionó al actuario de la adscripción para que se constituyera en el domicilio de la demandada y le requiriera de pago por la cantidad de cuatrocientos treinta y nueve mil trescientos setenta y cinco pesos, moneda nacional y en caso de no realizarlo le embargara bienes suficientes que alcancen a cubrir dichas cantidades. V.- La diligencia de embargo tuvo verificativo el trece de julio de dos mil veintiuno; y al no haber hecho el pago correspondiente de la cantidad a que fue condenada, la parte actora solicitó se le embargara el treinta por ciento del excedente de su salario que tiene como empleada del Gobierno del Estado de Oaxaca. VI.- Por auto de tres de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo a LIUDMILA CABALLERO GUZMÁN, promoviendo incidente de nulidad de actuaciones en contra de la notificación efectuada el trece de julio de la pasada anualidad. VII.- El seis de junio de dos mil veintidós, se resolvió el incidente de nulidad de actuaciones, declarándose improcedente el mismo. VIII.- Por auto de doce de julio de dos mil veintidós, se ordenó girar oficio al Secretario de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca, para que hiciera las gestiones necesarias a fin de realizar el descuento del treinta por ciento de la totalidad del excedente del salario mínimo de la demandada que percibe como jubilada, hasta cubrir el monto de la cantidad condenada. IX.- Mediante acuerdo de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, se precisó que en diverso auto de doce de julio de dos mil veintidós, se señaló por error que la demandada era trabajadora jubilada, por lo que se hizo la aclaración que es trabajadora activa del Gobierno del Estado de Oaxaca, y se ordenó dar cumplimiento al auto de doce de julio de dos mil veintidós. X.- Por determinación de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo a la parte actora realizando manifestaciones; asimismo, se ordenó al encargado de la mesa de cumplir girara el oficio pendiente al Secretario de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca. XI.- Inconforme con esa determinación la ahora quejosa promovió juicio de amparo el cual quedó radicado bajo el número de expediente *****/2023 de la estadística propia, asunto en el que el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, se sobreseyó en el juicio, estableciendo medularmente lo siguiente: Establecido lo anterior, es menester precisar que del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama el acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, emitido dentro del juicio ejecutivo mercantil ****/2010 del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, mediante el cual se tuvo a la parte actora realizando manifestaciones; asimismo, se ordenó al encargado de la mesa de cumplir girara el oficio pendiente al Secretario de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca. Determinación que considera le causa perjuicio en virtud de que precisa que no se encuentra fundado ni motivado. No obstante, de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil 567/2010 del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del distrito Judicial del Centro, detalladas en líneas precedentes se aprecia que por auto de doce de julio de dos mil veintidós, se ordenó girar oficio al Secretario de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca, para que hiciera las gestiones necesarias a fin de realizar el descuento del treinta por ciento de la totalidad del excedente del salario mínimo de la demandada, hasta cubrir el monto de la cantidad condenada. Determinación de la que la parte actora, aquí quejosa, quedó notificada el veintidós de agosto de dos mil veintidós, sin que hubiere sido combatido mediante el juicio de amparo o algún otro medio de defensa legal. En razón de ello, si la parte quejosa no combatió a través del juicio de amparo el acuerdo de doce de julio de dos mil veintidós, en donde se ordenó realizar el descuentos del treinta por ciento de la totalidad del excedente del salario mínimo de la demandada, hasta cubrir el monto de la cantidad a que fue condenada; es inconcuso que tal resolución adquirió firmeza al ser consentida tácitamente. Por tanto, si mediante el proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, el Juez responsable ordena enviar el oficio pendiente al Secretario de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca, dicho proveído fue emitido a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en auto de doce de julio de dos mil veintidós, en donde se ordenó girar oficio al aludido Secretario de Administración, para que hiciera las gestiones necesarias a fin de realizar el descuento del treinta por ciento de la totalidad del excedente del salario mínimo de la demandada, hasta cubrir el monto de la cantidad condenada; es evidente que es una consecuencia lógica, natural y necesaria de aquél que se reputó consentido. Ciertamente, si ahora en el acto reclamado el juez responsable con motivo del escrito de Franco San Pedro Jesús Ángel, ordenó girar el oficio pendiente al Secretario de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca, con la finalidad de que hiciera las gestiones pertinentes para que se realizara el descuento del treinta por ciento de la totalidad del excedente del salario mínimo de la demandada, hasta cubrir el monto de la cantidad condenada, siendo, por tanto, el acto reclamado una consecuencia o efecto que tiene su causa o razón de ser en ese acuerdo. De ahí que, se satisfagan las condiciones para que opere la improcedencia de que se trata, pues está demostrada la relación causa efecto entre el acto consentido y el reclamado. En efecto, el acto reclamado que ordenó girar el oficio pendiente al Secretario de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca, para que hiciera las gestiones necesarias a fin de realizar el descuento del treinta por ciento de la totalidad del excedente del salario mínimo de la demandada, hasta cubrir el monto de la cantidad condenada, constituye un acto derivado de otro que fue consentido, pues desde que se dictó el acuerdo de doce de julio de dos mil veintidós, la parte ahora quejosa supo que se procedería a realizarle el descuento en su sueldo con motivo de la condena decretada en el expediente ejecutivo mercantil de origen; sin embargo, no se inconformó, contra tal proveído. Por ello, no es jurídicamente posible que la parte quejosa pretenda someter a análisis constitucional un acto que tiene su razón de ser en uno diverso, cuyas consecuencias jurídicas consintió; de ahí que se configure la causal de improcedencia que se analiza, lo que impone sobreseer en el presente juicio de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo XII.-Asunto que causó ejecutoria el diecinueve de junio de dos mil veintitrés. En ese sentido, se precisa que el cumplimiento de un fallo definitivo es de orden público, atendiendo a su naturaleza, pues emana de un juicio donde la parte quejosa ya fue oída, en respeto a la garantía de audiencia previa al acto de privación definitivo y que se identifica con la sentencia que tiene esa calidad cosa juzgada, por lo que debe en todo momento evitarse que se obstaculice su cumplimiento. Así, los actos que se reclaman en esta instancia constitucional, tal como lo señalan en su escrito de cuenta, se tratan de actos tendentes al cumplimiento o ejecución de sentencia, ya que aducen la autoridad responsable, vulnera en su perjuicio su derecho de audiencia, de seguridad jurídica tutelados por la norma constitucional. Así, es evidente, que el acto que en esta instancia Constitucional reclama, es tendente al cumplimiento o ejecución de la sentencia dictada en el procedimiento ejecutivo mercantil de origen, sin que estas puedan considerarse la última resolución en dicho procedimiento de ejecución, pues con los mismos no se aprueba o reconoce de manera expresa el cumplimiento total de la sentencia, ni se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, sino en todo caso, se insiste, se tratan de actuaciones dictadas dentro del juicio ejecutivo mercantil ****/2010 del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro. Luego, de la lectura de la demanda, se advierte que los actos reclamados derivan de un juicio ejecutivo mercantil concluido con una sentencia ejecutoria en la cual, la parte quejosa es parte demandada, por lo tanto, no tiene la calidad de persona extraña a juicio, además, el expediente se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, ya que existe sentencia firme; lo que pone de manifiesto que por el momento no es procedente el juicio de amparo, al no actualizarse las excepciones a la regla general señalada, máxime que en el caso, no se afectan de manera directa derechos sustantivos. Pues como ya ha quedado evidenciado en el diverso juicio de amparo 443/2023 de la estadística propia, la parte quejosa inicialmente se inconformó en ese asunto contra el auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, emitido dentro del juicio ejecutivo mercantil ****/2010 del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, mediante el cual se tuvo a la parte actora realizando manifestaciones; asimismo, se ordenó al encargado de la mesa de cumplir girara el oficio pendiente al Secretario de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca; sin embargo, de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil se apreció que por auto de doce de julio de dos mil veintidós, se ordenó girar oficio al Secretario de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca, para que hiciera las gestiones necesarias a fin de realizar el descuento del treinta por ciento de la totalidad del excedente del salario mínimo de la demandada, hasta cubrir el monto de la cantidad condenada; determinación de la que la parte actora, aquí quejosa, quedó notificada el veintidós de agosto de dos mil veintidós, sin que hubiere sido combatido mediante el juicio de amparo o algún otro medio de defensa legal; siendo, por tanto, el acto reclamado en ese asunto una consecuencia o efecto que tiene su causa o razón de ser en ese acuerdo emitido primigeniamente; con lo cual se convalida la decisión de la causa de improcedencia que se actualiza. Sustenta lo anterior, en sentido contrario, la jurisprudencia P./J. 108/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6, con número de registro 163152, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." De ahí que, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, porque se considera que las determinaciones de la autoridad responsable, pretenden ejecutar o dar por ejecutada la sentencia emitida en el juicio ejecutivo mercantil ****/2010; por lo que a criterio de este juzgador, será impugnable en el amparo la última resolución de dicho procedimiento, no así los actos reclamados en su demanda de amparo, puesto que será hasta dicho momento que se actualice, como violación procesal a ese procedimiento de ejecución, si es que el sentido de dicha resolución final es adverso al ejecutado. En otras palabras, se considera que los actos aquí reclamados, por su naturaleza, no constituyen la última determinación en el procedimiento, puesto que no se aprueba o reconoce de manera expresa el cumplimiento total de la sentencia, ni se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Máxime que como se dijo en líneas anteriores, la resolución reclamada, no afecta de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. En ese sentido, la irreparabilidad del acto atiende a las consecuencias jurídicas que origina y no a las manifestaciones que se hagan de que con ello se atenta contra ciertos derechos fundamentales y que se causa daño irreparable, como lo argumenta la quejosa, porque de permitirlo así, se dejaría al libre albedrío la promoción indiscriminada del juicio de amparo, basándose en la sola manifestación del gobernado de que se trata de actos de imposible reparación, lo que desde luego desnaturalizaría la acción constitucional. Así, se destaca que no se actualiza alguna de las hipótesis bajo las cuales excepcionalmente el acto reclamado sería reclamable en amparo indirecto de forma inmediata, pues aun y cuando se estimara que el acto reclamado pudiera estimarse de imposible reparación, éste se encuentra plenamente vinculado con el procedimiento de ejecución y por ende, como se precisó, no es ajeno a la cosa juzgada en el juicio natural; ni se le puede considerar que tengan autonomía propia y que no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Expuesto lo anterior, se reitera, a consideración de quien aquí resuelve, contra la resolución que constituye el acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo tercero, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, en atención a que el acto aquí reclamado, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa, porque la improcedencia del acto reclamado es manifiesta e incuestionable desde este momento procesal. En apoyo a lo anterior, se invoca por analogía jurídica, la Jurisprudencia VI.2o.C. J/253, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Mayo de 2005, página 1331, con número de registro 178405, de rubro y texto: "ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO PORQUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo. De igual manera, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 1a./J. 57/2019, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I, página 110, con número de registro 2020631, de rubro y texto siguiente: "ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA. La interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. En la disposición apuntada, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Ahora, en lo que ve al procedimiento de remate y en el preciso tema de la formalización de la adjudicación, la norma es precisa al definir la última resolución como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura. Al respecto, la definitividad a la que se refiere el precepto en cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. En ese tenor, la circunstancia de que la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, pero la eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, si se considera que la eventual contumacia de éste, solamente dará lugar a que dicha facultad de otorgar la escritura pase al juzgador, con lo que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario y, en tal virtud, no existe razón fundada para esperar a que se haga efectivo el apercibimiento a fin de acudir al juicio de amparo, pues con motivo de aquel requerimiento, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate, sin el riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables ni contravenir los objetivos perseguidos por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo." Así como la Jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a), con número de registro 2011474, sustentada por la Primera sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1066, del Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Además, cabe precisar que el cumplimiento de las sentencias no debe obstaculizarse, por ser de interés público; pues al ser el procedimiento de ejecución el cúmulo de medidas que la ley permite tomar a los órganos jurisdiccionales, con el fin de lograr que el actor obtenga lo condenado en la sentencia definitiva; la última resolución que se dicte, necesariamente, será aquélla que, por sí sola y con su ejecución, satisfaga el fin de dicho procedimiento y resuelva la principal. Tiene aplicación al particular, la tesis 2a. VIII/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 230, del Tomo VII, febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 196894, que indica: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del período de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución". En esas condiciones, se desecha de plano la demanda de que se trata. Autorización de constancias de autos Se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos, excepto, cuando en el informe justificado se exhiba información clasificada como reservada o confidencial, lo que de ser el caso, se proveerá en el momento procesal oportuno. Domicilio para recibir notificaciones Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese, personalmente.
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