Liosbany San Chávez

Expediente 399/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 18 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
399/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
20/07/2022

Partes del expediente

  • Liosbany San Chávez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    :. I. Juez de Distrito acusa de recibo de oficios. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio con número de registro 12496 firmado por el Actuario adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, por el cual adjunta el proveído de catorce de julio de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 404/2022 del índice del juzgado de su adscripción, por el cual dicho órgano jurisdiccional aceptó el returno planteado por este juzgado federal y se avocó al conocimiento del presente sumario. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro de control respectivo. II. Se ordena archivo de expediente. Por lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del Acuerdo General citado. Finalmente, se determina que el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, por ubicarse en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción I, inciso a), del citado acuerdo general, lo que podrá realizarse una vez transcurrido el término de seis meses a que se refiere el artículo mencionado del acuerdo antes citado.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual informa que determinó que el conocimiento de este asunto le corresponde al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo; por tanto, dese cumplimiento a lo ordenado y previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, remítase para tal efecto al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo los autos originales que integran este juicio, y los cuadernos relativos al original y duplicado del incidente de suspensión que derivan del presente juicio. Asimismo, solicítese al referido juzgado federal el correspondiente acuse de recibo. Se hace la precisión que, en sentencia de treinta de junio de dos mil veintidós, se concedió el amparo a la parte quejosa, la cual aún no ha adquirido firmeza.

  3. Principal

    :. En Cancún, Quintana Roo, siendo las nueve horas con treinta minutos del treinta de junio de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 399/2022-III, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Diana Alejandra Ángel Zárate, secretaria que autoriza y da fe, declara abierta la misma sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. Abierta la audiencia, la secretaria da lectura a la demanda y demás constancias que obran en autos, entre las que se encuentra el informe justificado rendido por las autoridades responsables; en consecuencia, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, certifica que las autoridades responsables que enseguida se enlistan rindieron su informe justificado en los siguientes términos: #·3 oficios Autoridad responsable Sentido del informe 1,2 y 3 3303/2022-III, 3306/2022-III y 3307/2022-III. i) Encargado del Despacho de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Cancún, Quintana Roo, ii) Subdirector de Operación, Seguridad y Custodia de la Estación Migratoria en Cancún, Quintana Roo del Instituto Nacional de Migración y iii) Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos en la Estación Migratoria en Cancún, Quintana Roo del Instituto Nacional de Migración, por conducto del Subdirector de la Estación Migratoria. Niega 4 3304/2022-III Subrepresentante Federal en Cancún del Instituto Nacional de Migración. Niega 5 3305/2022-III Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Quintana Roo. Niega Cancún, Quintana Roo En consecuencia, el Juez: téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, la secretaria hace constar que la parte quejosa y las autoridades responsables i) Encargado del Despacho de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Cancún, Quintana Roo, ii) Subdirector de Operación, Seguridad y Custodia de la Estación Migratoria en Cancún, Quintana Roo, del Instituto Nacional de Migración y iii) Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos en la Estación Migratoria en Cancún, Quintana Roo del Instituto Nacional de Migración, por conducto del Subdirector de la Estación Migratoria, aportaron pruebas documentales; sin que las demás partes ofrecieran algún medio de prueba; al respecto; a lo que el Juez provee: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y admitidas las pruebas documentales, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna parte formuló alegatos; luego, el Juez acuerda: con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos y se da por concluida esta etapa de la audiencia. Enseguida, la secretaria certifica que no hay promociones pendientes de acordar. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por celebrada la presente audiencia constitucional y al encontrarse integrado el expediente en que se actúa, se dicta la siguiente resolución. Visto para resolver el juicio de amparo 399/2022-III, promovido por Liosbany San Chávez, contra actos del Encargado de Despacho de la Estación Migratoria Cancún, Quintana Roo, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinticinco de abril de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, Liosbany San Chávez, solicita el amparo y protección de la justicia federal contra actos de las siguientes autoridades responsables: # Autoridad responsable 1. Encargado del Despacho de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Cancún, Quintana Roo. 2. Subrepresentante Federal en Cancún del Instituto Nacional de Migración. (Denominación correcta de las señaladas por la parte quejosa como Delegado Local y Subdelegado Local del Instituto Nacional de Migración en esta Ciudad de Cancún, Quintana Roo). 3. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Quintana Roo. (Denominación correcta de la señalada por la parte quejosa como Encargada de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración de la Estación Migratoria, Cancún). 4. Subdirector de Operación, Seguridad y Custodia de la Estación Migratoria en Cancún, Quintana Roo del Instituto Nacional de Migración. 5. Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos en la Estación Migratoria en Cancún, Quintana Roo del Instituto Nacional de Migración. Cancún, Quintana Roo Ello, por considerarlos violatorios de los artículos 1° párrafo tercero, 4 párrafos octavo, noveno, décimo y undécimo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; actos que hace consistir en: "ACTOS RECLAMADO. - - - La ILEGAL RETENCIÓN, PRIVACIÓN DE LIBERTAD de mi representada, así como la orden de DEPORTACIÓN, EXPUSIÓN, DETENCIÓN y sus consecuencias legales. - - - La OMISIÓN Y VIOLACIÓN A SUS DERECHOS FUNDAMENTALES al DEBIDO PROCESO, LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA, DERECHO A LA DEBIDA DILIGENCIA y DERECHO A UNA TUTELA EFECTIVA. - - - La EJECUCIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS antes mencionados, así como la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de dichos actos, por ser violatorios de Derechos Humanos, el libre tránsito contenido en nuestro Artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor." SEGUNDO. Radicación de demanda, suspensión de plano y se ordena ratificar demanda. Recibida que fue la demanda de amparo el veinticinco de abril de dos mil veintidós, ante este juzgado de distrito, en auto de esa misma data, se ordenó formar expediente que fue registrado bajo el número 399/2022-III, y se concedió la suspensión de plano respecto de los actos consistentes en la orden de deportación y/o expulsión, incomunicación y detención y retención fuera de procedimiento en contra del quejoso; se requirió a las autoridades responsables su informe sobre la suspensión de plano y se ordenó la búsqueda del quejoso para que ratificara la demanda promovida en su nombre. TERCERO. Admisión de demanda. El veinticinco de abril de dos mil veintidós, ante el actuario de la adscripción, el quejoso Liosbany San Chávez, manifestó su voluntad de ratificar la demanda de amparo promovida en su favor; luego, en auto de esa propia data, se admitió a trámite la demanda; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción la intervención legal que le compete, quien no formuló pedimento; se ordenó la apertura del incidente de suspensión y se señaló fecha y hora para verificar la audiencia constitucional. CUARTO. Se plantea returno. Por proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, se planteó returno al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, al considerar actualizada la causa de turno relacionado que ahí se precisó. Por auto de tres de junio de dos mil veintidós, se recibieron nuevamente los autos del juicio de amparo en que se actúa, en virtud que el órgano jurisdiccional requerido no aceptó el cambio de turno propuesto, se formuló consulta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, la cual está pendiente de resolución, y se señaló nueva fecha y hora para verificar la audiencia constitucional; la que se desahoga al dictar esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclaman actos privativos de libertad atribuidos a autoridades administrativas, con ejecución en el ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado de distrito. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar los actos reclamados en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional y demás constancias se hacen consistir en: a) La incomunicación que se dice sufre el quejoso. b) La orden de deportación y/o expulsión emitida en contra del quejoso. c) La detención y retención del quejoso fuera de procedimiento, que se ejecuta en la Estación Migratoria de Cancún, del Instituto Nacional de Migración. d) La negativa a otorgar asistencia jurídica en el procedimiento administrativo que se ha iniciado a dicho quejoso. e) La orden de alojamiento en la estación migratoria de esta ciudad de la parte quejosa dentro de algún procedimiento migratorio seguido en su contra. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: "Novena Época No. Registro: 192097 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Toda vez que se han precisado los actos reclamados por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. La autoridad responsable 2] Subrepresentante Federal en Cancún del Instituto Nacional de Migración y 3] Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Quintana Roo, ambos con domicilio en esta ciudad, al rendir su informe justificado, negaron la existencia de la totalidad de actos que se le reclaman. Por su parte, el 1] Encargado del Despacho de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Cancún, Quintana Roo, 4] Subdirector de Operación, Seguridad y Custodia de la Estación Migratoria en Cancún, Quintana Roo del Instituto Nacional de Migración y 5] Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos en la Estación Migratoria en Cancún, Quintana Roo del Instituto Nacional de Migración, por conducto del Subdirector de la Estación de Migración, al rendir su informe justificado, negaron la existencia de los actos reclamados precisados en los incisos a), b), c) y d), del considerando tercero de esta sentencia. Asimismo, si bien las autoridades responsables 4] Subdirector de Operación, Seguridad y Custodia y 5] Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos, ambos en la Estación Migratoria en Cancún, Quintana Roo del Instituto Nacional de Migración, por conducto del Subdirector de la Estación de Migración, no se pronunciaron sobre la existencia del acto reclamado precisado en el inciso e) que se les atribuye; también debe declararse inexistente en virtud que, como se verá más adelante, de las constancias que remitió la diversa autoridad Subdirector de la Estación Migratoria de Cancún, Quintan Roo del Instituto Nacional de Migración, se corrobora que el acuerdo donde se decretó el alojamiento temporal del quejoso con motivo del procedimiento seguido en su contra, fue ésta y no aquéllas autoridades. Lo anterior, sin que la parte quejosa ofreciera prueba idónea para desvirtuar tales afirmaciones, pues sólo exhibió copia simple del pasaporte número L562705 expedido por la República de Cuba; la cual al contar con valor demostrativo en términos del artículo 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sólo prueba que probablemente sea una reproducción de su original; luego, es ineficaz para corroborar la existencia de los actos reclamados antes precisados. Además, la negativa de las autoridades responsables se corrobora con el contenido de las fotocopias certificadas remitidas por la autoridad responsable Subdirector de la Estación Migratoria de Cancún, Quintan Roo del Instituto Nacional de Migración, consistente en el expediente administrativo E.A./15.9/INM/ORQR/CUB185/LIOSBANY SAN CHÁVEZ/CUBANA15-04-2022, a las que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 197, 202 y 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En efecto, de dichas documentales se obtiene lo siguiente: 1. Que el quejoso Liosbany San Chávez, al momento de la presentación de la demanda de amparo se encontraba privado de su libertad a disposición del Subdirector de la Estación Migratoria de Cancún, Quintan Roo, por virtud de un procedimiento administrativo de naturaleza migratoria, indicándosele que debía permanecer en las oficinas de esa autoridad hasta en tanto se concluyera dicho procedimiento. 2. Mediante comparecencia de dieciséis de abril de dos mil veintidós, la autoridad responsable hizo constar que i) al hoy quejoso se le hicieron saber los derechos con los que cuenta en el procedimiento que se le sigue, entre otros, comunicarse con la autoridad consular correspondiente, ser asistido o representado legalmente por la persona que designe, y que ii) el quejoso manifestó que no es su deseo ser asistido o representado por persona de su confianza, ni de solicitar refugio; lo anterior, se encuentra firmado por el quejoso (fojas 26 y 27 de las constancias adjuntas). 2. Mediante acta de quince de abril de dos mil veintidós, relativa a los "DERECHOS DE LOS ALOJADOS EN LAS ESTACIONES MIGRATORIAS" derivada del procedimiento administrativo seguido en contra del quejoso, en los numerales 4, 6 y 7 se indicó al quejoso que, por no acreditar su legal estancia en el país, tiene derecho -entre otras cosas- a i) recibir asesoría legal al ingreso y durante su presentación y alojamiento ante la autoridad migratoria, así como ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga y ii) que se notifique a su representación consular sobre su internamiento ante la autoridad migratoria, si opta por ello y para el caso que desee recibir la protección de su representación consular, se le facilitarán los medios para comunicarse con ésta lo antes posible; lo cual, se encuentra firmado por el quejoso (fojas 11 y 12 de las constancias adjuntas). 3. Mediante bitácora de quince de abril de dos mil veintidós, así como los registros de llamadas y registros de alimentos, la autoridad responsable hizo constar que al hoy quejoso se le proporcionaron enseres básicos (insumos de aseo personal al quejoso); asimismo, se le dio acceso a un teléfono para realizar las llamadas respectivas, y que desde el quince de abril al cinco de mayo de dos mil veintidós, le fueron proporcionados los alimentos debidos y que ii) el quejoso manifestó su conformidad de haber recibido los insumos de aseo personal, así como los respectivos alimentos durante su estancia; lo anterior, se encuentra firmado por el quejoso (fojas 45 al 53 de las constancias adjuntas). 4. Por acuerdo de dieciséis de abril de dos mil veintidós, dictado por el Subdirector de la Estación Migratoria de Cancún, Quintan Roo del Instituto Nacional de Migración, se ordenó el alojamiento temporal en el área de hombres de la estancia provisional de Cancún, del quejoso por los motivos ahí expuestos. En ese contexto, si las actuaciones antes citadas se emitieron con anterioridad a la promoción del presente juicio de amparo (veinticinco de abril de dos mil veintidós), resultan inexistentes los actos reclamados precisados en los incisos a), b), c) y d), del considerando tercero de esta sentencia, pues la autoridad responsable informó al quejoso del derecho de asistencia jurídica y consular dentro del procedimiento administrativo de origen y no estaba incomunicado pues tuvo acceso a llamadas telefónicas, tan es así que promovió el juicio de amparo que nos ocupa a través de abogado particular. Tampoco se omitió informarle sobre su derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, pues como se ve de la comparecencia, el quejoso expresamente manifestó que no era su deseo solicitar tal condición y que con posterioridad solicitó dicha condición de refugiado (fojas 33 a 38 de las constancias adjuntas) No se omitió proporcionarle los enseres básicos (insumos de aseo personal al quejoso) y los alimentos durante su estancia, pues como se ve de los registros, el quejoso firmo de conformidad de haberlos recibido. Así como tampoco se desprende que haya sido emitida en su contra una orden de deportación o alguna otra que tenga como consecuencia el abandono del país dada su condición migratoria o que se le haya negado la orden de salida de dicha estación. Además, se demuestra la inexistencia del acto reclamado precisado en el inciso e) que se reclama a las diversas autoridades 2] Subrepresentante Federal en Cancún, 3] Titular de la Oficina de Representación, 4] Subdirector de Operación, Seguridad y Custodia de la Estación Migratoria en Cancún, Quintana Roo y 5] Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos en la Estación Migratoria en Cancún, Quintana Roo, todos del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad; pues se corrobora que éste fue emitido por una autoridad distinta a las antes mencionadas, a saber, por el Subdirector de la Estación Migratoria de Cancún, Quintan Roo del Instituto Nacional de Migración. Luego, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede el sobreseimiento cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe el acto reclamado o cuando no se probare su existencia, por lo que es evidente que se actualiza la causa de sobreseimiento correspondiente al no haberse demostrado tal extremo. Por tanto, toda vez que la parte quejosa no aportó prueba idónea que desvirtúe la afirmación de la autoridad responsable en comento, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto de la totalidad de los actos reclamados al 2] Subrepresentante Federal en Cancún del Instituto Nacional de Migración y 3] Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Quintana Roo, 4] Subdirector de Operación, Seguridad y Custodia de la Estación Migratoria en Cancún, Quintana Roo del Instituto Nacional de Migración y 5] Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos en la Estación Migratoria en Cancún, Quintana Roo del Instituto Nacional de Migración, estos últimos, por conducto del Subdirector de la Estación de Migración, todos con domicilio en esta ciudad, así como de los señalados en los incisos a), b), c) y d) del considerando tercero de esta sentencia, atribuidos al 1] Encargado del Despacho de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Cancún, Quintana Roo, por ser inexistentes, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la siguiente jurisprudencia: "Época: Sexta Época Registro: 917818 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 284 Página: 236 INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." QUINTO. Existencia de acto reclamado. El 1] Encargado del Despacho de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Cancún, Quintana Roo, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado precisado en el inciso e), del considerando tercero, consistente en la orden de alojamiento del quejoso Liosbany San Chávez en las instalaciones de la Estación Migratoria de Cancún del Instituto Nacional de Migración, dentro de algún procedimiento migratorio seguido en su contra; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa con sus propias manifestaciones, de las que se evidencia su certeza. De igual forma, la certeza del acto reclamado se encuentra acreditada con las fotocopias certificadas remitidas por la autoridad responsable, consistentes en el expediente administrativo E.A./15.9/INM/ORQR/CUB185/LIOSBANY SAN CHÁVEZ/CUBANA15-04-2022, que fueron valoradas previamente, de las cuales se obtiene que al momento de la presentación de la demanda de amparo, el quejoso Liosbany San Chávez, se encontraba privado de su libertad a disposición de la responsable por virtud de un procedimiento administrativo de naturaleza migratoria, pues como se indicó previamente, el dieciséis de abril de dos mil veintidós, la citada responsable ordenó su internamiento en el área de hombres de la estancia provisional de Cancún, Quintana Roo, con motivo del procedimiento administrativo migratorio instaurado en su contra. Por tanto, es cierto el acto reclamado precisado en el inciso e) del considerando tercero, consistente en la orden de alojamiento del quejoso en las instalaciones de la Estación Migratoria de Cancún del Instituto Nacional de Migración dentro de algún procedimiento migratorio seguido en su contra, que se reclama al 1] Encargado del Despacho de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Cancún, Quintana Roo. SEXTO. Causas de improcedencia. Las partes no hicieron valer causas de improcedencia, ni opera alguna que debiera estudiarse de oficio. Por tanto, al no existir dispositivo legal que ordene plasmar en la sentencia las consideraciones y razones por las que no se actualiza alguno de los supuestos previstos en las diversas fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, es evidente que este órgano jurisdiccional no tiene la obligación de hacer un análisis exhaustivo de todas y cada una de las causas de improcedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que se cita a continuación: "Época: Octava Época Registro: 205800 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VII, Junio de 1991 Materia(s): Común Tesis: P./J. 22/91 Página: 60 IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTA OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." En consecuencia, procede el estudio de los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa en la demanda de amparo. SÉPTIMO. Concepto de violación. La parte quejosa expresa como concepto de violación el que se encuentra contenido en su escrito inicial de demanda, que se tiene por reproducido sin necesidad de transcribirlo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Registro No. 164618 Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXI, Mayo de 2010 Página: 830 Tesis: 2a./J. 58/2010 Jurisprudencia Materia(s): Común CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." OCTAVO. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación son sustancialmente fundados, aunque para estimarlo así es necesario suplirlos en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "Registro digital: 2009936 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 120/2015 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I , página 663 Tipo: Jurisprudencia SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SU PROCEDENCIA EN OTRAS MATERIAS, AUN A FALTA DE CONCEPTO DE VIOLACIÓN O AGRAVIO, CUANDO SE ADVIERTA VIOLACIÓN GRAVE Y MANIFIESTA DE LA LEY. La regulación establecida en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo faculta al juzgador de amparo para suplir la deficiencia de la queja en materias diversas a las que el propio numeral prevé, ante una irregularidad procesal grave y manifiesta en la controversia del amparo, no resuelta en el procedimiento de origen, que afecte al quejoso o recurrente, aun ante la ausencia de concepto de violación o agravio al respecto, ya que revela la intención del legislador de no permitir que una de las partes se beneficie a costa de la indefensión de su contraria, como consecuencia de una actuación ilegal de la autoridad, permitiendo al Juez ejercer un discernimiento en cada caso concreto, en atención a la materia y sujeto de que se trate, lo cual es congruente con el artículo 107, fracción II, antepenúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En el considerando tercero, inciso e), de esta sentencia, se precisó que la parte quejosa reclama en esta vía constitucional la orden de alojamiento en la Estancia Provisional de Cancún, del Instituto Nacional de Migración, con motivo del trámite de un procedimiento administrativo de carácter migratorio, seguido en su contra. Ahora, para determinar si la orden de alojamiento del quejoso en la Estancia Provisional de Cancún, Quintana Roo del Instituto Nacional de Migración, vulnera las garantías individuales previstas en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, en principio, resulta necesario analizar el contenido del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.." De la lectura de la norma constitucional en cita, se advierte que todo acto de molestia, además de emitirse por escrito y encontrarse debidamente fundado y motivado, debe provenir de autoridad competente, con la excepción de que en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento al derecho fundamental de legalidad. En efecto, de conformidad con el primer párrafo del artículo 16 constitucional, para que se cumpla el imperativo constitucional de fundamentación y motivación, los actos de la autoridad deben cumplir los siguientes requisitos: - Emitirse por escrito salvo que se origine en juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, en los que bastará que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido. - Expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso (fundamentación). - Señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto (motivación). - Existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables (relación entre la fundamentación y la motivación). Cobra aplicación la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "No. Registro: 910,973 Jurisprudencia Materia(s): Administrativa Séptima Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Apéndice 2000 Tomo III, Administrativa, Jurisprudencia SCJN Tesis: 40 Página: 46 Genealogía: APÉNDICE AL TOMO XXXVI NO APA PG. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Por otra parte, existe una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 170307 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Febrero de 2008 Materia(s): Común Tesis: I.3o.C. J/47 Página: 1964 FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo." Entonces, para respetar el derecho fundamental de legalidad tutelado en el artículo 16 de la Constitución General de la República, resulta necesario que en principio se emita un mandamiento por escrito por autoridad competente que contenga el acto de autoridad, así como que se invoquen las normas legales que prevén el supuesto concreto para el cual sea procedente realizar el acto de autoridad y se expongan las razones tomadas en cuenta para dicho efecto, pues de no ser así el gobernado queda en estado de indefensión, porque se traduciría en que éste ignorara los dispositivos jurídicos y los motivos en que se apoyó la autoridad para dictar ese acto y, en consecuencia, si está o no conforme a derecho. Estimar lo contrario, pugnaría con el derecho fundamental de legalidad establecida en el artículo 16 de la Constitución General de la República, lo cual resulta inadmisible desde cualquier perspectiva, porque tal derecho fundamental no tiene excepción alguna, pues toda autoridad debe, al dictar un acto de molestia, fundarlo y motivarlo adecuadamente, lo cual, se insiste, constituye las exigencias de tal artículo constitucional. Ahora, para una mejor comprensión conviene citar los antecedentes de los actos reclamados, que se deducen de las constancias remitidas por el encargado de despacho de la estación migratoria responsable, que fueron valoradas previamente. 1. El dieciséis de abril de dos mil veintidós, se recibió en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Quintana Roo, el oficio INM/ORQR/SRFC/SCVM/0972<OF_PUESTA_A_DISPOSICION>/202022, suscrito por el Encargado de Despacho de la Subdirección de Control y Verificación Migratoria en la Oficina de Representación Federal en Quintana Roo, con que se ponía a disposición del Subdirector de la Estación Migratoria en Cancún, del Instituto Nacional de Migración al quejoso Liosbany San Chávez, quien manifestó no contar con formas migratorias; asimismo manifestó ser de nacionalidad cubana (fojas 1 y 2 del folio de constancias) y en esa misma fecha fue ingresado a la Estación Migratoria de Cancún del Instituto Nacional de Migración, con la finalidad de iniciar el procedimiento administrativo correspondiente. 2. El dieciséis de abril de dos mil veintidós (foja 25 del folio de las constancias), se emitió el acuerdo de inicio de procedimiento administrativo de carácter migratorio del quejoso y en esa misma data el Subdirector de la Estación Migratoria de Cancún del Instituto Nacional de Migración hizo constar que le otorgó garantía de audiencia. 3. En misma fecha, el Subdirector de la Estación Migratoria de Cancún del Instituto Nacional de Migración decretó la presentación del quejoso y determinó su alojamiento en la estación a su cargo hasta que concluyera el procedimiento administrativo y le concedió diez días para que ofreciera pruebas (fojas 277 a 28 del folio de las constancias). 4. El cinco de mayo de dos mil veintidós, por virtud de la suspensión provisional decretada en el incidente de suspensión que derivó de este expediente, el quejoso fue puesto en libertad, con las medidas de aseguramiento fijadas por la responsable (fojas 40 a 43 del folio de las constancias). Así las cosas, es de resaltar que los artículos 99, 100, 101, 102 y 144 de la Ley de Migración, prevén los supuestos en los cuales debe presentarse a los extranjeros en las Estancias Migratorias, para regularizar su situación, mismos que establecen: "Artículo 99. Es de orden público la presentación de los extranjeros en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional. - - - La presentación de extranjeros es la medida dictada por el Instituto mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno." "Artículo 100. Cuando un extranjero sea puesto a disposición del Instituto, derivado de diligencias de verificación o revisión migratoria, y se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 144 de la presente Ley, se emitirá el acuerdo de presentación correspondiente dentro de las veinticuatro horas siguientes a la puesta a disposición". "Artículo 101. Una vez emitido el acuerdo de presentación, y hasta que no se dicte resolución respecto de la situación migratoria del extranjero, en los casos y de conformidad con los requisitos que se señalen en el Reglamento, el extranjero podrá ser entregado en custodia a la representación diplomática del país del que sea nacional, o bien a persona moral o institución de reconocida solvencia cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos, con la obligación del extranjero de permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio". "Artículo 102. El extranjero sometido a un procedimiento administrativo, a fin de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá: a) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; b) Establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad, y d) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. La garantía podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley". "Artículo 144. Será deportado del territorio nacional el extranjero presentado que: I. Se haya internado al país sin la documentación requerida o por un lugar no autorizado para el tránsito internacional de personas; II. Habiendo sido deportado, se interne nuevamente al territorio nacional sin haber obtenido el Acuerdo de readmisión, aún y cuando haya obtenido una condición de estancia; III. Se ostente como mexicano ante el Instituto sin serlo; IV. Estar sujeto a proceso penal o haber sido condenado por delito grave conforme a las leyes nacionales en materia penal o las disposiciones contenidas en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, o que por sus antecedentes en México o en el extranjero pudiera comprometer la seguridad nacional o la seguridad pública; V. Proporcione información falsa o exhiba ante el Instituto documentación apócrifa, alterada o legítima, pero que haya sido obtenida de manera fraudulenta, y VI. Haya incumplido con una orden de salida de territorio nacional expedida por el Instituto. En todos estos casos, el Instituto determinará el período durante el cual el extranjero deportado no deberá reingresar al país, conforme a lo establecido en el Reglamento. Durante dicho periodo, sólo podrá ser readmitido por acuerdo expreso de la Secretaría. En el supuesto de que el extranjero, por sus antecedentes en los Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero, pudiera comprometer la soberanía nacional, la seguridad nacional o la seguridad pública, la deportación será definitiva". Numerales de los cuales se desprende que la presentación de los extranjeros en las estaciones migratorias es de orden público y es la medida mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno. Cuando un extranjero sea puesto a disposición del Instituto, derivado de diligencias de verificación o revisión migratoria, y se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 144 de la Ley de Migración, se emitirá el acuerdo de presentación correspondiente dentro de las veinticuatro horas siguientes a la puesta a disposición. Una vez emitido el acuerdo de presentación, y hasta que no se dicte resolución respecto de la situación migratoria del extranjero, en los casos y de conformidad con los requisitos que se señalen en el Reglamento de la Ley de Migración, el extranjero podrá ser entregado en custodia a la representación diplomática del país del que sea nacional, o bien a persona moral o institución de reconocida solvencia cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos, con la obligación del extranjero de permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio. El extranjero sometido a un procedimiento administrativo, a fin de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá: a) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; b) Establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad, y d) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. En este caso, se advierte que por acuerdo de dieciséis de abril de dos mil veintidós, el Subdirector de la Estación Migratoria de Cancún, Quintana Roo, inició el procedimiento administrativo de carácter migratorio al quejoso y le otorgó garantía de audiencia; le hizo saber que tiene derecho a comunicarse con su representación consultar y ser asistido o representado legalmente por la persona que designe, de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado o la determinación de apátrida, del derecho de regularizar su estancia en el país, en términos de los numerales 132, 133 y 134 de la Ley de Migración, solicitar el retorno asistido a su país de origen, ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga. En ejercicio de su derecho de audiencia, el quejoso manifestó ante la autoridad migratoria su deseo de no solicitar refugio en este país, por lo que se ordenó continuar con el procedimiento. Sin que pase desapercibido, que con posterioridad el citado quejoso solicitó la condición de refugiado, tal como se advierte de la solicitud de dieciocho de abril de dos mil veintidós (fojas 37 a 39 de las constancias), pues este no incide de forma directa en la libertad personal del quejoso, la cual estaba sujeta a la determinación de presentación reclamada en este juicio de amparo. Sin embargo, en el acuerdo de presentación de dieciséis de abril de dos mil veintidós (foja 28 del folio de las constancias), en que el Subdirector de Despacho de la Estación Migratoria de Cancún del Instituto Nacional de Migración decretó la presentación del quejoso, determinó su alojamiento en la estación a su cargo hasta que concluyera el procedimiento administrativo, se asentó lo siguiente: ".Que del contenido de las documentales que integran el expediente administrativo en el que se actúa, se advierte que la persona extranjera de nombre Liosbany San Chávez, de nacionalidad CUBANA, por sus acciones encuadra en los establecidos en los artículos 34, 35, 37, 79, 99, 100 y 144 fracción I de la Ley de Migración, por haberse internado al país sin la documentación requerida o por un lugar no autorizado por el tránsito internacional de personas, esta autoridad administrativa: - - - ACUERDA - - - PRIMERO. Alójese temporalmente en el área de hombres a la persona extranjera de nombre Liosbany San Chávez, de nacionalidad CUBANA, en la Estancia Provisional de Cancún, Quintana Roo, con el carácter de presentado en virtud de haber encuadrado su conducta en lo establecido en el numeral artículos 34, 35, 79, 99, y 144 fracción I de la Ley de Migración al haberse internado al país sin la documentación requerida o por un lugar no autorizado para el tránsito internacional de personas. - - - SEGUNDO.- Déjese constancia que la persona extranjera de Referencia se le ha proporcionado acceso a la comunicación telefónica." Sin embargo, se estima que el acuerdo de presentación en comento carece de motivación, pues la responsable fue omisa en establecer qué elementos o constancias que obran en el expediente de origen fueron los que tomó en cuenta para decidir alojar temporalmente al quejoso en la estación migratoria a su cargo. Tampoco se aprecia que la responsable hiciera del conocimiento correcto al quejoso el motivo por el cual se le había iniciado el procedimiento administrativo del que emanan los actos reclamados; es decir, en cuál de los supuestos a que alude el numeral 144 de la Ley de Migración encuadraba la conducta que se le atribuye, pues si bien la autoridad responsable citó como hipótesis legal la prevista en la fracción I de dicho artículo e indicó como motivo que el impetrante se internó al país sin la documentación requerida o por un lugar no autorizado por el tránsito internacional de personas; lo cierto es que las premisas que citó como aplicables son independientes una de la otra, esto es, constituye una hipótesis para la deportación de personas: 1) que el extranjero se interne al país sin la documentación requerida y, 2) que ingrese por un lugar no autorizado para el tránsito internacional de personas; pues de su redacción se advierte que se empleó la conjugación disyuntiva o, lo que implica que se trata de una hipótesis u otra de las indicadas. Debe decirse que si bien el numeral 144 de la Ley de Migración, contempla como hipótesis normativas para la deportación de personas: a) se hubieran internado al país sin la documentación requerida o por un lugar no autorizado para el tránsito internacional de personas, como se ve de la redacción de la fracción I del numeral 144 de la Ley de Migración, que dispone: "Artículo 144. Será deportado del territorio nacional el extranjero presentado que: I. Se haya internado al país sin la documentación requerida o por un lugar no autorizado para el tránsito internacional de personas (.); ." Lo cierto es que, el acuerdo de internamiento reclamado no genera certeza en la persona en movilidad internacional, respecto a cuál de las hipótesis que señaló la responsable ocasionaron la restricción de su libertad, si fue por no contar con la documentación necesaria, por haberse internado en un lugar no autorizado para el tránsito internacional de personas o si, en su caso, se trató de ambas. Además, si bien estableció que la conducta desplegada por el quejoso encuadraba en lo dispuesto en el artículo 144, fracción I, de la Ley de Migración, lo cierto es que no motivó dicha circunstancia pues no estableció las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que el ahora amparista se internó al país o si lo hizo sin contar con la documentación requerida, cuáles fueron las circunstancias correspondientes y qué documentos debió haber presentado para su ingreso de manera regular; para entonces estar en aptitud de constatar si dichas condiciones -elementos de modo tiempo y lugar- efectivamente actualizaron las hipótesis normativas que originan la consecuencia jurídica que la autoridad migratoria determinó en el acuerdo de internamiento correspondiente. A la luz de las consideraciones hasta aquí esgrimidas, se estima que el acuerdo de presentación y en el que se determinó el alojamiento del quejoso en la estación migratoria, fue emitido en contravención al derecho fundamental de legalidad tutelado en el artículo 16 de la Constitución General de la República, pues fue indebidamente fundado y motivado, por lo que se dejó al solicitante de amparo en estado de indefensión, al ignorar los dispositivos jurídicos y los motivos en que se apoyó la autoridad para dictar dicha determinación. Por tanto, al resultar fundados los conceptos de violación en suplencia de la queja deficiente, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal en favor del quejoso, contra el acto que reclama del 1] Encargado del Despacho de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Cancún, Quintana Roo, precisado en el considerando tercero, inciso e), de esta sentencia. NOVENO. Efectos de la protección constitucional. En términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se confiere la protección constitucional solicitada para el efecto de que una vez que cause ejecutoria esta resolución, el 1] Encargado del Despacho de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Cancún, Quintana Roo, realice lo siguiente: a) Deje insubsistente el acuerdo de presentación de dieciséis de abril de dos mil veintidós, emitido en el expediente administrativo E.A./15.9/INM/ORQR/CUB185/LIOSBANY SAN CHÁVEZ/CUBANA/15-04-2022. b) Hecho lo anterior, con libertad de decisión, emita la resolución que en derecho proceda, pero en caso de determinar el alojamiento del quejoso en la Estación Migratoria de Cancún, Quintana Roo del Instituto Nacional de Migración, funde y motive adecuadamente su decisión, para lo cual deberá i] relacionar los elementos o documentos que le sirvan para arribar a dicha conclusión e ii] informar al quejoso en qué hipótesis normativa del artículo 144, fracción I, de la Ley de Migración encuadra la conducta que se le atribuye. En la inteligencia que esta determinación no impide a la autoridad migratoria fijar, de acuerdo con las disposiciones legales de la materia, los términos y condiciones que el quejoso pueda cumplir para continuar el procedimiento administrativo en libertad. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Liosbany San Chávez, respecto de todos los actos reclamados al 2] Subrepresentante Federal en Cancún, 3] Titular de la Oficina de Representación, 4] Subdirector de Operación, Seguridad y Custodia de la Estación Migratoria en Cancún, Quintana Roo y 5] Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos en la Estación Migratoria en Cancún, Quintana Roo, todos del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad; así como de los señalados en los incisos a), b), c) y d) del considerando tercero, atribuidos al 1] Encargado del Despacho de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Cancún, Quintana Roo, en términos del diverso considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Liosbany San Chávez contra el acto reclamado precisado en el considerando tercero, inciso e), atribuido al 1] Encargado del Despacho de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Cancún, Quintana Roo, por los motivos expresados en el considerando octavo de este fallo. TERCERO. El amparo concedido a Liosbany San Chávez es para que una vez que cause ejecutoria esta resolución, el 1] Encargado del Despacho de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Cancún, Quintana Roo, realice lo siguiente: a) Deje insubsistente el acuerdo de presentación de dieciséis de abril de dos mil veintidós, emitido en el expediente administrativo E.A./15.9/INM/ORQR/CUB185/LIOSBANY SAN CHÁVEZ/CUBANA/15-04-2022. b) Hecho lo anterior, con libertad de decisión, emita la resolución que en derecho proceda, pero en caso de determinar el alojamiento del quejoso en la Estación Migratoria de Cancún, Quintana Roo del Instituto Nacional de Migración, funde y motive adecuadamente su decisión, para lo cual deberá i] relacionar los elementos o documentos que le sirvan para arribar a dicha conclusión e ii] informar al quejoso en qué hipótesis normativa del artículo 144, fracción I, de la Ley de Migración encuadra la conducta que se le atribuye. En la inteligencia que esta determinación no impide a la autoridad migratoria fijar, de acuerdo con las disposiciones legales de la materia, los términos y condiciones que el quejoso pueda cumplir para continuar el procedimiento administrativo en libertad. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Diana Alejandra Ángel Zarate, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    :. Notificación personal a la parte quejosa y vía electrónica al fiscal federal de la adscripción del auto de tres de junio de dos mil veintidós.

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