Lino Vazquez Perez
Expediente 455/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 21 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 455/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 16/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Lino Vazquez Perez
- Agente del Ministerio Público Adscrito A la Unidad de Flagrancia Cuartel Metropolitano de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Con Sede En el Complejo de Seguridad C5
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Intégrese a los autos el oficio signado por el Juez de Control de la Región Judicial Centro Poniente con sede en Atlixco, Puebla, por medio del cual acusa recibo de los discos versátiles digitales que se le hicieron llegar en cumplimiento al proveído de nueve anterior; de lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase...
- Principal
(publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE 09 DE agosto DE 2021, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, nueve de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran contra el acuerdo dictado el nueve de julio de dos mil veintiuno, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, trascurrió del diecinueve de julio al seis de agosto de los corrientes, sin que las partes lo hicieran. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido, en cumplimiento a los artículos 15 y artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de trascurridos tres años, debiéndose conservar la demanda, la sentencia, la ejecutoria emitida por el Tribunal de Alzada y el presente proveído que ordena el archivo del asunto, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (provisional y definitiva) respecto de todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción Se ordena indicar la anterior valoración en las carátulas de los expedientes, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar los discos versátiles digitales que remitió el Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Atlixco, Puebla, al momento de rendir su informe justificado y al cumplir la sentencia dictada en este asunto; glosados en micas transparentes; se ordena su inmediata devolución, y se le requiere para que en el plazo de veinticuatro horas computado legalmente, acuse recibo de aquéllos. En la inteligencia que, de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Finalmente, cómo lo dispone el artículo 18 del aludido acuerdo general, hágase saber a la parte quejosa que deberá acudir a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días para recoger el disco versátil digital que exhibió anexo a su escrito de demanda y que ofreció como medio de prueba, apercibido que de no hacerlo éste podrá ser depurado junto con el expediente, el cual le será devuelto, previa copia certificada que obre en autos y constancia de su entrega. Notifíquese personalmente al quejoso, por lista a la parte tercero interesada; y, mediante oficio a las autoridades responsables, autoridad tercera interesada, y al agente del Ministerio Público Federal adscrito..."
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San Andrés Cholula, Puebla, nueve de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran contra el acuerdo dictado el nueve de julio de dos mil veintiuno, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, trascurrió del diecinueve de julio al seis de agosto de los corrientes, sin que las partes lo hicieran. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido, en cumplimiento a los artículos 15 y artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de trascurridos tres años, debiéndose conservar la demanda, la sentencia, la ejecutoria emitida por el Tribunal de Alzada y el presente proveído que ordena el archivo del asunto, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (provisional y definitiva) respecto de todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción Se ordena indicar la anterior valoración en las carátulas de los expedientes, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar los discos versátiles digitales que remitió el Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Atlixco, Puebla, al momento de rendir su informe justificado y al cumplir la sentencia dictada en este asunto; glosados en micas transparentes; se ordena su inmediata devolución, y se le requiere para que en el plazo de veinticuatro horas computado legalmente, acuse recibo de aquéllos. En la inteligencia que, de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Finalmente, cómo lo dispone el artículo 18 del aludido acuerdo general, hágase saber a la parte quejosa que deberá acudir a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días para recoger el disco versátil digital que exhibió anexo a su escrito de demanda y que ofreció como medio de prueba, apercibido que de no hacerlo éste podrá ser depurado junto con el expediente, el cual le será devuelto, previa copia certificada que obre en autos y constancia de su entrega. Notifíquese personalmente al quejoso, por lista a la parte tercero interesada; y, mediante oficio a las autoridades responsables, autoridad tercera interesada, y al agente del Ministerio Público Federal adscrito.
- Principal
(publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE 09 DE julio DE 2021, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, nueve de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto se advierte que, mediante proveído de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que hayan desahogado la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. El diez de diciembre de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que negó el amparo al quejoso ********************. Inconforme, el quejoso interpuso recurso de revisión, del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien en resolución de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el amparo en revisión ********************, decidió revocar la sentencia recurrida y otorgar la protección de la justicia federal al quejoso en cita, para los siguientes efectos: " (.) 1. Deje sin efectos el auto de vinculación a proceso dictado el cinco de julio de dos mil veinte, en contra de ******************** por su probable participación en el hecho con apariencia de delito de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado en los artículos 312, 323, 326, fracción III y 331 en relación con los diversos 13 segunda parte, 20, 21, fracción I y 94 del Código Penal para el Estado de Puebla. 2. Señale nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso, en el que cite a todas las partes. 3. Sin dar intervención a las partes resuelva sobre la petición ministerial y determine que los datos de prueba expuestos no acreditan el hecho con apariencia de delito de homicidio en grado de tentativa. 4. Con libertad de jurisdicción, resuelva la situación jurídica de ********************. La concesión del amparo se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados a la autoridad señalada con ese carácter, a saber Director del Centro de Reinserción Social del estado de Puebla, (.) ." En acuerdo de catorce de junio de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida la ejecutoria de mérito y se requirió el cumplimiento del fallo protector. Así, en auto de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, se recibió el oficio ********************, signado por el Encargado del Despacho de la Dirección del Centro Penitenciario de Puebla, mediante el cual informó las gestiones tendentes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de garantías. El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio ********************, signado por el Juez de Oralidad y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Atlixco, Puebla (********************), con el que informó que por auto de veintidós de junio de dos mil veintiuno, señaló las doce horas con treinta minutos del veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia de vinculación (sic) dentro de la carpeta judicial********************, de su índice. Y, en proveído de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, se recibió el oficio ******************** signado por citado juzgador, con el que remitió copia del registro de audio y video en formato DVD de la audiencia de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, celebrada en la causa penal de referencia, ordenándose dar vista a las partes con lo remitido por las responsables, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Ahora, de dicha videograbación se obtiene que: A las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, dio inicio la audiencia respectiva en la causa penal********************, donde las partes se individualizaron, primero la fiscalía, posteriormente el defensor del imputado y luego este último, sin que sobre decir que la defensa proporcionó los datos de su cédula profesional, los cuales el juez de marras verificó con la auxiliar de sala. Posteriormente, el juez responsable dejó sin efectos el auto de vinculación a proceso dictado el cinco de julio de dos mil veinte, en contra de ********************, por su probable participación en el hecho con apariencia de delito de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado en los artículos 312, 323, 326, fracción III y 331 en relación con los diversos 13 segunda parte, 20, 21, fracción I y 94 del Código Penal para el Estado de Puebla. Refirió que en cumplimiento a lo ordenado por el tribunal colegiado revisor había señalado nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia donde resolvería la situación jurídica del imputado. Y, puntualizando que no daría intervención a las partes, determinó, conforme a lo ordenado por la alzada y en lo que al caso atañe, que los datos de prueba expuestos no acreditaban el hecho con apariencia de delito de homicidio en grado de tentativa. Asimismo, resolvió vincular a proceso al hoy quejoso por su probable participación en el hecho con apariencia del delito de lesiones culposas, previsto y sancionado por los artículos 305, 14, 17 y 21fracción I y 83.del Código Penal para el Estado de Puebla. Documentales con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. - Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cobra aplicabilidad, en cuanto a la valoración de la videograbación de la audiencia de mérito, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del 'expediente electrónico', como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." En consecuencia, es inconcuso que de la comparación de los efectos contenidos en la ejecutoria de amparo con el cumplimiento que realizó la responsable, se tiene que se cumplió en su totalidad con dicha ejecutoria sin excesos ni defectos. Y, por ende, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente al quejoso en el domicilio señalado en la demanda de amparo por haber obtenido su libertad, según lo informado por la responsable; por lista al tercero interesado, en términos de lo ordenado en sentencia de diez de diciembre de dos mil veinte, y por oficio a las autoridades responsables, a la tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal adscrito..."
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