Lissete Andrade Licona
Expediente 1275/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1275/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Lissete Andrade Licona
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cinco de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo , sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se tuvo por no presentada la demanda de garantías promovida por LISSETE ANDRADE LICONA, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Apareciendo que en el presente juicio se tuvo por no presentada la demanda de garantías, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de agosto de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial que antecede y, tomando en consideración que el término que señala el artículo 114 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para dar cumplimiento a la prevención contenida en el auto de cuatro de agosto de dos mil dieciséis, ha transcurrido sin que la parte impetrante de garantías haya dado cabal cumplimiento a la misma, no obstante de encontrarse debidamente notificada, tal y como se advierte de las constancias que obran en autos; en esas condiciones, con fundamento en el citado artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de garantías promovida por LISSETE ANDRADE LICONA. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA...
- Principal
PERS. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, PROCEDO A NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE TRIBUNAL A LA PARTE TERCERO INTERESADA HÉCTOR EVANGELISTA GÓMEZ, EL AUTO DE VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la certificación con la que se da cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido en exceso el término de dos años que señala el artículo 36 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación para que prescriba a favor del Fisco Federal el depósito constituido a disposición de este Juzgado en el juicio de amparo 5/2013-V, promovido por VIRGINIA ESPINOSA DIAZ, contra actos del SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y OTRAS AUTORIDADES; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, 38, 45 y 48 del Ordenamiento citado, 213 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Tesorería de la Federación, 11, fracciones III, XVII, XVIII, XX, XXII, y XXX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SE DECLARA PRESCRITO A FAVOR DEL FISCO FEDERAL LA CANTIDAD DE $15,000.00 ( QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.), CONTENIDA EN EL BILLETE DE DEPÓSITO N 301045 AMPARADO CON EL CERTIFICADO DEL BANCO DE AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS S.N.C. En esas condiciones, de conformidad con el artículo 31, del Acuerdo General 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se regula la organización y funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, remítase dicho billete de depósito a la Tesorería de la Federación con orden de pago a su favor, solicitando a la misma que de inmediato acuse el recibo correspondiente del citado billete de depósito y una vez llegada la pieza postal respectiva, agréguese a los presentes autos, y sin posterior acuerdo se ordena reingresarlo al archivo definitivo. Asimismo, dése de baja el billete de depósito referido que se registra con el número 4/2013, en el libro de gobierno de este juzgado relativo al control de certificados de depósito.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, el auto de cuatro de agosto del dos mil dieciséis, que en lo conducente establece: ...Cuernavaca, Morelos, cuatro de agosto de dos mil dieciséis. Vista la demanda de garantías que promueve LISSETE ANDRADE LICONA, por su propio derecho, contra actos del JUNTA ESPECIAL NÚMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 1275/2016-I-B que por orden le corresponde y, a efecto de proveer lo conducente respecto a la demanda de garantías de que se trata, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 108 y 114, de la Ley de Amparo, requiérase a la peticionario de garantías para el efecto de que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente auto, por escrito, bajo protesta de decir verdad, aclare su demanda de amparo en los siguientes términos: ÚNICO. El tercero interesado tiene como finalidad que se declare la constitucionalidad del acto reclamado por así convenir a sus intereses jurídicos, los cuales, por regla general, pueden estimarse coincidentes con los de las autoridades responsables; en el caso, el acto reclamado emana de un juicio laboral en el que la contraparte resulta ser la contraria al interés del aquí quejoso, pudiese tener. Así, atendiendo a que el presente, se trata de un juicio de amparo en el que se reclama violación de los principios de plenitud y de expeditez en la administración de justicia, resulta válido admitir que sí debe existir la figura del tercero interesado, puesto que ésta nace precisamente cuando se origina de una controversia seguida por diversas partes. En el caso, debe considerarse que el tercero interesado no puede desaparecer del mundo jurídico por el hecho de que se reclamen transgresiones a la garantía consagrada en el artículo 17 de la Constitución, entre otros, ya que tal carácter deviene por disposición de la ley, a aquellas partes que intervinieron en el juicio previo a la promoción del juicio de garantías, dado que la ostentación de dicho carácter se entiende como un derecho procesal protegido legalmente. Por tanto, como el acto reclamado proviene de un juicio, en términos del inciso b) de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado a la contraparte del quejoso en el juicio de laboral de origen; ello con el fin de no ocasionar alguna violación procesal en esta litis constitucional y respetar las formalidades esenciales del procedimiento. La anterior consideración encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 90/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXIII enero de dos mil once, correspondiente a la Novena Época, cuyos datos se trascriben a continuación: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. Cuando de la demanda de garantías, se advierta que el acto impugnado proviene de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio en donde haya intervenido el quejoso y su contraparte, debe considerarse a este último como tercero perjudicado, aun cuando en el juicio de amparo se reclamen violaciones a las garantías consagradas en los artículos 8o. y 17 de la Constitución Federal, en específico, por la falta de acuerdo a una promoción o la omisión de alguna autoridad jurisdiccional de dictar la resolución que ponga fin a un juicio o a un procedimiento seguido en forma de juicio; pues la figura del tercero perjudicado no puede dejar de existir, en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, pues el carácter de tercero perjudicado que tiene la contraparte del agraviado, deviene expresamente de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y su intervención como tal en el juicio de garantías constituye un derecho procesal legalmente tutelado.". Ahora bien, el artículo 108 de la Ley de Amparo, que contempla los requisitos que debe contener una demanda constitucional en la vía indirecta, prevé a la vez diversas cargas procesales que el quejoso debe satisfacer para que se pueda dar curso a su petición, entre ellas, la prevista por la fracción II, relativa al señalamiento del nombre y domicilio del tercero interesado, que resulta exigible siempre que, cuando con relación al acto reclamado exista una persona que se ubique en alguno de los supuestos que prevé en sus diversos incisos la fracción III del artículo 5º de la legislación de la materia. Además, la ley invocada en ninguno de sus preceptos establece bajo algún supuesto, la satisfacción de ese señalamiento por otra de las partes en el juicio de amparo ni por el propio juzgador federal. Sentado lo anterior, toda vez que la parte quejosa es la parte actora dentro del juicio laboral de origen; es dable concluir que aquélla conoce los datos relativos al nombre y domicilio del tercero interesado, pues no es un tercero extraño al procedimiento. En tales condiciones, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y bajo protesta de decir verdad, proporcione el nombre domicilio actual y correcto de la parte demandada dentro del juico laboral de origen; a quien le asiste el carácter de tercero interesado en el presente juicio de garantías, toda vez que fue omisa en señalarlo en el escrito inicial de demanda. Pues tal señalamiento es un requisito que debe contener la demanda de amparo, ello conforme a la fracción II del artículo 108 y 110 de la ley de la materia. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis aislada sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación XIV, julio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de la literalidad siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO TIENE LA CARGA PROCESAL DE SEÑALAR EL NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO. De lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley de Amparo, que contempla los requisitos que debe contener una demanda constitucional en la vía indirecta, se infiere que en realidad prevé diversas cargas procesales que el quejoso debe satisfacer para que se pueda dar curso a su petición, entre ellas, la prevista por la fracción II, relativa al señalamiento del nombre y domicilio del tercero perjudicado, que resulta exigible siempre que, cuando con relación al acto reclamado exista una persona que se ubique en alguno de los supuestos que prevé en sus diversos incisos (tres) la fracción III del artículo 5o., de la legislación de la materia. Además, la ley invocada en ninguno de sus preceptos establece bajo algún supuesto la satisfacción de ese señalamiento por otra de las partes en el juicio de amparo ni por el propio juzgador federal, excepto en el caso de amparos en materia agraria cuando el quejoso sea alguno de los sujetos que menciona el artículo 212 del ordenamiento invocado. En consecuencia, es de concluirse al respecto que, legalmente la carga procesal de señalar el nombre y domicilio del tercero perjudicado pesa exclusivamente sobre el quejoso, el que debe procurarse todos los medios y agotar las instancias posibles para cumplir con esa obligación, y sólo ante la demostración de que ha actuado de tal forma puede recurrirse a otras alternativas para tener conocimiento de los datos indicados." Asimismo, es aplicable la tesis I.4o.C. 26, instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Febrero de 1992 de la Octava Época, visible en la página 63, cuyo rubro y texto a continuación se transcriben: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO. Si bien es cierto que el artículo 146 de la Ley de Amparo obliga y faculta al juzgador a prevenir a un peticionario de garantías a efecto de que realice cualquiera de las siguientes actividades: a) aclare su demanda, en la hipótesis de que exista alguna irregularidad en ésta o no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; b) complete los requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo, en caso de que hubiere omitido alguno; c) exhiba las copias de la demanda de garantías que sean necesarias en términos del artículo 120 de la propia ley, también lo es que si del análisis de la demanda de amparo y sus anexos correspondientes, no se advierte que exista alguna deficiencia de las apuntadas, es evidente que no se debe hacer requerimiento o prevención alguna." Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, en el término concedido, con fundamento en el artículo 114, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis aislada II.T.36 K, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVIII, Agosto de dos mil ocho, Novena Época, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. ES LEGAL QUE SE TENGA POR NO INTERPUESTA CUANDO EL QUEJOSO NO DESAHOGA EL REQUERIMIENTO DE PROPORCIONAR EL DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO PARA EMPLAZARLO A JUICIO, NI MANIFIESTA SU IMPOSIBILIDAD PARA HACERLO. Del artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que si no consta en autos el domicilio del tercero perjudicado, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, el empleado lo asentará así, a fin de que se dé cuenta, entre otros, al presidente del Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para que dicte las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio; y si a pesar de la investigación éste se desconoce, la primera notificación se hará por edictos a costa del quejoso, en los términos que señale el Código Federal de Procedimientos Civiles. Por otra parte, el numeral 166, fracción II, de la citada ley, inmerso dentro del título III, denominado "De los juicios de amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito", señala que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del tercero perjudicado; de tal manera que, por una parte, el domicilio que debe señalarse para que el tercero perjudicado sea emplazado y reciba notificaciones es indispensable para la admisión de la demanda, pues para el caso de que se desconozca, el citado artículo 30, fracción II, regula el procedimiento que debe seguirse; y, por la otra, de dichos preceptos no se colige que el domicilio del tercero perjudicado deba ser necesariamente el que indicó ante la autoridad responsable en el juicio de origen, toda vez que el juicio de amparo establece un trámite diverso tratándose de las notificaciones personales, tan es así que el referido artículo 30 prevé el procedimiento que debe agotarse para investigar cuál es cuando se desconozca, y así lograr su emplazamiento. Consecuentemente, si ante la autoridad responsable el tercero perjudicado señaló para oír y recibir notificaciones los estrados, y el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, antes de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, requiere al quejoso para que proporcione el domicilio de dicho tercero a efecto de proveer lo conducente al emplazamiento a juicio, con el apercibimiento que de no cumplir se tendría por no interpuesta aquélla, es legal que se haga efectivo dicho apercibimiento si el agraviado no cumple, ni manifiesta su imposibilidad para hacerlo, dado el impedimento no sólo de que se efectúe el emplazamiento en forma legal, sino también de que se dicten las medidas pertinentes para que se investigue el domicilio incluso para que, de ser necesario, la primera notificación se efectúe por edictos." DOMICILIO PROCESAL Y PERSONAS AUTORIZADAS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa, asimismo, se tienen por autorizados en los términos precisados en la demanda de amparo, a las personas propuestas. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET. Se hace saber a las partes que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben realizar lo siguiente: Registrarse en el sitio de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir estos pasos: 1.- Llenar el formulario, proporcionando su nombre, correo electrónico, Registro Federal de Contribuyente, Clave Única del Registro de Población, crear un "Nombre de Usuario y Contraseña" y vincular al registro su firma electrónica (el registro de cada usuario es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo en nombre de otra). 2.- Una vez que los usuarios cuenten con su usuario y contraseña podrán solicitar al Juzgado de Distrito que conozca del juicio de amparo de su interés, la consulta del expediente electrónico proporcionándole el nombre de usuario, y esperar que la solicitud se acuerde favorablemente. 3.- Una vez acordada favorablemente la solicitud, el usuario podrá entrar al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación a través de su Nombre de "Usuario y Contraseña", o bien, a través de su firma electrónica reconocida por la Unidad de Certificaciones del Poder Judicial Federal, y que se encuentre vigente. 4.- Una vez que el usuario acceda, podrá notificarse electrónicamente al ingresar al Juzgado de Distrito en el que se tramite el asunto correspondiente, ya sea en las opciones de Estrados o Expediente Electrónico, o bien a través de un listado condensado que contendrá las resoluciones electrónicas pendientes de notificarse. GRATUIDAD EN EL SERVICIO. Por último, se recuerda a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la carta magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos; asimismo, se indica que las promociones que dirija a este juicio de amparo, deben contener el número de expediente y mesa de trámite. NOTIFÍQUESE PERSONALEMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Blanca Fuentes Sánchez, que autoriza y da fe.
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