Lino Núñez Hernández
Expediente 645/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 645/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Lino Núñez Hernández
Actuaciones
- Principal
CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. De la certificación de cuenta se desprende que ha transcurrido el plazo para que se interpusiera recurso de queja en contra del auto dictado en este juicio, por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en el ordinal 2°, 97 y 98 de la Ley de Amparo, 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, se declara que ha causado estado dicha determinación. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es destruible una vez que cumpla tres años de haberse archivado como asunto concluido, por haberse dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.
- Principal
CUMPLASE
- Principal
NOTIFICACIÓN PERSONAL PORMEDIO DE LISTA AL QUEJOSO.- Vista la demanda de amparo promovida por Lino Núñez Hernández, se acuerda: REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Fórmese el expediente, regístrese con el número de orden 645/2022-III y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De la lectura íntegra de la demanda, se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el Convenio celebrado con el gobierno de Cuba a efecto de que médicos y/o enfermeras procedentes de dicho país, trabajen en México; De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la asignación de la partida presupuestal para realizar el pago correspondiente a los médicos y enfermeras procedentes del país de Cuba que presten sus servicios, con motivo del convenio celebrado por el Ejecutivo Federal; Del Secretario de Gobernación y del Instituto Nacional de Migración, la autorización para que los profesionales de la salud procedentes de Cuba, puedan ingresar al territorio nacional y trabajar en nuestro país, así como los permisos otorgados para que suministren medicinas provenientes de dicho país; y De la Secretaría de Educación Pública, la Dirección General de Profesionales y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la autorización a los profesionales de la salud provenientes de Cuba, para prestar sus servicios en México. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Al respecto se actualiza la causa de improcedencia que prevé la fracción XII, del artículo 61, en relación con la fracción I, artículo 5, de la Ley de Amparo, porque el quejoso no demostró tener un interés jurídico o legítimo. Ello es así, porque si el accionante acude en defensa de su interés jurídico, es necesario que alguna norma le reconozca un derecho o un beneficio en torno a una situación jurídica determinada; que un acto concreto de autoridad vulnere ese derecho jurídicamente tutelado; y, que por tal motivo, el quejoso resienta una afectación de forma directa y actual. En cambio, cuando se acude con un interés legítimo, no es indispensable tener la titularidad de un derecho; sin embargo, sí es necesario que exista una afectación a en la esfera jurídica del quejoso, por la especial situación que éste tiene frente al ordenamiento jurídico; además, dicha afectación debe ser real, actual y jurídicamente relevante, de manera que la posible concesión del amparo, le otorgue un beneficio inmediato, que de ninguna manera puede ser lejano o derivado. Por otro lado, contar con interés simple implica lo siguiente: Que exista una norma constitucional en la que se establezca o se tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; Que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, Que promovente sea la persona afectada o pertenezca a la colectividad perjudicada. Ahora bien, en este caso no se advierte que la parte quejosa acuda a proteger algún "interés jurídico", porque no hace referencia a algún derecho subjetivo que estime vulnerado, es decir, alguna lesión directa e inmediata en su persona o patrimonio. Por el contrario, acude en defensa de un "interés legítimo", que dice emana en su favor de los numerales 1, 4, 5, y 32 de la Constitución Federal,, que reconocen los derechos humanos de no discriminación, salud, libertad de trabajo y preferencia por nacionalidad en igualdad de circunstancias. Sin embargo, de la demanda de amparo no se desprende, ni si quiera de manera presuntiva, que el acto reclamado (convenio que permite la contratación de médicos de origen cubano para que presten sus servicios en este país), violente la esfera de derechos de la parte quejosa, o bien, que pertenezca a una colectividad afectada por ese acto; por lo que es factible advertir que no tiene una posición especial o relevante frente al orden jurídico que la legitime para instar el juicio de amparo en defensa de sus derechos. Además, el inconforme promovió la demanda por propio derecho, derivado de que como ciudadano mexicano, estima que con la contratación de personal médico de procedencia extranjera, se vulnera el derecho de las personas profesionales de la salud de nacionalidad mexicana a ejercer su profesión, en relación con su derecho al trabajo, al preferirse contratar personal extranjero en ese sector; que se vulnera la posibilidad de los ciudadanos mexicanos de encontrar empleo, pues con la contratación de médicos o enfermeras procedentes de Cuba, se les niega la posibilidad de participar, por ejemplo, en alguna convocatoria para ocupar dichos puestos, lo que se traduce en una violación al derecho de preferencia que tienen sobre los extranjeros; y que con la contratación de médicos cubanos y la recepción de medicinas provenientes de dicho país, se vulneran los intereses de toda la sociedad mexicana, en tanto que, se pone en riesgo su salud, por estar a cargo de médicos extranjeros, que no cuentan con los conocimientos que amerita la profesión, por no contar con la patente (cedula o título profesional en la materia de la medicina). Lo anterior revela que el reclamo de la parte quejosa obedece a cuestiones en abstracto, que no trascienden a su persona en forma relevante o que afecten sus derechos; por lo que, en caso de obtener la protección constitucional, no obtendrá un beneficio directo o indirecto, ni se traduciría en un efecto positivo en su esfera jurídica. Máxime que, la parte inconforme ni siquiera tiene el carácter de profesionista de algún ramo de la salud, o bien, que por virtud de su situación especial frente al orden jurídico, en todo caso, pudiera perjudicarle el hecho de que se contrate personal de dicho sector de procedencia extranjera; incluso, tampoco ejército la acción como usuario de los servicios de salud (lo que, en todo caso, sería un acto futuro e incierto); por lo que no existe una afectación a sus derechos presente o futura pero cierta, real, y jurídicamente relevante. Por ende, si la peticionaria no tiene un agravio diferenciado que lo haga estar en una situación especial frente al orden jurídico, ello se traduce en un interés simple, el cual, no es de aquellos que la legitime para acudir a esta instancia constitucional. En consecuencia, con fundamente en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como tal el ubicado en calle Ulises Macías número 122, colonia La Alameda, de esta ciudad. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizados en los términos amplios a los que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Valente Arizábalo Priego, Edmundo Aput Vite y Ruperto Martínez Gómez, por estar registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, en términos del segundo párrafo del artículo 24 de la citada Ley, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Miguel Ángel Amaro Martagón, Diana Gutiérrez García y Alejandro Romel Martínez, los primeros dos en cita por así solicitarlo expresamente y el último de ellos por no contar con el registro aludido ni encontrarse su cédula en la página oficial del Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. DETERMINACIONES ESPECIALES ANTE LA CONTINGENCIA OCASIONADA POR EL VIRUS COVID-19. En términos del artículo 23 del mismo Acuerdo General 21/2020, la notificación que se ordene de manera personal, deberá desahogarse con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. EXHORTACIÓN PARA TRANSITAR AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA Y PROPONER FORMAS ESPECIALES Y EXPEDITAS DE CONTACTO. Por otro lado, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: De igual forma las partes podrán enviar sus promociones debidamente firmadas en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), directamente al correo electrónico oficial de este juzgado, debiendo señalar para tal efecto un medio de notificación electrónico para todas aquellas que se realicen en lo subsecuente. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del juzgado, podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda, de lo contrario dicha promoción no se tendrá por presentada y tendrá que realizarla a través el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Lo anterior, no es aplicable tratándose de recursos (queja, revisión o inconformidad), incidentes o promociones de término, los cuales deben de presentarse por escrito, o bien a través de su firma electrónica. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. NOTIFICACIÓN PRIORITARIA POR OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS. Sin perjuicio de lo anterior (mientras las partes solicitan su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, o bien llevan a cabo las gestiones necesarias para obtenerlas), en tanto este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera estrictamente personal, lo que se determinará en su momento y atendiendo al caso particular, con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28 fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se les requiere para que rindan informes, reciban toda clase de notificaciones y acusen recibo de las que sean remitidas por este juzgado, a través del siguiente medio electrónico: 4jdo16cto@correo.cjf.gob.mx. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones ordenadas en este juicio. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2° de la Ley de Amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Finalmente, para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial).
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