Lisset Barrientos Reyes

Expediente 494/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
494/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
29/06/2018

Partes del expediente

  • Lisset Barrientos Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintinueve de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio procedente del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, a través del cual se acusa recibo del diverso 18022/2018, por el que se remitió el juicio de amparo 494/2018, promovido por Lisset Barrientos Reyes y se informa que dicha autoridad se avocó al conocimiento del citado controvertido. Ahora, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, al tratarse de un cuaderno de antecedentes y no existir documentos originales, de conformidad con el punto vigésimo, fracción I, del acuerdo en cita, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el cuatro de enero de dos mil diecinueve.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintiuno de junio de dos mil dieciocho. Vista la demanda de cuenta, promovida por Lisset Barrientos Reyes, contra actos reclamados del Procurador General de la República y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el orden 494/2018. Ahora, se estima que este órgano de control constitucional es legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, por lo que con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir dicha demanda al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, por las siguientes consideraciones. Las cuestiones de competencia son de orden público y oficioso pronunciamiento. Esto, con base en la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 309 del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XCVII, del rubro siguiente: "COMPETENCIA". Asimismo, el numeral 37 de la ley de la materia, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". De este dispositivo se obtiene, en lo que interesa, que en relación con los actos reclamados que requieran ejecución material, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo será aquel en cuya jurisdicción deban tener ejecución, traten de ejecutarse, se estén ejecutando o se hayan ejecutado los actos reclamados, como acontece en la especie. En ese sentido, de la demanda se advierte que la quejosa reclama lo siguiente: a) La negativa de permitir la revisión de la carpeta de investigación AP/PGR/MEX/TLAIV/994PP/2016. b) La "ilegal" notificación del oficio 150/2018, en que se planteó la consulta de no ejercicio de la acción penal en dicha carpeta. c) La resolución que determina el no ejercicio de la acción penal en la carpeta aludida. Actos respecto de los cuales el primero entraña un acto negativo con efectos positivos, pues si se otorga el amparo solicitado, la consecuencia de la protección constitucional, implicaría que se permitiera a la quejosa la revisión de la carpeta mencionada en el lugar donde la autoridad responsable ordenadora tiene su residencia, es decir, en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, siendo en este lugar donde se integra la carpeta de la cual deriva el resto de los actos reclamados; de ahí que el juez competente para conocer de la demanda de amparo sea el Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 382 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, febrero de 1996, cuyo rubro establece: "ACTOS NEGATIVOS CON EFECTOS POSITIVOS. SUSPENSIÓN". Así como la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la página 1107, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II, Materia Común, de contenido siguiente: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA CUANDO SE RECLAMEN ACTOS NEGATIVOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL QUE NO REQUIERAN EJECUCIÓN MATERIAL. Para armonizar objetivamente las reglas de competencia en materia de amparo indirecto, resulta insuficiente una interpretación literal del último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque establece en forma genérica que tratándose de actos que no contengan ejecución material, la competencia se actualizará a favor del Juez de Distrito ante quien se presente la demanda de amparo, pero desatiende la existencia de actos que al estar dictados dentro de un procedimiento jurisdiccional, aunque no contengan una ejecución material tienen efectos positivos, y que sus consecuencias legales se materializan, precisamente, en el lugar donde reside la autoridad jurisdiccional que los emitió y lleva el juicio; además, una interpretación literal, en estos casos, no sería acorde a la regla establecida jurisprudencialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que no puede quedar al arbitrio del quejoso decidir la competencia en amparo indirecto en este tipo de asuntos. Por tanto, cuando el acto reclamado no tenga ejecución material, pero su consecuencia legal y necesaria sea que se siga llevando a cabo el procedimiento de origen ante un juzgado determinado, la competencia no debe quedar al arbitrio del quejoso, con base en la aplicación literal del tercer párrafo del citado artículo 37, sino que ésta debe determinarse a partir de una interpretación sistemática y armónica de lo enunciado en ese párrafo, con lo que establece el primer párrafo del propio artículo 37, el cual dispone que será Juez competente quien tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, y ello lleva a concluir que el Juez competente para conocer del juicio de amparo será aquel que ejerza jurisdicción en el lugar donde tenga su residencia la autoridad señalada como ordenadora cuando se reclamen actos negativos dentro de un procedimiento jurisdiccional que no requieran ejecución material". En ese orden de ideas, resulta evidente que este juzgado carece de competencia legal para tramitar y resolver este asunto, en virtud que uno de los actos reclamados por su naturaleza es considerado como negativo con efectos positivos, aunado a que el resto de los actos reclamados derivan de una carpeta de investigación integrada por el agente responsable con residencia en el Estado de México, por lo que se arriba a la conclusión que se actualiza la hipótesis establecida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En tal virtud, al carecer de competencia legal para tramitar y resolver este juicio de amparo, de conformidad con el punto cuarto, fracción II, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y de los Juzgados de Distrito, se considera que la competencia legal se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, que ejerce jurisdicción en el lugar donde de otorgarse la protección constitucional, se estaría ejecutando uno de los actos reclamados, siendo ahí donde se integra la carpeta de donde deriva el resto de ellos. Consecuentemente, fórmese cuaderno de antecedentes y remítanse los autos originales al juez que se estima competente para conocer del asunto, a quien se solicita acuse de recibo vía fax. Se tiene como domicilio y autorizadas únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere, hasta en tanto se acredite que se encuentran legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, pues no se proporcionan los datos correspondientes. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse; en la inteligencia que de no ser posible su diligenciación por causas atribuibles a la parte que corresponda, se llevarán a cabo por medio de lista, de conformidad con el artículo 27 de la ley señalada.

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