Linet Guadalupe Perez Ignot

Expediente 1277/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de enero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1277/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
08/01/2016

Partes del expediente

  • Linet Guadalupe Perez Ignot

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días...sin que la promovente recurriera el auto de dieciséis de diciembre de dos mil quince, en el que se desechó la demanda de amparo...se declara que ha causado estado dicho auto...archívense las presentes actuaciones como asunto concluido...se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción...

  2. Principal

    Vista la razón actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad de notificar a la promovente del amparo el proveído de dieciséis de diciembre de la presente anualidad, por el motivo que indica; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso "a" de la Ley de Amparo, notifíquese el referido auto, así como las subsecuentes, aun las de carácter personal, por lista de acuerdos que se fija en los estrados de este Juzgado hasta en tanto señale diverso domicilio para tal efecto... Por este medio se notifica el proveído de dieciséis de diciembre de dos mil quince: Boca del Río, Veracruz, dieciséis de diciembre de dos mil quince. Téngase por recibida la demanda de amparo de cuenta, promovida por Linet Guadalupe Pérez Ignot, en representación de su menor hija de identidad reservada, contra acto del Juez Segundo de Primera Instancia residente en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 1277/2015-II, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 113, en relación con el 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso "b", de la Constitución Federal, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de garantías. En efecto, los citados preceptos, establecen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:. b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan..". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Las disposiciones constitucional y legal transcritas, establecen lo que se conoce como "principio de definitividad", consistente en que el quejoso previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así será improcedente el juicio de garantías. Este principio es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que garantiza la protección de los derechos humanos, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria procedente los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan. Así, en tratándose de actos emitidos por tribunales, judiciales, administrativos o laborales, antes de promover la demanda de garantías, el interesado debe agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan en contra del acto de autoridad, previo a la instauración del juicio de amparo. Al respecto, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, emitió la Jurisprudencia número I.6o.C. J/37, visible en la página novecientos dos, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Lo anterior es así, toda vez que de la lectura de la demanda de garantías, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que la promovente reclama el proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil quince, dictado dentro del juicio ordinario civil 1295/2013/I, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Andrés Tuxtla, Veracruz, respecto a la demanda en reconvención promovida por Liberio Pucheta Fiscal, en contra de la aquí quejosa respecto a la declaración de que la menor no es su hija biológica, la cancelación de la pensión alimenticia a favor de la menor, y otras prestaciones; en el que se ordenó la preparación de la "prueba pericial en materia de genética molecular de ácido desoxirribonucleico (ADN)" a cargo de la menor de edad identidad reservada, representada por su progenitora, ofrecida por el actor reconvencional, para lo cual señaló como perito a la química Rosa María Valencia Sánchez, ordenando su notificación de manera personal y, requirió a la aquí quejosa, designara perito de su parte, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, el juzgador de origen lo haría en rebeldía- tal como se advierte del arábigo sexto del capítulo de antecedentes de su demanda de amparo-. Ahora bien, en contra de la determinación reclamada, debió agotarse por la promovente, antes de acudir a esta vía constitucional, el recurso de apelación que contempla el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que a la letra dice: "Artículo 509.- El recurso de apelación tiene por efecto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Son apelables las sentencias, los autos que resuelven un incidente y los autos que causan daño irreparable en la sentencia." De lo anterior queda de manifiesto que el acto reclamado es de los que, conforme al artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, es susceptible de impugnarse a través del recurso de apelación, previo a la interposición del juicio de amparo, pues causa un gravamen no reparable en la sentencia que resuelva la controversia del juicio de origen, ya que autoriza la práctica de una prueba, a partir de la cual, mediante un procedimiento científico, es posible determinar la correspondencia del ADN (ácido desoxirribonucleico), es decir, la huella de identificación genética, lo cual permitirá establecer no sólo la existencia de un vínculo de parentesco, sino también otras características genéticas inherentes a la persona que se somete a ese estudio, pero que nada tengan que ver con la litis que se busca dilucidar y, no obstante, puedan poner al descubierto, contra la voluntad del afectado, otro tipo de condición genética hereditaria, relacionada por ejemplo con aspectos patológicos o de conducta del individuo, que pertenezcan a la más absoluta intimidad del ser humano. En relación al particular, existe el criterio sustentado en la jurisprudencia 1a./J. 17/2003, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 88, Tomo XVII, Abril de 2003, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO TIENEN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN SUSCEPTIBLE DE AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS DE LA PERSONA. Cuando en un juicio ordinario civil en el que se ventilan cuestiones relacionadas con la paternidad, se dicta un auto por el que se admite y ordena el desahogo de la prueba pericial para determinar la huella genética, con el objeto de acreditar si existe o no vínculo de parentesco por consanguinidad, dicho proveído debe ser considerado como un acto de imposible reparación, que puede afectar los derechos fundamentales del individuo, por lo que debe ser sujeto a un inmediato análisis constitucional, a través del juicio de amparo indirecto, en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, por la especial naturaleza de la prueba, ya que para desahogarla es necesario la toma de muestras de tejido celular, por lo general de sangre, a partir del cual, mediante un procedimiento científico, es posible determinar la correspondencia del ADN (ácido desoxirribonucleico), es decir, la huella de identificación genética, lo cual permitirá establecer no sólo la existencia de un vínculo de parentesco, sino también otras características genéticas inherentes a la persona que se somete a ese estudio, pero que nada tengan que ver con la litis que se busca dilucidar y, no obstante, puedan poner al descubierto, contra la voluntad del afectado, otro tipo de condición genética hereditaria, relacionada por ejemplo con aspectos patológicos o de conducta del individuo, que pertenezcan a la más absoluta intimidad del ser humano." Reseñado lo anterior, se concluye que contra el acto reclamado, procedía el recurso de apelación por tratarse de un acto irreparable en sentencia, y como no se agotó antes de acudir al juicio de garantías, inconcuso es que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. No se soslaya que el acto reclamado es de imposible reparación en contra del cual procede el amparo indirecto; empero, debe hacerse la aclaración que si bien es cierto que el numeral 107, fracción III, inciso "b", de la Ley de Amparo establece la procedencia del juicio de garantías en contra de los actos dentro de juicio que tienen esa característica, de ningún modo exime de agotar los recursos ordinarios, pues no debe interpretarse aisladamente el contenido de ese artículo, sino en armonía con lo que dispone el diverso 61 de la propia legislación, que prevé la improcedencia del juicio de garantías, entre otros casos, cuando no se agotan los recursos ordinarios previstos en la ley. Tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 350, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2005039, que establece: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Es de resaltar, que la quejosa, es parte en el controvertido del que deriva el acto reclamado, por lo que no se ubica en las hipótesis de excepción a que se refiere la fracción XVIII del precepto 61 de la ley de la materia, esto es, que se trate de una persona extraña al procedimiento natural, sea en forma total o por equiparación. Además, en el caso resulta que el acto en análisis no es de aquéllos que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, por lo que tampoco se está en el supuesto de excepción a que se refiere el inciso a) de la fracción y numeral invocados. También, debe decirse que el acto reclamado no se trata de una orden de aprehensión, reaprehensión, de vinculación a proceso, que niegue la libertad provisional bajo caución o que se decida sobre un incidente de desvanecimiento de datos, arresto, o cualquiera que afecta la libertad personal de la quejosa, por lo que es evidente que no ésta en un caso de excepción. Así también, se aprecia que el citado numeral del Código de Procedimientos Civiles del Estado, establece de manera expresa la procedencia de tal recurso, de manera que se trata de una resolución que puede ser recurrida mediante el recurso de apelación. No obsta a la anterior conclusión, que el presente asunto se encuentra involucrado un menor de edad, respecto de los que, si bien es cierto, procede suplir la deficiencia de los conceptos de violación en toda su amplitud, en el supuesto que sea en beneficio de este, sin que obste la naturaleza de los derechos familiares en controversia o el carácter de quien o quienes promuevan el amparo, por no corresponder exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, el interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz y su garantía de desarrollo y bienestar integral prevista en el artículo 4º, párrafo noveno, de la Carta Magna; sin embargo, dicha suplencia se encuentra acotada a la procedencia del juicio, pues en este caso, la suplencia de la queja deficiente no llega al grado de hacer procedente lo improcedente. Apoya esta consideración la jurisprudencia 2a./J. 81/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, Tomo XXIII, Junio de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 174841, que indica: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, POR SÍ SOLA, NO HACE PROCEDENTE EL RECURSO. Conforme a los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83, fracción V, de la Ley de Amparo; 10, fracción III, y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el recurso de revisión contra sentencias de Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo procede cuando decidan sobre la constitucionalidad de una ley, tratado internacional o reglamento, o bien, establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, así como cuando el Tribunal Colegiado de Circuito omita el estudio y decisión de esas cuestiones a pesar de haberse planteado en la demanda de garantías. Ahora bien, si no se plantea problema de constitucionalidad alguno, el recurso de revisión únicamente procede cuando el tribunal de amparo oficiosamente introduce ese tema en la sentencia recurrida, o bien, omite aplicar la jurisprudencia de este Alto Tribunal en la que se declare la inconstitucionalidad de preceptos aplicados al quejoso, siempre que se adecue al caso específico, en cuyo supuesto opera la suplencia de los conceptos de violación o de los agravios, de acuerdo con el artículo 76 Bis, fracción I, de la Ley de Amparo; sin embargo, este beneficio por sí solo no conduce a estimar que proceda la revisión en amparo directo por existir algún problema de inconstitucionalidad o de interpretación directa de una norma constitucional, que de oficio estuviera obligado a abordar el Tribunal Colegiado de Circuito, ya que el análisis de esos aspectos depende, por regla general, de que el agraviado los impugne en el juicio de garantías; además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no podría analizar de oficio, en suplencia de la queja deficiente, si las normas aplicadas al quejoso contienen o no un vicio de inconstitucionalidad, pues sería tanto como aceptar que son procedentes todos los recursos de revisión en amparo directo en los que opera ese beneficio, situación que resulta inadmisible porque daría lugar a una instancia oficiosa no establecida en la Ley Fundamental ni en la reglamentaria de la materia." En consecuencia, con apoyo en los artículos 113, en relación con el 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso "b", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA, la demanda de amparo que nos ocupa. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES: Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en el escrito de demanda, y por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a los profesionistas que ahí menciona, ya que no acreditaron estar legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho, a través del registro de su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS: Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, en aras de cumplir con la impartición de una justicia pronta, completa e imparcial, como lo establece el artículo 17 Constitucional, y con el fin de evitar las promociones de las partes solicitando copia de la sentencia, lo cual acarrearía la distracción del personal actuante de este Juzgado en realizar los acuerdos correspondientes, de conformidad con lo establecido por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada, según lo soliciten al momento de comparecer ante el personal actuante, previa razón de entrega que se realice y firma de recibo de parte interesada que se recabe. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO: Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos.

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