LISBEYDI LLANO DÍAZ y Otros.

Expediente 792/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
792/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
25/10/2022

Partes del expediente

  • Lisbeydi Llano Díaz
  • LISBEYDI LLANO DÍAZ y Otros.
  • LISBETY CARIDAD LLANO DÍAZ y Otros.
  • Lisbety Caridad Llano Díaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que la inconforme interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia en donde se sobreseyó en este juicio constitucional, sin que la disidente haya impugnado esa resolución a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo estatuido por los normativos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el fallo dictado en este asunto ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado por los ordinales 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este juicio constitucional como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En cumplimiento a lo señalado por el capítulo siete, punto "7.4" relativo al tratamiento de los expedientes con suspensión de plano del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, aun cuando el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, se sobreseyó en este juicio constitucional, lo cierto es que el uno de julio del año en curso, este Juzgado Federal otorgó a la justiciable la suspensión de oficio y de plano respecto de las actuaciones atacadas; por tanto, se estima que este expediente es susceptible de depuración. En tal sentido, hágase del conocimiento de las partes que conforme a los criterios de valoración establecidos por los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años contado a partir de la notificación del auto en donde se ordenó su archivo y una vez cumplido ese plazo dentro de los noventa días siguientes este órgano jurisdiccional procederá a su depuración, por lo que deberán conservarse la demanda de amparo, así como el proveído en donde se concedió la suspensión de oficio y de plano en cuanto a los actos impugnados, la sentencia dictada en este asunto y la presente determinación. Terminado el proceso de depuración se solicitará la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En razón de lo anterior, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de octubre de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta se advierte la imposibilidad que tuvo el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado Federal para notificar a las quejosas Lisbeydi y Lisbety Caridad, ambas de apellidos Llano Díaz, el auto de veintisiete de septiembre del año en curso, por los motivos que expuso. En tal sentido, dado que el domicilio que las disidentes señalaron para oír notificaciones resultó inexacto, con fundamento en lo previsto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo se ordena la notificación a la parte quejosa del citado acuerdo y las subsecuentes resoluciones judiciales, aun las de carácter personal, por medio de lista hasta en tanto las justiciables señalen un domicilio correcto para recibir notificaciones, o bien, designen otro para ese efecto. Notifíquese. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Del estado que guardan los autos se advierte que las quejosas Lisbeydi y Lisbety Caridad, ambas de apellidos Llano Díaz, reclaman los actos siguientes: Del Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca -en su denominación correcta- combaten: La privación de la libertad personal, la detención y el alojamiento en la estación migratoria de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Los actos prohibitivos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La deportación. La restricción de la libertad de tránsito. La ejecución de las actuaciones descritas. Por otro lado, de los informes sobre la suspensión de oficio y de plano y justificado que la autoridad responsable rindió en este asunto y de las constancias que remitió en apoyo de esos informes se advierte que negó la existencia de las actuaciones impugnadas; empero, señaló que con motivo de la detención y la puesta a su disposición de las justiciables Lisbeydi y Lisbety Caridad, ambas de apellidos Llano Díaz, instauró en su contra los procedimientos administrativos migratorios INM/OROAX/SRLOAX/EP/PRE/1483/2022 y INM/OROAX/SRLOAX/EP/PRE/1484/2022, respectivamente, para resolver la situación migratoria de cada una de esas personas extranjeras. Además, de las actuaciones de esos procedimientos se advierte que dicho ente público decretó en contra de las disconformes su alojamiento temporal con motivo de su instrumentación. Lo anterior pone de relieve que los actos que se reclaman en esta instancia constitucional están desvinculados entre sí, porque aun cuando las quejosas en su demanda de amparo señalaron de manera común que impugnan las actuaciones siguientes: a) la privación de la libertad personal, la detención y el alojamiento en la estación migratoria de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; b) los actos prohibitivos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; c) la deportación; d) la restricción de la libertad de tránsito; y, e) la ejecución de las actuaciones descritas, lo cierto es que esos actos son distintos, dado que con motivo de la detención y la puesta a disposición de las justiciables Lisbeydi y Lisbety Caridad, ambas de apellidos Llano Díaz, el Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca instauró en su contra los procedimientos administrativos migratorios INM/OROAX/SRLOAX/EP/PRE/1483/2022 y INM/OROAX/SRLOAX/EP/PRE/1484/2022, respectivamente, para resolver la situación migratoria de cada una de esas personas extranjeras, por lo que acorde con las reglas que rigen al juicio de amparo al tratarse de actos autónomos e independientes que no tienen relación alguna, porque se relacionan con procedimientos administrativos migratorios distintos procede analizar si esas actuaciones pueden examinarse en un solo juicio de amparo o es necesario hacer la separación de juicios. En este punto, se tiene en cuenta que si bien en la Ley de Amparo no existe disposición expresa que regule la figura procesal de la separación de juicios, el ordinal 66 del citado ordenamiento y el diverso 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, estatuyen lo siguiente: "Artículo 66. En los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental, a petición de parte o de oficio, las cuestiones a que se refiere expresamente esta Ley y las que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento. El órgano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia." "Artículo 72. Dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Para que proceda la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia. La acumulación se hará del más nuevo al más antiguo. La acumulación no procede respecto de procesos que se ventilen en el extranjero." Del normativo transcrito en primer orden se desprende que en los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental cuando ameriten ese tratamiento las cuestiones que surjan durante el procedimiento constitucional, salvo cuando a juicio del órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias de cada caso, sea necesario resolverlo de plano a efecto de hacer realidad el principio de justicia pronta y expedita consagrado por el numeral 17 de la Constitución General de la República. Por otra parte, del segundo dispositivo inserto, interpretado en sentido contrario, se desprende que corresponde a este Juzgado Federal analizar si un juicio de amparo debe separarse cuando la decisión que derive del examen de cada acto reclamado exija la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas derivadas de diversos hechos, los cuales tienen que estudiarse necesariamente en juicios constitucionales diferentes. En otro punto, es necesario señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 6/96 sostuvo las consideraciones siguientes: "[.] así como la Ley de Amparo regula la acumulación de juicios en las disposiciones legales transcritas, se hace necesario el que se haga una separación de juicios, ya que si bien esta figura no se encuentra regulada de manera específica en dicha ley, el caso es que debe ser incorporada a través de la jurisprudencia. La anterior conclusión induce a los siguientes cuestionamientos: Cómo, cuándo y en qué casos procede la separación de juicios. Esto, sin duda, será posible en todos aquellos casos que no estén contenidos en las dos fracciones que, para la procedencia de la acumulación de juicios, establece el artículo 57 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito se percate, ya durante el trámite del juicio y hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional, de la existencia de los supuestos para esa separación, lo que implicaría que en tal situación deberá iniciar su trámite, deduciéndolo a contrario sensu de lo que establece el precepto legal citado. Dicha separación de juicios podrá válidamente hacerse de oficio en cualquier estado del procedimiento, desde la etapa de la admisión de la demanda hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional; el trámite deberá ser incidental aplicando, en lo pertinente, los artículos referentes a la acumulación a contrario sensu, con suspensión del procedimiento principal, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, con audiencia de las partes y resolución que decrete la separación. El Juez, en esta etapa, podrá hacer los requerimientos necesarios a las partes y a las responsables, aplicándose, por analogía, lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, para conocimiento pleno de lo que resolverá el Juez. Al decretarse la separación, el Juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resultan, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración. Integrados los diferentes expedientes, el Juez ordenará el trato que a cada uno corresponda jurídicamente: si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea de la Suprema Corte, del Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente. Esta Suprema Corte de Justicia estima que con lo anterior, en gran medida, se logrará una tramitación más diáfana en los juicios de garantías, que en lo futuro evite el pronunciamiento de fallos complicados y tal vez confusos en su comprensión, no sólo para los efectos de las sentencias que, en su caso, se pronuncien, concediendo el amparo y su cumplimiento, sino en el trámite de las impugnaciones que al respecto lleguen a formularse. Todo lo antes mencionado responde, también, a que los tribunales de amparo, por los objetivos que se persiguen, traten de acatar las medidas propuestas, en aras de una adecuada administración de justicia, sirviendo de apoyo al respecto, en lo conducente, el artículo 57 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, pues si bien alude a la acumulación de juicios de amparo, la separación de éstos se impone, en la hipótesis que se analiza, precisamente porque si los actos reclamados en un solo asunto derivan de juicios o procesos diversos, desvinculados entre sí, nunca podrán darse los supuestos de acumulación que establece el último numeral citado, que requieren, como base fundamental, que se trate del mismo acto reclamado, lo que no acontece en la especie. [.]". Las consideraciones establecidas en la ejecutoria dictada en el diferendo de criterios señalado dieron origen a las jurisprudencias siguientes: "ACTOS RECLAMADOS EN UN SOLO AMPARO DERIVADOS DE JUICIOS DIVERSOS, DESVINCULADOS ENTRE SÍ. ES PROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS. No procede sobreseer en el juicio cuando el tribunal de amparo, al celebrar la audiencia constitucional y dictar la correspondiente resolución, advierte que se promovió una demanda de amparo, en la que la parte quejosa reclamó actos emanados de diversos juicios, desvinculados entre sí, que provienen de una o varias autoridades, o bien, que durante la tramitación del juicio, con motivo de los informes justificados que rindan la autoridad o autoridades responsables a quienes se atribuyen dichos actos, observe que éstos emanan de juicios o procesos diversos, también desvinculados, que tienen su origen en la misma autoridad o en diversas señaladas como responsables, toda vez que ese supuesto no está contemplado específicamente como causal de improcedencia en ningún precepto. Con lo anterior, no se hacen nugatorias las reglas de la acumulación a que aluden los artículos 57 a 63 de la Ley de Amparo, porque aunque se diera esa figura jurídica, o bien acaeciera lo contrario, no sería motivo para establecer que se actualiza una causa de improcedencia, al no estar contemplada así en la ley, amén de que no es factible que durante la tramitación del juicio de amparo se hubiere promovido, de oficio o a petición de parte, la acumulación correspondiente, tan es así, que llegado el momento de resolver el debate constitucional, el tribunal de amparo se encuentra con la circunstancia de que, en un solo amparo, se reclamaron actos derivados de juicios diversos, desvinculados entre sí." "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura esta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación." "SEPARACIÓN DE JUICIOS. REGLAS PARA SU TRAMITACIÓN EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. La separación de juicios podrá válidamente hacerse de oficio en cualquier estado del procedimiento, desde la etapa de la admisión de la demanda hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. El trámite deberá ser incidental, aplicando, en lo pertinente, los preceptos legales de la Ley de Amparo relativos a la acumulación, en sentido contrario, con suspensión del procedimiento principal, como lo establece el artículo 62 de dicha ley, con audiencia de las partes y resolución que decrete la separación. El Juez, en esta etapa, podrá hacer los requerimientos necesarios a las partes, aplicando por analogía lo dispuesto en el artículo 78 de la ley de la materia, para conocimiento pleno de lo que resolverá." "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA. Al decretarse la separación el Juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resulten, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración. Integrados los diferentes expedientes, el Juez ordenará el trato que jurídicamente a cada uno le corresponda, si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea de la Suprema Corte, de un Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente, todo ello en aras de una mejor administración de justicia." En diverso aspecto, es necesario precisar que al decretarse la separación de juicios en gran medida se logra un mejor análisis de los expedientes o procedimientos de los que emanan los actos reclamados; además, se evita el pronunciamiento de sentencias de amparo complicadas y confusas en su comprensión, no solo para los efectos propios de esas resoluciones que en su caso se pronuncien concediendo el amparo, así como para lograr su cumplimiento, sino también en lo que atañe al trámite de las impugnaciones que al respecto lleguen a formularse. Con base en lo anterior, con fundamento en lo establecido por los normativos 66 de la Ley de Amparo y 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al primer ordenamiento, DE OFICIO SE DECRETA LA SEPARACIÓN MATERIAL DE LOS AUTOS DE ESTE JUICIO CONSTITUCIONAL. En este punto, se precisa que deberán realizarse las acciones necesarias para que este juicio de amparo 792/2022 únicamente se tramite respecto de los actos que la justiciable Lisbeydi Llano Díaz reclama del Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, consistentes en: a) la privación de la libertad personal, la detención y el alojamiento en la estación migratoria de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; b) los actos prohibitivos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; c) la deportación; d) la restricción de la libertad de tránsito; y e) la ejecución de las actuaciones descritas que se relacionan con su detención y la puesta a disposición de la citada autoridad migratoria quien determinó instaurar en su contra el procedimiento administrativo migratorio INM/OROAX/SRLOAX/EP/PRE/1483/2022 para resolver la situación migratoria de esa persona extranjera y decretó su alojamiento temporal. Por otro lado, la separación del juicio de amparo 792/2022 se realiza respecto de los actos que la inconforme Lisbety Caridad Llano Díaz reclama del Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, consistentes en: a) la privación de la libertad personal, la detención y el alojamiento en la estación migratoria de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; b) los actos prohibitivos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; c) la deportación; d) la restricción de la libertad de tránsito; y e) la ejecución de las actuaciones descritas que se relacionan con su detención y la puesta a disposición de la citada autoridad migratoria quien determinó instruir en su contra el procedimiento administrativo migratorio INM/OROAX/SRLOAX/EP/PRE/1484/2022 para resolver la situación migratoria de esa persona extranjera y decretó su alojamiento temporal. En ese contexto, se ordena formar un juicio de amparo diverso al juicio constitucional 792/2022 en cuanto a los actos que la disidente Lisbety Caridad Llano Díaz reclama del Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca descritos con antelación, el cual deberá ser integrado con las copias certificadas de las constancias necesarias para la tramitación de ese juicio constitucional, sin que la separación anterior y la descripción de los actos reclamados sustituya la forma de fijación de esas actuaciones que el órgano de control constitucional que conozca de ese asunto llegue a establecer al momento de resolver. En consecuencia, mediante el oficio que derive de este acuerdo envíese el diverso juicio de amparo formado con sus anexos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad, para que lleve a cabo el registro y el turno correspondiente de ese asunto al órgano jurisdiccional respectivo en términos de lo que dispone la circular SECNO/12/2022 de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que al referido comunicado deberá anexarse un ejemplar de esa circular y uno diverso deberá glosarse a este expediente para los efectos legales correspondientes. Hágase del conocimiento de las partes la presente resolución judicial para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******** en contra de los actos reclamados a la autoridad responsable, por las consideraciones expuestas en los apartados V y VII de esta sentencia. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Del estado que guardan los autos se advierte que las quejosas Lisbeydi y Lisbety Caridad, ambas de apellidos Llano Díaz, reclaman los actos siguientes: Del Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca -en su denominación correcta- combaten: La privación de la libertad personal, la detención y el alojamiento en la estación migratoria de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Los actos prohibitivos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La deportación. La restricción de la libertad de tránsito. La ejecución de las actuaciones descritas. Por otro lado, de los informes sobre la suspensión de oficio y de plano y justificado que la autoridad responsable rindió en este asunto y de las constancias que remitió en apoyo de esos informes se advierte que negó la existencia de las actuaciones impugnadas; empero, señaló que con motivo de la detención y la puesta a su disposición de las justiciables Lisbeydi y Lisbety Caridad, ambas de apellidos Llano Díaz, instauró en su contra los procedimientos administrativos migratorios INM/OROAX/SRLOAX/EP/PRE/1483/2022 y INM/OROAX/SRLOAX/EP/PRE/1484/2022, respectivamente, para resolver la situación migratoria de cada una de esas personas extranjeras. Además, de las actuaciones de esos procedimientos se advierte que dicho ente público decretó en contra de las disconformes su alojamiento temporal con motivo de su instrumentación. Lo anterior pone de relieve que los actos que se reclaman en esta instancia constitucional están desvinculados entre sí, porque aun cuando las quejosas en su demanda de amparo señalaron de manera común que impugnan las actuaciones siguientes: a) la privación de la libertad personal, la detención y el alojamiento en la estación migratoria de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; b) los actos prohibitivos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; c) la deportación; d) la restricción de la libertad de tránsito; y, e) la ejecución de las actuaciones descritas, lo cierto es que esos actos son distintos, dado que con motivo de la detención y la puesta a disposición de las justiciables Lisbeydi y Lisbety Caridad, ambas de apellidos Llano Díaz, el Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca instauró en su contra los procedimientos administrativos migratorios INM/OROAX/SRLOAX/EP/PRE/1483/2022 y INM/OROAX/SRLOAX/EP/PRE/1484/2022, respectivamente, para resolver la situación migratoria de cada una de esas personas extranjeras, por lo que acorde con las reglas que rigen al juicio de amparo al tratarse de actos autónomos e independientes que no tienen relación alguna, porque se relacionan con procedimientos administrativos migratorios distintos procede analizar si esas actuaciones pueden examinarse en un solo juicio de amparo o es necesario hacer la separación de juicios. En este punto, se tiene en cuenta que si bien en la Ley de Amparo no existe disposición expresa que regule la figura procesal de la separación de juicios, el ordinal 66 del citado ordenamiento y el diverso 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, estatuyen lo siguiente: "Artículo 66. En los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental, a petición de parte o de oficio, las cuestiones a que se refiere expresamente esta Ley y las que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento. El órgano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia." "Artículo 72. Dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Para que proceda la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia. La acumulación se hará del más nuevo al más antiguo. La acumulación no procede respecto de procesos que se ventilen en el extranjero." Del normativo transcrito en primer orden se desprende que en los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental cuando ameriten ese tratamiento las cuestiones que surjan durante el procedimiento constitucional, salvo cuando a juicio del órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias de cada caso, sea necesario resolverlo de plano a efecto de hacer realidad el principio de justicia pronta y expedita consagrado por el numeral 17 de la Constitución General de la República. Por otra parte, del segundo dispositivo inserto, interpretado en sentido contrario, se desprende que corresponde a este Juzgado Federal analizar si un juicio de amparo debe separarse cuando la decisión que derive del examen de cada acto reclamado exija la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas derivadas de diversos hechos, los cuales tienen que estudiarse necesariamente en juicios constitucionales diferentes. En otro punto, es necesario señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 6/96 sostuvo las consideraciones siguientes: "[.] así como la Ley de Amparo regula la acumulación de juicios en las disposiciones legales transcritas, se hace necesario el que se haga una separación de juicios, ya que si bien esta figura no se encuentra regulada de manera específica en dicha ley, el caso es que debe ser incorporada a través de la jurisprudencia. La anterior conclusión induce a los siguientes cuestionamientos: Cómo, cuándo y en qué casos procede la separación de juicios. Esto, sin duda, será posible en todos aquellos casos que no estén contenidos en las dos fracciones que, para la procedencia de la acumulación de juicios, establece el artículo 57 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito se percate, ya durante el trámite del juicio y hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional, de la existencia de los supuestos para esa separación, lo que implicaría que en tal situación deberá iniciar su trámite, deduciéndolo a contrario sensu de lo que establece el precepto legal citado. Dicha separación de juicios podrá válidamente hacerse de oficio en cualquier estado del procedimiento, desde la etapa de la admisión de la demanda hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional; el trámite deberá ser incidental aplicando, en lo pertinente, los artículos referentes a la acumulación a contrario sensu, con suspensión del procedimiento principal, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, con audiencia de las partes y resolución que decrete la separación. El Juez, en esta etapa, podrá hacer los requerimientos necesarios a las partes y a las responsables, aplicándose, por analogía, lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, para conocimiento pleno de lo que resolverá el Juez. Al decretarse la separación, el Juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resultan, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración. Integrados los diferentes expedientes, el Juez ordenará el trato que a cada uno corresponda jurídicamente: si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea de la Suprema Corte, del Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente. Esta Suprema Corte de Justicia estima que con lo anterior, en gran medida, se logrará una tramitación más diáfana en los juicios de garantías, que en lo futuro evite el pronunciamiento de fallos complicados y tal vez confusos en su comprensión, no sólo para los efectos de las sentencias que, en su caso, se pronuncien, concediendo el amparo y su cumplimiento, sino en el trámite de las impugnaciones que al respecto lleguen a formularse. Todo lo antes mencionado responde, también, a que los tribunales de amparo, por los objetivos que se persiguen, traten de acatar las medidas propuestas, en aras de una adecuada administración de justicia, sirviendo de apoyo al respecto, en lo conducente, el artículo 57 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, pues si bien alude a la acumulación de juicios de amparo, la separación de éstos se impone, en la hipótesis que se analiza, precisamente porque si los actos reclamados en un solo asunto derivan de juicios o procesos diversos, desvinculados entre sí, nunca podrán darse los supuestos de acumulación que establece el último numeral citado, que requieren, como base fundamental, que se trate del mismo acto reclamado, lo que no acontece en la especie. [.]". Las consideraciones establecidas en la ejecutoria dictada en el diferendo de criterios señalado dieron origen a las jurisprudencias siguientes: "ACTOS RECLAMADOS EN UN SOLO AMPARO DERIVADOS DE JUICIOS DIVERSOS, DESVINCULADOS ENTRE SÍ. ES PROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS. No procede sobreseer en el juicio cuando el tribunal de amparo, al celebrar la audiencia constitucional y dictar la correspondiente resolución, advierte que se promovió una demanda de amparo, en la que la parte quejosa reclamó actos emanados de diversos juicios, desvinculados entre sí, que provienen de una o varias autoridades, o bien, que durante la tramitación del juicio, con motivo de los informes justificados que rindan la autoridad o autoridades responsables a quienes se atribuyen dichos actos, observe que éstos emanan de juicios o procesos diversos, también desvinculados, que tienen su origen en la misma autoridad o en diversas señaladas como responsables, toda vez que ese supuesto no está contemplado específicamente como causal de improcedencia en ningún precepto. Con lo anterior, no se hacen nugatorias las reglas de la acumulación a que aluden los artículos 57 a 63 de la Ley de Amparo, porque aunque se diera esa figura jurídica, o bien acaeciera lo contrario, no sería motivo para establecer que se actualiza una causa de improcedencia, al no estar contemplada así en la ley, amén de que no es factible que durante la tramitación del juicio de amparo se hubiere promovido, de oficio o a petición de parte, la acumulación correspondiente, tan es así, que llegado el momento de resolver el debate constitucional, el tribunal de amparo se encuentra con la circunstancia de que, en un solo amparo, se reclamaron actos derivados de juicios diversos, desvinculados entre sí." "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura esta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación." "SEPARACIÓN DE JUICIOS. REGLAS PARA SU TRAMITACIÓN EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. La separación de juicios podrá válidamente hacerse de oficio en cualquier estado del procedimiento, desde la etapa de la admisión de la demanda hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. El trámite deberá ser incidental, aplicando, en lo pertinente, los preceptos legales de la Ley de Amparo relativos a la acumulación, en sentido contrario, con suspensión del procedimiento principal, como lo establece el artículo 62 de dicha ley, con audiencia de las partes y resolución que decrete la separación. El Juez, en esta etapa, podrá hacer los requerimientos necesarios a las partes, aplicando por analogía lo dispuesto en el artículo 78 de la ley de la materia, para conocimiento pleno de lo que resolverá." "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA. Al decretarse la separación el Juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resulten, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración. Integrados los diferentes expedientes, el Juez ordenará el trato que jurídicamente a cada uno le corresponda, si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea de la Suprema Corte, de un Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente, todo ello en aras de una mejor administración de justicia." En diverso aspecto, es necesario precisar que al decretarse la separación de juicios en gran medida se logra un mejor análisis de los expedientes o procedimientos de los que emanan los actos reclamados; además, se evita el pronunciamiento de sentencias de amparo complicadas y confusas en su comprensión, no solo para los efectos propios de esas resoluciones que en su caso se pronuncien concediendo el amparo, así como para lograr su cumplimiento, sino también en lo que atañe al trámite de las impugnaciones que al respecto lleguen a formularse. Con base en lo anterior, con fundamento en lo establecido por los normativos 66 de la Ley de Amparo y 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al primer ordenamiento, DE OFICIO SE DECRETA LA SEPARACIÓN MATERIAL DE LOS AUTOS DE ESTE JUICIO CONSTITUCIONAL. En este punto, se precisa que deberán realizarse las acciones necesarias para que este juicio de amparo 792/2022 únicamente se tramite respecto de los actos que la justiciable Lisbeydi Llano Díaz reclama del Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, consistentes en: a) la privación de la libertad personal, la detención y el alojamiento en la estación migratoria de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; b) los actos prohibitivos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; c) la deportación; d) la restricción de la libertad de tránsito; y e) la ejecución de las actuaciones descritas que se relacionan con su detención y la puesta a disposición de la citada autoridad migratoria quien determinó instaurar en su contra el procedimiento administrativo migratorio INM/OROAX/SRLOAX/EP/PRE/1483/2022 para resolver la situación migratoria de esa persona extranjera y decretó su alojamiento temporal. Por otro lado, la separación del juicio de amparo 792/2022 se realiza respecto de los actos que la inconforme Lisbety Caridad Llano Díaz reclama del Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, consistentes en: a) la privación de la libertad personal, la detención y el alojamiento en la estación migratoria de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; b) los actos prohibitivos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; c) la deportación; d) la restricción de la libertad de tránsito; y e) la ejecución de las actuaciones descritas que se relacionan con su detención y la puesta a disposición de la citada autoridad migratoria quien determinó instruir en su contra el procedimiento administrativo migratorio INM/OROAX/SRLOAX/EP/PRE/1484/2022 para resolver la situación migratoria de esa persona extranjera y decretó su alojamiento temporal. En ese contexto, se ordena formar un juicio de amparo diverso al juicio constitucional 792/2022 en cuanto a los actos que la disidente Lisbety Caridad Llano Díaz reclama del Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca descritos con antelación, el cual deberá ser integrado con las copias certificadas de las constancias necesarias para la tramitación de ese juicio constitucional, sin que la separación anterior y la descripción de los actos reclamados sustituya la forma de fijación de esas actuaciones que el órgano de control constitucional que conozca de ese asunto llegue a establecer al momento de resolver. En consecuencia, mediante el oficio que derive de este acuerdo envíese el diverso juicio de amparo formado con sus anexos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad, para que lleve a cabo el registro y el turno correspondiente de ese asunto al órgano jurisdiccional respectivo en términos de lo que dispone la circular SECNO/12/2022 de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que al referido comunicado deberá anexarse un ejemplar de esa circular y uno diverso deberá glosarse a este expediente para los efectos legales correspondientes. Hágase del conocimiento de las partes la presente resolución judicial para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente.

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