Liseth Alejandra Chante Cruz

Expediente 667/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
667/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
01/12/2021

Partes del expediente

  • Liseth Alejandra Chante Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia de terminada de engrosar el diez de noviembre de dos mil veintiuno, mediante la cual se negó el amparo y protección de la justicia federal en el juicio en que se actúa, sin que se hayan inconformado; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la ley de la materia, para todos los efectos legales correspondientes, se declara que ha causado ejecutoria; por tanto, dése el aviso correspondiente a las partes; y, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno. Por otra parte, se hace constar que este juicio carece de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste y en los cuadernos incidentales que derivan del mismo, no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. Ahora, toda vez que se otorgó la suspensión provisional y definitiva, se hace la observación que el cuaderno principal y original del incidente son susceptibles de depuración, en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, así como en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por cuanto hace al duplicado del cuaderno incidental, con fundamento el aludido Acuerdo General 1/2009, destrúyase. Al resultar innecesaria la conservación del disco compacto remitido por el Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Número Doce, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, carpeta judicial 012/1367/2021-OA, devuélvasele sin que haya necesidad de solicitar el acuse de recibo correspondiente, pues como tal se tendrá la constancia en la que obre el sello de recibido. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este juicio como asunto totalmente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Juicio de amparo 667/2021 y acumulado 668/2021 1 VISTOS para resolver, los autos del juicio de amparo 667/2021 y acumulado 668/2021; y, R E S U L T A N D O : ÚNICO. El veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, previa acumulación, se admitió la demanda de amparo promovida oportunamente por .; tramitado el juicio, se celebró audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio, conforme con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Federal, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; así como, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Se precisa que el acto reclamado consiste en el auto de vinculación a proceso de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, dictado en contra de las quejosas dentro de la carpeta judicial . por el hecho con apariencia de delito de feminicidio,1 que se atribuye al Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la unidad de gestión judicial once, en su calidad de ordenadora sustituta. La autoridad judicial al rendir su informe justificado, lo aceptó y, para acreditar su existencia y constitucionalidad, remitió copia certificada de diversas 1 No así, la calificación de su detención que afirmaron ocurrió en esa data, habida cuenta que en su contra se ejecutó orden de aprehensión, que quedó cumplimentada sin oposición de las quejosas como se constata de la videograbación respectiva. constancias que integran la referida carpeta judicial y videograbación, que por tratarse de documentales públicas, adquieren valor probatorio pleno de conformidad con los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, motivos por los cuales se tiene probado. TERCERO. Las partes no alegaron causas de improcedencia, ni de oficio se advierte la actualización de alguna. Sin embargo, no pasa inadvertido que la quejosa . desistió del presente juicio, decretándose el seis de octubre de dos mil veintiuno, el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, determinación que causó estado el veintisiete de octubre siguiente, por lo que la presente resolución, únicamente se resolverá por lo que hace a la diversa quejosa .. CUARTO. La quejosa señaló que los actos reclamados, vulneran en su perjuicio los artículos 14, 16, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, expuso como conceptos de violación esencialmente que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación; y, que el juez resolvió con base en simples analogías y suposiciones, ya que no existen medios de prueba fehacientes y contundentes que la señalen directamente como autora o coautora material o intelectual del ilícito que se le imputa. Conceptos de violación que resultan infundados. Los artículos 14, 16 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen diversas garantías, entre ellas, la de legalidad, conforme a la cual, la actuación de las autoridades debe estar fundada y motivada2, así como efectuada dentro del marco de sus facultades legales; de seguridad jurídica, que se constituye como una prerrogativa para los gobernados de conocer, dentro del texto de la ley, cuáles son los elementos con que cuenta para hacer valer sus derechos frente a la autoridad y cuáles son las consecuencias de su inobservancia; de debido proceso, es decir, el respeto a las "formalidades esenciales del procedimiento", que implica la certeza de que el asunto se decidirá con una resolución que dirima las cuestiones planteadas; y, de presunción de inocencia que implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito atribuido, ya que dicha carga le corresponde a quien acusa. De la audiencia inicial en la que se dictó el auto de vinculación a proceso, se advierte que se desahogó de conformidad con lo previsto en el artículo 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin advertirse violación a los derechos fundamentales de la parte quejosa, ya que la responsable expuso con claridad los fundamentos legales, argumentos y razones a partir de los cuales construyó las consideraciones en que sustenta el sentido de la determinación reclamada. En efecto, la autoridad judicial analizó lo establecido en los citados preceptos al tenor de los siguientes requisitos: 1) Se haya formulado imputación. Requisito que se configura a cabalidad, pues del acto reclamado se advierte que la agente del Ministerio Público en presencia del juez de control responsable, formuló imputación contra 2 Entendiéndose como tal que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable y señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para su emisión; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. la ahora quejosa y otra, haciéndole de su conocimiento los hechos con apariencia de delito consistente en feminicidio que prevé y sanciona el artículo 148, fracciones V y VI (hipótesis de existencia de una relación sentimental entre el sujeto activo y la víctima, así como que su cuerpo sea arrojado en un lugar público), del Código Penal vigente para la Ciudad de México. 2) Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. Posterior a la formulación de la imputación por parte de la autoridad ministerial, el juez de control responsable dio el uso de la voz a la quejosa ., quien adujo no ser su deseo declarar. 3) Se exprese el hecho que la ley señala como delito, estableciendo el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. Este requisito se cumple en el presente asunto, puesto que el juez de control responsable indicó dichas circunstancias, precisando que las imputadas conocían y convivían previamente con la víctima. Que el veintiocho de julio de dos mil veinte, esta última salió de un domicilio del Estado de México donde cohabitaba con la quejosa . con quien mantenía una relación sentimental, con rumbo a Andres Totoltepec, Tlalpan, donde ., la esperaba y, aproximadamente entre las veinte horas con veinte minutos y veintitrés horas, mientras mantenía comunicación vía telefónica con la aquí quejosa . en conjunto con otros coautores, la asfixiaron y degollaron con un objeto punzo cortante, privándola de la vida, dejando su cuerpo en paraje 3+500 de la carretera México- Cuernavaca en Topilejo, Tlalpan; posteriormente, trataron de aparentar que desconocían su paradero, pero . intentó cobrar un seguro de vida de la víctima que se encontraba a su nombre, con lo que se advierte el acuerdo previo y reparto de funciones para privar de vida a la víctima. Así, el juzgador después de realizar un ensayo argumentativo simple, logró identificar, en esos hechos, aspectos estructurales que lo llevaron a considerar con un grado de aproximación que incursionaban en el campo de lo ilícito, esto es, que tenían la apariencia de delito, pues . en conjunto con otras personas privaron de la vida a la víctima con la que tenía una relación sentimental, arrojando su cuerpo en un lugar público; cuya clasificación jurídica preliminar, se encuentra prevista y sancionada en el artículo 148, fracciones V y VI (hipótesis de existencia de una relación sentimental entre el sujeto activo y la víctima, así como que su cuerpo sea arrojado en un lugar público), del Código Penal vigente para la Ciudad de México. 4) Se dicte por el hecho que fue motivo de la imputación. El juez de control responsable al emitir el auto de vinculación a proceso se ciñó a los hechos que motivaron la imputación, tal y como fueron narrados por la agente del Ministerio Público, sin variarlos o complementarlos, sin omitir ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresó consideraciones contrarias entre sí, para concluir que resultaba procedente vincular a proceso a la peticionaria del amparo.3 3 Jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, Materia Constitucional, Penal, visible a página 2377, cuyo rubro es el siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE CONTROL, AL RESOLVER SOBRE SU PROCEDENCIA, NO DEBE ESTUDIAR LOS DATOS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SINO VALORAR LA RAZONABILIDAD DE LAS MANIFESTACIONES EXPUESTAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y, EN SU CASO, LA CONTRA-ARGUMENTACIÓN O REFUTACIÓN DEL IMPUTADO O SU DEFENSOR (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA)." En consecuencia, la autoridad judicial responsable fundó y motivó el auto de vinculación tildado de inconstitucional; aunado a que éste fue dictado de manera congruente en relación con los hechos motivo de la imputación formulada en contra de la impetrante, sin vulnerar derechos fundamentales, resolviendo sólo conforme a lo expuesto por las partes. 5. Se expresen los datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El juez de control responsable, a partir de la relatoría de los hechos por parte de la agente del Ministerio Público, determinó que se tuvieron por colmados los requisitos constitucionales relativos al establecimiento de que se había cometido un hecho que la ley señale como delito, habida cuenta que el veintiocho de julio de dos mil veinte, la aquí quejosa . en conjunto con otros sujetos, privaron de la vida a la víctima con quien mantenía una relación sentimental, cuyo cuerpo fue abandonado en un lugar público; y, que existe la probabilidad de que la ahí imputada lo cometió o participó en su comisión; sin que hubiese realizado juicio de valor en específico respecto de cada uno de los datos de prueba expresados por las partes, tan es así que como se ha dicho, el juez no tiene acceso a la carpeta, de aquí que simplemente consideró su idoneidad, razonabilidad y pertinencia, a partir de su exposición por las partes durante la audiencia, por lo que contrario a lo expuesto por la quejosa en sus conceptos de violación, es hasta la etapa de juicio en la que, con igualdad de condiciones, se lleva a cabo la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso.4 Entonces, resulta incorrecto hablar de insuficiencia probatoria o deficiente valoración, pues de hacerlo, se rebasarían las directrices constitucionales que rigen el sistema penal acusatorio, ya que en esta estancia, se itera, sólo se cuenta con datos y no propiamente con pruebas, debiendo sujetarse a los antecedentes de la investigación que expresa la autoridad ministerial y en su caso su refutación por parte del imputado y/o su defensa, valorando su razonabilidad. Lo anterior es así, toda vez que de la interpretación de los artículos 16, párrafo tercero, 19, párrafo primero y 20, apartado A) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la audiencia inicial el juzgador tiene la prohibición de revisar las actuaciones practicadas en la carpeta de investigación, con el fin de evitar que prejuzgue, manteniendo con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones, así como los principios de igualdad y contradicción; de aquí que el sustento de su determinación lo constituya la valoración de la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por el órgano técnico de investigación y, en su caso, la contraargumentación o refutación del imputado o su defensor y el decantamiento por alguna de esas hipótesis, tal como ocurrió en el caso. 4 Jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro electrónico 2014800, de texto y rubro siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Además, debe destacarse que el auto de vinculación a proceso se trata de una etapa preliminar de la investigación en la cual no se resuelve el fondo del asunto, sino que tiene como finalidad determinar si se justifica la continuación del proceso que se ha de llevar a una etapa posterior intermedia de depuración, por ello la autoridad constitucionalmente facultad para determinar si existen datos suficientes para continuar con el proceso, es el juez de control; consecuentemente, en el amparo no se puede sustituir esa valoración. Por tanto, resultan infundados los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, en el sentido que el juez resolvió con base en simples analogías y suposiciones; y, que de algunos datos de prueba expresados por la representación social no demuestran su participación. Lo anterior, ya que como también lo expuso el juez responsable, el análisis de los datos de prueba en la etapa inicial es sintético y no analítico, esto es, en el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos constitucionales de mérito, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, sino que sólo deben atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión; para ello, el juez de control debe examinar el grado de racionabilidad para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación. Incluso, como lo refiere la responsable, en las primeras etapas del procedimiento, de investigación (inicial y complementaria) e intermedia, se dilucidan cuestiones preliminares, en tanto que, en la de juicio, las esenciales; por ello, se estableció un estándar probatorio menor para resolver las solicitudes de vinculación a proceso. Por ende, en resolución de vinculación a proceso, debe ponderarse en forma armónica el contenido de los antecedentes de investigación propuestos, sin que el alcance probatorio se verifique por partes, como pareciera lo pretende la parte quejosa, cuyos datos de prueba, según se adelantó, únicamente deben satisfacer los requisitos de suficiencia, idoneidad y pertinencia, como de facto acontece en el caso concreto. En otro aspecto, resulta igualmente infundado lo expuesto por la parte quejosa, en el sentido de que no existen medios de prueba fehacientes y contundentes que la señalen directamente como autora o coautora material o intelectual del ilícito que se le imputa. Como ya se ha dicho, el auto de vinculación a proceso es un acto dentro del procedimiento penal, cuya emisión trae como consecuencia que a la persona imputada se le sujete a una investigación formalizada, a fin de que las partes involucradas en el conflicto penal recaben medios de convicción que permitan determinar en una etapa posterior denominada intermedia, si lo obtenido es suficiente para que la autoridad ministerial formule acusación al imputado y, en su caso, se le lleve a juicio oral para determinar su responsabilidad en el hecho delictuoso imputado. Así, conforme a los requisitos constitucionales y legales, en esta etapa procesal el juez de control no está obligado a especificar su mayor o menor proximidad con el hecho con apariencia de delito imputado, ni a determinar su elaboración, contribución o aporte material o intelectual, pues en esta fase solo se le exige que sea factible establecer la posibilidad de que participó en su comisión, lo que ocurre cuando existen indicios razonables que así permitan suponerlo, por lo que no se requiere de un cúmulo probatorio amplio, en razón de que el Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas que puedan acreditar con esa especificidad tales extremos, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, sino que se fortalece, al ser la única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatorio de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. 6. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente de delito. El juez de control responsable no advirtió alguna causa de extinción de la acción penal ni causas excluyentes del delito previsto. Consecuentemente, no se advierte violación al artículo 1° constitucional, el cual establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Carta magna, sino también por aquellos previstos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que en la especie acontece, pues como se ha visto, la responsable respetó sus garantías al resolver la cuestión planteada. Tampoco se advierte transgresión a los criterios jurisprudenciales que refiere la parte quejosa, en tanto que la autoridad se ajustó a los que constituyen jurisprudencia, mientras que los que invoca de naturaleza aislada, no son vinculantes para la decisión a la que se arriba. Por lo anterior, se concluye que los actos reclamados cumplen con la regularidad constitucional que exigen los artículos 14, 16, 19 y 20 constitucionales, sin que se adviertan violaciones a sus derechos humanos. QUINTO. Las partes no se opusieron ni hicieron manifestación alguna para que se suprimieran sus datos personales en la consulta o publicación de la sentencia correspondiente, por lo que únicamente se suprimirán los datos sensibles que en su caso pueda contener la presente resolución. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ., contra el acto precisado en el considerando segundo de este fallo, por los fundamentos y motivos expuestos en el considerando cuarto. SEGUNDO. Se tiene a las partes conformes de que se incluyan sus nombres y datos personales en la consulta o en caso de hacerse pública esta sentencia. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran el auto de seis de octubre de dos mil, por el que se sobreseyó en el juicio únicamente por la quejosa..., sin que se hayan inconformado; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la ley de la materia, para todos los efectos legales correspondientes, se declara que ha causado estado; por tanto, dése el aviso correspondiente a las partes y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno. Notifíquese.

  4. Principal

    Visto el estado que guarda el sumario en que se actúa, así como la certificación de cuenta, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes manifiesten lo que a su interés convenga, respecto del auto de seis de octubre en curso, en que se sobreseyó fuera de audiencia por desistimiento, únicamente por la quejosa ..; por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, fijándose en su lugar, las TRECE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.

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