Lira Cárdenas Zacarías

Expediente 791/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
791/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
11/01/2022

Partes del expediente

  • Lira Cárdenas Zacarías

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; once de enero de dos mil veintidós. RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE QUEJA. Agréguense a los autos el oficio y testimonio que anexa la secretaria del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad; en atención a su contenido, acúsese recibo de estilo. Hágase del conocimiento de la parte quejosa la resolución pronunciada por el tribunal antes referido en el recurso de queja administrativa 153/2021, de su índice, misma que establece: "Único. Es infundado el recurso de queja interpuesto por Zacarías Lira Cárdenas, contra el proveído de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, dictado por la Jueza Primera de Distrito en el Estado de Hidalgo, dentro del juicio de amparo indirecto 791/2021-VII-B." En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro correspondiente. ARCHIVO Y DESTINO DEL EXPEDIENTE. Por otro lado, visto el estado de autos, se advierte que en el presente expediente no existe actuación alguna que realizar, promoción pendiente por acordar o documento original por devolver; además, que el expediente electrónico coincide fiel e íntegramente con el expediente físico; por lo que, con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo y 214, ambos de la Ley de Amparo, con esta fecha se archiva el presente asunto como concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse desechado la demanda que le dio origen; determinación que fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, en el recurso de queja 153/2021, del índice de su registro...M-VII

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veinte de agosto de dos mil veintiuno. INFORMA ADMISIÓN DEL RECURSO DE QUEJA. Agréguese el oficio de cuenta, signado por la secretaria del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del que acusa recibo del diverso a través del cual se remitió el recurso de queja interpuesto por el quejoso Zacarías Lira Cárdenas contra el auto que se desechó la demanda de amparo, así como copia certificada del juicio de amparo 791/2021-VII; asimismo, informa que se admitió el medio de impugnación y fue radicado bajo el número 153/2021. ...VII

  3. Principal

    DEVUELVE CONSTANCIAS. Agréguese a los autos el oficio de cuenta; visto su contenido, se tiene a la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, devolviendo, por los motivos que expone, las constancias que se acompañaron al oficio 5454, del índice de este órgano jurisdiccional, mismas que fueron remitidas para la substanciación del recurso de queja interpuesto por el quejoso Zacarías Lira Cárdenas, contra el auto de veinticinco de junio del año en curso. En consecuencia, como lo solicita la superioridad, una vez que se encuentren debidamente integradas las constancias aludidas en el párrafo que antecede, sin ulterior acuerdo, remítanse las mismas a la autoridad oficiante para la substanciación del recurso citado con antelación...M-VII

  4. Principal

    ...Previo citatorio dejado en el domicilio señalado en autos, se hace efectivo el apercibimiento decretado a la parte QUEJOSA, y en virtud de que no acudió a este juzgado a notificarse en forma personal, se le notifica por lista la resolución y/o proveído de VEINTICINCO DE JUNIO de dos mil veintiuno, a través del cual se determina: RADICACIÓN. Vista la demanda promovida por Zacarías Lira Cárdenas, contra actos del titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Hidalgo, Jefe de Servicios de la Jefatura de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales, y titular de la Subdelegación Metropolitana en Tulancingo, los tres del Instituto Mexicano del Seguro Social, se acuerda: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 791/2021-VII-B. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda, al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del numeral transcrito emerge la obligación del juzgado de distrito, de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que no debe soslayarse que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el artículo 107 de la Ley de Amparo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda se encuentra condicionado a que la actualización de la causa de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que subsista aun cuando se tramite el juicio y se ofrezcan pruebas para desvirtuarla. En apoyo de lo anterior, cabe invocar la jurisprudencia I.6o.C. J/19 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, Septiembre de 1999, página 730, registro 193379, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Explicado lo anterior, la causa de improcedencia que en la especie se actualiza es la prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5, fracción II, aplicado a contrario sensu, y 107, fracción II, todos de la misma legislación, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.". Del análisis de tales preceptos, se advierte que el juicio de amparo procede contra actos u omisiones de autoridades que violen los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal, así como por Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo, precisa que tiene el carácter de autoridad responsable aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. También, de conformidad con la última fracción del artículo 61 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente por motivos que resulten de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo. De ahí que, si el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en este caso la causa operaría en atención a que la autoridad señalada como responsable no tiene dicho carácter. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversos precedentes en relación con el concepto de autoridad responsable, en los que ha precisado que ésta es aquélla que con fundamento en una ley de orden público, ejerce un poder jurídico que afecta por sí, ante sí y de manera unilateral crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados. En ese sentido, para considerar a una autoridad como responsable en el juicio de amparo debe atenderse a lo siguiente: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular, esto es, la que se lleva a cabo entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y el interés social. b) Que esa relación tenga su origen en la ley, la cual dote al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de su potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del gobernado. Para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse a si la relación que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales, en vía de amparo, se ubica dentro de tales relaciones, es decir, de supra a subordinación, la cual tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Es aplicable a lo anterior, la tesis número P.XXVII/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo V, febrero de 1997, página 118, registro 199459; que dispone: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". Así como en la diversa jurisprudencia número 2a./J.164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, septiembre de 2011, novena época, página 1089, registro 161133; que dispone: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". En ese contexto, el concepto de autoridad para efectos del amparo excluye los actos de particulares, siempre y cuando no realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en términos de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo vigente, sobre los cuales, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo determinan que éste resulta improcedente. Así, es preciso destacar que, en relación con la distinción entre actos de autoridad y actos de particulares, es necesario el estudio de la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación, cuyo análisis se requiere para acreditar la naturaleza de los actos que por esta vía se impugnan. Sobre el particular, las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes, generalmente particulares, se encuentran en un mismo nivel y, para dirimir sus controversias deben acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas; de tal manera que dentro de este tipo de relaciones se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil y laboral. Por su parte, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destacan, como ejemplo, el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos. Este último tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece una serie de derechos y garantías para su protección como limitaciones al actuar del gobernante, siendo entonces las que se vinculan con el entendimiento de los actos de autoridad. No obstante, la enunciación de los actos que puede realizar una autoridad atinente a la acción constitucional no da la pauta para definir conceptualmente lo que debe entenderse como autoridad para efectos del juicio de amparo; por ende, debe atenderse a las directrices históricas que al respecto ha sustentado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En primer término, al resolver la contradicción de tesis 116/2005 originaria de la jurisprudencia 2a./J. 111/2005, número de registro 177279, de rubro: 'INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD consideró: I) Como notas distintivas de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, se requiere: La existencia de un ente de hecho o de derecho que tenga una relación de supra a subordinación con un particular. Que esa relación tenga nacimiento en la ley, dotándolo de facultades administrativas de ejercicio irrenunciable. Emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí situaciones jurídicas afectando la esfera legal del particular. Que para ello no requiere acudir ante órganos judiciales ni el conceso de la voluntad del afectado. II) Que las autoridades dependientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) como un organismo descentralizado perteneciente a la administración pública Federal Paraestatal (artículo 4 de la Ley respectiva), encargado de la administración de seguros, prestaciones y servicios de seguridad social a sus derechohabientes y/o beneficiarios, sí constituye autoridad para efectos del juicio de garantías cuando conceda, niegue, suspenda, modifique o revoque pensiones (siempre y cuando colme principio de definitividad); toda vez que tal determinación afecta en forma unilateral la esfera del particular sin necesidad de obtener el consenso de este último o acudir ante un tribunal judicial. En segundo término, al fallar la contradicción de tesis 57/2009, generadora de la jurisprudencia 2a./J. 211/2009, número de registro 165782, de rubro: 'INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDERSE EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR estimó: III) Que constituye autoridad para efectos de la acción constitucional, a quien la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales; esto es, aquéllas que ejercen facultades decisorias que les fueron legalmente atribuidas, constituyendo una potestad administrativa y de ejercicio irrenunciable, pues el gobernante impone su voluntad de manera unilateral, imperativa, coercitiva y exigible a través de la fuerza pública u otra autoridad. IV) Que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como un organismo descentralizado perteneciente a la administración pública Federal Paraestatal (artículo 5 de la Ley correspondiente), encargado de la administración de seguros, prestaciones y servicios de seguridad social a sus derechohabientes y/o beneficiarios, tiene reconocido un doble carácter: Como organismo fiscal autónomo, cuando determine y recaude las cuotas obrero - patronales, hipótesis en la que actúa como autoridad con atributos legales. Como ente asegurador, al sustituir al patrón como consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador y aquél, o con base en un acto jurídico mediante el que se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o dinero, al asegurado o sus beneficiarios; caso, en el que encuentra en un plano de igualdad. V) Por lo que, a fin de dilucidar si el aludido Instituto es o no autoridad para efectos del juicio de garantías cuando se reclame la omisión de respuesta a una solicitud en ejercicio del derecho de petición previsto por el artículo 8 Constitucional, se atendería al caso particular; resultando, que procedía la acción únicamente cuando se impugnara su descuido como organismo fiscal autónomo, no así cuando lo fuera como ente asegurador, pues en este último supuesto se reclamarían prestaciones de seguridad social respecto de las cuales resulta competencia la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. En un tercer momento, al dirimir la contradicción de tesis 129/2011, creadora de la jurisprudencia 2a./J. 134/2011, número de registro 160995, de rubro: 'SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL'; señaló: VI) Retomaba que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), contaba con un doble carácter, como organismo fiscal autónomo y como ente asegurador. En relación con el primero, las controversias que se susciten serán dirimidas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa); en tanto que, respecto del segundo, lo será por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. VII) La relación jurídica entre el aludido Instituto con sus asegurados y sus beneficiarios, no lo es como organismo fiscal autónomo, por lo que ante ellos no actúa con potestad de autoridad; toda vez que no hace sino cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, como lo sería el otorgamiento de cualquier pensión. Esto es, si bien cuenta con facultades para determinar sobre la procedencia de prestaciones que le sean solicitadas, no se encuentra investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación que surge entre ambos es de igualdad (coordinación) y al resolver únicamente está verificando el cumplimiento de los requisitos para su otorgamiento. VIII) Por lo que, el señalado Instituto no era autoridad para efectos del juicio de amparo al resolver un recurso de inconformidad en el que se reclamen como un ente asegurador prestaciones de seguridad social. Sin que pasara desapercibida la jurisprudencia P./J. 1/2001 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 190365, de rubro: 'SEGURO SOCIAL. LA ACCIÓN DE PAGO EJERCITADA CONTRA EL INSTITUTO POR GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DE LA NEGATIVA A BRINDAR ASISTENCIA MÉDICA U HOSPITALARIA A UN ASEGURADO, BENEFICIARIO O PENSIONADO, O POR RESULTAR DEFICIENTE, ES DE NATURALEZA CIVIL Y SU CONOCIMIENTO CORRESPONDE A UN JUEZ DEL FUERO COMÚN'; pues, en el particular se dilucidaba sobre una controversia entre los asegurados o sus beneficiarios con el referido Instituto sobre las prestaciones que la Ley del Seguro Social otorgaba, en tanto, que en aquélla contradicción se estudió la diversa acción civil de pago buscando la restitución del numerario erogado con motivo a la omisión del Instituto de proveer total o deficientemente servicios médicos u hospitalarios. Por último, al emitir la resolución de la contradicción de tesis 341/2015, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), número de registro 2011948, de rubro: 'INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR'; concluyó: IX) Retomar el análisis de las notas distintitas de los actos de autoridades para efectos de la acción de garantías, de conformidad a la Ley Reglamentaria vigente; considerando como tal: La existencia de un ente y organismo del Estado, independientemente de su naturaleza formal. Que emita actos jurídicos derivado de sus facultades conferidas legalmente u omita hacerlos. Cree, modifique o extinga una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria. X) Que en relación a los actos emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), debía traerse a colación lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión número 772/2015, en el sentido de que: Era cierto que el indicado Instituto como ente asegurador y al someterse a la jurisdicción laboral, actuaba en igualdad como todo particular, y que en esos casos, el juicio de amparo no podría substituir a la jurisdicción ordinaria en la resolución de conflictos sobre seguridad social. Sin embargo, existían casos excepcionales para la procedencia inmediata de la acción constitucional intentada por un asegurado o beneficiario contra un acto del señalado Instituto como ente asegurador, tal y como lo serían determinaciones sobre la procedencia o no de prestaciones de seguridad social previstas legalmente, pues de manera unilateral, vinculante y no en un plano de igualdad, prevalecen hasta que se dicta laudo o resolución que las invalide en el juicio o medio de defensa procedente; ello, sin la necesidad de que medie la jurisdicción ordinaria. Primero, porque el señalado Instituto prestaba un servicio público para dar cumplimiento a las obligaciones del Estado Mexicano en materia de seguridad social; siendo que, en el ejercicio de esa actividad, los particulares ejercen derechos configurados legalmente y su protección se encuentra prevista en la ley y que, para su efectividad, aquéllos se encuentran en una relación asimétrica (desigual) con dicho Instituto. Segundo, porque en la prestación de ese servicio público, está facultado para emitir actos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de manera unilateral y obligatoria, o en su caso, una omisión que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría situaciones jurídicas; tal y como acontecía con la resolución que niega el otorgamiento de la pensión de viudez. XI) Por lo que concluyó que, si bien el indicado Instituto, de conformidad a la legislación que lo rige, se encontraba facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de alguna prestación de seguridad social, por el cual crearía, modificaría o extinguiría situaciones jurídicas a los asegurados o sus beneficiarios, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que, cuando se le reclamara la omisión de respuesta a una solicitud en materia de pensiones, resulta procedente el juicio de amparo indirecto pues en ese caso resultaba necesario garantizar la protección efectiva del derecho humano de petición, con la única finalidad de que el funcionario o empleado público del Instituto emita respuesta. Bajo el entendido de que sería improcedente la ampliación de demanda de garantías; ya que, una vez que el asegurado y/o beneficiario conociera la respuesta a su petición y de estimar que no satisface su interés, debía acudir a la vía ordinaria laboral en materia de seguridad social. Relación histórica de directrices de la que se puede concluir que las características de un acto de autoridad para los efectos de la acción constitucional son las siguientes: Que tenga calidad de órgano público. Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar. Que emita o realice actos unilaterales que creen, modifiquen o extingan una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria, afectando a los gobernados. Congruente con lo razonado, cuando se está en presencia de un "acto de autoridad para efectos del juicio de amparo", se requiere la presencia de mayores elementos que dependerán del análisis del caso específico que se presente, para lo cual se deberá analizar, cuando menos: El origen material y la finalidad del acto respectivo. El carácter de la relación jurídica entre los sujetos (actualización de la relación de supra a subordinación). El sentido de afectación del acto sobre la esfera jurídica del particular. En ese orden de ideas, respecto al carácter de la relación jurídica ante los sujetos vinculados, se conoce que el Estado en su actuación puede vincularse de distinta manera, y surgen así relaciones jurídicas que producen efectos que pueden o no dar lugar a actos autoritarios, tales relaciones se clasifican en: 1. Las relaciones de coordinación, mismas que se desarrollan entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad; por lo que, para dirimir sus diferencias se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. 2. Las relaciones de supra ordinación, que son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. 3. Las relaciones de supra a subordinación, que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte, y el gobernado, por la otra. Así, el calificativo de acto de autoridad involucra al órgano del Estado quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con su ejecución, o bien por ambas. Lo anterior, en un plano de supra a subordinación; es decir, los particulares como gobernados y el Estado investido con su imperio. En el caso en particular, el quejoso Zacarías Lira Cárdenas, en su demanda señala como acto reclamado el siguiente: "La suspensión en el pago de mi pensión de Cesantía en edad Avanzada, que me fue otorgada por el IMSS mediante resolución de fecha 25 de marzo del 2019, la cual ya no me fue pagada, como mensualmente se venía realizando". Destacándose que el acto reclamado recae en la suspensión de la pensión de cesantía en edad avanzada que en resolución de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, se determinó por el Instituto Mexicano del Seguro Social se le pagaría al quejoso. Por tanto, si bien es cierto que el Instituto responsable en ciertos supuestos actúa en un plano de "supra a subordinación", también lo es que, en el caso particular, carece de tales características, pues actuó como ente asegurador, supuesto en el cual se está ante la presencia de una relación de coordinación entre el quejoso y las autoridades responsables. Es así, toda vez que, cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social actúa frente a los derechohabientes como ente asegurador y realiza actos vinculados a las prestaciones en especie y en dinero que reconoce la Ley del Seguro Social, tales actos no son reconocidos como de autoridad para efectos del amparo, debido a que, si bien, dicho Instituto puede pronunciarse sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas, al resolver sobre las mismas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre el Instituto y el asegurado es de igualdad (coordinación), y al emitir su determinación sólo verifica el cumplimiento de los requisitos legales para otorgar la prestación que se le solicita. No obstante, en caso de que los asegurados estén inconformes con la determinación que emita el Instituto respecto de las prestaciones que éste otorga, podrán acudir ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a fin de dilucidar la controversia, órgano en el que ambas partes intervendrán en un plano de igualdad, es decir, en una relación de coordinación. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 134/2011, de título y texto: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia." Por lo cual, es evidente que, al suspender el pago de la pensión al quejoso, el Instituto responsable actuó en ejercicio de sus atribuciones como ente asegurador, supuesto en el cual la relación entre el Instituto y el derechohabiente es de coordinación y no de autoridad, deviniendo en que aquél no tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. Lo que fue confirmado por la Segunda Sala de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al dilucidar la contradicción de tesis 341/2015, citada con anterioridad, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 66/2016, que señala: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo." De la que se desprende que, cuando se reclame al Instituto Mexicano del Seguro Social la omisión de dar respuesta a una petición, en su carácter de ente asegurador, sí tendrá el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, pero en contra de la respuesta que emita a tal petición, es improcedente el juicio de amparo, dado que el asegurado debe acudir a la vía ordinaria laboral en materia de seguridad social para controvertir la determinación que no le satisface, siendo que ésta se emite en un plano de coordinación entre el Instituto y el asegurado, pues se limita a precisar si se cumplieron o no los requisitos para acceder a una determinada prestación reconocida por la Ley del Seguro Social. Tal como ocurrió en la especie, en que la pensión del quejoso corresponde a una prestación que le otorga la Ley del Seguro Social, por lo que todas las cuestiones inherentes a dicha pensión que no satisfagan el interés del quejoso, deberán impugnarse en la vía laboral que corresponda, tal como lo establece el artículo 295 de la Ley del Seguro Social, que señala: "Artículo 295. Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto sobre las prestaciones que esta Ley otorga, deberán tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en tanto que las que se presenten entre el Instituto y los patrones y demás sujetos obligados, se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." Derivándose de lo anterior que las controversias que surjan entre los asegurados y sus beneficiarios con el Instituto, respecto de prestaciones que otorgue la Ley del Seguro Social, se tramitarán ante la Junta Federal de Conciliación Arbitraje; de ahí que el Instituto, al llevar a cabo actos que versen sobre tales prestaciones de seguridad social, no actúa como autoridad, sino como ente asegurador, es decir, en un plano de coordinación frente al sujeto asegurado. Por lo anteriormente expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5, fracción II, aplicado a contrario sensu, y 107, fracción II, de la misma legislación, procede desechar la demanda de amparo promovida por Zacarías Lira Cárdenas. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como tal el ubicado en avenida Viaducto Rojo Gómez, edificio 205, primer piso, despacho cuatro, colonia Céspedes, en esta ciudad. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Rosaura Velázquez García y Marco Edwin Ixta Domínguez. CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. SE EXHORTA A LAS PARTES A MEJORAR LA COMUNICACIÓN PARA FACILITAR EL TRÁMITE DEL JUICIO. Se exhorta a las partes para que soliciten el acceso al expediente electrónico en el juicio mercantil en que se actúa y que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, para lo cual deberán señalar el «nombre de usuario» que al efecto se le proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, acorde a los artículos 16, 17, 18, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 relacionados con el diverso 22 del Acuerdo General 21/2020. PUBLICACIÓN DE LISTAS. Dado que aún no se permitirá la entrada normal de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, adicionalmente este juzgado remitirá por correo electrónico a la administración las listas a publicar las cuales serán colocadas en la entrada del edificio para consulta de los interesados. MEDIOS PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN NO PROCESAL CON LAS PARTES. Por certeza jurídica las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, ya sea correo electrónico o número telefónico, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la Circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza tanto a la promovente como a sus autorizados el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, a efecto de imponerse para oír y recibir notificaciones de los acuerdos dictados en el presente juicio. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas). HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo..M-VII

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