Lisseth Margarita Hernández Diaz

Expediente 2597/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2597/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
24/11/2022

Partes del expediente

  • Lisseth Margarita Hernández Diaz
  • Rene Aldana Castro y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto por el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, de conformidad con el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se le tiene por perdido ese derecho, y se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, de conformidad con el punto 7.4, del capítulo 7, del Manual relativo al Acuerdo indicado en el párrafo anterior, el presente asunto es susceptible de depuración, dado que se concedió la suspensión de oficio y de plano; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en el penúltimo párrafo, del artículo 18, del acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contados a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo dentro de los siguientes noventa días, este juzgado deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el proveído en que se acuerde el archivo y los documentos que resulten indispensables, en su caso. Terminado el proceso de depuración solicítese la transferencia correspondiente. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro Uno de Juzgado, y la captura en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Ana Marina Lineth Fuentes Hernández, Secretaria que autoriza y da fe.Jesús

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veinte de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte, que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de dieciocho de abril de dos mil veintidós. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara la sentencia constitucional de referencia, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 5128/2022, enviado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual informa que el once de octubre de dos mil veintidós, admitió a trámite el recurso de revisión hecho valer por Gil Garza Guerrero, autorizado legal de Ricardo Ávalos Dávila y Aimé A. Yáñez Cantú, quedando registrado bajo el número de expediente 286/2022, de su índice estadístico; al efecto, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes.

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, catorce de octubre de dos mil veintidós. Vistas las copias de la demanda de amparo de cuenta, y como se ordena en el auto dictado en esta misma fecha en el expediente principal, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 2464/2022-IV, promovido por Miguel Hernández Arcos; contra actos del Juez de Control de la Quinta Región, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. Se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia incidental. En consecuencia, remítase copia de la demanda a las autoridades señaladas como responsables y con apoyo en lo establecido por el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pídaseles el informe previo que deberán rendir por duplicado dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, contado a partir del momento en que reciban el oficio de notificación. Se apercibe a las autoridades responsables, que de no rendir su informe previo en el plazo de cuarenta y ocho horas, se les impondrá de forma individual una multa de cien veces el valor diario que tenga en esta fecha la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 260, fracción I, de la Ley de Amparo; sin perjuicio de presumir ciertos los actos reclamados, para los efectos del presente incidente. De igual manera, con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, dígase a las autoridades responsables que la notificación que se les haga surtirá efectos legales desde la emisión de esta medida y se considerará desacato en caso de incumplimiento a esta determinación, a partir de que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la autoridad responsable, a su representante o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina, y si se negaren a recibir dicho oficio se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que ésta contenga. Por otro lado, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: La orden y/o resolución de aprehensión y/o detención y/o retención y/o comparecencia y/o vinculación a proceso, girada o que pretenda girarse o solicitarse en mi contra. Ahora, toda vez que se encuentran reunidos en el caso los requisitos exigidos por el artículo 128 de Ley de Amparo, ya que en primer lugar, esta suspensión fue solicitada por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, no se sigue perjuicio al interés social pues, en el caso, no se advierte hecho, acto o situación alguna que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, evite un trastorno o un mal público; ni se contravienen disposiciones de orden público, dado que los actos no versan de disposición alguna plasmada en los ordenamientos legales que tenga como fin inmediato y directo tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio. Además, que de ejecutarse los actos reclamados sería difícil la reparación de los daños y perjuicios que se ocasionen a la parte quejosa, pues se restringiría su libertad personal y deambulatoria que no podría restituirse con la obtención de sentencia favorable, por lo que de conformidad con los diversos numerales 162, 163 y 166 de la ley de la materia, si el hecho considerado como delito por la ley, no es grave o no amerita prisión oficiosa, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL de los actos reclamados para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que guardan, esto es, para que no se ejecuten actos tendentes a la privación de la libertad personal o deambulatoria del quejoso, atendiendo a la orden de aprehensión y/o detención y/o retención y/o comparecencia y/o vinculación a proceso, hasta en tanto, se notifique a las autoridades responsables lo que se resuelva sobre la suspensión definitiva. La presente medida suspensiva surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si el quejoso no exhibe ante este juzgado dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, garantía por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), en cualquiera de las formas previstas por la ley, preferentemente en billete de depósito expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, en el cual deberá aparecer como depositante el quejoso, para garantizar la devolución a la autoridad que la reclame, en caso de que no le sea favorable la sentencia que se pronuncie en el juicio de amparo del que deriva este incidente, previa declaración judicial en la que decrete que ha dejado de surtir efectos la suspensión concedida; además, dicha cantidad está sujeta a cambio, tomando en consideración el informe previo que en su momento rindan las autoridades responsables. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 168 de la Ley de la materia. En términos del artículo 128, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, la presente medida no surtirá efectos si se trata de órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Por otra parte, si la orden reclamada fue dictada en relación con un hecho que la ley señale como delito que amerite prisión preventiva oficiosa de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 de la Constitución Federal, el único efecto de la suspensión será que la parte quejosa, si es detenida, quede a disposición de este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, en cuanto a su libertad personal se refiere en el lugar en que quede recluida, y a disposición de la autoridad responsable correspondiente, por lo que hace a la continuación del procedimiento que en su caso se le siga, sin que tenga la obligación ante este Juzgado, de exhibir garantía. De igual manera, la medida cautelar no surtirá efectos en favor de la parte quejosa, si se le sorprende en flagrante hecho que la ley señale como delito, o bien, si se trata de cumplimentar una orden de orden de aprehensión, comparecencia, cita, entrevista e intromisión, dictada por autoridades distintas de las señaladas como responsables. Por otra parte, de conformidad con los artículos 28, fracciones I y II, y 29 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, con la finalidad de optimizar los recursos materiales, únicamente se les notificarán de manera personal, es decir, por medio de oficio, aquellas determinaciones que por la trascendencia del contenido del auto o resolución que deban notificárseles lo ameriten; en tanto que los acuerdos de trámite de menor importancia se les notificarán de la misma manera que a las demás partes, esto es, por medio de lista. De la misma manera, tomando en consideración que el segundo de los numerales en cita prevé que, en los juicios de amparo, las notificaciones por lista se harán en una que se fijará y publicará en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, se informa a las partes que, en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (www.cjf.gob.mx), o bien, mediante el ingreso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx), pueden realizar la consulta de dicha lista, así como de la información que de este expediente se encuentra capturada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, registro 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". Ahora, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 último párrafo, de la citada ley, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de amparo; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal.

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