Lisette Arely Macías Belmontes
Expediente 1735/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 13 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1735/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 05/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Lisette Arely Macías Belmontes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
El que suscribe Juan García Trejo, secretario de juzgado, certifico que: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del veinte de marzo al tres de abril del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de once de marzo del propio año. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; Sí existen constancias por devolver a la autoridad responsable. No se tramitó incidente de suspensión. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, a cinco de abril de dos mil diecinueve. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, cinco de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el secretario adscrito a este juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada el once de marzo del año en curso, en la que se negó a la parte quejosa la protección de la Justicia Federal solicitada; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la Ley de la Materia, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito de demanda y de la sentencia emitida en autos. En consecuencia, dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del referido Acuerdo. Finalmente, devuélvase al juez Primero del Ramo Mercantil de la capital, las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 922/2010, que remitió en apoyo a su informe justificado y que obran por separado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Bjm
- Principal
El catorce de marzo de dos mil diecinueve, se da cuenta con la razón actuarial que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, catorce de marzo de dos mil diecinueve. Vista la razón actuarial asentada por el actuario judicial adscrito a este Tribunal Federal, en el sentido de que no le fue posible notificar en forma personal a la tercera interesada Zaydath Acosta López endosataria en procuración de Ma. del Carmen Torres Bañuelos, la sentencia de once del mes y año en curso dictada por este juzgado Primero de Distrito, virtud a que no obra domicilio dentro del presente juicio de amparo para oír notificaciones de su parte; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintidós de enero del año en curso (fojas 36 y 37) y se ordena la notificación de la referida sentencia por medio de lista, así como las subsecuentes que tengan el carácter de personales en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Diana Jaimes Villanueva, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. SE ORDENA NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA ZAYDATH ACOSTA LÓPEZ endosataria en procuración de MA. DEL CARMEN TORRES BAÑUELOS, LA DETERMINACIÓN DE FECHA ONCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019), DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN III, inciso a) DE LA LEY DE AMPARO: "...Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 77, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Lisette Arely Macías Belmontes, contra los actos que reclamó del Juez Primero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas, por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese; personalmente. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Diana Jaimes Villanueva, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe, hasta el día de hoy once de marzo de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores de este juzgado. ..."
- Principal
|V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1735/2018; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el dos de octubre de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, remitido al día siguiente a este Tribunal Federal cuyo conocimiento le correspondió por razón de turno, Lisette Arely Macías Belmontes, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad, acto y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE: JUEZ PRIMERO DEL RAMO MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ZACATECAS, ZACATECAS. ACTO RECLAMADO: "LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA DEL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE CAPITAL, INTERESES MORATORIOS Y COSTAS JUDICIALES DE FECHA VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO Y, NOTIFICADA EL ONCE DE SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO". Preceptos constitucionales que se consideran infringidos. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales vulnerados los que tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En proveído de tres de octubre de dos mil dieciocho, se registró el expediente con el consecutivo 1735/2018 que le correspondió y se admitió a trámite la demanda de amparo; se ordenó solicitar a la autoridad responsable su informe justificado; dar la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público Federal adscrita y se ordenó emplazar al tercero interesado. Seguido el juicio por sus trámites legales se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclama un acto emitido por una autoridad con residencia en el territorio donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de derechos deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. En ese sentido, de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en: La resolución recaída al incidente de liquidación de intereses, dictada el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, en el juicio ejecutivo mercantil 922/2010, que modificó y aprobó la planilla de liquidación de capital, intereses moratorios y costas judiciales. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó la autoridad responsable en su informe justificado (foja 17). Lo cual se corrobora con las constancias que remitió la citada responsable; documental pública que cuenta con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Por tanto, se encuentra acreditada la existencia del acto que en el presente juicio biinstancial se impugnan. CUARTO. Causas de improcedencia. Al no hacer valer las partes causal de improcedencia y no advertirse alguna de oficio, procede analizar el fondo del asunto sin la transcripción de los conceptos de violación, por no existir en la Ley de Amparo precepto alguno que así lo estatuya, sin transgresión a los principios de congruencia y exhaustividad. Apoya la consideración anterior, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Página 830, Novena Época, Mayo 2010, con Registro 164618, del tenor: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Los cuales se desprenden de las constancias remitidas por la autoridad responsable adjuntas a su informe con justificación, las que fueron valoradas en el considerando precedente. En treinta y uno de agosto de dos mil doce, el Juez Primero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas, resolvió el juicio ejecutivo mercantil 922/2010, promovido por Lizaydath Acosta López, en contra de Lisette Arely Macías Belmontes, en la que declaró procedente la acción ejercida y condenó a la demandada al pago de diversas prestaciones, entre ellas, los intereses moratorios que se generaron y los que se siguieran causando respecto a los pagarés basales. [Fojas 231 a 241 del cuaderno de pruebas] Inconforme con la sentencia anterior, la aquí quejosa promovió juicio de amparo directo, el cual se radicó con el consecutivo 648/2012, del índice del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, quien por fallo de veinticuatro de enero de dos mil trece, negó el amparo y protección de la justicia federal. [Fojas 254 a 271 del cuaderno de pruebas] En escrito presentado el seis de noviembre de dos mil quince, la actora planteó incidente de liquidación de intereses y capital, el que se admitió a trámite en proveído de veinticuatro siguiente, ordenándose dar vista a la contraria para que, en el plazo de tres días, manifestara lo que a su derecho correspondiera. [Fojas 597, 598 y 606 del cuaderno de pruebas] Seguido el incidente por sus cauces legales, en interlocutoria de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, el juez natural modificó y aprobó la planilla de liquidación de capital, intereses moratorios y costas judiciales, condenando a la demandada únicamente al pago por los conceptos de intereses moratorios y costas judiciales, no así por lo relativo al capital. [Fojas 702 a 712 del cuaderno de pruebas] La última determinación constituye el acto reclamado. SEXTO. Análisis de Constitucionalidad. El único concepto de violación formulado es inoperante. La quejosa aduce que la responsable vulneró sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque desestimó que el interés del cinco por ciento pactado en los documentos base de la acción ejecutiva, no es equitativo y por ende es desproporcionado. En principio, debe establecerse que los incidentes de liquidación aun cuando tienen objeto y contenido propios como conflictos jurisdiccionales de cognición, sólo tienen como fin primordial determinar con precisión la cuantía de ciertas prestaciones a las que quedaron obligadas las partes en el juicio, con el propósito de perfeccionar la sentencia en detalles que no pudieron dilucidarse en el fallo y que son indispensables para exigir su cumplimiento y llevar a cabo su ejecución, pero no pueden modificar, anular o rebasar lo decidido en la sentencia definitiva, pues ello sería ilegal, porque atentaría contra los principios fundamentales del proceso, como los de la invariabilidad de la litis, congruencia y cosa juzgada, aunado a que en la sentencia definitiva dictada en el juicio natural el juzgador decide sobre las prestaciones deducidas por las partes, ya sea en forma específica o general. En consecuencia, el incidente no tiene como finalidad desconocer un derecho ya decidido en la sentencia definitiva sino, en su caso, sólo la liquidación de lo que fue materia del juicio. Razonamientos que se sustentan en la jurisprudencia del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Página 1229, Tomo V, materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Novena Época, Registro 1013700, de rubro y texto siguientes: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. NO PUEDE DESCONOCER UN DERECHO YA RECONOCIDO EN LA SENTENCIA DEFINITIVA. Los incidentes de liquidación, aun cuando tienen objeto y contenido propios, como conflictos jurisdiccionales de cognición, sólo tienen como fin primordial determinar con precisión la cuantía de ciertas prestaciones a las que quedaron obligadas las partes en el juicio, con el propósito de perfeccionar la sentencia en detalles que no se pudieron dilucidar en el fallo y que son indispensables para exigir su cumplimiento y llevar a cabo su ejecución, pero no pueden modificar, anular o rebasar lo decidido en la sentencia definitiva, pues ello sería antijurídico e ilegal, porque atentaría contra los principios fundamentales del proceso, como los de la invariabilidad de la litis, congruencia y cosa juzgada, ya que en la sentencia definitiva dictada en el juicio natural el juzgador decide sobre las prestaciones deducidas por las partes, ya sea en forma específica o general; en consecuencia, el incidente no tiene como finalidad desconocer un derecho ya decidido en la sentencia definitiva sino, en su caso, sólo la liquidación respectiva de lo que fue materia del juicio". El criterio invocado prevé el respeto a las consecuencias de la cosa juzgada, lo que pone de relieve que el incidente de liquidación tiene como finalidad que el Juez cuantifique la condena decretada en sentencia firme. Bajo esa óptica, es de concluirse que la actividad del juzgador de origen no puede ir más allá de lo establecido en la parte considerativa del fallo definitivo, porque la materia del juicio (cosa juzgada) ya fue resuelta. De manera que la interlocutoria de liquidación de intereses moratorios no genera derechos diferentes a los efectivamente declarados en las consideraciones de la sentencia firme, porque ello equivaldría a inobservar la autoridad de la cosa juzgada, como principio esencial de la seguridad jurídica. Es aplicable al caso, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1305, Libro XXVI, noviembre de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2004886, que establece: "COSA JUZGADA. PRINCIPIO ESENCIAL DEL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. La cosa juzgada es la institución resultante de una sentencia obtenida de un proceso judicial seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a los artículos 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 17, que señala que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Así, la relación armónica de esos dos artículos constitucionales instituye a la cosa juzgada como la resulta de un juicio concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse; privilegia la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del citado artículo 17 dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. La naturaleza trascendental de esa institución radica en que no sólo recoge el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. Por lo anterior, la cosa juzgada es uno de los principios esenciales del derecho a la seguridad jurídica, en la medida en que el sometimiento a sus consecuencias constituye base esencial de un Estado de derecho, en el apartado de la impartición de justicia a su cargo". De ahí que si en la sentencia definitiva se condenó a la impetrante a pagar a la actora la cantidad de $64,221.00 (sesenta y cuatro mil doscientos veintiún pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal, más los intereses moratorios generados sobre dicho monto, a razón del cinco por ciento mensual, a partir del vencimiento de los documentos mercantiles y hasta su pago total, reservando su cuantificación para la ejecución del fallo; es incuestionable, que éstos deben liquidarse como se estableció en la resolución definitiva. Por consiguiente, resulta inoperante el argumento de la justiciable, pues éste está encaminado a controvertir que los intereses a los que se le condenó son inequitativos y por consecuencia desproporcionados. Ello, porque el disenso planteado ataca una cuestión de fondo en que el Juez primigenio sustentó la sentencia definitiva, el cual no puede ser objeto de un nuevo estudio en esta instancia constitucional por haber adquirido la calidad de cosa juzgada; de ahí que se advierta imposibilidad para efectuar su examen y reducción como pretende la solicitante de amparo. Se afirma lo anterior, en razón de que tal argumento debió hacerlo valer en el juicio de amparo directo que promovió en contra de la sentencia que puso fin al juicio, a efecto de que, en su caso, se disminuyera la tasa de interés fijada en los documentos base de la acción, y al no realizarlo, como se advierte de la ejecutoria de amparo directo reseñada, precluyó su derecho para intentarlo con posterioridad al tramitar el incidente de liquidación respectivo. Sin que dichos razonamientos puedan invocarlos en ejecución de sentencia ya que, como se indicó, el procedimiento incidental tiene por objeto sólo cuantificar la condena ilíquida decretada en la sentencia que puso fin al juicio principal, cuyo objeto es determinar si el cálculo contenido en la planilla fue realizado de conformidad con los lineamientos jurídicos aplicables, y las bases establecidas en resolución firme, con lo que se obedece al principio de la justa composición de la litis, que en términos del artículo 17 Constitucional, ordena que la justicia sea administrada de manera completa. Por tanto, si el juez responsable dictó sentencia definitiva donde condenó a la demanda, aquí quejosa, a pagar a la actora la cantidad reclamada más los intereses moratorios, estableciendo que dichos intereses habrían de liquidarse a razón del cinco por ciento mensual, es evidente que al tratarse de un fallo firme, quedaron incólumes los términos sobre los que se cuantificaría dicha prestación. Lo anterior, se insiste, porque la condena al pago de intereses moratorios en los términos establecidos en la sentencia definitiva constituye cosa juzgada, y el análisis de los intereses usurarios debe realizarse al resolver el fondo del asunto principal, pues sólo al dictar la sentencia definitiva el juzgador puede determinar si se pactaron intereses usurarios de acuerdo con las circunstancias contemporáneas del pacto celebrado por las partes, y no con posterioridad ante el eventual incumplimiento de la obligación de pago oportuno por el deudor, cuya actualización es futura e incierta. Lo expresado evidencia que lo aseverado por la quejosa en realidad busca privar de efectos jurídicos a lo pactado en los documentos base de la acción, en perjuicio de la acreedora. Por otra parte, en cuanto a la procedencia del análisis oficioso de la usura como limitante para el libre pacto de intereses, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 28/2017 (10a.), señaló que si bien al momento de emitirse la sentencia correspondiente en cumplimiento a la obligación derivada del artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el juzgador está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia. Lo cierto es que una vez que la sentencia respectiva queda firme, esa decisión es inmutable y debe ejecutarse en sus términos; por ello, aunque el análisis de la usura puede efectuarse mientras la sentencia que condena a su pago se encuentre sub júdice, lo cierto es que una vez que la condena respectiva pierde esa característica y adquiere firmeza, necesariamente debe ejecutarse, lo que ocurre en el presente asunto, por lo que la tasa para liquidar los intereses moratorios en el juicio natural es la determinada en el fallo definitivo, esto es, del cinco por ciento mensual. Lo que antecede, de conformidad con la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Página 657, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2014920, de contenido siguiente: "USURA. SU ANÁLISIS ENCUENTRA LÍMITE EN LA INSTITUCIÓN DE LA COSA JUZGADA. El derecho de propiedad se encuentra reconocido en el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; por tanto, si bien el juzgador como una forma de protección a ese derecho, al advertir indicios de un interés excesivo o desproporcionado derivado de un préstamo, está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que, por seguridad y certeza jurídica, esa obligación necesariamente encuentra límite en la institución de la cosa juzgada. Por ello, si bien al momento de emitir la sentencia correspondiente en cumplimiento a la obligación que se deriva del precepto convencional mencionado está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que una vez que la sentencia respectiva queda firme, esa decisión es inmutable y debe ejecutarse en sus términos; por ello, aunque el análisis de la usura puede efectuarse mientras la sentencia que condena a su pago se encuentre sub júdice, lo cierto es que una vez que la condena respectiva pierde esa característica y adquiere firmeza, necesariamente debe ejecutarse, pues ello es una consecuencia del derecho de acceso a una justicia completa y efectiva; de ahí que en la etapa de ejecución de la sentencia, el juzgador ya no puede introducir de manera oficiosa ni a petición de parte, el análisis de usura respecto de puntos o elementos que ya fueron determinados en la sentencia; y que por ende, constituyen cosa juzgada, por ello, la determinación que condenó al pago de los intereses a una tasa específica en monto porcentual, debe considerarse firme. Así, aunque los intereses se siguen devengando después de dictada la sentencia, ello no puede conducir a considerar que el control de usura pueda efectuarse respecto de éstos, pues no debe perderse de vista que la condena al pago de los intereses conforme a la tasa pactada, no sólo abarca a los intereses que ya se devengaron, sino que además comprende todos aquellos que se sigan generando hasta que se cumpla con el pago de la suerte principal. En mérito de lo considerado, al resultar inoperantes los conceptos de violación vertidos por la impetrante, y sin que exista queja deficiente que suplir, al resultar la materia del presente asunto de estricto derecho, se impone negar la protección constitucional solicitada. Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 77, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Lisette Arely Macías Belmontes, contra los actos que reclamó del Juez Primero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas, por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese; personalmente. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Diana Jaimes Villanueva, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe, hasta el día de hoy once de marzo de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores de este juzgado.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA PLISETTE ARELY MACÍAS BELMONTE, LA DETERMINACIÓN DE ONCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: "...|V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1735/2018; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el dos de octubre de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, remitido al día siguiente a este Tribunal Federal cuyo conocimiento le correspondió por razón de turno, Lisette Arely Macías Belmontes, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad, acto y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE: JUEZ PRIMERO DEL RAMO MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ZACATECAS, ZACATECAS. ACTO RECLAMADO: "LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA DEL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE CAPITAL, INTERESES MORATORIOS Y COSTAS JUDICIALES DE FECHA VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO Y, NOTIFICADA EL ONCE DE SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO". Preceptos constitucionales que se consideran infringidos. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales vulnerados los que tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En proveído de tres de octubre de dos mil dieciocho, se registró el expediente con el consecutivo 1735/2018 que le correspondió y se admitió a trámite la demanda de amparo; se ordenó solicitar a la autoridad responsable su informe justificado; dar la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público Federal adscrita y se ordenó emplazar al tercero interesado. Seguido el juicio por sus trámites legales se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclama un acto emitido por una autoridad con residencia en el territorio donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de derechos deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. En ese sentido, de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en: La resolución recaída al incidente de liquidación de intereses, dictada el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, en el juicio ejecutivo mercantil 922/2010, que modificó y aprobó la planilla de liquidación de capital, intereses moratorios y costas judiciales. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó la autoridad responsable en su informe justificado (foja 17). Lo cual se corrobora con las constancias que remitió la citada responsable; documental pública que cuenta con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Por tanto, se encuentra acreditada la existencia del acto que en el presente juicio biinstancial se impugnan. CUARTO. Causas de improcedencia. Al no hacer valer las partes causal de improcedencia y no advertirse alguna de oficio, procede analizar el fondo del asunto sin la transcripción de los conceptos de violación, por no existir en la Ley de Amparo precepto alguno que así lo estatuya, sin transgresión a los principios de congruencia y exhaustividad. Apoya la consideración anterior, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Página 830, Novena Época, Mayo 2010, con Registro 164618, del tenor: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Los cuales se desprenden de las constancias remitidas por la autoridad responsable adjuntas a su informe con justificación, las que fueron valoradas en el considerando precedente. En treinta y uno de agosto de dos mil doce, el Juez Primero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas, resolvió el juicio ejecutivo mercantil 922/2010, promovido por Lizaydath Acosta López, en contra de Lisette Arely Macías Belmontes, en la que declaró procedente la acción ejercida y condenó a la demandada al pago de diversas prestaciones, entre ellas, los intereses moratorios que se generaron y los que se siguieran causando respecto a los pagarés basales. [Fojas 231 a 241 del cuaderno de pruebas] Inconforme con la sentencia anterior, la aquí quejosa promovió juicio de amparo directo, el cual se radicó con el consecutivo 648/2012, del índice del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, quien por fallo de veinticuatro de enero de dos mil trece, negó el amparo y protección de la justicia federal. [Fojas 254 a 271 del cuaderno de pruebas] En escrito presentado el seis de noviembre de dos mil quince, la actora planteó incidente de liquidación de intereses y capital, el que se admitió a trámite en proveído de veinticuatro siguiente, ordenándose dar vista a la contraria para que, en el plazo de tres días, manifestara lo que a su derecho correspondiera. [Fojas 597, 598 y 606 del cuaderno de pruebas] Seguido el incidente por sus cauces legales, en interlocutoria de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, el juez natural modificó y aprobó la planilla de liquidación de capital, intereses moratorios y costas judiciales, condenando a la demandada únicamente al pago por los conceptos de intereses moratorios y costas judiciales, no así por lo relativo al capital. [Fojas 702 a 712 del cuaderno de pruebas] La última determinación constituye el acto reclamado. SEXTO. Análisis de Constitucionalidad. El único concepto de violación formulado es inoperante. La quejosa aduce que la responsable vulneró sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque desestimó que el interés del cinco por ciento pactado en los documentos base de la acción ejecutiva, no es equitativo y por ende es desproporcionado. En principio, debe establecerse que los incidentes de liquidación aun cuando tienen objeto y contenido propios como conflictos jurisdiccionales de cognición, sólo tienen como fin primordial determinar con precisión la cuantía de ciertas prestaciones a las que quedaron obligadas las partes en el juicio, con el propósito de perfeccionar la sentencia en detalles que no pudieron dilucidarse en el fallo y que son indispensables para exigir su cumplimiento y llevar a cabo su ejecución, pero no pueden modificar, anular o rebasar lo decidido en la sentencia definitiva, pues ello sería ilegal, porque atentaría contra los principios fundamentales del proceso, como los de la invariabilidad de la litis, congruencia y cosa juzgada, aunado a que en la sentencia definitiva dictada en el juicio natural el juzgador decide sobre las prestaciones deducidas por las partes, ya sea en forma específica o general. En consecuencia, el incidente no tiene como finalidad desconocer un derecho ya decidido en la sentencia definitiva sino, en su caso, sólo la liquidación de lo que fue materia del juicio. Razonamientos que se sustentan en la jurisprudencia del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Página 1229, Tomo V, materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Novena Época, Registro 1013700, de rubro y texto siguientes: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. NO PUEDE DESCONOCER UN DERECHO YA RECONOCIDO EN LA SENTENCIA DEFINITIVA. Los incidentes de liquidación, aun cuando tienen objeto y contenido propios, como conflictos jurisdiccionales de cognición, sólo tienen como fin primordial determinar con precisión la cuantía de ciertas prestaciones a las que quedaron obligadas las partes en el juicio, con el propósito de perfeccionar la sentencia en detalles que no se pudieron dilucidar en el fallo y que son indispensables para exigir su cumplimiento y llevar a cabo su ejecución, pero no pueden modificar, anular o rebasar lo decidido en la sentencia definitiva, pues ello sería antijurídico e ilegal, porque atentaría contra los principios fundamentales del proceso, como los de la invariabilidad de la litis, congruencia y cosa juzgada, ya que en la sentencia definitiva dictada en el juicio natural el juzgador decide sobre las prestaciones deducidas por las partes, ya sea en forma específica o general; en consecuencia, el incidente no tiene como finalidad desconocer un derecho ya decidido en la sentencia definitiva sino, en su caso, sólo la liquidación respectiva de lo que fue materia del juicio". El criterio invocado prevé el respeto a las consecuencias de la cosa juzgada, lo que pone de relieve que el incidente de liquidación tiene como finalidad que el Juez cuantifique la condena decretada en sentencia firme. Bajo esa óptica, es de concluirse que la actividad del juzgador de origen no puede ir más allá de lo establecido en la parte considerativa del fallo definitivo, porque la materia del juicio (cosa juzgada) ya fue resuelta. De manera que la interlocutoria de liquidación de intereses moratorios no genera derechos diferentes a los efectivamente declarados en las consideraciones de la sentencia firme, porque ello equivaldría a inobservar la autoridad de la cosa juzgada, como principio esencial de la seguridad jurídica. Es aplicable al caso, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1305, Libro XXVI, noviembre de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2004886, que establece: "COSA JUZGADA. PRINCIPIO ESENCIAL DEL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. La cosa juzgada es la institución resultante de una sentencia obtenida de un proceso judicial seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a los artículos 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 17, que señala que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Así, la relación armónica de esos dos artículos constitucionales instituye a la cosa juzgada como la resulta de un juicio concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse; privilegia la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del citado artículo 17 dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. La naturaleza trascendental de esa institución radica en que no sólo recoge el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. Por lo anterior, la cosa juzgada es uno de los principios esenciales del derecho a la seguridad jurídica, en la medida en que el sometimiento a sus consecuencias constituye base esencial de un Estado de derecho, en el apartado de la impartición de justicia a su cargo". De ahí que si en la sentencia definitiva se condenó a la impetrante a pagar a la actora la cantidad de $64,221.00 (sesenta y cuatro mil doscientos veintiún pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal, más los intereses moratorios generados sobre dicho monto, a razón del cinco por ciento mensual, a partir del vencimiento de los documentos mercantiles y hasta su pago total, reservando su cuantificación para la ejecución del fallo; es incuestionable, que éstos deben liquidarse como se estableció en la resolución definitiva. Por consiguiente, resulta inoperante el argumento de la justiciable, pues éste está encaminado a controvertir que los intereses a los que se le condenó son inequitativos y por consecuencia desproporcionados. Ello, porque el disenso planteado ataca una cuestión de fondo en que el Juez primigenio sustentó la sentencia definitiva, el cual no puede ser objeto de un nuevo estudio en esta instancia constitucional por haber adquirido la calidad de cosa juzgada; de ahí que se advierta imposibilidad para efectuar su examen y reducción como pretende la solicitante de amparo. Se afirma lo anterior, en razón de que tal argumento debió hacerlo valer en el juicio de amparo directo que promovió en contra de la sentencia que puso fin al juicio, a efecto de que, en su caso, se disminuyera la tasa de interés fijada en los documentos base de la acción, y al no realizarlo, como se advierte de la ejecutoria de amparo directo reseñada, precluyó su derecho para intentarlo con posterioridad al tramitar el incidente de liquidación respectivo. Sin que dichos razonamientos puedan invocarlos en ejecución de sentencia ya que, como se indicó, el procedimiento incidental tiene por objeto sólo cuantificar la condena ilíquida decretada en la sentencia que puso fin al juicio principal, cuyo objeto es determinar si el cálculo contenido en la planilla fue realizado de conformidad con los lineamientos jurídicos aplicables, y las bases establecidas en resolución firme, con lo que se obedece al principio de la justa composición de la litis, que en términos del artículo 17 Constitucional, ordena que la justicia sea administrada de manera completa. Por tanto, si el juez responsable dictó sentencia definitiva donde condenó a la demanda, aquí quejosa, a pagar a la actora la cantidad reclamada más los intereses moratorios, estableciendo que dichos intereses habrían de liquidarse a razón del cinco por ciento mensual, es evidente que al tratarse de un fallo firme, quedaron incólumes los términos sobre los que se cuantificaría dicha prestación. Lo anterior, se insiste, porque la condena al pago de intereses moratorios en los términos establecidos en la sentencia definitiva constituye cosa juzgada, y el análisis de los intereses usurarios debe realizarse al resolver el fondo del asunto principal, pues sólo al dictar la sentencia definitiva el juzgador puede determinar si se pactaron intereses usurarios de acuerdo con las circunstancias contemporáneas del pacto celebrado por las partes, y no con posterioridad ante el eventual incumplimiento de la obligación de pago oportuno por el deudor, cuya actualización es futura e incierta. Lo expresado evidencia que lo aseverado por la quejosa en realidad busca privar de efectos jurídicos a lo pactado en los documentos base de la acción, en perjuicio de la acreedora. Por otra parte, en cuanto a la procedencia del análisis oficioso de la usura como limitante para el libre pacto de intereses, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 28/2017 (10a.), señaló que si bien al momento de emitirse la sentencia correspondiente en cumplimiento a la obligación derivada del artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el juzgador está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia. Lo cierto es que una vez que la sentencia respectiva queda firme, esa decisión es inmutable y debe ejecutarse en sus términos; por ello, aunque el análisis de la usura puede efectuarse mientras la sentencia que condena a su pago se encuentre sub júdice, lo cierto es que una vez que la condena respectiva pierde esa característica y adquiere firmeza, necesariamente debe ejecutarse, lo que ocurre en el presente asunto, por lo que la tasa para liquidar los intereses moratorios en el juicio natural es la determinada en el fallo definitivo, esto es, del cinco por ciento mensual. Lo que antecede, de conformidad con la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Página 657, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2014920, de contenido siguiente: "USURA. SU ANÁLISIS ENCUENTRA LÍMITE EN LA INSTITUCIÓN DE LA COSA JUZGADA. El derecho de propiedad se encuentra reconocido en el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; por tanto, si bien el juzgador como una forma de protección a ese derecho, al advertir indicios de un interés excesivo o desproporcionado derivado de un préstamo, está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que, por seguridad y certeza jurídica, esa obligación necesariamente encuentra límite en la institución de la cosa juzgada. Por ello, si bien al momento de emitir la sentencia correspondiente en cumplimiento a la obligación que se deriva del precepto convencional mencionado está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que una vez que la sentencia respectiva queda firme, esa decisión es inmutable y debe ejecutarse en sus términos; por ello, aunque el análisis de la usura puede efectuarse mientras la sentencia que condena a su pago se encuentre sub júdice, lo cierto es que una vez que la condena respectiva pierde esa característica y adquiere firmeza, necesariamente debe ejecutarse, pues ello es una consecuencia del derecho de acceso a una justicia completa y efectiva; de ahí que en la etapa de ejecución de la sentencia, el juzgador ya no puede introducir de manera oficiosa ni a petición de parte, el análisis de usura respecto de puntos o elementos que ya fueron determinados en la sentencia; y que por ende, constituyen cosa juzgada, por ello, la determinación que condenó al pago de los intereses a una tasa específica en monto porcentual, debe considerarse firme. Así, aunque los intereses se siguen devengando después de dictada la sentencia, ello no puede conducir a considerar que el control de usura pueda efectuarse respecto de éstos, pues no debe perderse de vista que la condena al pago de los intereses conforme a la tasa pactada, no sólo abarca a los intereses que ya se devengaron, sino que además comprende todos aquellos que se sigan generando hasta que se cumpla con el pago de la suerte principal. En mérito de lo considerado, al resultar inoperantes los conceptos de violación vertidos por la impetrante, y sin que exista queja deficiente que suplir, al resultar la materia del presente asunto de estricto derecho, se impone negar la protección constitucional solicitada. Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 77, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Lisette Arely Macías Belmontes, contra los actos que reclamó del Juez Primero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas, por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese; personalmente. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Diana Jaimes Villanueva, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe, hasta el día de hoy once de marzo de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores de este juzgado. ..."
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