Lino Ponce Vargas
Expediente 370/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 28 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 370/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 03/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Lino Ponce Vargas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a tres de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, al haber transcurrido el término de quince días a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del acuerdo en el que se declaró por cumplida la sentencia pronunciada en este asunto, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, se tiene por CONSENTIDO dicho proveído. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como concluido. En términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis del artículo 18, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo concedido; al igual que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, pues se concedió la medida cautelar, acorde con lo dispuesto en el inciso a), fracción I, del mismo artículo. Por tanto, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los siguientes noventa días, se realizará el proceso de depuración y se transferirán a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; por lo que, agréguese al cuaderno original del incidente de suspensión una impresión electrónica con evidencia criptográfica de este auto y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), de la multicitada norma, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, dentro de los treinta días siguientes, se proceda a la DESTRUCCIÓN del duplicado de los cuadernos incidentales, debiéndose remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone penúltimo párrafo del referido artículo; por lo que, de igual forma, glósesele una impresión electrónica con evidencia criptográfica de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este juzgado federal. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que el presente asunto no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Alfredo García Ríos, que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a cuatro de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, así como que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio sin que se haya cumplido la sentencia amparadora dictada en el mismo; por lo que, se procede a verificar si el fallo pronunciado en este juicio se encuentra en este supuesto, solo con base en las constancias de autos, dado que las partes omitieron desahogar la vista que previamente se les dio al respecto. Así pues, este órgano de control constitucional procede a analizar si, conforme a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el fallo protector dictado en el presente asunto ha sido o no cumplido, sin excesos ni defectos; y, para tal efecto, cabe precisar primeramente, que: Mediante sentencia pronunciada el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Lino Ponce Vargas, para los efectos que se precisarán en la tabla que más adelante se expondrá. La citada sentencia causó ejecutoria por acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, al no haber sido impugnada por las partes, dentro del término legalmente concedido al respecto y se requirió a las autoridades responsables para que justificaran haber dado cumplimiento al fallo protector; y, para tal efecto, la responsable ordenadora envió la resolución en cumplimiento y las ejecutoras también informaron lo propio, bajo los parámetros que se exponen a continuación. EFECTOS DE LA EJECUTORIA DE AMPARO ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES En esas condiciones, al resultar fundados los conceptos de violación en estudio, en suplencia de la queja deficiente de conformidad con la fracción VI, del artículo 79, de la Ley de Amparo, lo que procede en el caso es conceder el amparo solicitado de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, para el efecto de que el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, realice lo siguiente: a) Deje insubsistente la diligencia de emplazamiento practicada al quejoso el seis de febrero de dos mil nueve, en los autos del juicio ordinario civil 96/2009/V de su índice, así como las actuaciones subsecuentes y sus consecuencias; y, b) Reponga el procedimiento a partir de la actuación judicial viciada y ordene el emplazamiento a juicio del demandado, con las formalidades de ley, entre ellas, que sea efectuada por un funcionario dotado de fe pública. Por oficio 3092, el juez y la oficial administrativo "D", ambos adscritos al Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de esta ciudad; remitieron copia certificada del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Para tal efecto, el juez responsable emitió el acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, en el que dejó insubsistente la diligencia de emplazamiento practicada al quejoso el seis de febrero de dos mil nueve, en el juicio ordinario civil 96/2009/V de su índice, así como las actuaciones subsecuentes y sus consecuencias. Asimismo, ordenó el emplazamiento a juicio del demandado, con las formalidades de ley, entre ellas, que sea efectuada por un funcionario dotado de fe pública, en el caso, por conducto del secretario de acuerdos o el secretario de estudio y cuenta. Concesión que se hace extensiva por cuanto hace a la oficial administrativa de su adscripción, quien fue quien llevó a cabo la diligencia de emplazamiento declarada ilegal; así como al acto atribuido a la autoridad responsable denominada encargada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Séptima Zona Registral de Poza Rica, Veracruz, consistente en la realizada sobre el acta cuatrocientos cincuenta y tres, sección primera, de diecinueve de febrero de dos mil dos, relativa a la compraventa del inmueble ubicado en calle sin nombre esquina con calle Tenixtepec, colonia Petromex, Poza Rica, Veracruz, por lo que dicha autoridad registral deberá cancelar materialmente la indicada inscripción. Por su parte, la encargada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Séptima Zona Registral de Poza Rica, Veracruz, remitió copia certificada de la cancelación de la inscripción realizada con motivo del juicio de origen. Ahora bien, de un análisis comparativo realizado entre los efectos de la tutela constitucional otorgada y la actuación llevada a cabo por las autoridades responsables, se aprecia que la ejecutoria de amparo sí fue cumplida en sus términos, tal como aprecia en el cuadro que antecede. Asimismo, se considera que las autoridades responsables dieron cumplimiento al fallo protector en sus términos, sin excesos, al no haber ido más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección federal, afectando actos jurídicos de los que no se ocupó el fallo constitucional, ni defectos, pues no se advierte que hubieran omitido llevar a cabo alguna actuación de las que ordenó la ejecutoria de amparo. Por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo, notifíquese a las partes el presente auto y comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Notifíquese por lista al quejoso; personalmente a los terceros interesados; por oficio a las autoridades responsables; y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, en la forma prevista en la Ley de Amparo. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Alfredo García Ríos, que autoriza y da fe.
- Principal
(aviso) notificación por lista a los terceros interesados.- con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo, notifíquese a las partes el presente auto y comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para su conocimiento y efectos legales conducentes.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a trece de diciembre de dos mil veintidós. Visto el oficio RPP/PR/1897/2022 con su anexo, remitidos por el encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Séptima Zona Registral de esta ciudad; agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales correspondientes y téngasele informando el cumplimiento dado a la ejecutoria por la cual fue concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión y remitiendo las constancias respectivas; y, toda vez que las diversas responsables juez y oficial administrativo "D", ambos adscritos al Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, ya informaron sobre el cumplimiento dado a la sentencia pronunciada en el presente juicio. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, quedan los autos a la vista de las partes por el término de TRES DÍAS, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga y transcurrido dicho término, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria con base en las constancias de autos y los datos aportados por las autoridades responsables. Es aplicable la jurisprudencia siguiente: Época: Novena Época Registro: 192174 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Marzo de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 26/2000 Página: 243 INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. En virtud de lo anterior, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos para que al momento de realizar la notificación personal del presente proveído, corra traslado a las partes con copia del oficio que se provee, debiendo asentar dicha recepción en la propia diligencia. Notifíquese por lista al quejoso; y personalmente a los terceros interesados. Así, lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado Alfredo García Ríos, Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, encargado del despacho, por vacaciones de la titular (del doce al veintiséis de diciembre del dos mil veintidós), en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de diciembre de dos mil veintidós, comunicado mediante oficio CCJ/ST/6513/2022, ante el secretario Fernando Cervantes Ruvalcaba, que autoriza y da fe.
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