Lino Barbosa Gil

Expediente 501/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
501/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
09/05/2022

Partes del expediente

  • Lino Barbosa Gil

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el término que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector, ha transcurrido, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. El acto reclamado materia de análisis de este juicio fue: - a) La resolución dictada el seis de octubre de dos mil veinte, en el recurso administrativo registral RAR193/2020, promovido por ******, en su carácter de albacea provisional de la sucesión intestamentaria a bienes de ***** también conocida como *******, respecto de las cancelaciones de las inscripciones de embargo 509152 y 134969, relativas al folio real inmobiliario 9843. Por resolución dictada el tres de marzo de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa ******, en su carácter de albacea provisional de la sucesión intestamentaria a bienes de ***** también conocida como ******. Así, mediante proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido oficio signado por el director del Registro Público de la Propiedad del Estado de Puebla, a través del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio. En otro orden, por auto de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, la actuaria adscrita del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, informó dicho órgano colegiado admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, radicándolo bajo el número R.A-164/2021. Posteriormente, en ejecutoria pronunciada el veinte de octubre del mismo año, el Tribunal de Alzada, resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la sucesión intestamentaria a bienes de ****** o ******, en contra del acto que por conducto de su albacea provisional *****, reclamó del director del Registro Público de la Propiedad del Estado de Puebla, mismo que quedó precisado en el resultando primero de esta ejecutoria, en los términos indicados en la sentencia recurrida" En ese sentido, mediante proveído de once de noviembre de dos mil veintiuno, se requirió a la autoridad responsable director del Registro Público de la Propiedad del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, para que en el término de tres días diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para lo cual debía: "1. Deje sin efectos la resolución dictada el seis de octubre de dos mil veinte, en el recurso administrativo registral RAR193/2020, promovido por *******, en su carácter de albacea provisional de la sucesión intestamentaria a bienes de ***** también conocida como ******, respecto de las cancelaciones de las inscripciones de embargo 509152 y 134969, relativas al folio real inmobiliario 9843; y, 2. En su lugar, con plenitud de decisión administrativa, dicte una nueva determinación fundada y motivada, en la que analice la totalidad de los agravios vertidos por la recurrente y valore el material probatorio aportado." Así las cosas, mediante oficio SPF-DGJ-3097/2021, la autoridad responsable remitió copia certificada de la resolución dictada el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, en el recurso administrativo registral RAR-193/2020, donde atendiendo a las consideraciones de la sentencia ejecutoriada, resolvió lo siguiente: "(.) I. Se deja insubsistente la resolución del recurso administrativo registral del presente expediente, dictada con seis de octubre de dos mil veinte, así como su notificación de siete del mismo mes y año. II. En su lugar se procede a emitir la siguiente resolución en cumplimiento a la ejecutoria de veinte de octubre de dos mil veintiuno. (.) Respecto a lo que aduce la recurrente en sus agravios, en el sentido de que le ocasiona un perjuicio a la esfera de derechos de la sucesión que representa, la inscripción de la solicitud de caducidad de las anotaciones de embargo elaborada por ******, habida cuenta que dicha petición no puede ser elaborada y presentada por ésta última, puesto que a la fecha de elaboración ya había fallecido, así como la omisión de requerir la copia de la identificación oficial de la solicitante y la falta de que el entonces Registrador Público de la Propiedad emitiera un razonamiento fundado y motivado del haber cancelado los embargos con un simple escrito; al respecto es de indicarse que para esta autoridad resolutora, sus manifestaciones devienen ineficaces por infundadas. Como punto de partida, resulta pertinente señalar que la competencia de las Oficinas del Registro Público de la Propiedad, se rige por lo dispuesto en los ordenamientos jurídicos de la materia, a fin de dar publicidad a la situación jurídica de bienes y derechos, así como a los actos y hechos jurídicos que conforme a la Ley deban inscribirse, a fin de que surtan efectos en contra de terceros. En ese sentido y en relación a los agravios hechos valer por la recurrente, es preciso manifestar que los Registradores Públicos se encuentran sujetos al principio de legalidad, es decir la autoridad administrativa queda sujeta a lo establecido en la ley. Lo anterior es así, ya que en primer lugar se debe señalar que la función calificadora del Registrador Público consiste en analizar y determinar si los titular y/o documentos que se presentan al Registro, cumplen o no con los requisitos que establece la ley, esto realizando una calificación técnica de los mismos antes de proceder a la inscripción, o a suspender o denegar dicha inscripción. Ahora bien, precisado lo anterior, es importante recordar que las atribuciones del Registrador Público se encuentran establecidas en los artículos 11 de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Puebla, en relación con el diverso 18 del Reglamento Interior del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, dentro de las cuales no se advierte la de determinar la veracidad y/o autenticidad de los documentos que son presentados en la oficina registral, únicamente, se encuentran la de revisar, analizar y calificar, los documentos que sean presentados por los interesados y, en el supuesto de que se colmen los dispositivos legales y reglamentarios vigentes, deberán autorizar con su firma las asientos respectivos. Así las cosas el motivo de inconformidad no puede ser resuelto en la instancia administrativa, toda vez que en términos del artículo 33 de la Ley de la Materia, la facultad calificadora se limita a examinar los requisitos formales de los actos jurídicos y posibilidad legal de su registro, por lo que sí existe un conflicto en determinar el consentimiento, entonces la materia del conflicto se ajusta a un vicio de validez o inexistencia esto de acuerdo a los numerales 1449, 1450, 1456 y 1457 del Código Civil del Estado de Puebla. Esto último es de capital relevancia, ya que esa atribución de cierta manera obliga a los registradores a comprender las generalidades de los actos susceptibles de inscripción e incluso sus particularidades, sobre todo cuando tengan injerencia en la mecánica registral; para lo cual deberán revisar y analizar si es que estos fueron expedidos conforme a la normatividad aplicable, sin que ello signifique que, prejuzguen sobre la legalidad o ilegalidad, de esos actos, sino que únicamente, su actuar se limita a advertir alguna imposibilidad que no haga posible su inscripción registral por apartarse de manera notoria del marco normativo que los rige y no convalidar actos ilegales; es decir, que califique esos actos únicamente para efectos registrales. Entonces, de conformidad con el artículo 137 y 141 fracción II de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Puebla, se advierte que el objeto del recurso administrativo registral es modificar o confirmar los actos emitidos por las autoridades registrales, en este caso del entonces Registro Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Puebla, y no así dirimir alguna controversia entre particulares y mucho menos determinar la nulidad o inexistencia de algún documento para que posteriormente se cancele su registro, debido a que los artículos 100, 108 facción X, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, aplicados de forma supletoria, y a observancia del artículo 47, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, determinan que tal estudio es competencia de la autoridad judicial a través de los Juzgados Civiles. (.)" Finalmente, con dichas constancias por auto de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestarán lo que a su derecho correspondiera. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en este juicio, sin excesos ni defectos. Ello en virtud que, la responsable analizó la totalidad de los agravios vertidos por la recurrente, asimismo valoró el material probatorio aportado y con plenitud de decisión administrativa, dictó una nueva determinación el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, misma que se notificó a la parte quejosa mediante boletín registral. En consecuencia, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE); asimismo, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido; en el entendido de que se tramitó sin incidente de suspensión. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del referido Acuerdo General, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado federal deberá depurar el presente expediente; una vez concluido el proceso se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, para efectos de estadísticos de existencia de este órgano jurisdiccional, se precisa la siguiente información en torno al cumplimiento del fallo amparador dictado en el presente juicio constitucional: Campo solicitado Data 1 Fecha del cumplimiento por parte de la autoridad 23/11/2021 2 Fecha en que se recibió el oficio por el cual la autoridad responsable informó el cumplimiento 26/11/2021 3 Fecha de la última notificación a las partes del auto por el que se dio vista con el apercibimiento 20/12/2021 4 Fecha en que se tuvo por cumplida la ejecutoria 09/05/2022

  2. Principal

    Del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que se encuentra transcurriendo el término concedido a la autoridad responsable Juez de lo Civil y Penal del Distrito Judicial de Tlatlauquitepec, Puebla, mediante proveído de once de marzo de dos mil veintidós, para que remita la totalidad de las constancias relacionadas con el acto reclamado; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las nueve horas con veintiún minutos del veintiuno de abril de dos mil veintidós.

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