Lirio Yahel Elicerraraz Martínez y Otros.

Expediente 416/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
416/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
15/08/2019

Partes del expediente

  • Lirio Yahel Elicerraraz Martínez
  • Lirio Yahel Elicerraraz Martínez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, quince de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa en proveído de quince de julio del año en curso, sin que se presentara ante este Juzgado a recibir los edictos, a través de los cuales se notificaría al tercero interesado *************, la radicación del presente juicio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado. En esas condiciones, se precisa que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó;." El precepto transcrito estipula la causa de sobreseimiento relativa a la falta de entrega o exhibición por parte del quejoso, de la publicación de los edictos ordenada en el juicio de amparo, a efecto de realizar el emplazamiento de la parte tercero interesada. Ahora, atendiendo a que el análisis de las causas de improcedencia, así como las de sobreseimiento son de orden público y estudio preferente, este Juzgado de Distrito se encuentra impedido para continuar con el trámite del presente juicio, al existir un obstáculo que impide celebrar la audiencia constitucional y pronunciarse sobre la constitucionalidad o no del acto reclamado. .......Tal causa tiene su justificación, en virtud de que el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, prevé la posibilidad de emplazar a la parte tercera interesada mediante edictos, de conformidad con las reglas previstas en el Código Federal de Procedimientos Civiles, y de no acreditarse la entrega de los mismo para su publicación, deberá sobreseerse el juicio constitucional. Lo anterior, debido a que la contumacia en que incurre la parte quejosa al no exhibir la publicación de los edictos ordenada para emplazar a juicio a la parte tercero interesada, impide cumplir con un presupuesto procesal, que se erige con formalidad esencial del procedimiento, que hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, con lo que se actualiza la causa de sobreseimiento en estudio. En efecto, porque el artículo 27 invocado, establece la obligación de la autoridad de amparo de dictar las medidas que estimen pertinentes con el propósito de que se investigue el domicilio donde se pueda realizar el llamamiento a juicio y si a pesar de la investigación se desconoce, impone a la parte quejosa la obligación de solventar los gastos necesarios para realizar el emplazamiento por edictos al tercero interesado, en esta hipótesis, una vez que ha sido admitida la demanda de amparo se advierte que no se conoce el domicilio de la tercero, ya sea porque la parte quejosa lo ignora o bien porque no corresponde al que señaló en su demanda, además de que el juzgador dicte las medidas pertinentes para investigarlo y cuando estime que éstas resultaron infructuosas ordenará que el emplazamiento respectivo se realice por edictos, los que serán a costa de la parte quejosa. Es decir, el emplazamiento del tercero interesado, que permita tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, está condicionada a que la quejosa realice el pago de los edictos respectivos, siendo que el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de garantías a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. ...Ahora, del análisis de las constancias que integran el presente juicio se advierte que este juzgado de Distrito agotó todos los medios necesarios para lograr la localización y notificación del tercero interesado Edgar Arnulfo Martínez Olvera, de la radicación del presente juicio, sin que se haya tenido éxito, motivo por el que en auto de quince de julio de dos mil diecinueve, se ordenó dicha diligencia mediante la publicación de edictos, otorgándose a la parte quejosa un plazo de veinte días para que se presentara a recoger los ejemplares y dentro del mismo exhibiera las publicaciones respectivas. Así, de la certificación de cuenta se obtiene que la peticionaria del amparo, a través de alguno de sus autorizados, omitió presentarse a recibir los ejemplares, y como consecuencia lógica, exhibir la orden de publicación. Por tanto, tal omisión encuadra en la hipótesis prevista en la fracción II del numeral 63 de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio constitucional. En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para las nueve horas con cincuenta minutos del día de la fecha. Háganse las anotaciones respectivas y del conocimiento de las autoridades responsables para los efectos legales conducentes.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal de los autos, se advierte que el plazo otorgado por auto de quince de julio último, para que la quejosa acuda por los edictos para emplazar al tercero interesado, ordenados en esa actuación, transcurre del dieciocho de julio anterior al catorce de agostos dos mil diecinueve Para permitir lo anterior, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las nueve horas con cincuenta minutos del quince de agosto de dos mil diecinueve, para su verificativo.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, quince de julio de dos mil diecinueve. Agréguese la razón que suscribe la Actuaria Judicial de la adscripción, en la cual señala imposibilidad para realizar la primera notificación del presente juicio al tercero interesado ++++, por los motivos que expone, es decir, el tercero en cita dejó de vivir en el domicilio recabado para tal efecto. Así, del estado procesal de los autos, se advierte que en los domicilios obtenidos con motivo de los medios de búsqueda estatuidos en el numeral 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, el tercero interesado ha dejado de habitarlos, con lo cual se han agotado las indagaciones correspondientes de probables domicilios a efecto de lograr emplazar al tercero interesado en cita. Y, no obstante las manifestaciones de la quejosa (f. 71) respecto a su imposibilidad económica para cubrir el monto de edictos para el emplazamiento respectivo; sin embargo, no aportó elementos suficientes para demostrar que no tiene la capacidad económica para sufragarlos, que hagan factible determinarse por el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, los publique para emplazar al tercero perjudicado, dado que la sola afirmación relativa, no es suficiente para tener por acreditada dicha incapacidad económica, a lo que se provee: A fin de no contravenir lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación a la impartición de justicia de manera pronta y expedita, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se determina que el emplazamiento del tercero interesado se realice por edictos publicados en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en el país, los que correrán a costa de la parte quejosa. En el entendido, que dicha publicación, contendrá una relación sucinta de la demanda y se publicará por tres veces de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación, además se fijará en los estrados de este órgano de control constitucional, una copia íntegra del edicto por todo el tiempo del emplazamiento a la parte tercero interesada y se le hace hincapié, que de no comparecer por sí o a través de apoderado, se continuará con la prosecución del presente juicio constitucional; de igual manera, las notificaciones aun las de carácter personal se le harán por medio de lista, que se fijará en los estrados de éste órgano jurisdiccional. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de veinte días, recoja los edictos; los entregue para su publicación; y acredite ante este juzgado su entrega, es decir, que efectuó las gestiones tendentes para publicarlos. Término que empezará a computarse a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído; apercibida que de no cumplir con lo anterior, se decretará el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con base en el citado precepto legal, en relación con el diverso 63, fracción II de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los datos: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ SU NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO CONTRAVIENE EL DERECHO DE GRATUIDAD EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. En relación con la carga procesal contenida en el precepto citado, el juzgador de amparo debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir el costo de los edictos, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes para demostrar que no tiene la capacidad económica para sufragarlos, entonces pueda determinarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, los publique para emplazar al tercero perjudicado. Sin embargo, ante la ausencia de manifestaciones o elementos sobre su falta de capacidad económica para sufragarlos, subsiste esa carga procesal para el quejoso, sin que ello implique una transgresión al derecho de gratuidad en la administración de justicia impartida por el Estado ni a la prohibición de costas judiciales, pues lo que se busca es impedir que el gobernado pague directamente a quienes intervienen en dicha administración una contraprestación por la actividad jurisdiccional, ya que la retribución por la labor de quienes integran los tribunales debe cubrirla el Estado. En efecto, acorde con el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, en relación con el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la publicación de los edictos "a costa del quejoso" corresponde únicamente al importe de la publicación en: a) El Diario Oficial de la Federación; y, b) Uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República Mexicana; así, si las erogaciones derivadas de los actos procesales realizados por las partes para satisfacer las cargas procesales, lejos de importar un costo por la administración de justicia, constituyen el importe que cada litigante asume cubrir (o no) como necesario durante su intervención en el proceso, a fin de obtener una sentencia favorable a sus intereses, entonces la eventual erogación del quejoso por publicar los edictos para continuar el juicio de amparo no contraviene el principio de justicia gratuita, porque no constituye una costa judicial de las prohibidas por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el acto de publicación en los indicados medios de difusión masiva no implica una actuación judicial, sino únicamente un acto material por el cual una entidad ajena al tribunal da publicidad a una determinación judicial con el objetivo de cumplir con una formalidad para continuar con el trámite del juicio de amparo." (10a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 22, Septiembre de 2015; Tomo I; Pág. 24).

  4. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la emisión del actual proveído transcurre el plazo otorgado por auto de veinticinco de los cursantes (f. 75), a la quejosa para que proporcione datos tendentes a lograr el emplazamiento del tercero interesado. A fin de permitir lo anterior, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las nueve horas con diez minutos del treinta y uno de julio dos mil diecinueve, para su verificativo.

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