Lino Tavera Murillo

Expediente 66/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
66/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
08/03/2023

Partes del expediente

  • Lino Tavera Murillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de marzo de dos mil veintitrés. 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta se desprende que, a la fecha, transcurrió el plazo legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente juicio, en la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo hubiere hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 3. Valoración. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 3.1 Transferencia. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. 4. Incidente de suspensión. Sin que se haga pronunciamiento al respecto, toda vez que no se dio apertura al mismo. 5. Devolución de tomo de pruebas. En atención a que resulta innecesario conservar los tomos de pruebas que se formaron con las constancias que remitió la autoridad responsable, como complemento a su informe justificado; se ordena su devolución, solicitando acusar recibo de su recepción. 6. Precisión. Sin que en el caso sea necesario realizar el cómputo relativo a la presentación del recurso por lo que ve a la autoridad responsable, pues como se advierte de los párrafos que preceden, se decretó el sobreseimiento en el juicio en que se actúa; por tanto, no le depara perjuicio alguno a ésta. 7. Constancia. De conformidad con el natural 35 del multicitado acuerdo, hágase constar en la carátula del expediente relativo, la valoración correspondiente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de marzo de dos mil veintitrés. 1. Se recibe despacho diligenciado. Agréguese a los autos el oficio y anexos que remite el Juez del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, en atención a su contenido, devuelve diligenciado el despacho 26/2023, orden 36/2023, del índice de este órgano jurisdiccional; con las constancias que así lo acreditan, esto es notificar el auto de veinticuatro de enero del año en curso al tercero interesado. Dese de baja la comunicación y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. 1.1 Efectivo apercibimiento. En ese orden de ideas, atendiendo a la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que el plazo de tres días concedido al tercero interesado ********************, por conducto de endosatario en procuración********************, en auto de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, le transcurrió en los términos asentados en la misma, sin que lo haya hecho; consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos, por tanto, con fundamento en el numeral 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena que las ulteriores notificaciones, aun las de carácter personal le sean practicadas por medio de lista que será fijada en este órgano jurisdiccional. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.SSCH/CFCL/vmv

  3. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 66/2023, promovido por Lino Tavera Murillo y Ma. Guadalupe Ledesma Morales, por alegada violación de los artículos 1o, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Juez Primero Menor Mixto del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán; este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO Lo anterior al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: Todo lo actuado dentro del juicio ejecutivo mercantil 471/2015, incluida la etapa de ejecución que comprende la planilla de liquidación, desde que dio inicio el juicio, esto es, desde el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, hasta la presentación de última promoción que fue el veintiséis de agosto de dos mil veintidós, procedimiento de ejecución que comprende también la adjudicación del bien inmueble ubicado en la calle Extremadura, número cincuenta poniente, del fraccionamiento Monte de Olivo, en la ciudad de Zamora, Michoacán. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución y fueron emitidos por autoridad residente en Zamora, Michoacán, lugar donde este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez Primero Menor Mixto del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, al rendir su informe justificado aceptó expresamente la existencia del acto que se le atribuye. Certeza que se corrobora con las constancias que acompañó a su informe, relativas al juicio ejecutivo mercantil 471/2015 que sobre pago de pesos y otras prestaciones promovió José Luis Rebollar Araiza en cuanto endosatario en procuración de Luisa Martínez Flores, frente a Lino Tavera Murillo y Ma. Guadalupe Ledesma Morales, -aquí quejosos-; con la cuales se formaron dos tomos de prueba por separado, con valor probatorio pleno conforme los dispositivos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°. Al respecto, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia número doscientos veintiséis, del rubro y tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Improcedencia y sobreseimiento. Tal tópico constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable, la jurisprudencia número II.1o. J/5, visible en la página 95, del Tomo VII, mayo de 1991, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que es del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, de manera oficiosa, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo. Tales preceptos son del contenido siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; (.)" El primer precepto contempla la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las en él contenidas. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis. Por tanto, las causales de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas, por el contrario, tienen carácter enunciativo, al poder derivar la improcedencia del juicio de cualquier otra disposición normativa de la Ley de Amparo que así lo establezca. Por su parte, la fracción VI, del numeral 107 de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo procede contra actos fuera o dentro del juicio que afecten a personas terceras extrañas. Ahora, por persona extraña a juicio debe entenderse aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en el sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, la persona que no fue o fue indebidamente emplazada al juicio o al procedimiento. Así, la persona que no fue llamada o fue indebidamente llamada a juicio se denomina tercero extraño por equiparación, que de acuerdo con la jurisprudencia, es aquel sujeto que es parte en el juicio natural por ser el demandado, y que no es llamado correctamente en virtud de un ilegal emplazamiento, lo que le impidió apersonarse a fin de desplegar su defensa; por tanto, resulta evidente que será extraño a todo lo actuado en el pleito. Sirve de fundamento la jurisprudencia P./J. 7/98, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente". El tercero extraño por equiparación es quien formando parte de la controversia (demandado) no se apersonó al juicio y tampoco conoció de su existencia porque -debiendo serlo- no fue emplazado o fue citado en forma distinta a la prevista por la ley; sin embargo, el hecho de que ese demandado se haya hecho sabedor del proceso seguido en su contra, es razón suficiente para desvirtuar su carácter de persona extraña al procedimiento en términos del precepto citado. La particularidad para equiparar al demandado con una persona extraña al procedimiento, parte de que la falta de emplazamiento a él o que la citación en forma distinta a la prevista por la ley, le haya ocasionado "el desconocimiento total del juicio", por tanto, aun cuando el quejoso se ostente como "tercero extraño por equiparación", serán las constancias del procedimiento natural y no la forma de su autodenominación las que se deberán tomar en cuenta para determinar si realmente tiene tal carácter. Robustece lo anterior la tesis VII.3o.P.T.32 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, con que se comparte criterio y es de la literalidad siguiente: "TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN. CUANDO EN AMPARO DIRECTO SE IMPUGNA EL EMPLAZAMIENTO, TAL CARÁCTER DEBE ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS DEL PROCEDIMIENTO NATURAL Y NO DE SU AUTODENOMINACIÓN (INTERPRETACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS P./J. 40/2001 Y P./J. 39/2001). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias P./J. 40/2001 y P./J. 39/2001, de rubros: "EMPLAZAMIENTO. LA FALTA O ILEGALIDAD DEL MISMO SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN, NO OBSTANTE QUE TENGA CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN DEFINITIVA DURANTE EL TRANSCURSO DEL TÉRMINO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 21 Y 22 DE LA LEY DE AMPARO." y "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", dejó sentado como premisa, el concepto de "persona extraña" a que se refiere la fracción V del artículo 114 de la Ley de Amparo, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio que la afecten, así como la parte material en el proceso (demandado) que se equipara a esa figura. Así, puede advertirse en estricto sentido, que un extraño a juicio es aquella persona física o moral distinta de los sujetos porque no figura en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de él o en ejecución de la resolución que ahí se dicte, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Asimismo, existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, y es quien formando parte de la controversia (demandado) no se apersonó al juicio y tampoco conoció de su existencia porque -debiendo serlo- no fue emplazado o fue citado en forma distinta a la prevista por la ley (tercero extraño por equiparación). En cambio, cuando ese demandado haya comparecido al juicio (entendiéndose que no necesariamente a través del emplazamiento, sino que se haya integrado por cualquier medio a esa relación jurídico procesal) y, por tanto, sabedor del proceso seguido en su contra, es razón suficiente para desvirtuar su carácter de persona extraña al juicio en términos del precepto citado. Es decir, el rasgo distintivo para equiparar al demandado con una persona extraña al procedimiento, debe partir desde la perspectiva que la falta de emplazamiento a él o que la citación en forma distinta a la prevista por la ley, le haya ocasionado "el desconocimiento total del juicio". Esta distinción es fundamental, pues del conocimiento de su participación o no en el proceso depende en qué momento y en qué términos puede esa persona intentar el amparo (directo o indirecto) contra la resolución que irrogue perjuicio a su esfera jurídica. Así, si el gobernado que conoce del juicio porque compareció a él, opta por la vía indirecta, el Juez de Distrito debe sobreseer, fundamentalmente porque ya no es persona extraña al juicio, en virtud de que puede (o pudo, si ese juicio ya hubiese concluido) defenderse dentro del procedimiento ordinario y, en su oportunidad, si fuese el caso, acudir al amparo directo; es evidente que en este supuesto, el promovente equivocó la vía. En cambio, cuando el gobernado que por alguna causa se integró a la relación jurídico procesal en la que ya se dictó la resolución definitiva respectiva (sentencia o laudo); que conoce del procedimiento que la originó y, por ende, a sabiendas de su participación en el mismo opta por promover amparo directo, impugnando en sus conceptos de violación ese acto procesal del emplazamiento, eligió la vía correcta. En efecto, aun cuando el quejoso se ostentare como "tercero extraño por equiparación", serán las constancias del procedimiento natural y no la forma de su autodenominación las que se deberán tomar en cuenta para determinar si realmente tiene tal carácter y fincarle competencia al Juez de Distrito, pues para hacer esa declaratoria (cuya hipótesis es la única que le daría competencia), el Tribunal Colegiado de Circuito deberá atender a lo que arrojen las constancias de autos y no al hecho de advertir que se impugna el emplazamiento, incluso como acto reclamado destacado (cuando sabemos que se trata de un concepto de violación), pues si el promovente fue parte integrante de la relación jurídico procesal y, por ende, no es tercero extraño, no resultaría jurídicamente válido declinar competencia por razón de vía y enviarla a una que -se sabe- no resultaría procedente, por la sencilla razón que de las constancias se advierte que no se ubica en esos supuestos de competencia. En estos casos, al ser correcta la vía directa intentada, el tema del emplazamiento tendrá que analizarse a la luz de los conceptos de violación que contra tal acto procesal se invoquen, sin desconocer el principio de definitividad que rija en el procedimiento de que se trate, cuya observancia o no definirá la viabilidad de su estudio". Por tanto, si de las constancias de autos se advierte que la parte quejosa, quien se ostenta tercero extraño por equiparación, conoce fehacientemente la existencia del juicio en el que es parte y/o compareció, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, ya no puede ser considerado como persona extraña, pues el conocimiento del contradictorio le da la posibilidad de defenderse dentro de éste. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 39/2001, del índice del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe y contenido siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal". En el caso, los quejosos Lino Tavera Murillo y Ma. Guadalupe Ledesma Morales, señalaron como actos reclamados del Juez Primero Menor Mixto del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, todo lo actuado dentro del juicio ejecutivo mercantil 471/2015, iniciado por Luisa Martínez Flores, a través de su endosatario en procuración José Luis Rebollar Araiza, frente a los aquí quejosos, incluida la etapa de ejecución de sentencia en la que se adjudicó el bien inmueble sito en la calle Extremadura, número cincuenta poniente, del fraccionamiento Monte Olivo de la ciudad de Zamora, Michoacán. En los antecedentes de su demanda los citados impetrantes de amparo, manifestaron bajo protesta de decir verdad que el día uno de diciembre de dos mil veintidós, tuvieron conocimiento del juicio porque en esa fecha se presentaron unas personas que dijeron que iban por parte de la autoridad señalada como responsable para notificarles el auto a través del cual se les requería de manera voluntaria para que hicieran entrega voluntaria de las escrituras del bien inmueble de su propiedad en razón de que ya había sido rematada y adjudicada en la etapa de ejecución del juicio ejecutivo mercantil de origen, sin haberles dado la oportunidad de defenderse en el juicio. Sin embargo, de las constancias que acompañó el Juez Primero Menor Mixto de Zamora Michoacán, mismas que ya fueron valoradas en el considerando tercero de esta sentencia, se advierte lo siguiente: El treinta de abril de dos mil quince, se tuvo por radicada la demanda que presentó José Luis Rebollar Araiza, en cuanto endosatario en procuración de Luisa Martínez Flores, en la que, a través de la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa demandó de Lino Tavera Murillo y Ma. Guadalupe Ledesma Morales, deudor principal y aval, respectivamente, el pago de pesos y otras prestaciones; juicio que fue registrado con el número de expediente 471/2015, despachando en ese momento auto con efectos de mandamiento en forma en contra de los aquí quejosos. El nueve de julio de dos mil quince, se llevaron a cabo las diligencias de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de los demandados, de las que se advierte, que se entendieron directamente con los accionados, quedando embargado el bien inmueble marcado con el número cincuenta, calle Extremadura Poniente, esquina Córdova Norte, del conjunto habitacional Monte Olivo en Zamora, Michoacán. Mediante escrito presentado el quince de agosto de dos mil quince, comparecieron los demandados -aquí quejosos- a dar contestación oportuna a la demanda instaurada en su contra, en la que señalaron domicilio y autorizados para efectos de recibir notificaciones de carácter personal, asimismo, opusieron diversas excepciones y defensas en su favor y ofrecieron pruebas; ocurso que fue recibido en auto de sete de agosto de dos mil quince. Seguida la secuela procedimental, el cuatro de marzo de dos mil dieciséis, se dictó sentencia definitiva en la que se declaró que la parte actora acreditó parcialmente su acción y los demandados justificaron parcialmente su excepción de pago; como consecuencia, se condenó a estos últimos a pagar en favor de su contraria la cantidad de $28,900.00 (veintiocho mil novecientos pesos 00/100 moneda nacional), más el pago de intereses moratorios; de igual forma, se ordenó hacer transe y remate del bien inmueble embargado para que con su producto se hiciera pago a la actora del monto condenado. La parte actora promovió juicio de amparo directo, la que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoprimer Circuito, quien mediante sesión de nueve de junio de dos mil dieciséis negó el amparo y protección de la justicia federal solicitada. En auto de catorce de octubre de dos mil dieciséis, al haber causado ejecutoria por ministerio de ley la sentencia definitiva, se requirió a los demandados para que en un plazo de tres días, dieran cumplimiento voluntario con la condena; y al no haberlo hecho se dio inicio con el procedimiento de remate del bien inmueble embargado, conforme lo ordenado en sentencia definitiva. El ocho de noviembre de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia de remate en su sexta almoneda, en la que la parte accionante solicitó la adjudicación del bien inmueble embargado y por auto de veintitrés siguiente, se declaró firme dicha adjudicación. Finalmente, el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó requerir a la parte demandada para que en el plazo de tres días, hiciera entrega voluntaria de la escritura del bien inmueble adjudicado en favor de la parte ejecutante. Hasta aquí la reseña de los principales antecedentes del acto reclamado. Lo anterior, pone de manifiesto que los demandados Lino Tavera Murillo y Ma. Guadalupe Ledesma Morales, aquí quejosos comparecieron al juicio ejecutivo mercantil 471/2015, en el que dieron oportuna contestación a la demanda instaurada en su contra, ofrecieron pruebas y opusieron las excepciones y defensas que estimaron pertinentes -las cuales, por cierto, en sentencia se declararon parcialmente procedentes-, señalaron domicilio para oír y recibir notificaciones, así como autorizados para tales efectos, lo cual permite concluir que contrario a lo que afirman en su demanda de amparo, sí fueron oídos y vencidos en juicio, respetándose con ello su derecho de audiencia protegido por el artículo 14 de la Constitución Federal. En esas condiciones, es evidente que al ser parte en el juicio, tener conocimiento del mismo y comparecer a él, perdieron el carácter de personas extrañas al procedimiento natural, pues su comparecencia al procedimiento y dar contestación al mismo evidencia que la parte aquí quejosa tuvo conocimiento de la existencia del juicio ejecutivo mercantil al que se ostentan como terceros extraños por equiparación, tanto es así, que acudieron a él en defensa de sus intereses. En ese contexto, no puede considerarse que se ubiquen en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad les haya ocasionado un total desconocimiento que les impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del citado juicio ejecutivo mercantil, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 401/2011, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.)14, de rubro y texto: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo". Bajo ese tenor, resulta claro que los quejosos no pueden equipararse como personas extrañas al juicio natural, pues fueron sabedores de la existencia del mismo desde que se les emplazó al mismo, y dieron oportuna contestación a las prestaciones que se les reclamaron, lo que le evidencia que tuvieron conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra, tan es así que como ya se dijo, acudieron en tiempo y forma a dicho proceso a defender sus intereses. En ese sentido, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción VI, del mismo cuerpo de leyes, se sobresee en el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, de dicho ordenamiento. La anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de los promoventes del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1o constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve. Apoya lo anterior la jurisprudencia de registro 2005717, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Así pues, resulta innecesario el estudio de los conceptos de violación que hicieron valer, pues al actualizarse dicha causa de improcedencia y decretarse el sobreseimiento del juicio, impide pronunciarse sobre las cuestiones de fondo planteadas. Tiene aplicación la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por último, no se soslaya que la Agente del Ministerio Público Federal formuló los alegatos de su intención; sin embargo, como éstos constituyen simples opiniones o apreciaciones no tienen la fuerza procesal que la ley reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que resulta innecesario pronunciarse de esas manifestaciones. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 27/94, que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14 del Tomo 80, de agosto de 1994, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Lino Tavera Murillo y Ma. Guadalupe Ledesma Morales, contra los actos reclamados al Juzgado Primero Menor Mixto del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, en términos de lo expuesto en el considerativo cuarto de este fallo. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria María del Rocío Ayala Carrizales.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de febrero de dos mil veintitrés. 1. Se reciben alegatos. Incorpórese al sumario el pedimento suscrito por la fiscal de la Federación adscrita a este Juzgado; en atención a su contenido, formula alegatos que a esa representación social corresponden, los cuales podrán ser tomados en consideración en el momento procesal oportuno. 1.2. Solicita copias. Asimismo, solicita se le expida copia simple de la sentencia que se emita en este expediente; al respecto, dígasele que una vez que ello acontezca, se le hará la entrega de la copia solicitada. Notifíquese; y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.SSCH/AEAA/vmv

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