Lirzy Escutia Reza
Expediente 323/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 323/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Lirzy Escutia Reza
Actuaciones
- Principal
Se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez que transcurran tres años a partir de la fecha en que se ordenó el archivo-
- Principal
QUEDA FIRME el auto en el cual se desechó la presente demanda de amparo. En virtud de lo anterior se ordena el archivo del presente expediente.
- Principal
Se ordena notificar a la parte quejosa el proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, así como los subsecuentes por medio de lista, la cual se fija en los estrados de este juzgado federal; lo anterior, hasta en tanto señale señale domicilio certero para oír y recibir notificaciones. En virtud de lo anterior se notifica por lista auto en mención, que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta; de conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por---, mediante la cual, solicita el Amparo y Protección de la Justicia Federal contra actos del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y otras autoridades. Registro de la demanda: Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número que corresponda. Desechamiento. De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: La parte quejosa reclama de las autoridades responsables, esencialmente, la convocatoria para la elección de consejeras técnicas alumnas y/o consejeros técnicos alumnos de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por el periodo de dos mil veintidós a dos mil veintitrés, publicada el diez de marzo de dos mil veintidós. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con lo dispuesto en el diversos 5, fracción I, de la Ley de Amparo y del 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la quejosa no demuestra contar con interés jurídico, ni legítimo, para instar el amparo, tal como se precisará en los razonamientos que enseguida se exponen. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [...]."El precepto transcrito prevé que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, los artículos 5, fracción I, y 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" El referido artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que el quejoso es parte en el juicio de amparo; que tiene tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de dicho ordenamiento legal y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia, dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la propia ley, lo mismo que contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Cabe destacar que el Máximo Tribunal del País ha precisado que el interés legítimo se concibe como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo, tienen, sin embargo, un interés en que la violación del derecho o libertad sea reparado; en otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación del gobernado, cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. Las características que permiten identificarlo, son: a) Si prospera la acción, ello se traduce en un beneficio jurídico en favor del accionante. b) Está garantizado por el derecho objetivo, pero no da lugar a un derecho subjetivo. c) Debe existir una afectación a la esfera jurídica del particular. d) El titular del interés legítimo tiene un interés propio y distinto de otros gobernados, consistente en que los actos de la administración pública, que incidan en el ámbito de ese interés propio, se ajusten a derecho. e) Es un interés cualificado, actual y real, y no potencial o hipotético, por lo cual se le estima como un interés jurídicamente relevante. f) La anulación del acto de autoridad, que en su caso resulte, produce efectos en la esfera jurídica del gobernado. Así, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico; esto es, el interés legítimo es aquel que tienen aquellas personas que, por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser los destinatarios de una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el orden jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio inmediato. El interés legítimo existe siempre que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante en condiciones de conseguir un determinado beneficio, sin que sea necesario que quede asegurado de antemano que forzosamente haya de obtenerlo, ni que deba tener apoyo en un precepto legal expreso y declarativo de derechos. Dichos argumentos, encuentran sustento en la jurisprudencia P./J. 50/2014, de Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 60, con registro digital 2007921, de rubro y contenido: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales- , quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." También apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis 2a. XVIII/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, página 1736, de registro digital 2003067, de rubro y contenido: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella." Es decir, de conformidad con los criterios sustentados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes transcritos, los elementos constitutivos del interés legítimo se acreditan al demostrar que: a) Existe una norma constitucional en la que se establece o tutela algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) El acto reclamado transgrede ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) El promovente pertenece a esa colectividad. Esto es, el interés legítimo supone una afectación jurídica a la parte quejosa, lo que implica que debe demostrar su pertenencia al grupo o colectividad identificada o identificable que sufrió o sufre el agravio; además, los elementos constitutivos antes referidos son concurrentes; es decir, son requisitos que deben cubrirse de manera conjunta para promover legítimamente el juicio de garantías y ante la ausencia de alguno de ellos, la acción de amparo es improcedente. De igual forma, la Primera Sala del más Alto Tribunal de la Nación estableció la diferencia existente entre el interés legítimo y el interés simple, el que, indicó, debe entenderse como aquel que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. Lo anterior encuentra sustento, en la jurisprudencia 1a./J. 38/2016, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, página 690, con registro digital 2012364, de rubro y contenido: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Conforme a las anteriores premisas, se considera que la parte quejosa carece de interés legítimo o jurídico para ejercer la presente acción de control constitucional, contando con un mero interés simple. En efecto, la quejosa reclama la convocatoria y designación de consejeros técnicos alumnos de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por el periodo de dos mil veintidós a dos mil veintitrés, bajo la premisa de que, de acuerdo con la paridad de género, debería haber más de una consejera técnica designada. Sin embargo, la parte quejosa no justifica su interés, por lo que no se evidencia cómo es que la convocatoria reclamada, le irroga un perjuicio directo o indirecto en su esfera jurídica individual o en relación con su especial situación frente al orden jurídico, siendo inconcuso que al omitir demostrar contar con un interés legítimo para comparecer a instar el juicio de amparo, su pretensión se basa en un interés simple que no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido y, por tanto, resulta insuficiente para considerar que cuenta con un interés personal, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante que pudiera traducirse en un beneficio jurídico a su favor. Para acreditar su interés, la quejosa anexó historial académico y copia de su credencial que la identifica como alumna de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, no así, la convocatoria reclamada; sin embargo, resultan insuficientes para acreditar el interés legítimo o jurídico de la impetrante de amparo, en la medida que no acredita una afectación real y actual a su esfera jurídica, pues de ningún modo evidencian su dicho de la posterior designación de consejeros, que hubiese participado en la misma o bien que se le hubiere rechazado su registro con motivo de su género. Como se adelantó, la parte quejosa no acredita la afectación al interés jurídico o legítimo que dice tener, en la medida que no acredita mediante documento alguno haber participado con motivo de la convocatoria reclamada, pues solamente de tener interés de que sea integrado conforme a la paridad de género, podría considerarse una afectación. Sin embargo, como se indicó, la parte quejosa no demostró haber presentado alguna solicitud de inscripción a la misma, o bien que le fuera rechazada, a efecto de acreditar una afectación real y actual a su esfera jurídica, esto es, que por virtud del rechazo de su solicitud se afecte su esfera de derechos y puedan analizarse la inconstitucionalidad de la convocatoria. Por tanto, no es dable suponer, menos con base en simples presunciones o indicios que la quejosa resintió afectación en su esfera jurídica con la sola publicación de la convocatoria que reclama, como lo sostiene en la demanda de amparo. Esto es así, ya que la afectación de los intereses jurídicos o legítimos demanda una especial demostración para que pueda estudiarse la misma, ya que no es jurídico ni racional hacer inferencias, carentes de una base de la que pudiera presumirse ese interés jurídico enunciado, pero no probado, como lo requiere la propia naturaleza del juicio de amparo, que, por ser contencioso, queda sujeto a normas de orden procesal claras y terminantes, que conducen a establecer que el que afirma está obligado a probar, y esa carga procesal solo es imputable a la promovente. Estimar lo contrario conduciría al absurdo de afirmar que cualquier persona que no haya sido participante de la convocatoria, cuente con interés jurídico o legítimo para controvertir la constitucionalidad de todo el procedimiento, incluida la convocatoria, sus bases, así como el resultado de la misma, aun cuando no acredite que participó formalmente en el proceso de selección, o que lo hubiere intentado y le fuere rechazada su solicitud. Ello es así, pues no basta que una persona tenga interés en participar en la convocatoria, pues si bien es cierto, la quejosa pretende impugnar una convocatoria abierta para la elección de consejeros y consejeras, la cual a su decir, debe ser conforme a la paridad de género, de la lectura integra de su demanda, no se advierte que se encuentra participando en la terna para la elección de dicho cargo, o bien que se le hubiera rechazado su registro a la misma, pudiendo así, alegar las violaciones correspondientes. Apoya a lo anterior, la tesis III.1o.A.25 K, de Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Julio de 1997, página 401, con registro digital 198284, de rubro y contenido: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. Es obligación del promovente del amparo acreditar plenamente que el acto que reclama afecta su interés jurídico, pues éste no debe inferirse ni tenerse por cierto a base de presunciones, ya que ningún precepto de la Ley de Amparo establece que la sola presentación de la demanda de garantías y la relación de hechos afirmados en ella, traiga aparejada esa presunción." En relatadas condiciones, ante la notoria e indudable improcedencia, en términos del artículo 61, fracción XII, en relación con lo dispuesto en el diversos 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO a que este expediente se refiere. Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 8 y 9 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual fue publicada en cuatro de mayo de dos mil quince, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que se contraen los aludidos numerales. Domicilio procesal y autorizados. En otro orden de ideas, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, y por autorizadas a las personas propuestas para tal fin, en virtud de que la Ley de Amparo no contempla la figura de abogado patrono; por tanto, si su deseo es autorizarlos conforme al numeral 12 de la referida legislación, deberá informarlo a este juzgado de Distrito y señalar el número de cedula profesional con el que cuentan. Se autorizan días y horas inhábiles. Se autoriza a los Actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que efectúen las notificaciones de carácter personal inclusive en días y horas inhábiles, como lo previene el artículo 21 de la Ley de Amparo. Consulta del expediente vía internet. Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. Del juicio en línea. Finalmente, se exhorta a la parte quejosa para que, de que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas necesarias para la tramitación del presente sumario, en atención al fenómeno social de salud pública derivado del virus Sars-Cov2 (Covid-19), continúe con la tramitación del presente sumario constitucional mediante el esquema de "Juicio en línea"; por lo que, en caso de optar por este medio las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, se les efectuarán por dicha vía en términos de los artículos 26, fracción IV, y 30 de la Ley de Amparo
- Principal
Este juzgado considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo, no se incurrió en exceso o defecto en su cumplimiento.
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