Lisbet Mojarrieta Hechavarria

Expediente 625/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
625/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
11/10/2019

Partes del expediente

  • Lisbet Mojarrieta Hechavarria

Actuaciones

  1. Principal

    MESA 1-A Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, once de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la ley de la materia, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja contra el auto de uno de octubre de dos mil diecinueve (foja 93), en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 2. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA 1-A.- Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio del secretario de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por medio del cual informa que admitió a trámite el conflicto competencial planteado, radicándolo con el número 34/2019.

  3. Principal

    (AVISO DE NOTIFICACIÓN) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS QUE SE FIJA EN UN LUGAR VISIBLE DE ÉSTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN I, INCISO C), EN RELACIÓN AL 29 AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, EL ACUERDO QUE ANTECEDE QUE DICE LO SIGUIENTE: Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y atento al oficio signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, advirtiéndose que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de doce de abril del año en curso (fojas 26 a 32), a fin de que expresara la finalidad, razones o motivos por las cuales señaló como autoridad responsable al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, sin que hubiera hecho manifestación alguna. Ahora bien, es importante recordar que mediante proveído de cinco de abril del año en curso, emitido en los autos del amparo 561/2019, el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, consideró que carece de competencia legal para conocer del asunto en términos de los artículos 37, 38 y 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo, porque en la demanda de amparo fue señalado como autoridad responsable y que en esa lógica, no era posible jurídicamente, que a su vez, tuviera la calidad de órgano resolutor en la vía constitucional. En virtud de lo cual, por acuerdo de doce de abril del año en curso (fojas 26 a 32), este juzgador de amparo, previno a la parte quejosa y a su autorizado para que expresara la finalidad, razones o motivos por los cuales señalaron como autoridad responsable al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, no obstante que, conforme a las consideraciones que se plasmaron en dicho auto, no era competencia de un Juez de Distrito, la emisión o ejecución de una orden de deportación, o bien, limitar el libre tránsito de extranjeros por Territorio Nacional. De igual forma, se le precisó que si partía de la base que un Juez de Distrito era competente para emitir tales actos, debía precisar entonces, el por qué no señaló a este Juzgado de Distrito y a la diversa titular del Juzgado Primero de Distrito, con residencia en esta ciudad; con el apercibimiento de que de no hacerlo se le impondría una multa equivalente a cincuenta unidades y actualización, en términos del artículo 238 de la Ley de Amparo y se resolvería lo que conforme a derecho fuese procedente. Lo expuesto, pone en evidencia que la sanción por no desahogar la dicha prevención, era principalmente que se aplicaría al quejoso o su autorizado una multa de cincuenta unidades de medida y actualización como lo dispone el artículo 238 de la Ley de Amparo. No obstante, este Juzgado Federal advierte que si bien el artículo 248 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que se impondrá multa a quien por dar competencia un Juez de Distrito de mala fe designe como autoridad responsable a quien no lo sea, lo cierto es que en el caso se advierte que el quejoso señalo como acto reclamado la posible deportación, circunstancia que actualiza la salvedad precisada en dicha disposición legal para que no proceda la multa y por ello es que se prescinde de hacer efectiva la mencionada multa en contra del quejoso y sus autorizados. Ahora bien, en relación a la incompetencia planteada, el suscrito disiente de la opinión del Juez declinante. Cierto, porque si bien, como se estableció en auto de doce de abril de dos mil diecinueve, de acuerdo al artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. No debe soslayarse que corresponde al juez de amparo y no a los quejosos determinar, con base en la naturaleza de los actos reclamados y las constancias de autos, quién tiene el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo, según se aprecia, por identidad de razón, de los datos que conforman la tesis sustentada por la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en Semanario Judicial de la Federación, Volumen 175-180, Séptima Parte, Materia(s): Administrativa, Séptima Época, página 57, registro electrónico 245494, aplicada al caso por analogía, del rubro y texto siguientes: "AGRARIO. TERCERO PERJUDICADO, CORRESPONDE AL JUEZ DEL AMPARO Y NO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE DETERMINAR QUIEN TIENE ESE CARÁCTER. Resulta incorrecto que el Juez de Distrito no les haya reconocido calidad de terceros perjudicados a los poblados comunales que se apersonaron en el juicio, fundándose únicamente en los informes que al respecto rindió la autoridad responsable en el sentido de que tales poblados no tienen dicho carácter, pues no es a la mencionada autoridad sino al propio Juez del amparo a quien corresponde decidir quién tiene la calidad de tercero perjudicado en el juicio de garantías, con base, precisamente, en las constancias de autos. En consecuencia, si de tales constancias aparece que los poblados referidos son titulares de un derecho protegido por la ley, el cual puede ser afectado con la concesión del amparo al poblado quejoso, es evidente que aquellos núcleos de población sí tienen el carácter de terceros perjudicados y al no haberlo considerado así el citado Juez Federal, incurrió en violaciones al procedimiento". Luego, si conforme al análisis que se realizó en auto de doce de abril del año en curso, se concluyó que es imposible que un Juez de Distrito, participe en la emisión o ejecución de una orden de deportación o expulsión, o bien, en la limitación de libre tránsito de extranjeros por el territorio nacional, que constituyen los actos reclamados, porque no se encuentran dentro de las atribuciones de un juez con tal investidura; y que aunado a ello, los quejosos y sus autorizados ninguna manifestación emitieron para contrarrestar tal argumento, pues transcurrió el plazo que se les otorgó en el citado auto, sin que realizaran manifestación alguna, debe entenderse que tácitamente aceptaron el criterio adoptado por este Órgano de Control Constitucional, en el sentido de que al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, no tiene el carácter de autoridad responsable en el caso en particular, y por ende, se desvanece el motivo en el que descansa la decisión de dicho juez, para declararse legalmente incompetente del conocimiento del asunto. Lo anterior, por más que los aquí quejosos en su demanda inicial, de manera específica y clara lo hayan señalado como tal, pues se reitera, corresponde al juez de amparo y no a los quejosos determinar, con base en la naturaleza de los actos reclamados, quién tiene el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo; facultad que en este caso ejerce el suscrito, atendiendo de manera destacada la condición de los actos antes citados, y las atribuciones con las que cuenta un Juez de Distrito en términos de los artículos 48, 50, 51, 52, 53, 53 bis, 54 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por lo anterior expuesto, respetuosamente, este juzgado federal no acepta la competencia planteada por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. No es óbice a lo anterior, el que el mencionado juez funde su competencia entre otras, en la jurisprudencia 88/2016, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y SE RECLAMA COMO AUTORIDADES RESPONSABLES A TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE UN MISMO ÁMBITO TERRITORIAL, SE SURTE A FAVOR DEL MAS INMEDIATO."; toda vez que dicho criterio parte de la premisa de que un Juez de Distrito es competente para emitir una orden de aprehensión, lo que en caso no acontece, pues como se precisó, los actos reclamados consistentes en la emisión de una orden de deportación, expulsión, repatriación y limitación del libre tránsito, no es competencia de los jueces de distrito, conforme a los dispositivos legales, párrafos arriba precisados. En tal virtud, devuélvase al juzgado declinante, el original del expediente 561/2019 de su índice, así como sus anexos, por las razones expuestas en párrafos anteriores; fórmese cuaderno de antecedentes y solicítese atentamente acuse el recibo correspondiente.

  4. Principal

    MESA 3-A.- Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena agregar a los autos únicamente para que obre como corresponda el telegrama enviado por el Juez de Primer Instancia del Ramo Penal, con residencia en Huixtla, Chiapas, sin realizar mayor pronunciamiento en cuanto a su contenido, toda vez que no cuenta con el carácter de responsable.

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