Lismaydy Portal Benacho
Expediente 1321/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1321/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Lismaydy Portal Benacho
Actuaciones
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio signado electrónicamente por el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia autorizada del contenido íntegro del proveído dictado el diecisiete de noviembre del año en curso, en la controversia judicial 568/2021 de su índice. En esas circunstancias, este Juzgado Federal toma conocimiento, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a trece de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término de veinticuatro horas concedidos en acuerdo de treinta y uno de noviembre de dos mil veintitrés (fojas 82-86), para que el promovente José Luis Pérez Jiménez, hiciera comparecer a la parte quejosa ****, a fin de que ratifiquen la demanda de amparo promovida en su favor, sin que haya dado cumplimiento al requerimiento formulado. Por otra parte, tomando en consideración que mediante razón de dieciocho de octubre del presente año (foja 80), el actuario judicial de la adscripción manifestó la imposibilidad de notificar a los directos quejosos en comento, el proveído de dieciocho de octubre del actual año (fojas 31-55), por no haberlos encontrados. Por tanto, ante la imposibilidad de notificarles personalmente el proveído anteriormente mencionado; se hace efectivo el apercibimiento realizado en acuerdo de treinta y uno de octubre del año en curso (fojas 82- 86), y con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena notificar a los agraviados en cita, el presente proveído, así como el diverso de dieciocho de octubre del actual año, y los subsecuentes, a través de la lista de acuerdos que se publica en los estrados de este juzgado. Notifíquese; y, por lista a la parte quejosa. ACUERDO: Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos que atribuyen al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración de esta ciudad, y otras autoridades. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Control Electrónico de este Juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1321/2023. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS Previo análisis de la demanda de amparo, se colige que la parte quejosa reclama: - La posible orden de detención con fines de presentación, alojamiento, deportación, retorno asistido o expulsión fuera de procedimiento, así como su ejecución. - La falta de atención médica. Lo anterior encuentra fundamento en la jurisprudencia 40/2000, con registro 192097, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tomo XI, abril de 2000, página 32, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. (...)." GENERALIDADES DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO Antes de proveer sobre la medida cautelar solicitada, es preciso señalar lo establecido en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 1o. de la Ley de Migración, así como el diverso numeral 1o, de su Reglamento, que textualmente establecen, en su orden, lo siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. "Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones." LEY DE MIGRACIÓN "Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República y tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales." REGLAMENTO "Artículo 1. Las disposiciones de este Reglamento son de orden público y de observancia general y tienen por objeto regular, de acuerdo con lo previsto en la Ley, lo relativo a la formulación y dirección de la política migratoria del Estado mexicano; los procesos de certificación y profesionalización de los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración; el movimiento internacional de personas; los criterios y requisitos para la expedición de visas; la situación migratoria de las personas extranjeras en el territorio nacional; la protección a los migrantes que transitan por el territorio nacional; el procedimiento administrativo migratorio en las materias de regulación, control y verificación migratoria y el retorno asistido de personas extranjeras." Como puede advertirse, las disposiciones de los dos ordenamientos legales que rigen la situación de los ahora quejosos (extranjeros), son de orden público y regulan, entre otras materias, la estructura dinámica y distribución de la población en el territorio nacional, la entrada y salida de personas del país, así como las actividades de los extranjeros durante su estancia en territorio nacional. En efecto, a la Secretaría de Gobernación le corresponde sujetar la inmigración de extranjeros y procurar la mejor asimilación de estos al medio nacional y su adecuada distribución en el territorio, vigilar la entrada y salida de nacionales y extranjeros, revisar la documentación del mismo; además, los extranjeros para entrar, transitar o salir del país, deben llenar ciertos requisitos exigidos por la Ley de Migración y su reglamento. Los artículos 4, 7, 18, fracción III, 20, fracciones II y III, 34, 35 y 37 de la Ley de Migración, disponen: "(...)." De lo expuesto se colige que toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. Sin embargo, ese derecho tiene sus limitaciones o restricciones pues la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Migratoria y su Reglamento, disponen que para ejercer esos derechos, es indispensable que reúnan los requisitos que las mismas leyes exigen. De tal manera que, dependiendo la naturaleza del acto que se reclame en relación al ingreso permanencia o tránsito por el territorio nacional de extranjeros, la eventual suspensión que, en su caso se conceda, por ningún motivo tendría por efecto sustituir el documento exigido por la autoridad migratoria, que permite el libre tránsito por el país a extranjeros, sino únicamente para que no sean objeto de detención con fines de presentación, alojamiento, deportación, retorno asistido y expulsión fuera de procedimiento, así como su ejecución y demás actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, que pongan en peligro la vida de los disconformes. Así las cosas, es de resaltar que los artículos 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104 y 144 de la Ley de Migración, prevén los supuestos en los cuales debe presentarse a los extranjeros en las Estancias Migratorias, para regularizar su situación, mismos que establecen: "(...)." De donde se deduce, que además de los lugares destinados al tránsito internacional de personas establecidos, el Instituto podrá llevar a cabo revisiones de carácter migratorio dentro del territorio nacional a efecto de comprobar la situación migratoria de los extranjeros; pues es de orden público la presentación de los extranjeros adultos en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional. Tal y como lo argumenta la Primera Sala, en la Jurisprudencia 1a. XXX/2023 (11a.), con número de registro digital 2027205, de rubro y texto: "PRESENTACIÓN Y ALOJAMIENTO DE PERSONAS EXTRANJERAS EN ESTACIONES MIGRATORIAS. LA LEY DE MIGRACIÓN ES ACORDE AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL SOBRE LA PRIVACIÓN LEGÍTIMA DE LA LIBERTAD DE LAS PERSONAS MIGRANTES EN TERRITORIO NACIONAL. (...).". Por otra parte, se establece que una vez emitido el acuerdo de presentación, y hasta que no se dicte resolución respecto de la situación migratoria del extranjero, en los casos y de conformidad con los requisitos que se señalen en el Reglamento, el extranjero podrá ser entregado en custodia a la representación diplomática del país del que sea nacional, o bien a persona moral o institución de reconocida solvencia cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos, con la obligación del extranjero de permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio. Así, cuando un extranjero es puesto a disposición de una autoridad migratoria con motivo de un procedimiento administrativo, tienen derecho a obtener la libertad bajo la figura de "custodia provisional". Sin embargo, es pertinente destacar que tal derecho puede ejercerlo ante las autoridades migratorias correspondientes, en términos de lo dispuesto por los artículos 101 y 102 de la Ley de Migración, su Reglamento, así como los acuerdos relativos, siempre y cuando satisfaga los supuestos que para el caso exigen las normatividades aplicables. Así también, el artículo 109 de la Ley de Migración, estatuye los derechos que tendrán las personas que sean presentadas en la Estancias Migratorias del Instituto Nacional de Migración y textualmente dice: "(...)." Los derechos ahí establecidos y que deben observarse desde el momento del ingreso del extranjero a la Estancia Migratoria son, entre otros: Que conozcan la ubicación de la Estación Migratoria donde fueron alojados, sus reglas y servicios a los que podrá tener acceso; Informar el motivo del ingreso a la estación migratoria, así como del procedimiento migratorio; de la posibilidad de que solicite el reconocimiento de refugiado o de apátrida; podrá, si lo desea, regularizar su estancia en el país de conformidad con lo establecido en los preceptos 132, 133 y 134 de la Ley de Migración; puede solicitar voluntariamente el retorno asistido a su país de origen; el derecho de interponer un recurso efectivo contra las resoluciones del Instituto; Tiene derecho a recibir la protección de su representación consular, así como establecer comunicación con ésta, facilitándole los medios; Recibir de forma escrita sus derechos y obligaciones, informándole las instancias donde puede presentar sus denuncias y quejas; Informarle su derecho a un procedimiento por autoridad competente, así como a recibir asesoría legal, ofrecer pruebas y alegar lo que crea conveniente y que tendrá acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio que se le instaure; Informarle que en caso de que no hable español, contara con un traductor o intérprete para facilitarle la comunicación; Acceder a comunicación telefónica; Recibir alimentos, productos básicos para su aseo personal, atención médica; entre otros. PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO DEL ACTO CONSISTENTE EN LA POSIBLE ORDEN DE DETENCIÓN CON FINES DE PRESENTACIÓN, ALOJAMIENTO, DEPORTACIÓN, RETORNO ASISTIDO O EXPULSIÓN FUERA DE PROCEDIMIENTO, ASÍ COMO SU EJECUCIÓN. Precisado lo anterior, es importante traer a colación los artículos 22 Constitucional, 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, mismos que disponen la procedencia de la suspensión de oficio y de plano. En efecto, los artículos en comento, en la parte que interesa, señalan: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "(...)." De los artículos transcritos, se aprecia en lo que interesa, los actos prohibidos a que alude el artículo 22 constitucional y los supuestos de procedencia de la medida cautelar oficiosa y de plano que refiere la ley de la materia, se constriñen a las hipótesis que ahí señalan. Prevén la posibilidad de promover un juicio de amparo en nombre de un tercero cuando se reclamen actos, entre otros, que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, y el afectado se encuentre imposibilitado para ejercer la acción de manera directa, en cuyo caso el juez de distrito está obligado a decretar la suspensión del acto. Asimismo, señalan que la suspensión de oficio se concederá de plano, cuando se trate de los actos precisados anteriormente, que, de llegarse a consumar, haría físicamente imposible restituir a los quejosos en el goce del derecho reclamado. Lo cual, deriva de la propia naturaleza del acto reclamado, en virtud de que para concederla únicamente es necesario atender al origen del acto tildado de inconstitucional, sin mayores requisitos porque, de ejecutarse sería imposible la restitución a los quejosos en el pleno goce de sus derechos fundamentales; de ahí que, por su urgencia, sea dable otorgar la medida cautelar de oficio y decretarla de plano, inclusive sin que se cumplan previamente los requisitos de la demanda. En consecuencia, analizado lo expuesto por los quejosos y ante el peligro de que continúen ejecutándose los actos reclamados, se decreta la suspensión de oficio y de plano en los siguientes términos: Con fundamento en los artículos 125, 126 y 160, en relación con el 15 de la invocada Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO para que los quejosos ***, no sean detenidos con fines de presentación, alojados, deportados, con retorno asistido y expulsión fuera de procedimiento, así como de los demás actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, además de que no sean objeto de incomunicación, ni cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales que ponga en peligro la vida de los disconformes, así la autoridad migratoria responsable debe mantener las cosas en el estado en que se encuentran y, por ende, momentáneamente deberá abstenerse de hacer abandonar a los extranjeros, aquí quejosos, el territorio nacional, hasta en tanto se notifique sobre la sentencia ejecutoria que se dicte en este asunto. Aplica al caso, la Jurisprudencia PC.I.P.J/32P (10a.) , del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, de título y contenido: "ACTA DE RECHAZO EMITIDA POR LA AUTORIDAD MIGRATORIA. EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA SU EJECUCIÓN PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. (:::)". Sin que la suspensión decretada con antelación, impida la continuación de los procedimientos de verificación y regulación migratoria establecidos en la Ley de Migración y su Reglamento, ya que éstos son de orden público y no pueden suspenderse. Lo anterior es así, pues como ya se precisó, hasta que no se dicte resolución respecto de la situación migratoria de los aquí quejosos, deberán permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, que deba conocer de la solicitud de regulación respectiva, ello con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo; y por lo tanto, la medida cautelar sólo se concede en los términos ya precisados. Debiendo de informar las autoridades responsables dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de la notificación de este auto, sobre el cumplimiento que den a esta resolución, ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra." Resulta ser aplicable al caso, la jurisprudencia: emitida por el Pleno del Décimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, página 879, Registro digital: 2022090, cuya literalidad es: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE OTORGARLA DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE RECLAMAN LA POSIBLE DEPORTACIÓN O REPATRIACIÓN Y, SIMULTÁNEAMENTE, ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DE MIGRANTES CON SITUACIÓN IRREGULAR EN EL PAÍS. (...)." Cabe precisar que los efectos de la medida suspensional anteriormente decretada, no implica sustituir el documento que en su caso expide la autoridad migratoria para transitar libremente por el territorio nacional. Dicha medida cautelar no surtirá efectos si en el caso los directos quejosos estuvieran en el supuesto a que se refiere el artículo 33 Constitucional, esto es, que el Titular del Ejecutivo de la Unión haya juzgado inconveniente la permanencia en el país del extranjero, numeral que dispone: "Artículo 33. Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución. El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención. Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país". Se precisa que la medida cautelar también se concede para el efecto de que la autoridad responsable, en el ámbito de su competencia con la debida oportunidad le dé trámite a la solicitud que plantee la parte quejosa respecto de su situación migratoria. Asimismo, debe precisarse que si el acto reclamado se trata realmente de una medida de aseguramiento decretada con fundamento en la Ley de Migración, la medida precautoria no surtirá el efecto, en atención a que no se satisface el requisito previsto en el artículo 128 fracción II, de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión contra el posible aseguramiento de la parte quejosa por las autoridades administrativas, pues se atentaría contra el interés de la sociedad quien está interesada en que se cumpla con toda exactitud las disposiciones de la referida ley migratoria. Lo anterior se estima apegado a lo dispuesto por el artículo 11 de la Constitución Federal, que contiene el derecho a la libertad de tránsito dentro del territorio nacional, que incluye además otro derecho fundamental aplicable a extranjeros, que es el de residir legalmente en el país; sin embargo, tales derechos no son absolutos y por ende no es posible autorizarlos al margen de la disposición legal que los prevé, pues como se desprende de dicho precepto constitucional, están sujetos a límites y subordinados a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que establecen las leyes sobre migración o inmigración y de los extranjeros residentes considerados perniciosos; lo que redunda en que la autoridad migratoria ejerce la vigilancia correspondiente a través de las reglas que impone la Ley de Migración, específicamente, las previstas en los artículos 7, 31, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 52, 57, 81, 92, 97, 99 y 106, así como los relativos de su reglamento; de ahí que el interés de la sociedad está por encima del interés particular. Por otra parte, en caso de que se haya ejecutado la deportación de la parte quejosa, la medida cautelar se concede para el efecto de que las responsables bajo su más estricta responsabilidad, tomen las medidas necesarias y que estén a su alcance para salvaguardar la vida de los mismos, así como para que giren las instrucciones necesarias a los Directores o Encargados de las Estaciones Migratorias, a efecto de que en el lugar que se designe o llegara a designarse para su estancia con motivo del seguimiento de algún proceso, también tomen las medidas necesarias indispensables para los efectos a que se hizo alusión, en el entendido de que en caso de que los quejosos se encuentren alojados en algún recinto o estación migratoria, la duración de la detención no podrá exceder el plazo de treinta y seis horas, lo anterior, toda vez que el derecho a la libertad personal no es absoluto, pues puede haber escenarios en los que se encuentre justificada su restricción, como sucede con la facultad del Estado mexicano para establecer medidas tendentes a regular la entrada, admisión y expulsión de personas migrantes en territorio nacional. Sustenta lo anterior, el criterio que sostiene la Primera Sala del Máximo Tribunal en la Jurisprudencia 1a./J. 112/2023 (11a.), con registro digital 2027175, de rubro y texto: "DETENCIÓN ADMINISTRATIVA MIGRATORIA. PARA EVITAR QUE SEA ARBITRARIA, SU DURACIÓN DEBE SER MENOR A TREINTA Y SEIS HORAS Y LA IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE RAZONABILIDAD, NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD. (...).". Lo anterior tiene su justificación porque la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un requisito para el disfrute de todos los demás derechos, ya que de no ser respetado los demás carecerían de sentido, y por esa razón, el Estado tiene la obligación de garantizar las condiciones necesarias para que no se viole, pues específicamente son los encargados de los Centros de Estación Migratoria quienes tienen asignada la función especial de garantes de los derechos de las personas que se encuentran bajo su custodia, para lo cual deben realizar todos aquellos actos o gestiones que sean necesarias para salvaguardar la vida de los migrantes. En ese contexto, es de resaltar que dichas autoridades pueden (en uso de sus facultades), prolongar el alojamiento de las personas en los albergues o estancias migratorias, lo anterior, debido a su obligación de definir la gravedad que la circulación de las personas extranjeras, pudieran llegar a representar para la seguridad del país, para lo cual deberán hacer un análisis escrupuloso de las características individuales de la persona migrante afectada. Así, la decisión de las autoridades migratorias deberá estar debidamente fundada y motivada, para lo cual deberá justificar que se trata de una medida razonable, necesaria y proporcional; y, demostrar que existe una amenaza presente, directa e imperativa que justifica el alojamiento o detención de la persona migrante en cuestión. En este caso, se atiende la jurisprudencia 1a. XXIII/2023 (11a.), con registro digital 2027178, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto: "DETENCIONES ADMINISTRATIVAS MIGRATORIAS. FACTORES DE RIESGO GRAVE PARA LA SEGURIDAD NACIONAL, EL ORDEN PÚBLICO O DERECHOS Y LIBERTADES DE TERCERAS PERSONAS POR EL INGRESO ILÍCITO DE PERSONAS MIGRANTES EN TERRITORIO NACIONAL. (...).". Requiérase a las autoridades responsables para que en el plazo de veinticuatro horas, contados a partir de que se encuentren notificadas de este acuerdo, remitan a este juzgado copia certificada de las constancias en que se patentice el cumplimiento que han dado a la medida cautelar concedida; apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá a la omisa, medida de apremio antes apuntada. También se informa a las mismas que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo está obligadas a recibir el oficio que en relación con este juicio se les dirija, en el entendido que de negarse a hacerlo, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea substancial, o sea, que no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, en el entendido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además de que se les impondrá multa de cincuenta unidades de Medida y Actualización, que arroja la cantidad de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Por otra parte, se autoriza a las autoridades responsables que rindan su respectivo informe a través de medios electrónicos atendiendo, en su caso, a los acuerdos de interconexión o a través del correo Institucional 4jdo20cto@correo.cjf.gob.mx. PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO DE FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA. El artículo 126 de la Ley de Amparo, establece: "(...)". Del contenido de ese precepto legal, se advierte que la suspensión debe concederse de oficio y de plano cuando se trate de actos, entre otros, que importen peligro de privación de la vida o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 42/2018, entre las sustentadas por el Pleno en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, en un caso análogo, determinó que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales. Asimismo, precisó que la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso, consistentes en: La falta de atención médica. Concluyó que por tanto, el Juez de amparo debe conceder la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que una persona reclame dicha falta de atención médica, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que ésta compromete gravemente la integridad personal de la parte quejosa, al grado de equipararse tal situación a un tormento. Por lo tanto, este Juzgado de Distrito procede a CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO, pues después de hacer un juicio valorativo de las manifestaciones expuestas por el promovente del amparo, se advierte que la falta de atención médica, puede comprometer gravemente la integridad personal de la parte quejosa y podría complicarse de forma severa el estado de salud de los impetrantes. Por otra parte, cabe señalar que el Estado Mexicano ha suscrito convenios supranacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel de protección a la salud, así como las bases para brindar los servicios y prestaciones relacionadas con el disfrute de este derecho, incluso existen documentos que desarrollan esos estándares, en términos de contenido y alcance jurídico mínimo consensuado. Muestra de ello, es el texto del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, concordante con el ordinal 4 de la Constitución Federal, el cual establece: "(...)." Asimismo, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que señala lo siguiente: "(...)." Además, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la cual reconoce el derecho a la protección a la salud, al disponer en su artículo 11, lo siguiente: "Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales relativas a la alimentación, vestido, la vivienda, y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad." Además, el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", dispone: "(...).". De todos esos instrumentos, México es parte y sobre esas bases, es válido sostener que tanto la Constitución como los instrumentos internacionales referidos, reconocen y garantizan el derecho fundamental a la protección de la salud, a través del establecimiento de reglas obligatorias para el Estado tendentes a la prestación del servicio médico de prevención y asistencial de la salud física y mental de las personas sujetas a su jurisdicción. De igual forma, atento a los actos reclamados por el inconforme, relacionados con la atención médica que requiera, es procedente conceder la suspensión de plano y de oficio en este aspecto, en atención a que la restitución provisional de este derecho, no implica dejar sin materia el amparo, por el contrario ello se traduce en el cese del deterioro a la salud que se encuentra sufriendo la parte quejosa, sin que ello implique constituir derechos que la inconforme no tuviera antes de solicitar la medida cautelar; máxime que preservar el estado óptimo de salud de las personas es una obligación del Estado Mexicano, acorde a lo establecido por el artículo 4º. Constitucional. Encuentra aplicación por analogía la jurisprudencia 1a./J. 55/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2020430, Décima Época, localizable en el Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, página 1270, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. (...)". Así como la diversa XXV.3o.2 K (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, que aparece en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III, página 2585, registro digital 2018519, que estatuye: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA FALTA U OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA A LOS INTERNOS EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN. PROCEDE CONCEDERLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS PROVISIONALES. (...). En suma, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO DEL ACTO RECLAMADO, para el efecto de que en caso de que los quejosos requieran atención médica, acudan a cualquier Institución de Salud Pública, de esta ciudad, para que de inmediato proporcionen dicha atención a la parte quejosa *** es decir, deberán realizar lo siguiente: a). Proporcionar la atención médica integral que requiera la parte quejosa, lo cual implica valorar el estado de salud y practicarles los exámenes médicos que se estimen pertinentes; y a partir de lo anterior, deberán proceder a proporcionarle el tratamiento necesario e idóneo que requieren para salvaguardar su salud, integridad y vida, los cuales podrán ser o no los mismos que en su caso le hayan sido recetados con antelación, lo que deberán informar a la parte quejosa. b). De acuerdo a la valoración médica que se le realice a la parte quejosa, y de necesitar la cirugía que; o bien, de requerir estudios de carácter especializado con la finalidad de llegar al correcto tratamiento médico, éstos deberán ser realizados con la celeridad y diligencia necesarias que requiera el diagnóstico o la investigación médica que se ordene. Cabe precisar que en caso de que las instituciones públicas médicas a las que acudan los impetrantes, determinen que el tratamiento que requieren implica la intervención de diversas dependencias, deberán realizar los trámites necesarios para el debido cumplimiento de esta medida. En la inteligencia de que, de no llevar a cabo dichas instituciones médicas los tratamientos respectivos o en su caso realizar la cirugía que la urgencia lo indique, deberán realizar las gestiones pertinentes para su atención en la unidad médica que corresponda. Se sostiene lo vertido, atendiendo al marco legal garantista contenido en su artículo 4 y a lo dispuesto por el numeral 126 de la Ley de Amparo , toda vez que la salud es un derecho humano que las instituciones del sector salud están obligadas a respetar y garantizar, incumplimiento que en su caso puede implicar un sufrimiento proscrito en el artículo 22 constitucional, que asimismo puede poner en peligro su vida; de ahí la procedencia de la suspensión de oficio y de plano. Trasciende a lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 136/2008, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4o., TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL." RATIFICACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO Ahora, con el objeto de que se cumpla con todos los requisitos a que se refiere el artículo 108, de la Ley de Amparo, previamente es necesario que la parte quejosa ***, ratifiquen la petición de amparo, promovida en su favor por ***. Por lo que se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción que corresponda, para que se constituya en las instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI, con sede en esta ciudad, a fin de que localice a la parte quejosa ***; y bajo su más estricta responsabilidad y en el acto de la diligencia realice lo siguiente: Vocear o llamar a los directos quejosos, en el lugar respectivo; Notificarles el presente auto; Requerirlos para que en ese acto o dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo instada en sus nombres, en el entendido que respecto a los menores infantes de identidades protegidas con iniciales ***, serán sus padres los que deberán ratificar la demanda instada a su favor. Apercibidos que de no ratificar la demanda en el término concedido, se tendrá por no presentada la misma, de conformidad con lo dispuestos en el artículo 15 de la Ley de Amparo y quedarán sin efecto las medidas decretadas: Dar fe del estado físico en que se encuentra la parte quejosa. Levantar acta pormenorizada de todo lo anterior. Para efectos de lo anterior, se instruye a las autoridades migratorias, que será bajo su más estricta responsabilidad, brindar todas las facilidades al actuario judicial, para desarrollar la búsqueda de los directos quejosos, en todas y cada una de las áreas físicas que constituyen la dependencia; apercibidas que de no hacerlo, se harán acreedoras una multa en los términos precisados en párrafos que preceden; además, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, por desacato a una orden judicial. Se faculta al actuario para que indague en caso de ser necesario a disposición de qué autoridad diversa a las señaladas se encuentra la parte quejosa, y en caso de tener conocimiento les notifique el presente auto, y asienten la denominación de dicha autoridad. PREVENCIÓN Ahora, con fundamento en el artículo 114, fracciones I, II y IV, en relación al 108, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que en el acto de la notificación, o bien, dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al que se encuentren notificados de este acuerdo, por escrito y "bajo protesta de decir verdad", aclaren su demanda conforme a lo siguiente: PRIMERO. Precisen si se encuentran sujetos a algún procedimiento administrativo migratorio, con el que se les pretenda deportar, expulsar o repatriar a su país de origen, o si a la fecha les fue notificado alguno. SEGUNDO. Comuniquen si han promovido diverso juicio de amparo contra actos iguales, similares o relacionados a los que aquí se reclaman, así como el estado que guarda. TERCERO. Deberán señalar si acudieron ante alguna Institución Pública de Salud, y si ésta consideró que requieren ser trasladados a una diversa institución y de ser así, indiquen cual fue la institución médica. CUARTO. Manifiesten cual es el acto que le reclaman al Secretario de Seguridad Pública y Vialidad Municipal y a la Secretaría de Relaciones Exteriores Subdelegación Tapachula, ambos con sede en esta ciudad, dado que conforme a las atribuciones de las mismas no les corresponde brindar la atención médica y el traslado, así como la deportación que reclaman. APERCIBIMIENTO Se apercibe a la parte quejosa que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Asimismo, se apercibe a la directa quejosa, representantes, abogados y/o autorizados, que si con posterioridad en este juicio de amparo, de las constancias allegadas se advierte que en el escrito de demanda y/o aclaración, afirmaron hechos falsos u omitieron los que les constaban con relación al acto reclamado, y sus antecedentes, se procederá contra quien resulte responsable en la comisión del delito federal de falsedad, previsto en el artículo 261 de la Ley de Amparo. En el entendido de que el desahogo de la prevención de referencia la deberá realizar la parte quejosa, pues de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, el autorizado en términos amplios no está facultado para desahogar prevenciones en las cuales la quejosa deba manifestar "bajo protesta de decir verdad". Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 50/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publica en la página 210, Libro 9, agosto de 2014, Tomo I del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2007285, del rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA" REPRESENTANTE ESPECIAL DE LOS INFANTES Ahora bien, dadas la circunstancias en que se solicita la protección constitucional de los infantes, y para garantizar el bien superior del niño y niña migrante, con fundamento en el artículo 8° de la Ley de Amparo, a fin de que este órgano de control constitucional esté en aptitud de designar o procurar un representante especial para que intervenga en este juicio a nombre de los infantes involucrados, comisiónese al actuario judicial adscrito, a fin de que se constituya en las instalaciones de la Procuraduría Regional de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y la Familia adscrita al DIF Chiapas en Materia de Migrantes, con sede en esta ciudad, y en el acto de la diligencia, requiera a su titular, para que acepte y proteste el cargo como representante especial de los infantes de identidad reservada de iniciales ***; asimismo, en caso de aceptarlo, le corra traslado con copia de la demanda de amparo, para los efectos legales conducentes. Sirve de apoyo como analogía, la tesis III.1o.P.50P del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en la página 1324, tomo XVI, agosto de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital 186220, con el rubro y texto siguientes: "MENORES. REPRESENTANTE ESPECIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOMBRARLES UNO CUANDO SUS PADRES O LEGÍTIMOS REPRESENTANTES TENGAN INTERESES OPUESTOS A LOS SUYOS. (...)". Así como la diversa, tesis I.21o.A.4 A (10a.), sustentada por el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Décima Época, Registro digital: 2020336, visible en la página 4587, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que estatuye: "NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES. EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO EN EL AMPARO DECRETADA CONTRA SU DEPORTACIÓN, CUANDO SE ENCUENTRAN DETENIDOS EN ESTACIONES MIGRATORIAS. (...)." En este mismo sentido, con fundamento en el párrafo noveno del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 3º de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que queda estrictamente prohibido separar a la infante de su padre, madre o de las personas adultas de quienes se encuentren acompañados. Es menester precisar que las jurisprudencias y tesis aislada citadas, se atienden por considerar que no se oponen a la Ley de Amparo, tal y como lo indica el artículo Sexto Transitorio de esa ley. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Y CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Ahora, con fundamento en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, 16 y 45 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, háganse las notificaciones personales que le correspondan a la parte quejosa a través del juicio en línea, con el usuario ***. Además, con apoyo en los artículos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, este último precepto reformado por el punto cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por *** y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se autoriza el usuario "viktor73", la consulta de este expediente, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la dirección electrónica http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Login, debiendo corroborar sus credenciales de acceso. Consecuentemente, se instruye a la Oficial Judicial "A" de la adscripción, proceda a realizar las acciones necesarias en el aludido sistema, a efecto de hacer efectivas las referidas autorizaciones. AUTORIZADO Se tiene como autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Luis Pérez Jiménez, puesto que su cédula profesional se encuentra inscrita en el registro y consulta de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. CORREOS ELECTRÓNICOS PROPORCIONADOS De igual manera, respecto a los correos electrónicos proporcionados por la parte quejosa, tómense en consideración para efectos de comunicaciones no procesales, de conformidad con el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por *** y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo , se toma conocimiento de los mismos, para el caso de considerar necesaria tal comunicación. EXPEDICIÓN DE COPIAS DIGITALIZADAS De conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2° a la Ley de Amparo, y como lo solicitan, expídase copia certificada de esta determinación. Se le hace saber que este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez, mantiene como horario de atención al público de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, ello de lunes a viernes; además, es importante enfatizar que dicho horario resulta aplicable al órgano jurisdiccional en su totalidad, en lo que interesa, entrega de copias certificadas, previa identificación y razón que de su recibo obre en autos. NOTIFICACIONES POR LISTA Se indica a las partes que la lista de notificaciones no personales se podrá consultar a diario en el portal del Consejo de la Judicatura Federal en la siguiente dirección: www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.ht m?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm EXHORTO A LAS PARTES A TRANSITAR A LA TRAMITACIÓN AL JUICIO EN LÍNEA, Y USO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Con apoyo en los artículos 52 Duodecies y 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por *** y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, entrado en vigor a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes a que transiten hacia la actuación del portal de Servicios en Línea, el cual cuenta con la apertura total de "juicio en línea", a todas las materias e instancias en los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales del consejo, para efecto de continuar (previa solicitud) la tramitación del presente expediente por los medios electrónicos. NOTIFICACIONES POR LISTA Se indica a las partes que la lista de notificaciones no personales se podrá consultar a diario en el portal del Consejo de la Judicatura Federal en la siguiente dirección: www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.ht m?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm EXHORTO A LAS PARTES A TRANSITAR A LA TRAMITACIÓN AL JUICIO EN LÍNEA, Y USO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Con apoyo en los artículos 52 Duodecies y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por *** y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, entrado en vigor a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes a que transiten hacia la actuación del portal de Servicios en Línea, el cual cuenta con la apertura total de "juicio en línea", a todas las materias e instancias en los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales del consejo, para efecto de continuar (previa solicitud) la tramitación del presente expediente por los medios electrónicos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán con supresión de datos, y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes *** cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en los arábigos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, este último precepto, reformado por el punto cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación en veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa vía electrónica, a la Procuradora Regional de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y la Familia adscrita al DIF Chiapas en Materia de Migrantes, con residencia en esta ciudad; y mediante oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos que atribuyen al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración de esta ciudad, y otras autoridades. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Control Electrónico de este Juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1321/2023. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS Previo análisis de la demanda de amparo, se colige que la parte quejosa reclama: - La posible orden de detención con fines de presentación, alojamiento, deportación, retorno asistido o expulsión fuera de procedimiento, así como su ejecución. - La falta de atención médica. Lo anterior encuentra fundamento en la jurisprudencia 40/2000, con registro 192097, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tomo XI, abril de 2000, página 32, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. (...)." GENERALIDADES DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO Antes de proveer sobre la medida cautelar solicitada, es preciso señalar lo establecido en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 1o. de la Ley de Migración, así como el diverso numeral 1o, de su Reglamento, que textualmente establecen, en su orden, lo siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. "Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones." LEY DE MIGRACIÓN "Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República y tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales." REGLAMENTO "Artículo 1. Las disposiciones de este Reglamento son de orden público y de observancia general y tienen por objeto regular, de acuerdo con lo previsto en la Ley, lo relativo a la formulación y dirección de la política migratoria del Estado mexicano; los procesos de certificación y profesionalización de los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración; el movimiento internacional de personas; los criterios y requisitos para la expedición de visas; la situación migratoria de las personas extranjeras en el territorio nacional; la protección a los migrantes que transitan por el territorio nacional; el procedimiento administrativo migratorio en las materias de regulación, control y verificación migratoria y el retorno asistido de personas extranjeras." Como puede advertirse, las disposiciones de los dos ordenamientos legales que rigen la situación de los ahora quejosos (extranjeros), son de orden público y regulan, entre otras materias, la estructura dinámica y distribución de la población en el territorio nacional, la entrada y salida de personas del país, así como las actividades de los extranjeros durante su estancia en territorio nacional. En efecto, a la Secretaría de Gobernación le corresponde sujetar la inmigración de extranjeros y procurar la mejor asimilación de estos al medio nacional y su adecuada distribución en el territorio, vigilar la entrada y salida de nacionales y extranjeros, revisar la documentación del mismo; además, los extranjeros para entrar, transitar o salir del país, deben llenar ciertos requisitos exigidos por la Ley de Migración y su reglamento. Los artículos 4, 7, 18, fracción III, 20, fracciones II y III, 34, 35 y 37 de la Ley de Migración, disponen: "(...)." De lo expuesto se colige que toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. Sin embargo, ese derecho tiene sus limitaciones o restricciones pues la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Migratoria y su Reglamento, disponen que para ejercer esos derechos, es indispensable que reúnan los requisitos que las mismas leyes exigen. De tal manera que, dependiendo la naturaleza del acto que se reclame en relación al ingreso permanencia o tránsito por el territorio nacional de extranjeros, la eventual suspensión que, en su caso se conceda, por ningún motivo tendría por efecto sustituir el documento exigido por la autoridad migratoria, que permite el libre tránsito por el país a extranjeros, sino únicamente para que no sean objeto de detención con fines de presentación, alojamiento, deportación, retorno asistido y expulsión fuera de procedimiento, así como su ejecución y demás actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, que pongan en peligro la vida de los disconformes. Así las cosas, es de resaltar que los artículos 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104 y 144 de la Ley de Migración, prevén los supuestos en los cuales debe presentarse a los extranjeros en las Estancias Migratorias, para regularizar su situación, mismos que establecen: "(...)." De donde se deduce, que además de los lugares destinados al tránsito internacional de personas establecidos, el Instituto podrá llevar a cabo revisiones de carácter migratorio dentro del territorio nacional a efecto de comprobar la situación migratoria de los extranjeros; pues es de orden público la presentación de los extranjeros adultos en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional. Tal y como lo argumenta la Primera Sala, en la Jurisprudencia 1a. XXX/2023 (11a.), con número de registro digital 2027205, de rubro y texto: "PRESENTACIÓN Y ALOJAMIENTO DE PERSONAS EXTRANJERAS EN ESTACIONES MIGRATORIAS. LA LEY DE MIGRACIÓN ES ACORDE AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL SOBRE LA PRIVACIÓN LEGÍTIMA DE LA LIBERTAD DE LAS PERSONAS MIGRANTES EN TERRITORIO NACIONAL. (...).". Por otra parte, se establece que una vez emitido el acuerdo de presentación, y hasta que no se dicte resolución respecto de la situación migratoria del extranjero, en los casos y de conformidad con los requisitos que se señalen en el Reglamento, el extranjero podrá ser entregado en custodia a la representación diplomática del país del que sea nacional, o bien a persona moral o institución de reconocida solvencia cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos, con la obligación del extranjero de permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio. Así, cuando un extranjero es puesto a disposición de una autoridad migratoria con motivo de un procedimiento administrativo, tienen derecho a obtener la libertad bajo la figura de "custodia provisional". Sin embargo, es pertinente destacar que tal derecho puede ejercerlo ante las autoridades migratorias correspondientes, en términos de lo dispuesto por los artículos 101 y 102 de la Ley de Migración, su Reglamento, así como los acuerdos relativos, siempre y cuando satisfaga los supuestos que para el caso exigen las normatividades aplicables. Así también, el artículo 109 de la Ley de Migración, estatuye los derechos que tendrán las personas que sean presentadas en la Estancias Migratorias del Instituto Nacional de Migración y textualmente dice: "(...)." Los derechos ahí establecidos y que deben observarse desde el momento del ingreso del extranjero a la Estancia Migratoria son, entre otros: Que conozcan la ubicación de la Estación Migratoria donde fueron alojados, sus reglas y servicios a los que podrá tener acceso; Informar el motivo del ingreso a la estación migratoria, así como del procedimiento migratorio; de la posibilidad de que solicite el reconocimiento de refugiado o de apátrida; podrá, si lo desea, regularizar su estancia en el país de conformidad con lo establecido en los preceptos 132, 133 y 134 de la Ley de Migración; puede solicitar voluntariamente el retorno asistido a su país de origen; el derecho de interponer un recurso efectivo contra las resoluciones del Instituto; Tiene derecho a recibir la protección de su representación consular, así como establecer comunicación con ésta, facilitándole los medios; Recibir de forma escrita sus derechos y obligaciones, informándole las instancias donde puede presentar sus denuncias y quejas; Informarle su derecho a un procedimiento por autoridad competente, así como a recibir asesoría legal, ofrecer pruebas y alegar lo que crea conveniente y que tendrá acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio que se le instaure; Informarle que en caso de que no hable español, contara con un traductor o intérprete para facilitarle la comunicación; Acceder a comunicación telefónica; Recibir alimentos, productos básicos para su aseo personal, atención médica; entre otros. PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO DEL ACTO CONSISTENTE EN LA POSIBLE ORDEN DE DETENCIÓN CON FINES DE PRESENTACIÓN, ALOJAMIENTO, DEPORTACIÓN, RETORNO ASISTIDO O EXPULSIÓN FUERA DE PROCEDIMIENTO, ASÍ COMO SU EJECUCIÓN. Precisado lo anterior, es importante traer a colación los artículos 22 Constitucional, 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, mismos que disponen la procedencia de la suspensión de oficio y de plano. En efecto, los artículos en comento, en la parte que interesa, señalan: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "(...)." De los artículos transcritos, se aprecia en lo que interesa, los actos prohibidos a que alude el artículo 22 constitucional y los supuestos de procedencia de la medida cautelar oficiosa y de plano que refiere la ley de la materia, se constriñen a las hipótesis que ahí señalan. Prevén la posibilidad de promover un juicio de amparo en nombre de un tercero cuando se reclamen actos, entre otros, que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, y el afectado se encuentre imposibilitado para ejercer la acción de manera directa, en cuyo caso el juez de distrito está obligado a decretar la suspensión del acto. Asimismo, señalan que la suspensión de oficio se concederá de plano, cuando se trate de los actos precisados anteriormente, que, de llegarse a consumar, haría físicamente imposible restituir a los quejosos en el goce del derecho reclamado. Lo cual, deriva de la propia naturaleza del acto reclamado, en virtud de que para concederla únicamente es necesario atender al origen del acto tildado de inconstitucional, sin mayores requisitos porque, de ejecutarse sería imposible la restitución a los quejosos en el pleno goce de sus derechos fundamentales; de ahí que, por su urgencia, sea dable otorgar la medida cautelar de oficio y decretarla de plano, inclusive sin que se cumplan previamente los requisitos de la demanda. En consecuencia, analizado lo expuesto por los quejosos y ante el peligro de que continúen ejecutándose los actos reclamados, se decreta la suspensión de oficio y de plano en los siguientes términos: Con fundamento en los artículos 125, 126 y 160, en relación con el 15 de la invocada Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO para que los quejosos ***, no sean detenidos con fines de presentación, alojados, deportados, con retorno asistido y expulsión fuera de procedimiento, así como de los demás actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, además de que no sean objeto de incomunicación, ni cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales que ponga en peligro la vida de los disconformes, así la autoridad migratoria responsable debe mantener las cosas en el estado en que se encuentran y, por ende, momentáneamente deberá abstenerse de hacer abandonar a los extranjeros, aquí quejosos, el territorio nacional, hasta en tanto se notifique sobre la sentencia ejecutoria que se dicte en este asunto. Aplica al caso, la Jurisprudencia PC.I.P.J/32P (10a.) , del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, de título y contenido: "ACTA DE RECHAZO EMITIDA POR LA AUTORIDAD MIGRATORIA. EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA SU EJECUCIÓN PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. (:::)". Sin que la suspensión decretada con antelación, impida la continuación de los procedimientos de verificación y regulación migratoria establecidos en la Ley de Migración y su Reglamento, ya que éstos son de orden público y no pueden suspenderse. Lo anterior es así, pues como ya se precisó, hasta que no se dicte resolución respecto de la situación migratoria de los aquí quejosos, deberán permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, que deba conocer de la solicitud de regulación respectiva, ello con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo; y por lo tanto, la medida cautelar sólo se concede en los términos ya precisados. Debiendo de informar las autoridades responsables dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de la notificación de este auto, sobre el cumplimiento que den a esta resolución, ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra." Resulta ser aplicable al caso, la jurisprudencia: emitida por el Pleno del Décimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, página 879, Registro digital: 2022090, cuya literalidad es: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE OTORGARLA DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE RECLAMAN LA POSIBLE DEPORTACIÓN O REPATRIACIÓN Y, SIMULTÁNEAMENTE, ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DE MIGRANTES CON SITUACIÓN IRREGULAR EN EL PAÍS. (...)." Cabe precisar que los efectos de la medida suspensional anteriormente decretada, no implica sustituir el documento que en su caso expide la autoridad migratoria para transitar libremente por el territorio nacional. Dicha medida cautelar no surtirá efectos si en el caso los directos quejosos estuvieran en el supuesto a que se refiere el artículo 33 Constitucional, esto es, que el Titular del Ejecutivo de la Unión haya juzgado inconveniente la permanencia en el país del extranjero, numeral que dispone: "Artículo 33. Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución. El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención. Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país". Se precisa que la medida cautelar también se concede para el efecto de que la autoridad responsable, en el ámbito de su competencia con la debida oportunidad le dé trámite a la solicitud que plantee la parte quejosa respecto de su situación migratoria. Asimismo, debe precisarse que si el acto reclamado se trata realmente de una medida de aseguramiento decretada con fundamento en la Ley de Migración, la medida precautoria no surtirá el efecto, en atención a que no se satisface el requisito previsto en el artículo 128 fracción II, de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión contra el posible aseguramiento de la parte quejosa por las autoridades administrativas, pues se atentaría contra el interés de la sociedad quien está interesada en que se cumpla con toda exactitud las disposiciones de la referida ley migratoria. Lo anterior se estima apegado a lo dispuesto por el artículo 11 de la Constitución Federal, que contiene el derecho a la libertad de tránsito dentro del territorio nacional, que incluye además otro derecho fundamental aplicable a extranjeros, que es el de residir legalmente en el país; sin embargo, tales derechos no son absolutos y por ende no es posible autorizarlos al margen de la disposición legal que los prevé, pues como se desprende de dicho precepto constitucional, están sujetos a límites y subordinados a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que establecen las leyes sobre migración o inmigración y de los extranjeros residentes considerados perniciosos; lo que redunda en que la autoridad migratoria ejerce la vigilancia correspondiente a través de las reglas que impone la Ley de Migración, específicamente, las previstas en los artículos 7, 31, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 52, 57, 81, 92, 97, 99 y 106, así como los relativos de su reglamento; de ahí que el interés de la sociedad está por encima del interés particular. Por otra parte, en caso de que se haya ejecutado la deportación de la parte quejosa, la medida cautelar se concede para el efecto de que las responsables bajo su más estricta responsabilidad, tomen las medidas necesarias y que estén a su alcance para salvaguardar la vida de los mismos, así como para que giren las instrucciones necesarias a los Directores o Encargados de las Estaciones Migratorias, a efecto de que en el lugar que se designe o llegara a designarse para su estancia con motivo del seguimiento de algún proceso, también tomen las medidas necesarias indispensables para los efectos a que se hizo alusión, en el entendido de que en caso de que los quejosos se encuentren alojados en algún recinto o estación migratoria, la duración de la detención no podrá exceder el plazo de treinta y seis horas, lo anterior, toda vez que el derecho a la libertad personal no es absoluto, pues puede haber escenarios en los que se encuentre justificada su restricción, como sucede con la facultad del Estado mexicano para establecer medidas tendentes a regular la entrada, admisión y expulsión de personas migrantes en territorio nacional. Sustenta lo anterior, el criterio que sostiene la Primera Sala del Máximo Tribunal en la Jurisprudencia 1a./J. 112/2023 (11a.), con registro digital 2027175, de rubro y texto: "DETENCIÓN ADMINISTRATIVA MIGRATORIA. PARA EVITAR QUE SEA ARBITRARIA, SU DURACIÓN DEBE SER MENOR A TREINTA Y SEIS HORAS Y LA IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE RAZONABILIDAD, NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD. (...).". Lo anterior tiene su justificación porque la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un requisito para el disfrute de todos los demás derechos, ya que de no ser respetado los demás carecerían de sentido, y por esa razón, el Estado tiene la obligación de garantizar las condiciones necesarias para que no se viole, pues específicamente son los encargados de los Centros de Estación Migratoria quienes tienen asignada la función especial de garantes de los derechos de las personas que se encuentran bajo su custodia, para lo cual deben realizar todos aquellos actos o gestiones que sean necesarias para salvaguardar la vida de los migrantes. En ese contexto, es de resaltar que dichas autoridades pueden (en uso de sus facultades), prolongar el alojamiento de las personas en los albergues o estancias migratorias, lo anterior, debido a su obligación de definir la gravedad que la circulación de las personas extranjeras, pudieran llegar a representar para la seguridad del país, para lo cual deberán hacer un análisis escrupuloso de las características individuales de la persona migrante afectada. Así, la decisión de las autoridades migratorias deberá estar debidamente fundada y motivada, para lo cual deberá justificar que se trata de una medida razonable, necesaria y proporcional; y, demostrar que existe una amenaza presente, directa e imperativa que justifica el alojamiento o detención de la persona migrante en cuestión. En este caso, se atiende la jurisprudencia 1a. XXIII/2023 (11a.), con registro digital 2027178, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto: "DETENCIONES ADMINISTRATIVAS MIGRATORIAS. FACTORES DE RIESGO GRAVE PARA LA SEGURIDAD NACIONAL, EL ORDEN PÚBLICO O DERECHOS Y LIBERTADES DE TERCERAS PERSONAS POR EL INGRESO ILÍCITO DE PERSONAS MIGRANTES EN TERRITORIO NACIONAL. (...).". Requiérase a las autoridades responsables para que en el plazo de veinticuatro horas, contados a partir de que se encuentren notificadas de este acuerdo, remitan a este juzgado copia certificada de las constancias en que se patentice el cumplimiento que han dado a la medida cautelar concedida; apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá a la omisa, medida de apremio antes apuntada. También se informa a las mismas que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo está obligadas a recibir el oficio que en relación con este juicio se les dirija, en el entendido que de negarse a hacerlo, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea substancial, o sea, que no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, en el entendido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además de que se les impondrá multa de cincuenta unidades de Medida y Actualización, que arroja la cantidad de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Por otra parte, se autoriza a las autoridades responsables que rindan su respectivo informe a través de medios electrónicos atendiendo, en su caso, a los acuerdos de interconexión o a través del correo Institucional 4jdo20cto@correo.cjf.gob.mx. PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO DE FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA. El artículo 126 de la Ley de Amparo, establece: "(...)". Del contenido de ese precepto legal, se advierte que la suspensión debe concederse de oficio y de plano cuando se trate de actos, entre otros, que importen peligro de privación de la vida o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 42/2018, entre las sustentadas por el Pleno en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, en un caso análogo, determinó que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales. Asimismo, precisó que la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso, consistentes en: La falta de atención médica. Concluyó que por tanto, el Juez de amparo debe conceder la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que una persona reclame dicha falta de atención médica, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que ésta compromete gravemente la integridad personal de la parte quejosa, al grado de equipararse tal situación a un tormento. Por lo tanto, este Juzgado de Distrito procede a CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO, pues después de hacer un juicio valorativo de las manifestaciones expuestas por el promovente del amparo, se advierte que la falta de atención médica, puede comprometer gravemente la integridad personal de la parte quejosa y podría complicarse de forma severa el estado de salud de los impetrantes. Por otra parte, cabe señalar que el Estado Mexicano ha suscrito convenios supranacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel de protección a la salud, así como las bases para brindar los servicios y prestaciones relacionadas con el disfrute de este derecho, incluso existen documentos que desarrollan esos estándares, en términos de contenido y alcance jurídico mínimo consensuado. Muestra de ello, es el texto del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, concordante con el ordinal 4 de la Constitución Federal, el cual establece: "(...)." Asimismo, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que señala lo siguiente: "(...)." Además, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la cual reconoce el derecho a la protección a la salud, al disponer en su artículo 11, lo siguiente: "Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales relativas a la alimentación, vestido, la vivienda, y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad." Además, el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", dispone: "(...).". De todos esos instrumentos, México es parte y sobre esas bases, es válido sostener que tanto la Constitución como los instrumentos internacionales referidos, reconocen y garantizan el derecho fundamental a la protección de la salud, a través del establecimiento de reglas obligatorias para el Estado tendentes a la prestación del servicio médico de prevención y asistencial de la salud física y mental de las personas sujetas a su jurisdicción. De igual forma, atento a los actos reclamados por el inconforme, relacionados con la atención médica que requiera, es procedente conceder la suspensión de plano y de oficio en este aspecto, en atención a que la restitución provisional de este derecho, no implica dejar sin materia el amparo, por el contrario ello se traduce en el cese del deterioro a la salud que se encuentra sufriendo la parte quejosa, sin que ello implique constituir derechos que la inconforme no tuviera antes de solicitar la medida cautelar; máxime que preservar el estado óptimo de salud de las personas es una obligación del Estado Mexicano, acorde a lo establecido por el artículo 4º. Constitucional. Encuentra aplicación por analogía la jurisprudencia 1a./J. 55/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2020430, Décima Época, localizable en el Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, página 1270, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. (...)". Así como la diversa XXV.3o.2 K (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, que aparece en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III, página 2585, registro digital 2018519, que estatuye: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA FALTA U OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA A LOS INTERNOS EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN. PROCEDE CONCEDERLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS PROVISIONALES. (...). En suma, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO DEL ACTO RECLAMADO, para el efecto de que en caso de que los quejosos requieran atención médica, acudan a cualquier Institución de Salud Pública, de esta ciudad, para que de inmediato proporcionen dicha atención a la parte quejosa *** es decir, deberán realizar lo siguiente: a). Proporcionar la atención médica integral que requiera la parte quejosa, lo cual implica valorar el estado de salud y practicarles los exámenes médicos que se estimen pertinentes; y a partir de lo anterior, deberán proceder a proporcionarle el tratamiento necesario e idóneo que requieren para salvaguardar su salud, integridad y vida, los cuales podrán ser o no los mismos que en su caso le hayan sido recetados con antelación, lo que deberán informar a la parte quejosa. b). De acuerdo a la valoración médica que se le realice a la parte quejosa, y de necesitar la cirugía que; o bien, de requerir estudios de carácter especializado con la finalidad de llegar al correcto tratamiento médico, éstos deberán ser realizados con la celeridad y diligencia necesarias que requiera el diagnóstico o la investigación médica que se ordene. Cabe precisar que en caso de que las instituciones públicas médicas a las que acudan los impetrantes, determinen que el tratamiento que requieren implica la intervención de diversas dependencias, deberán realizar los trámites necesarios para el debido cumplimiento de esta medida. En la inteligencia de que, de no llevar a cabo dichas instituciones médicas los tratamientos respectivos o en su caso realizar la cirugía que la urgencia lo indique, deberán realizar las gestiones pertinentes para su atención en la unidad médica que corresponda. Se sostiene lo vertido, atendiendo al marco legal garantista contenido en su artículo 4 y a lo dispuesto por el numeral 126 de la Ley de Amparo , toda vez que la salud es un derecho humano que las instituciones del sector salud están obligadas a respetar y garantizar, incumplimiento que en su caso puede implicar un sufrimiento proscrito en el artículo 22 constitucional, que asimismo puede poner en peligro su vida; de ahí la procedencia de la suspensión de oficio y de plano. Trasciende a lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 136/2008, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4o., TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL." RATIFICACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO Ahora, con el objeto de que se cumpla con todos los requisitos a que se refiere el artículo 108, de la Ley de Amparo, previamente es necesario que la parte quejosa ***, ratifiquen la petición de amparo, promovida en su favor por ***. Por lo que se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción que corresponda, para que se constituya en las instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI, con sede en esta ciudad, a fin de que localice a la parte quejosa ***; y bajo su más estricta responsabilidad y en el acto de la diligencia realice lo siguiente: Vocear o llamar a los directos quejosos, en el lugar respectivo; Notificarles el presente auto; Requerirlos para que en ese acto o dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo instada en sus nombres, en el entendido que respecto a los menores infantes de identidades protegidas con iniciales ***, serán sus padres los que deberán ratificar la demanda instada a su favor. Apercibidos que de no ratificar la demanda en el término concedido, se tendrá por no presentada la misma, de conformidad con lo dispuestos en el artículo 15 de la Ley de Amparo y quedarán sin efecto las medidas decretadas: Dar fe del estado físico en que se encuentra la parte quejosa. Levantar acta pormenorizada de todo lo anterior. Para efectos de lo anterior, se instruye a las autoridades migratorias, que será bajo su más estricta responsabilidad, brindar todas las facilidades al actuario judicial, para desarrollar la búsqueda de los directos quejosos, en todas y cada una de las áreas físicas que constituyen la dependencia; apercibidas que de no hacerlo, se harán acreedoras una multa en los términos precisados en párrafos que preceden; además, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, por desacato a una orden judicial. Se faculta al actuario para que indague en caso de ser necesario a disposición de qué autoridad diversa a las señaladas se encuentra la parte quejosa, y en caso de tener conocimiento les notifique el presente auto, y asienten la denominación de dicha autoridad. PREVENCIÓN Ahora, con fundamento en el artículo 114, fracciones I, II y IV, en relación al 108, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que en el acto de la notificación, o bien, dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al que se encuentren notificados de este acuerdo, por escrito y "bajo protesta de decir verdad", aclaren su demanda conforme a lo siguiente: PRIMERO. Precisen si se encuentran sujetos a algún procedimiento administrativo migratorio, con el que se les pretenda deportar, expulsar o repatriar a su país de origen, o si a la fecha les fue notificado alguno. SEGUNDO. Comuniquen si han promovido diverso juicio de amparo contra actos iguales, similares o relacionados a los que aquí se reclaman, así como el estado que guarda. TERCERO. Deberán señalar si acudieron ante alguna Institución Pública de Salud, y si ésta consideró que requieren ser trasladados a una diversa institución y de ser así, indiquen cual fue la institución médica. CUARTO. Manifiesten cual es el acto que le reclaman al Secretario de Seguridad Pública y Vialidad Municipal y a la Secretaría de Relaciones Exteriores Subdelegación Tapachula, ambos con sede en esta ciudad, dado que conforme a las atribuciones de las mismas no les corresponde brindar la atención médica y el traslado, así como la deportación que reclaman. APERCIBIMIENTO Se apercibe a la parte quejosa que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Asimismo, se apercibe a la directa quejosa, representantes, abogados y/o autorizados, que si con posterioridad en este juicio de amparo, de las constancias allegadas se advierte que en el escrito de demanda y/o aclaración, afirmaron hechos falsos u omitieron los que les constaban con relación al acto reclamado, y sus antecedentes, se procederá contra quien resulte responsable en la comisión del delito federal de falsedad, previsto en el artículo 261 de la Ley de Amparo. En el entendido de que el desahogo de la prevención de referencia la deberá realizar la parte quejosa, pues de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, el autorizado en términos amplios no está facultado para desahogar prevenciones en las cuales la quejosa deba manifestar "bajo protesta de decir verdad". Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 50/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publica en la página 210, Libro 9, agosto de 2014, Tomo I del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2007285, del rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA" REPRESENTANTE ESPECIAL DE LOS INFANTES Ahora bien, dadas la circunstancias en que se solicita la protección constitucional de los infantes, y para garantizar el bien superior del niño y niña migrante, con fundamento en el artículo 8° de la Ley de Amparo, a fin de que este órgano de control constitucional esté en aptitud de designar o procurar un representante especial para que intervenga en este juicio a nombre de los infantes involucrados, comisiónese al actuario judicial adscrito, a fin de que se constituya en las instalaciones de la Procuraduría Regional de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y la Familia adscrita al DIF Chiapas en Materia de Migrantes, con sede en esta ciudad, y en el acto de la diligencia, requiera a su titular, para que acepte y proteste el cargo como representante especial de los infantes de identidad reservada de iniciales ***; asimismo, en caso de aceptarlo, le corra traslado con copia de la demanda de amparo, para los efectos legales conducentes. Sirve de apoyo como analogía, la tesis III.1o.P.50P del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en la página 1324, tomo XVI, agosto de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital 186220, con el rubro y texto siguientes: "MENORES. REPRESENTANTE ESPECIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOMBRARLES UNO CUANDO SUS PADRES O LEGÍTIMOS REPRESENTANTES TENGAN INTERESES OPUESTOS A LOS SUYOS. (...)". Así como la diversa, tesis I.21o.A.4 A (10a.), sustentada por el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Décima Época, Registro digital: 2020336, visible en la página 4587, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que estatuye: "NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES. EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO EN EL AMPARO DECRETADA CONTRA SU DEPORTACIÓN, CUANDO SE ENCUENTRAN DETENIDOS EN ESTACIONES MIGRATORIAS. (...)." En este mismo sentido, con fundamento en el párrafo noveno del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 3º de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que queda estrictamente prohibido separar a la infante de su padre, madre o de las personas adultas de quienes se encuentren acompañados. Es menester precisar que las jurisprudencias y tesis aislada citadas, se atienden por considerar que no se oponen a la Ley de Amparo, tal y como lo indica el artículo Sexto Transitorio de esa ley. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Y CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Ahora, con fundamento en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, 16 y 45 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, háganse las notificaciones personales que le correspondan a la parte quejosa a través del juicio en línea, con el usuario ***. Además, con apoyo en los artículos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, este último precepto reformado por el punto cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por *** y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se autoriza el usuario "viktor73", la consulta de este expediente, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la dirección electrónica http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Login, debiendo corroborar sus credenciales de acceso. Consecuentemente, se instruye a la Oficial Judicial "A" de la adscripción, proceda a realizar las acciones necesarias en el aludido sistema, a efecto de hacer efectivas las referidas autorizaciones. AUTORIZADO Se tiene como autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Luis Pérez Jiménez, puesto que su cédula profesional se encuentra inscrita en el registro y consulta de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. CORREOS ELECTRÓNICOS PROPORCIONADOS De igual manera, respecto a los correos electrónicos proporcionados por la parte quejosa, tómense en consideración para efectos de comunicaciones no procesales, de conformidad con el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por *** y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo , se toma conocimiento de los mismos, para el caso de considerar necesaria tal comunicación. EXPEDICIÓN DE COPIAS DIGITALIZADAS De conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2° a la Ley de Amparo, y como lo solicitan, expídase copia certificada de esta determinación. Se le hace saber que este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez, mantiene como horario de atención al público de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, ello de lunes a viernes; además, es importante enfatizar que dicho horario resulta aplicable al órgano jurisdiccional en su totalidad, en lo que interesa, entrega de copias certificadas, previa identificación y razón que de su recibo obre en autos. NOTIFICACIONES POR LISTA Se indica a las partes que la lista de notificaciones no personales se podrá consultar a diario en el portal del Consejo de la Judicatura Federal en la siguiente dirección: www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.ht m?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm EXHORTO A LAS PARTES A TRANSITAR A LA TRAMITACIÓN AL JUICIO EN LÍNEA, Y USO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Con apoyo en los artículos 52 Duodecies y 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por *** y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, entrado en vigor a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes a que transiten hacia la actuación del portal de Servicios en Línea, el cual cuenta con la apertura total de "juicio en línea", a todas las materias e instancias en los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales del consejo, para efecto de continuar (previa solicitud) la tramitación del presente expediente por los medios electrónicos. NOTIFICACIONES POR LISTA Se indica a las partes que la lista de notificaciones no personales se podrá consultar a diario en el portal del Consejo de la Judicatura Federal en la siguiente dirección: www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.ht m?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm EXHORTO A LAS PARTES A TRANSITAR A LA TRAMITACIÓN AL JUICIO EN LÍNEA, Y USO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Con apoyo en los artículos 52 Duodecies y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por *** y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, entrado en vigor a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes a que transiten hacia la actuación del portal de Servicios en Línea, el cual cuenta con la apertura total de "juicio en línea", a todas las materias e instancias en los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales del consejo, para efecto de continuar (previa solicitud) la tramitación del presente expediente por los medios electrónicos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán con supresión de datos, y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes *** cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en los arábigos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, este último precepto, reformado por el punto cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación en veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa vía electrónica, a la Procuradora Regional de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y la Familia adscrita al DIF Chiapas en Materia de Migrantes, con residencia en esta ciudad; y mediante oficio a las autoridades responsables.
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