Lisbeth de la O Ovando
Expediente 576/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 9 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 576/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 05/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Lisbeth de la O Ovando
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y apareciendo de la misma que no se interpuso ante este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, el recurso de revisión previsto por el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, en el término establecido en el diverso numeral 86 del citado ordenamiento contra la sentencia dictada en autos en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.)... Notifíquese.
- Principal
EN ESTA FECHA, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DE LA SENTENCIA TERMINADA DE ENGROSAR EL DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, tres de abril de dos mil veintitrés. En atención a lo informado en la cuenta que antecede, agréguese el oficio signado por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Colegio de Educación Profesional Técnica Tabasco (CONALEP TABASCO), a través del cual en cumplimiento a lo ordenado en acuerdos de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, informa que el quejoso ***********, se encuentra incorporado al régimen de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con el número de cuenta 233833/A como trabajador del Colegio de Educación Profesional Técnico de Tabasco (CONALEPTABASCO), y para acreditar lo anterior remite lo siguiente: Copia certificada del oficio DG/UAJ/037/2023 de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, recepcionado en esa misma data, por este órgano jurisdiccional. Copia certificada del oficio DPSE/SPEP/DAF/1211/2023 de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, signado por la Encargada del Despacho de la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas, en suplencia del Titular de dicha Dirección, con sellos de recepción de veinticuatro y veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Copia certificada del oficio DAF/1203/2023 de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, expedido por la Jefa del Departamento de Afiliación del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, que contiene la constancia de afiliación del aquí quejoso. Copia certificada del oficio OF/DACIG/0120/2023 de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, signado por el Director de Administración, Calidad e Innovación Gubernamental del Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco, con sello de recepción de veintiuno de marzo del año en curso. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar y se tiene a dicha autoridad en vías de cumplimiento. Sin que haya lugar a emitir requerimiento alguno, en virtud de que en auto de veintinueve de marzo pasado, se le requirió para que para que en el plazo de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada de las constancias que acrediten la alta ante dicho Instituto a partir de la fecha en que fue reinstalado al actor Marcelino Yanes Rodríguez. Notifíquese.
- Incidental
Villahermosa, Tabasco, tres de abril de dos mil veintitrés. Vista la cuenta, téngase por recibido el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia certificada del proveído de treinta de marzo de dos mil veintitrés, emitido en el juicio laboral 263/2007 de su índice. De dicha constancia en lo que interesa se advierte que con motivo de que el Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco, exhibió un pago parcial por la cantidad de $116,060.11 (ciento dieciséis mil sesenta pesos 11/100 moneda nacional) requirió a la actora Dora María Contreras Hernández para que dentro del término de tres días hábiles manifesté expresamente si es su voluntad someter la ejecución del laudo a los plazos señalados por la entidad pública demandada y si es su voluntad recibir el pago parcial antes mencionado; sin embargo, de lo informado por la autoridad oficiante no se advierte que haya notificado a la quejosa el auto de treinta de marzo de dos mil veintitrés, emitido en el juicio laboral de origen. Requerimiento En consecuencia con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES siguientes al en que surta efectos la notificación de la presente determinación remita copia certificada de la constancia de notificación a la parte actora del proveído de treinta de marzo de dos mil veintitrés, emitido en el juicio laboral 263/2007 de su índice. APERCIBIMIENTO Bajo el apercibimiento que de no cumplir lo ordenado en los párrafos anteriores dentro del término señalado, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, en relación con los numerales 192, 193, 195, 238 y 258 de la Ley de Amparo; es decir, se les impondrá una medida de apremio consistente en una multa de cien unidades de medida y actualización equivalentes a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintitrés, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación, pues su eventual incumplimiento acarrearía un perjuicio en contra de la parte quejosa respecto del derecho humano de pronta impartición de justicia, prerrogativa fundamental consagrada por el numeral 17 Constitucional y por el que debe velar el suscrito juzgador. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la citada ley, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en turno, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, en donde el fallo que se dicte puede tener como consecuencia, que se les destituya del cargo que desempeñan y sean consignados al Juez de Distrito correspondiente, por la desobediencia cometida. Esto encuentra sustento en la tesis P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 12, tomo I, página 19, Noviembre de 2014, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Sin que resulte aplicable la Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 185736, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO, SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE REALIZA ACTOS QUE ENTRAÑAN UN PRINCIPIO DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA CONCESORIA DEL AMPARO. Del análisis de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva en definitiva un incidente de inejecución de sentencia, es necesario que exista, previamente, una determinación del Juez de Distrito, de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo o del Tribunal Colegiado de Circuito, en el sentido de que no se ha cumplido con la sentencia de amparo pese a los requerimientos hechos a las responsables, y no obre en autos constancia alguna que demuestre lo contrario. En estas condiciones, se concluye que si encontrándose pendiente de resolver ante este Alto Tribunal un incidente de inejecución de sentencia, la autoridad responsable lleva a cabo algún acto tendiente a acatar la ejecutoria de amparo, que se pudiera considerar como un principio de ejecución del fallo protector, dicho incidente deberá declararse sin materia, porque éste exige, como presupuesto para su procedencia, que la aludida responsable incurra en una abstención total de dar cumplimiento a la ejecutoria protectora, lo que no se actualiza si aquélla efectúa algún acto relacionado con el núcleo esencial de la obligación."
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