Lino Vázquez Martínez
Expediente 136/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 136/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Lino Vázquez Martínez
Actuaciones
- Principal
Vistas las constancias que integran este expediente y la certificación de cuenta, se declara que el auto por el cual se desechó la demanda de amparo ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido.
- Principal
Visto el escrito de demanda de amparo indirecto promovida por XXXXXXXXXX y cuatro copias de la misma contra actos del 1. Instituto Mexicano del Seguro Social. Fórmese expediente y regístrese con el número 136/2018-V, en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta potestad federal tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Del estudio íntegro del escrito inicial de demanda y sus anexos, se advierte la parte quejosa señala como acto reclamado la omisión por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social de dictar el pago correcto de su pensión, derivado de una inconformidad presentada ante el Consejo Constitutivo del mismo. Congruente con ello, el que suscribe advierte la actualización de una causa de improcedencia en el presente sumario, que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con los numerales 1° y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. De la interpretación sistemática de dichos preceptos legales, se desprende que el juicio biinstancial es improcedente contra actos que no provengan de autoridad. Para promover demanda de amparo, es importante precisar que autoridad responsable, de conformidad con el artículo 5, fracción II, de la ley de la materia, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Así, los elementos necesarios para la conformación de un acto emitido por una autoridad para efectos del juicio de amparo, son los siguientes: 1) Que quien lo emite tenga características de órgano público (incluyendo a particulares equiparados a autoridad). 2) Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar. 3) Que sea emitido o realizado unilateralmente afectando la esfera jurídica de los gobernados. Acorde con lo anterior, el concepto de autoridad, excluye, por regla general, los actos, sobre los cuales, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo determinan que éste resulta improcedente; por lo que debe atenderse a la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación, subordinación y supraordinación. En el caso concreto, se está en presencia de relaciones jurídicas de coordinación, es decir, las entabladas entre particulares. Para dirimir las controversias que surgen de ellas se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones consiste en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que impongan coactivamente las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley. Las partes están en el mismo nivel pues existe bilateralidad. En razón de lo anterior, el acto reclamado consistente en la omisión por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social de dictar el pago correcto de su pensión, derivado de una inconformidad presentada ante su Consejo Constitutivo, resulta ser una relación de coordinación, por lo que no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio del amparo indirecto. Lo anterior es así, pues dicha dependencia no se encuentra investida de facultades de imperio, ya que la relación con sus asegurados y beneficiarios se establece bajo un plano de igualdad por tratarse de prestaciones de seguridad social, tan es así que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social establece que las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto, podrán ventilarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, sin necesidad de agotar previamente el recurso de inconformidad. Esto evidentemente porque la relación jurídica que une al Instituto Mexicano del Seguro Social con los asegurados y sus beneficiarios no es en su carácter de autoridad, de lo contrario conocería sus controversias el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa (como sí sucede cuando frente a los patrones, actúa como Organismo Fiscal Autónomo). Así, el acto aquí reclamado está íntimamente ligado con las funciones del instituto como ente asegurador, que se caracteriza porque los sujetos relacionados deben acudir a los tribunales ordinarios para dirimir sus controversias, como lo es la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la cual en términos de lo dispuesto en el artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con el diverso 123, apartado A, fracción XX, constitucional, y el referido 295 de la Ley del Seguro Social, es la competente para conocer las controversias en materia de seguridad social. En las relatadas consideraciones, se concluye que del análisis del acto reclamado que en esta vía se combate, se actualiza la causa de improcedencia del juicio, que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con los numerales 1° y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en el dispositivo 113 de la citada ley, se desecha la demanda de amparo origen de este asunto.
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