Liset Dinorah Flores Cordova
Expediente 950/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 950/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/07/2017
Partes del expediente
- Liset Dinorah Flores Cordova
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
VII. La certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa, dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrió el auto de veintiocho de junio de dos mil diecisiete, que sobreseyó en el presente juicio de amparo. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la citada Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, se declara que dicho auto ha quedado firme. Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno. Ahora bien, el estado procesal de este juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues mediante auto de veintiocho de junio de dos mil diecisiete, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, fracción l, párrafo primero y segundo). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.
- Principal
VII.- SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE 28 DE JUNIO DE 2017 QUE EN SÍNTESIS DICE: Por recibido el oficio de cuenta por el cual la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, rinde su informe justificado y remite las constancias con las que pretende acreditar la legalidad de sus actos. Atento a lo anterior, agréguese a los autos el informe rendido para que surta los efectos legales correspondientes; y, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con su contenido, y con las constancias que se adjuntaron. Causa de improcedencia. Ahora, del estudio de las constancias que integran el sumario constitucional, se obtiene que el impetrante reclama la abstención de parte de la autoridad responsable, de dictar laudo en el expediente laboral J.5/351/2015, haciendo valer en sus conceptos de violación diversas manifestaciones relacionadas con la falta de administración de justicia en los plazos y términos que establece la ley, así como en la consecuente dilación procesal, invocando como preceptos constitucionales vulnerados, los artículos 14 y 17; y, afirmando bajo protesta de decir verdad que desde el doce de enero de dos mil diecisiete se habían turnado los autos al dictaminador para la elaboración del proyecto de laudo. Sin embargo de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que en realidad, en dicho expediente laboral se declaró cerrada la instrucción y se turnaron los autos al auxiliar dictaminador, el quince de junio de dos mil diecisiete. Razón por la cual, se estima que el presente juicio de amparo deviene improcedente, toda vez que al resolver la Contradicción de tesis 325/2015, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y Tercero, Cuarto, Quinto, Octavo, Noveno y Décimo Cuarto, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que de conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, que sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. En este sentido concluyó que por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables sea la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8 constitucional; sin embargo, enfatizó que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. De ahí que la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal considerara que el juicio de amparo interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, situación que en el particular, a juicio del suscrito no acontece. Lo anterior es así porque de las constancias remitidas por la autoridad responsable se aprecia que en el juicio laboral de origen, el quince de junio de dos mil diecisiete se turnaron los autos al auxiliar dictaminador para que formulara el proyecto de laudo correspondiente, sin que a la fecha de presentación de la demanda (un día después de ese auto), se hubiese emitido el laudo correspondiente. Situación que en forma alguna ocasiona la paralización total del procedimiento toda vez que de conformidad con la legislación aplicable, la demanda se presentó el primer día de los diez con los que cuenta el dictaminador para la elaboración del proyecto de laudo. Lo anterior es así porque de conformidad con los artículos 885 a 890 de la Ley Federal del Trabajo, una vez formulados los alegatos de las partes y previa certificación del Secretario en el sentido que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo. En el entendido que del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta para que dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta que lo estime necesario, solicite que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. Destacando que con citación de las partes, la Junta señalará en su caso, día y hora para el desahogo de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas, ello dentro de un término de ocho días; y transcurrido dicho término, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación del laudo, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. Así, una vez discutido, votado, aprobado y engrosado el laudo, se turnará el expediente al actuario, para que de inmediato los notifique personalmente a las partes. En este sentido, si el quince de junio de la presente anualidad, la autoridad responsable turnó los autos al dictaminador para la elaboración del proyecto de laudo correspondiente y la demanda de amparo se presentó el dieciséis de junio posterior, a esa fecha estaba transcurriendo el primero de los diez días a que hace alusión la ley laboral para que el auxiliar formulara por escrito el proyecto de laudo, así como los veintitrés restantes para que los integrantes de la Junta soliciten si fuese necesario que se practicaran las diligencias que juzgaran convenientes para el esclarecimiento de la verdad, y los de la discusión, votación y aprobación del laudo. De ahí que se afirme que a la fecha de presentación de la demanda, dicha abstención no constituye un acto de imposible reparación porque no afecta derechos sustantivos del quejoso, toda vez que a juicio del suscrito no existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. En tales condiciones, es evidente que esta vía constitucional es improcedente, razón por la cual de conformidad con el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 107 fracción V, ambos de la Ley de Amparo y el último interpretado a contrario sensu, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis: 2a./J. 48/2016 (10a.), localizable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, identificada con el Registro: 2011580, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Común; Página: 1086, de rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS." Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las diez horas con veinticinco minutos del diecinueve de julio de dos mil diecisiete, se deja insubsistente por las consideraciones expuestas anteriormente.
- Principal
VII.- Por recibido el oficio de cuenta por el cual la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, rinde su informe justificado y remite las constancias con las que pretende acreditar la legalidad de sus actos. Atento a lo anterior, agréguese a los autos el informe rendido para que surta los efectos legales correspondientes; y, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con su contenido, y con las constancias que se adjuntaron. Causa de improcedencia. Ahora, del estudio de las constancias que integran el sumario constitucional, se obtiene que el impetrante reclama la abstención de parte de la autoridad responsable, de dictar laudo en el expediente laboral J.5/351/2015, haciendo valer en sus conceptos de violación diversas manifestaciones relacionadas con la falta de administración de justicia en los plazos y términos que establece la ley, así como en la consecuente dilación procesal, invocando como preceptos constitucionales vulnerados, los artículos 14 y 17; y, afirmando bajo protesta de decir verdad que desde el doce de enero de dos mil diecisiete se habían turnado los autos al dictaminador para la elaboración del proyecto de laudo. Sin embargo de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que en realidad, en dicho expediente laboral se declaró cerrada la instrucción y se turnaron los autos al auxiliar dictaminador, el quince de junio de dos mil diecisiete. Razón por la cual, se estima que el presente juicio de amparo deviene improcedente, toda vez que al resolver la Contradicción de tesis 325/2015, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y Tercero, Cuarto, Quinto, Octavo, Noveno y Décimo Cuarto, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que de conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, que sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. En este sentido concluyó que por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables sea la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8 constitucional; sin embargo, enfatizó que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. De ahí que la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal considerara que el juicio de amparo interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, situación que en el particular, a juicio del suscrito no acontece. Lo anterior es así porque de las constancias remitidas por la autoridad responsable se aprecia que en el juicio laboral de origen, el quince de junio de dos mil diecisiete se turnaron los autos al auxiliar dictaminador para que formulara el proyecto de laudo correspondiente, sin que a la fecha de presentación de la demanda (un día después de ese auto), se hubiese emitido el laudo correspondiente. Situación que en forma alguna ocasiona la paralización total del procedimiento toda vez que de conformidad con la legislación aplicable, la demanda se presentó el primer día de los diez con los que cuenta el dictaminador para la elaboración del proyecto de laudo. Lo anterior es así porque de conformidad con los artículos 885 a 890 de la Ley Federal del Trabajo, una vez formulados los alegatos de las partes y previa certificación del Secretario en el sentido que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo. En el entendido que del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta para que dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta que lo estime necesario, solicite que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. Destacando que con citación de las partes, la Junta señalará en su caso, día y hora para el desahogo de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas, ello dentro de un término de ocho días; y transcurrido dicho término, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación del laudo, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. Así, una vez discutido, votado, aprobado y engrosado el laudo, se turnará el expediente al actuario, para que de inmediato los notifique personalmente a las partes. En este sentido, si el quince de junio de la presente anualidad, la autoridad responsable turnó los autos al dictaminador para la elaboración del proyecto de laudo correspondiente y la demanda de amparo se presentó el dieciséis de junio posterior, a esa fecha estaba transcurriendo el primero de los diez días a que hace alusión la ley laboral para que el auxiliar formulara por escrito el proyecto de laudo, así como los veintitrés restantes para que los integrantes de la Junta soliciten si fuese necesario que se practicaran las diligencias que juzgaran convenientes para el esclarecimiento de la verdad, y los de la discusión, votación y aprobación del laudo. De ahí que se afirme que a la fecha de presentación de la demanda, dicha abstención no constituye un acto de imposible reparación porque no afecta derechos sustantivos del quejoso, toda vez que a juicio del suscrito no existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. En tales condiciones, es evidente que esta vía constitucional es improcedente, razón por la cual de conformidad con el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 107 fracción V, ambos de la Ley de Amparo y el último interpretado a contrario sensu, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis: 2a./J. 48/2016 (10a.), localizable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, identificada con el Registro: 2011580, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Común; Página: 1086, de rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS." Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las diez horas con veinticinco minutos del diecinueve de julio de dos mil diecisiete, se deja insubsistente por las consideraciones expuestas anteriormente.
- Principal
VII.- De la certificación de cuenta se evidencia que la parte quejosa no compareció a recoger el billete de depósito N 711827 por la cantidad de cinco mil pesos 00/100 moneda nacional (5,000.00), registrado con el número de orden 49/2014-B, dentro del plazo de dos años establecido en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación; por ende, con apoyo en el artículo precitado y en el diverso 882 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado el dos de enero de dos mil quince, se decreta que ha operado la prescripción del depósito de referencia en favor del fisco federal. En su oportunidad, con copia certificada del auto a través del cual quede firme la determinación dictada en este asunto, remítase el certificado de depósito precitado, a la Tesorería de la Federación. Es pertinente indicar que si bien es cierto que la notificación del presente proveído debe ser en forma personal, porque permite que el peticionario de amparo haga valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las disposiciones judiciales, no menos cierto resulta que mediante proveído de seis de mayo de dos mil quince (foja 87 del incidente de suspensión), se tuvo como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir todo tipo de notificaciones, la lista de acuerdos que se publica en este juzgado; por tanto, practíquese esta notificación, a través de ese medio informativo, para los efectos legales a que haya lugar.
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