Lino Manterola Sánchez

Expediente 1105/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1105/2015
Año
2015
Actuaciones
12
Última actuación
13/04/2016

Partes del expediente

  • Lino Manterola Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    MESA I. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el proveído de diecisiete de marzo de este año, en el cual se sobreseyó el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2º y 86, de la ley de la materia, en relación con los numerales 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto que sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo. Archívese el presente como asunto concluido y de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción. Se llega a esa conclusión en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto vigésimo primero, ambos del capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se trata de un asunto que se sobreseyó; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. En ese orden, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente sumario al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    MESA I.- Ciudad de México, veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis. Visto el estado de autos se advierte que en proveído de veintitrés de febrero de este año, se omitió proveer respecto al nuevo domicilio que señala el quejoso en el escrito recibido en este juzgado el veintidós del actual (foja 141). En tales condiciones, con fundamento en el artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene como nuevo domicilio para recibir notificaciones el ubicado en Avenida Doctor José María Vertiz número 109, despacho 402, colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, en esta ciudad. Por tanto, se ordena notificar el auto de veintitrés de febrero de este año, en el citado domicilio.

  3. Principal

    MESA I.-Agréguese el escrito signado por el quejoso Lino Manterola Sánchez, mediante el cual desea ampliar la demanda de amparo respecto al acto reclamado consistente en la propuesta de reserva de veinticinco de enero de este año y como autoridad al Responsable de la Coordinación Territorial CUH-6 en la Fiscalía Desconcentrada en Cuauhtémoc, se provee: Con fundamento en los artículos 17 y 111 de la Ley de Amparo, no ha lugar a tener por ampliada la demanda de amparo respecto del citado acto reclamado y autoridad. En razón a que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En ese sentido, por lo que hace al acto precisado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dice: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.] En relación con esa causal, el artículo 107, fracción I de la Constitución Federal, establece: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.] Por su parte, el artículo 5º de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.] De esos preceptos, se advierte que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, la parte quejosa debe demostrar su interés jurídico, el cual existe cuando una norma (constitucional, legal o contractual), confiere un derecho determinado a un individuo, quien además, por esa misma norma tiene protección frente a cualquier persona o autoridad. Lo anterior conduce a determinar que la parte impetrante debe ser titular del derecho público subjetivo que estime vulnerado, de lo contrario, su esfera jurídica no se vería afectada con el acto de autoridad contra el cual se inconforma, lo que originaría su falta de legitimación para entablar el juicio constitucional de amparo. De ahí que la parte quejosa deba acreditar, en primer término, que la ley o el acto de autoridad vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, esto es, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esa circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio de amparo resulta improcedente. Las anteriores consideraciones llevan a determinar que el ejercicio de la acción constitucional, contra actos que emanan de un procedimiento ante autoridad judicial o administrativa pero seguido en forma de juicio, está reservado a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad, entendiéndose por perjuicio, la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, su titular está facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo a demandar el cese de esa violación. Sirve de apoyo el precedente relevante 1484, visible en la página 1046 del Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Materia Común, que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO, CONCEPTO DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Debe distinguirse entre perjuicio o interés jurídico, como condición para la procedencia del juicio de amparo y el perjuicio económico sufrido por un individuo o conjunto de individuos en virtud de la realización del acto reclamado, perjuicio este último que no es suficiente para la procedencia del juicio de garantías, pues bien pueden afectarse económicamente los intereses de un sujeto y no afectarse su esfera jurídica. Surge el interés jurídico de una persona cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto o varios de ellos como en el caso de la persona jurídica moral. Si las leyes impugnadas no se refieren a algún derecho perteneciente a la esfera jurídica de la quejosa, ésta carece de interés jurídico para impugnarlas en el juicio de amparo y si lo hace, debe declararse la improcedencia del juicio." En esas condiciones, el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo, requiere la existencia de dos presupuestos: a) La titularidad de un derecho. b) Que ese derecho sea desconocido o conculcado por un acto de autoridad. El primer elemento, se identifica con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquella prerrogativa que derivada de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. El segundo requisito se refiere a la afectación que sufre ese derecho subjetivo, es decir, el menoscabo o perjuicio que resiente el patrimonio (en sentido amplio) del particular con el acto de autoridad. Esas consideraciones se sustentan en la jurisprudencia 168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII del mes de Enero 2008, página 225, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." En el caso concreto, como se señaló, se actualiza la causal de improcedencia en estudio respecto a la propuesta de reserva formulada por el Responsable de la Coordinación Territorial CUH-6 en la Fiscalía Desconcentrada en Cuauhtémoc. Lo anterior es así, ya que de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, la palabra propuesta significa, consulta de una o más personas hecha al superior para un empleo o beneficio y consulta de un asunto o negocio a la persona, junta o cuerpo que lo ha de resolver. En ese sentido, la propuesta de reserva en modo alguno causa un perjuicio al impetrante, toda vez que no se trata de un acto que implique la culminación definitiva de la averiguación previa, toda vez que para ello requiere la aprobación correspondiente; es decir, se encuentra sub júdice a lo que determine el superior jerárquico del Agente del Ministerio Público que tramita la indagatoria. Sin que en el caso sea posible analizar si el impetrante cuenta con interés legítimo para promover juicio de amparo, habida cuenta que el acto reclamado emana de un procedimiento penal (del cual forma parte la averiguación previa), por ende, es necesario que demuestre su interés jurídico, en términos del artículo 107, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    MESA I Visto el estado procesal de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que para el día de hoy está programada la audiencia constitucional; sin embargo, es imposible su desahogo, dado que por acuerdo de once de febrero de este año, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por el Agente del Ministerio Público de la Unidad Dos sin Detenido, en la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia CUH-6, de la Fiscalía Desconcentrada en Cuauhtémoc, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por lo que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días que establece el artículo 117, de la Ley de Amparo. En consecuencia, para no vulnerar derechos de las partes, con fundamento en dicho precepto, se difiere la audiencia de mérito y se fijan las nueve horas con cincuenta minutos del dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, para su verificativo.

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