Lisseth Cristina Aldana Dittrich
Expediente 1055/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1055/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Lisseth Cristina Aldana Dittrich
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se desprende que ha transcurrido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo aplicable, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquel acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Toda vez que el auto que desechó de plano la demanda de amparo, constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, de ahí que al carecer de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
MESA I. Mérida, Yucatán, diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, en el sentido de que el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, compareciendo por el Director en Jefe de esa institución, con sede en Ciudad de México, aún no remite las constancias solicitadas en auto de dos de junio del año en curso; por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las doce horas con treinta minutos del doce de julio de dos mil veintiuno, para su celebración. Sin que este acuerdo deba notificarse por oficio a las autoridades responsables de este asunto, por no considerarse de trascendencia, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2002576, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, cuyo rubro dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese. (...)
- Principal
AVISO.....MESA IV. Mérida, Yucatán, diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Lisseth Cristina Aldana Dittirch, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y otra autoridad, presentada con siete copias y sin anexos. Ahora bien, antes de entrar al estudio de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, es pertinente hacer notar lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en el presente caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, en relación con la fracción X de dicho artículo, de la Ley de Amparo que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;." De los anteriores artículos podemos advertir que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. Se afirma que en el presente caso se actualiza la citada causal de improcedencia debido a que la aquí quejosa ya había promovido un diverso juicio de amparo en contra de los mismos actos reclamados y las mismas autoridades responsables, el cual fue radicado bajo el número 1347/2019-V del índice de este Juzgado, mismo que se tiene a la vista al momento del dictado de este auto y que constituye un hecho notorio al tratarse de un asunto radicado y tramitado ante este mismo juzgado, en el cual al dictarse la correspondiente sentencia se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa al resultar infundados los conceptos de violación formulados, lo que a su vez fue confirmado por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito al resolver el amparo en revisión 104/2020. Así es, mediante escrito de demanda presentado por la quejosa Lizbeth Marlene Aldana Dittrich, solicitó la protección federal, la cual fue turnada a este Órgano Jurisdiccional y radicada el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, bajo el número 1347/2019-V, en la cual señaló como autoridades responsables a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje y Actuario adscrito a dicha Junta, de quienes reclamó la falta o el ilegal emplazamiento que se le realizó en el juicio laboral 804/2016 promovido por Francisco Ramírez Cachón en su contra y de otros, así como todo lo actuado en dicho procedimiento laboral; juicio constitucional en el cual al dictarse la sentencia correspondiente se le negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado al resultar infundados los conceptos de violación formulados, y la cual fue confirmada por la Superioridad al resolver el recurso de revisión interpuesto en contra de dicha sentencia. Posteriormente, la aquí quejosa promovió el presente juicio de amparo, en el cual señaló como autoridades responsables a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje y Actuario adscrito a dicha Junta, en el cual reclama de igual forma, la falta o el ilegal emplazamiento al juicio laboral 804/2016 del índice de dicho juzgado, así como todo lo actuado en ese juicio. Atendiendo a lo anterior, se dice que se actualiza la mencionada causal de improcedencia debido a que en el caso existe una sentencia ejecutoriada que resolvió sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de un diverso juicio constitucional 1347/2019-V del índice de este Juzgado, en el que se dictó sentencia en la que se negó el amparo solicitado, al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer por la quejosa, la cual quedó firme al haber sido confirmada por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, con residencia en esta ciudad. Por tanto, al haber un pronunciamiento anterior por parte de este Juzgado en el sentido de negar el amparo y protección de la Justicia Federal por los motivos expuestos, mismos que fueron confirmados por la Superioridad, es que se considera cosa juzgada para los efectos del presente juicio de amparo, de ahí que no sea procedente entrar al estudio de los actos reclamados antes precisados este juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia I.6o.T.J/86, visible en la página 1532, Tomo XXVI, de Diciembre de 2007, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 170735, la cual en su rubro dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI SE INTERPONE POR EL PROPIO QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES Y ACTO RECLAMADO QUE FUERON MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN OTRO JUICIO DE ESA NATURALEZA. Si el quejoso promueve juicio de garantías contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado que fueron materia de otro amparo directo resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo, y procede, en consecuencia, sobreseer en el juicio, en términos de la fracción III del artículo 74 del propio ordenamiento legal". Asimismo, sirve de sustento a la presente resolución en lo que interesa, la jurisprudencia 131, sustentada por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 107, Tomo VI, Materia Común, Parte SCJN, Año 2000, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que refiere: "COSA JUZGADA, EXISTENCIA DE LA. Para que exista cosa juzgada es necesario que se haya hecho anteriormente un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir; por tanto debe existir identidad de partes, identidad de cosa u objeto materia de los juicios de que se trate, e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer." Téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en su demanda de amparo y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Johnny Mauricio Pavía Euán por así solicitarlo expresamente y estar debidamente registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, de conformidad con la última parte del párrafo segundo del precepto legal antes citado a Jorge Alberto Rosado Ocampo, lo anterior en virtud de que no acredita ante este Juzgado Federal, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con los artículos del 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, estar debidamente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado como lo exige el citado artículo 12 de la Ley de Amparo. Por lo que respecta a la solicitud de uso de aparatos electrónicos, es decir, cámaras digitales y celulares, lectores ópticos o cualquier otro similar, a fin de capturar las actuaciones que obran en los presentes autos; hágase del conocimiento de la parte quejosa que se accede a su petición, en la inteligencia de que el uso de los medios electrónicos que propone se efectúe con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo al caso, la Tesis I.30.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil del Primer Circuito, visible en la Página 2847, del Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Ahora bien, toda vez que la promovente solicita se le permita el acceso a la consulta del expediente electrónico del presente juicio de amparo, por lo cual proporciona el nombre de usuario "jorgerosadoo"; de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General Conjuntos 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de justicia penal federal, se autoriza al usuario que señala, el acceso al expediente electrónico a través del sistema integral de seguimiento de expedientes, notificaciones electrónicas y documentos de los acuerdos judiciales del presente asunto; lo anterior, en virtud de que proporciona a este órgano jurisdiccional la clave de usuario que afirma se encuentra registrada; para tal efecto, instrúyase al Oficial Analista del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, para que realice las gestiones necesarias para tal fin. Con fundamento, en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la promovente. (...)
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