Lino Omar López Ramírez y Otros.
Expediente 635/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 23 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 635/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 08/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Lino Omar López Ramírez y Otros.
- Lino Omar López Ramírez
- Vianey Hernández Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
I. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las nueve horas con cincuenta y seis minutos del ocho de noviembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 635/2023-I, promovido por *************, por propio derecho, ante la presencia judicial de Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, el secretario hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. El Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Período de pruebas. Abierto este período, el secretario hace constar que la parte quejosa ofreció diversas pruebas documentales. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Sin pruebas pendientes de desahogar se cierra esta etapa. Período de alegatos. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. Acto seguido el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes para formular alegatos con posterioridad, con lo anterior se cierra el período de alegatos. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación se procede a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S para resolver en definitiva los autos del juicio de amparo 635/2023-I; y, R E S U L T A N D O I. ************** y *************, por derecho propio, ocurrieron a demandar el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la "LXI" Legislatura del Estado de México y otras autoridades. II. Por auto del veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda, la cual se radicó con el número 635/2023-I; se pidió a las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. III. En proveído del dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la ampliación de demanda y se pidió a las autoridades responsables rindieran su informe justificado; y, finalmente, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: Primero. El Juzgado Tercero de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclaman disposiciones en materia administrativa con motivo de su primer acto de aplicación materializado en el ámbito territorial donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Segundo. Conforme a lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados en el escrito inicial de demanda de amparo, se hacen consistir en: - De la Legislatura del Estado de México, la aprobación, expedición y orden de publicación del Código Financiero del Estado de México, en específico de su artículo 95, fracciones I, inciso C, rango 6, y II, concepto 6 de su tarifa, vigente para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho. - Del Gobernador del Estado Libre y Soberano de México, la promulgación y publicación de decreto del Código Financiero del Estado de México, en específico de su artículo 95, fracciones I, inciso C, rango 6, y II, concepto 6 de su tarifa, vigente para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho. - Del Secretario General de Gobierno del Estado de México, el refrendo del Código Financiero del Estado de México, en específico de su artículo 95, fracciones I, inciso C, rango 6, y II, concepto 6 de su tarifa, vigente para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho. - Como acto de aplicación de lo anterior, del Director del Instituto de la Función Registral del Estado de México, por conducto de la Notaría Pública número ciento treinta y siete (137) del Estado de México, con residencia en Cuautitlán Izcalli, el cobro del pago de derechos para la inscripción de la escritura 7,503 del treinta de noviembre de dos mil dieciocho. Asimismo, los actos reclamados en el escrito de ampliación de demanda de amparo, se hacen consistir en: - De la Legislatura del Estado de México, la aprobación, expedición y orden de publicación del Código Financiero del Estado de México, en específico de su artículo 95, fracciones I, inciso C, rango 6, y II, concepto 6 de su tarifa, vigente para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve. - Del Gobernador del Estado Libre y Soberano de México, la promulgación y publicación de decreto del Código Financiero del Estado de México, en específico de su artículo 95, fracciones I, inciso C, rango 6, y II, concepto 6 de su tarifa, vigente para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve. - Del Secretario General de Gobierno del Estado de México, el refrendo del Código Financiero del Estado de México, en específico de su artículo 95, fracciones I, inciso C, rango 6, y II, concepto 6 de su tarifa, vigente para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve. - Como acto de aplicación de lo anterior, del Director del Instituto de la Función Registral del Estado de México, por conducto de la Notaría Pública número ciento treinta y siete (137) del Estado de México, con residencia en Cuautitlán Izcalli, el cobro del pago de derechos para la inscripción de la escritura 7,503 del treinta de noviembre de dos mil diecinueve. Tercero. El representante legal del Gobernador Constitucional y del Secretario General de Gobierno, así como la Presidenta de la Diputación Permanente de la "LXI" Legislatura, todos del Estado de México, al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia de los actos reclamados; por su parte, la Notaría Pública número ciento treinta y siete (137) del Estado de México, con residencia en Cuautitlán Izcalli, al rendir su informe justificado aceptó únicamente el acto reclamado por lo que hace a la legislación relacionada con el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, por lo que se tienen por ciertos. Por su parte, la Directora Técnico-Jurídica y de Igualdad de Género en representación del Director General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos combatidos, no obstante de sus propias manifestaciones se advierte su existencia por lo que hace a la legislación relacionada con el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, por tanto, se tiene por cierto. Es aplicable la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Materia Común, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, página 391, Materia Común, Octava Época, con registro digital 211004, que establece: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Cuarto. El estudio de las causas de improcedencia en el juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente, por lo que debe examinarse de oficio por el órgano de control de la constitucionalidad, de acuerdo con el artículo 62 de la ley de la materia. Al respecto debe precisarse que los actos reclamados a las autoridades responsables en el escrito inicial de demanda de amparo, están relacionados con el Código Financiero del Estado de México, en específico de su artículo 95, fracciones I, inciso C, rango 6, y II, concepto 6 de su tarifa, vigente para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho. Disposiciones jurídicas respecto de las cuales este órgano de control constitucional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa no acreditó la aplicación en su perjuicio de las disposiciones legales reclamadas vigentes para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho; lo anterior, en virtud de que el juicio constitucional contra leyes, tratados y reglamentos, que no causen perjuicio al quejoso con su sola entrada en vigencia, sólo puede promoverse con motivo del primer acto de aplicación; por consiguiente, constituye un presupuesto para la procedencia de la acción de amparo que exista un acto de aplicación de la norma reclamada posterior a su entrada en vigor. Asimismo, conviene precisar que el amparo indirecto en términos de la fracción I del artículo 107 de la Ley de Amparo, procede contra leyes u ordenamientos generales que por su sola vigencia o con motivo del primer acto de aplicación causen un agravio al quejoso. En ese contexto, si de las constancias que integran este sumario constitucional se advierte que a la parte quejosa se le aplicó el Código Financiero del Estado de México, en específico de su artículo 95, fracciones I, inciso C, rango 6, y II, concepto 6 de su tarifa, vigente para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve; por tanto, este juzgador se encuentra imposibilitado para estudiar la posible inconstitucionalidad de esos dispositivos vigentes para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, como lo planteó en su escrito inicial de demanda la parte quejosa. En consecuencia, lo que procede es decretar el sobreseimiento del juicio al actualizarse la causa de improcedencia en estudio únicamente por los preceptos reclamados vigentes para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho. Quinto. Por otra parte, continuando con el estudio de las causas de improcedencia, se precisa que el representante legal del Gobernador Constitucional y del Secretario General de Gobierno, ambos del Estado de México, refiere que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 108, fracciones III y VIII, de la Ley de Amparo, bajo el argumento de que la parte quejosa no formuló conceptos de violación tendentes a desvirtuar la constitucionalidad de la norma reclamada. Lo anterior resulta infundado, dado que de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que los quejosos en sus conceptos de violación aducen que el artículo 95, fracción I, inciso C, concepto 6 de su Tarifa y fracción II, concepto 6 de su Tarifa, del Código Financiero del Estado de México, vigente para dos mil diecinueve, es contrario a los principios de proporcionalidad y equidad tributaria por los motivos y consideraciones que exponen, a los que además agregan diversos criterios jurisprudenciales, de ahí que resulta infundada la propuesta de las autoridades responsables. Por su parte, la Directora Técnico-Jurídica y de Igualdad de Género, así como representante legal del Director General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, refiere que se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XIV del numeral 61 de la ley de la materia, puesto que aduce es un acto consentido tácitamente por los quejosos. Lo anterior, bajo el argumento de que el cómputo para interponer las demanda de amparo inició el día siguiente a aquél en que los peticionarios del amparo entregaron los recursos a la Notaría Pública, dado que en ese momento tuvieron noticia plena de la afectación patrimonial correspondiente, toda vez que los contribuyentes se encontraban enterados del monto del pago de los derechos que reclaman en esta instancia constitucional. No obstante, a criterio de este Órgano de Control Constitucional no se actualiza la causa de improcedencia invocada por esa autoridad responsable, en atención a que la retención que realiza el Notario Público como auxiliar de la administración pública en la recaudación de los derechos de inscripción por el registro público de la propiedad, si bien constituye el primer acto de aplicación para efectos de la procedencia del juicio de amparo, también lo es que para que dicha retención sirva de base para computar el plazo de quince días establecido en la Ley de Amparo, es necesario acreditar que el quejoso tuvo pleno conocimiento del acto de aplicación de la norma. Incluso la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el acto en virtud del cual el Notario Público retiene el impuesto sobre adquisición de inmuebles debe estimarse como el primer acto de aplicación de los preceptos legales que lo regulan y, por ende, susceptible de generar la improcedencia del juicio de amparo por consentimiento tácito en caso de que no se impugnen dentro de los quince días siguientes a aquel en que el quejoso (adquiriente) tuvo conocimiento de dicho acto, siempre y cuando en el documento respectivo, se precise el concepto de la retención y el sustento legal de dicha actuación, cuestión tal que necesariamente debe acreditarse fehacientemente por cualquiera de los medios de prueba previstos por la ley y no inferirse a base de presunciones. En ese sentido, de la lectura de la escritura número 7,503 (siete mil quinientos tres) otorgada ante la fe del Licenciado Pedro Guy Del Paso Juin, Notario Interino de la Notaría Pública número ciento treinta y siete (137) del Estado de México, con residencia en Cuautitlán Izcalli y del Comprobante Fiscal Digital por Internet con número de folio interno 003640, no se advierten los artículos aplicados con motivo del pago de esos derechos de inscripción, esto es, no se advierte que se haya hecho del conocimiento a los hoy quejosos cual fue el concepto de la retención y el sustento legal de esa actuación. Por tanto, en este sumario constitucional se considera que la retención que efectuó el Notario Público no puede servir de base para computar el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en virtud de que no se acredita plenamente que los quejosos tuvieron total conocimiento del acto de aplicación, es decir, no existen elementos con los que se pueda deducir sin lugar a dudas cuál fue el concepto de la retención y su fundamento legal, toda vez que se reitera que en la escritura pública y en el comprobante fiscal descritos con antelación no se asentó dicha circunstancia. En tales condiciones, al haber expuesto los quejosos bajo protesta de decir verdad en su ampliación de demanda que la fecha en la que tuvieron pleno conocimiento de la aplicación del precepto impugnado de inconstitucional correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecinueve, esto es, del fundamento legal del pago de derechos calculados y retenidos por la Notaría por concepto de los derechos de inscripción de la escritura pública respectiva, fue el día ocho de agosto de dos mil veintitrés (cuando el actuario judicial adscrito a este Juzgado de Distrito les notificó el proveído del cuatro de agosto de dos mil veintitrés, en el cual se recibió el informe rendido por el Notario Público número ciento treinta y siete (137) del Estado de México, con residencia en Cuautitlán Izcalli, en el que precisó la cantidad exacta que retuvo y pagó por derechos de inscripción, así como el sustento legal de dicha actuación); por tanto, atendiendo a que de las constancias que integran este sumario se desprende que la ampliación de demanda de amparo se presentó el diecisiete de agosto siguiente, por tanto, se considera que fue promovida dentro del plazo establecido en el artículo 17 de la Ley de la Materia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 47/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 2, página 1238, Materia Común, Décima Época, con registro digital 2003270, que dispone: "DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD EN EL ESTADO DE MORELOS. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DE LA ENTIDAD, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE EL NOTARIO PÚBLICO HAGA LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE, SIEMPRE QUE SE ACREDITE QUE EL QUEJOSO TUVO PLENO CONOCIMIENTO DE SU APLICACIÓN. De los artículos 27, 28, 49, 50 y 182 del Código Fiscal; 12 y 57 del Reglamento de la Ley del Registro Público de la Propiedad y de Comercio; 43 y 103 de la Ley de Catastro Municipal y 1o., 2o., 31, fracción VII y 73 de la Ley del Notariado, todos del Estado de Morelos, se desprende que los notarios públicos son auxiliares de la administración pública en la recaudación de los derechos por el Registro Público de la Propiedad, toda vez que pueden retenerlos, hecho lo cual deben enterarlos ante la Secretaría de Hacienda u oficinas autorizadas. En ese sentido, la retención que lleva a cabo el notario público de los derechos previstos en el artículo 77 de la Ley General de Hacienda de la entidad, constituye el primer acto de aplicación de esta disposición para efectos de la procedencia del juicio de amparo; sin embargo, para que dicha retención sirva de base para computar el plazo de 15 días establecido por el artículo 21 de la Ley de Amparo cuando se impugne el citado precepto, es necesario acreditar que el quejoso tuvo pleno conocimiento del acto de aplicación de la norma, es decir, que se pueda deducir sin lugar a dudas cuál fue el concepto de la retención y su fundamento legal". Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 5/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 657, Novena Época, con registro digital 176048, que indica: "ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO INFORMADA POR PARTE DEL NOTARIO PÚBLICO AL CONTRIBUYENTE, CONSTITUYE EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL QUE REGULAN ESE TRIBUTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Conforme a los artículos 134, 142 y 143 del Código Financiero del Distrito Federal, los notarios públicos son auxiliares de la administración tributaria del Distrito Federal en la recaudación del impuesto sobre adquisición de inmuebles, cuando la operación de que se trate se haga constar en escritura pública, pues tienen la obligación de calcularlo y enterarlo dentro de los 15 días siguientes al en que se protocolice el acto relativo, excepto cuando se trate de operaciones respecto de las cuales ya se hubiere pagado. En esa tesitura, la liquidación del impuesto sobre adquisición de inmuebles que formula el indicado fedatario informada al contribuyente, constituye el primer acto de aplicación de los preceptos legales que lo regulan y, por ende, genera la improcedencia del juicio de garantías por consentimiento tácito, en caso de que no se impugne dentro de los 15 días siguientes a aquel en que el quejoso (adquirente) tuvo conocimiento de dicho acto, siempre y cuando en el documento respectivo se precise la liquidación y el sustento legal de dicha actuación, cuestión que necesariamente debe acreditarse por cualquiera de los medios de prueba previstos por la ley." En el entendido de que este Órgano de Control Constitucional no desconoce el contenido de las jurisprudencias 2a./J. 81/2019 (10a.), 2a./J. 82/2019 (10a.) y 2a./J. 83/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS. CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO POR UN TERCERO EN AUXILIO DE LA ADMINISTRACIÓN, PARA DETERMINAR LA FECHA DE INICIO DEL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA RESPECTIVA, RESULTA RELEVANTE SI EL CONTRIBUYENTE TIENE BAJO SU RESGUARDO LOS RECURSOS QUE SE ENTERAN POR AQUÉL." "AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS. CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO POR UN TERCERO EN AUXILIO DE LA ADMINISTRACIÓN QUIEN ENTERA A LA HACIENDA PÚBLICA LOS RECURSOS RESPECTIVOS, PREVIA ENTREGA DE ÉSTOS POR EL CONTRIBUYENTE, LA PROCEDENCIA DEL JUICIO ESTÁ CONDICIONADA A QUE SE PRESENTE OPORTUNAMENTE RESPECTO DE ESA AFECTACIÓN PATRIMONIAL." "AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA CONTRA LAS NORMAS QUE REGULAN EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y LOS DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO LOS IMPUESTOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES, CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN REALIZADA POR UN NOTARIO PÚBLICO, INICIA A PARTIR DE QUE EL CONTRIBUYENTE TIENE CONOCIMIENTO DE LA AFECTACIÓN PATRIMONIAL RESPECTIVA." Lo anterior, en virtud de que quien aquí resuelve considera que en el presente juicio de amparo no pueden aplicarse retroactivamente esas jurisprudencias en perjuicio de los quejosos, dado que si bien la retención de los derechos de inscripción realizada por el Notario Público aconteció el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, como consta en la escritura número 7,503 (siete mil quinientos tres), también lo es que los quejosos tuvieron pleno conocimiento de la afectación patrimonial que sufrieron hasta el día ocho de agosto de dos mil veintitrés, esto es, cuando el actuario judicial adscrito a este Juzgado de Distrito les notificó el proveído del cuatro de agosto de dos mil veintitrés, en el cual se recibió el informe rendido por el Notario Público número ciento treinta y siete (137) del Estado de México, con residencia en Cuautitlán Izcalli, en el que les precisó la cantidad exacta que les retuvo y que pagó por derechos de inscripción, así como el sustento legal de dicha actuación (lo cual desconocían los quejosos); por lo que si su ampliación de demanda de amparo la presentaron el diecisiete de agosto siguiente, es que se considera que fue promovida dentro del plazo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por otra parte, la Directora Técnico-Jurídica y de Igualdad de Género, así como representante legal del Director General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, refiere que se actualiza la diversa causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, de la Ley de Amparo, bajo el argumento de que su representado no tiene el carácter de autoridad responsable, en virtud de que no ha dictado, ordenado, ejecutado o tratado de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, ni ha omitido el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, pues en ningún momento realizó el primer acto de aplicación. Sin embargo, a criterio de este Órgano de Control Constitucional no se actualiza la causa de improcedencia invocada, en atención a que en este sumario constitucional sí tiene el carácter de autoridad responsable ejecutora, toda vez que el Notario Público número ciento treinta y siete (137) del Estado de México, con residencia en Cuautitlán Izcalli, en su carácter de auxiliar de la administración pública, y en cumplimiento del mandato expreso que deriva de lo dispuesto en el artículo 77, del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente al momento de la celebración del acto jurídico (firma de la escritura), recibió de la parte quejosa los recursos económicos que se encontraban a su disposición para cubrir los montos correspondientes a impuestos y derechos entre ellos, el de inscripción en auxilio del Instituto de la Función Registral del Estado de México. Lo que se acreditó con la escritura número 7,503 (siete mil quinientos tres) otorgada ante la fe del Licenciado Pedro Guy Del Paso Juin, Notario Interino de la Notaría Pública número ciento treinta y siete (137) del Estado de México, con residencia en Cuautitlán Izcalli, y con el Comprobante Fiscal Digital por Internet con número de folio interno 003640, exhibidos por los quejosos en este juicio de amparo. A lo que se adminicula el Volante Universal IFR-MOD-MPOOOR-UNI-01 con número de trámite 393570 de la Oficina Naucalpan del Instituto de la Función Registral del Estado de México, que adjuntó la citada Notaría Pública a su informe recibido en este Órgano de Control Constitucional el tres de agosto de dos mil veintitrés, del que se advierte el pago realizado por esa Notaría Pública al citado Instituto de la Función Registral por la cantidad total de $39,436.00 (treinta y nueve mil cuatrocientos treinta y seis pesos 00/100 moneda nacional), con motivo de la inscripción de la escritura pública descrita en líneas que anteceden; de ahí que resulta infundada la propuesta de esa autoridad responsable. No habiéndose invocado diversa causa de improcedencia por las partes, ni tampoco de oficio advierte este Órgano de Control Constitucional la existencia de alguna, se procede al estudio del fondo de la cuestión planteada. Sexto. La parte quejosa hace valer como conceptos de violación que el artículo 95, fracción I, inciso C, concepto 6, de su Tarifa y fracción II, concepto 6 de su Tarifa, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, viola lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contempla los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, ya que el legislador consideró: a) que por inscripciones en el Instituto de la Función Registral del Estado de México relativas a la propiedad o posesión originaria de bienes inmuebles que tengan un valor de $431,773.00 (cuatrocientos treinta y un mil setecientos setenta y tres pesos 00/100 moneda nacional) o más, causará un pago de derechos de inscripción por $19,718.00 (diecinueve mil setecientos dieciocho pesos 00/100 moneda nacional); y, b) que por inscripciones o anotaciones de actos o mandamientos judiciales y administrativos que limiten, graven el derecho de propiedad o posesión o prohíban la enajenación de la propiedad o posesión original de bienes inmuebles que tengan un valor de $431,773.00 (cuatrocientos treinta y un mil setecientos setenta y tres pesos 00/100 moneda nacional) o más, causará un pago de derechos de inscripción por $19,718.00 (diecinueve mil setecientos dieciocho pesos 00/100 moneda nacional); estableciendo diversos importes, dependiendo del menor o mayor valor de los inmuebles a inscribir, violando con ello el principio de proporcionalidad y equidad tributaria. Indican que la proporcionalidad se refiere a que exista un equilibrio razonable entre la cuota, el servicio prestado y el monto del pago de derechos que debe fijarse en relación al servicio prestado. Relacionado con lo expuesto, expresan que el artículo 95, fracción I, inciso C, concepto 6, de su Tarifa y fracción II, concepto 6 de su Tarifa, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, en el que se basa el pago de derechos de inscripción en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, no es acorde a la Constitución Federal. Los conceptos de violación son fundados. A efecto de hacer la confrontación de la disposición legal reclamada con el precepto constitucional cuya violación se aduce, es pertinente tomar en cuenta el contenido del artículo 95, fracción I, inciso C, concepto 6, de su Tarifa y fracción II, concepto 6 de su Tarifa, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, el cual, en la parte que interesa, establece lo siguiente: "Artículo 95. Por inscripción de documentos o actos relativos a bienes inmuebles se pagarán los siguientes derechos: I. Por inscripciones relativas a la propiedad o posesión originaria de bienes inmuebles: (.) C). La declaración, reconocimiento, adquisición o transmisión de la propiedad o posesión de inmuebles o derechos sobre los mismos por cualquier título. Se considera que existe transmisión o cesión de derechos de fideicomitente o fideicomisario cuando hay sustitución de un fideicomitente o de un fideicomisario por cualquier motivo. En el caso de la permuta de derechos se cobrarán por cada uno de los inmuebles. Los títulos expedidos por el Registro Agrario Nacional. TARIFA CONCEPTO (.) 6. Cuando el valor de los actos a inscribir sea de más de $431,773. $19,718. II. Por inscripciones o anotaciones de actos o mandamientos judiciales y administrativos que limiten, graven el derecho de propiedad o posesión o prohíban la enajenación de la propiedad o posesión original de bienes inmuebles, se pagarán por concepto de derechos, sin importar el número de inmuebles que resulten afectados, conforme a la siguiente: TARIFA CONCEPTO (.) 6. Cuando el valor de los actos a inscribir sea de más de $431,773. $19,718. Tratándose de cédula hipotecaria, se tomará como base la cantidad adeudada. (.)". Ahora, los quejosos aducen que el artículo 95, fracciones I y II, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, establece cuotas distintas para servicios idénticos, lo cual es violatorio del derecho humano de proporcionalidad y equidad tributaria establecidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal. Esto es, el precepto reclamado prevé como parámetro para determinar el costo del servicio registral en comento, el valor de la operación que se haya realizado; de tal suerte, que el causante pagará una mayor o menor cantidad, dependiendo del valor de los actos a inscribir, lo que provoca que por el mismo servicio registral, se causen cantidades distintas. Ahora, si bien es cierto que el monto de los derechos no necesariamente debe corresponder con exactitud matemática al costo del servicio prestado, también lo es que, debe fijarse en relación con dicho costo, pues si para cuantificar su monto se toman en cuenta elementos completamente extraños (como lo sería el valor de cada uno de los actos a inscribir) y, por un mismo servicio se dispone el pago de cuotas diversas. Circunstancias por las que se concluye que las fracciones del precepto reclamado son desproporcionadas por el cobro del mismo servicio, consistente en la inscripción de actos jurídicos, aun cuando éstos sean de distinta naturaleza, ya que no existe diferencia alguna en la realización de la actividad o servicio de la Administración Estatal, para el otorgamiento de la inscripción o anotación de los actos a que se refieren los diferentes tipos de traslaciones de dominio de los inmuebles, para que así, pudiese aumentar o disminuir el pago correspondiente a cada una de las categorías que se expresan en las fracciones del numeral que se analiza. Además, esa distinción provoca un trato desigual hacia los gobernados que realizan los actos señalados en las fracciones del artículo que se tacha de inconstitucional, pues por el mismo servicio por parte de la Administración Pública, están obligados al pago de los derechos correspondientes, en un monto que varía. En las relatadas condiciones, el precepto legal antes aludido, resulta violatorio de los principios de proporcionalidad y equidad tributaria establecidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 121/2007 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, enero de 2008, página 2099, Novena Época, Materias Administrativa y Constitucional, con registro digital 170439, del rubro: "SERVICIOS REGISTRALES. LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE ESTABLECEN LAS TARIFAS RESPECTIVAS PARA EL PAGO DE DERECHOS, SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA". En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo solicitado por los quejosos, respecto del artículo 95, fracción I, inciso C, concepto 6, de su Tarifa y fracción II, concepto 6 de su Tarifa, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente en el dos mil diecinueve, a través de su primer acto de aplicación, en relación con el pago de derechos por inscripción, previsto en las fracciones del precepto legal anteriormente descrito. En la inteligencia de que cuando se trata de fallos que declaran la inconstitucionalidad de un precepto que prevé diferentes tasas impositivas, pero que también contienen una cantidad fija mínima a pagar, la restitución en el goce del derecho fundamental violado se cumple, al permitir que el gobernado deje de pagar la tarifa considerada inconstitucional, pero en forma alguna entraña su relevo de la obligación de pagar los gastos generados por el Estado para la prestación del servicio otorgado, sino que lo constriñe al pago de la tarifa mínima, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar. En ese orden de ideas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, a efecto de restituir en el pleno goce de sus derechos al quejoso, el amparo se concede para el efecto de que: No se aplique a los quejosos el artículo 95, fracción I, inciso C, concepto 6 de su tarifa y fracción II, en relación con el concepto 6 de su tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente en dos mil diecinueve. El Director General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, devuelva a los quejosos: 1. La cantidad que resulte de restar $1,967.00 (un mil novecientos noventa y siete pesos 00/100 moneda nacional) a $19,718.00 (diecinueve mil setecientos dieciocho pesos 00/100 moneda nacional), que corresponde al derecho de inscripción pagado en términos del artículo 95, fracción I, inciso C, concepto 6 de la tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente en dos mil diecinueve, relacionado con la inscripción de la compraventa del inmueble. 2. La cantidad que resulte de restar $1,967.00 (un mil novecientos noventa y siete pesos 00/100 moneda nacional) a $19,718.00 (diecinueve mil setecientos dieciocho pesos 00/100 moneda nacional), que corresponde al derecho de inscripción pagado en términos del artículo 95, fracción II, del concepto 6 de la tarifa contenida en el artículo 95 del Código Financiero del Estado de México, vigente en dos mil diecinueve, relacionado con la inscripción del crédito hipotecario descrito en la escritura indicada que otorgó el Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BANORTE a los quejosos. En la inteligencia de que los montos pagados indebidamente deben devolverse debidamente actualizados, pues de otra manera no podría restituirse a los gobernados en el pleno goce del derecho fundamental violado. En otro aspecto, si bien la tutela protectora alcanza a las autoridades responsables que concurrieron a la creación y publicación de la norma controvertida, ello no implica que deban realizar algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo, en términos de lo expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a ************** y **********, por derecho propio, para los efectos que se precisan en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario adscrito a este Juzgado Federal, quien da fe. Doy fe.
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I. Aviso. Con fundamento en los artículos 26, fracción III, 27, fracción I, inciso c), y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista a los quejosos, el auto del treinta de octubre de dos mil veintitrés, que en lo conducente dice: "Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que los días dieciséis al veintisiete de octubre de la presente anualidad, se declararon inhábiles por causas de fuerza mayor, por ende, se difiere la audiencia fijada para las nueve horas con treinta minutos del dieciocho de octubre de dos mil veintitrés y en su lugar se fijan las nueve horas con cincuenta y seis minutos del ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe."
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I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que los días dieciséis al veintisiete de octubre de la presente anualidad, se declararon inhábiles por causas de fuerza mayor, por ende, se difiere la audiencia fijada para las nueve horas con treinta minutos del dieciocho de octubre de dos mil veintitrés y en su lugar se fijan las nueve horas con cincuenta y seis minutos del ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto que de autos se desprende que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días concedido a las partes en proveído del siete de septiembre de dos mil veintitrés, respecto del informe justificado rendido, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las nueve horas con treinta minutos del dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe
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