Lindey Xiomara Meza Gómez
Expediente 244/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa. 9 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 244/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 02/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Lindey Xiomara Meza Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Vista la certificación con que se da cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto pronunciado el veintiséis de abril de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho auto ha causado estado, en consecuencia, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, de conformidad con el artículo 196 de la ley de la materia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Como se advierte de la certificación de cuenta, el expediente electrónico y el físico coinciden en su totalidad. Así, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no tiene valor jurídico, ni relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción. Ahora bien, como en el caso existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, con fundamento en el artículo 20 del citado acuerdo, requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlos, apercibida que de no hacerlo se procederá en los términos apuntados en el párrafo que antecede.
- Principal
En razón de no haber acudido la parte quejosa, a las instalaciones de este Juzgado, a efecto de notificarle personalmente el auto de dos de junio del año en curso, no obstante el aviso dejado en su domicilio con anterioridad, se le notifica por lista de estrados el mencionado proveído, que en lo conducente dice: Vista la certificación con que se da cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto pronunciado el veintiséis de abril de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho auto ha causado estado, en consecuencia, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, de conformidad con el artículo 196 de la ley de la materia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Como se advierte de la certificación de cuenta, el expediente electrónico y el físico coinciden en su totalidad. Así, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no tiene valor jurídico, ni relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción. Ahora bien, como en el caso existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, con fundamento en el artículo 20 del citado acuerdo, requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlos, apercibida que de no hacerlo se procederá en los términos apuntados en el párrafo que antecede.
- Principal
En razón de no haber acudido la parte quejosa, a las instalaciones de este Juzgado, a efecto de notificarle personalmente el auto de veintiséis de abril del año en curso, no obstante el aviso dejado en su domicilio con anterioridad, se le notifica por lista de estrados el mencionado auto, que en lo conducente dice: Agréguese el escrito aclaratorio que signa la quejosa ***, mediante el cual desiste de las autoridades que señaló como responsables Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México y Congreso del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, e insiste que señala como autoridad responsable a la empresa ***, en los términos precisados en la demanda inicial. En atención a lo anterior, téngase a la parte quejosa por desistida de las autoridades que señaló como responsables Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México y Congreso del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En acatamiento a tal precepto legal, se advierte que respecto al acto reclamado en este asunto, se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia. De lo anterior se desprende que una autoridad, para efectos del juicio de amparo, es el órgano público que emite, ordena, autoriza, lleva a cabo actos de ejecución o trata de ejecutar un acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien omite un acto que de realizarse tendría esos mismos efectos. Asimismo, que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos antes precisados, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora bien, para dar mayor claridad a lo expuesto, cabe señalar que entre los particulares y el Estado, o alguno de sus órganos, se pueden establecer dos tipos de relaciones jurídicas, a saber: a) Las de supra a subordinación, que surgen entre un particular y el Estado o alguno de sus órganos, y tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad con que actúa el ente público; se trata de actos unilaterales, porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos, en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado; y son coercitivos, dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública, sin la necesidad de acudir ante los tribunales jurisdiccionales y al margen del consenso de la voluntad del afectado; es decir, derivan de facultades de decisión reconocidas en la ley, por lo cual emanan del ejercicio de una potestad administrativa que es irrenunciable, que se traduce en auténticos actos de autoridad, al ser de naturaleza pública la causa de ese imperio; así que al realizar tales actos, el Estado o alguno de sus órganos lo hacen en ejercicio de su poder imperativo, a través de actos que de manera unilateral modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas; y, b) Las de coordinación, que son los vínculos que entablan por una diversidad de causas, una persona física o moral y el Estado o alguno de sus órganos, que se caracterizan por tratarse de actos que se despliegan en un plano de igualdad, de tal manera que el órgano público, al intervenir en tales actos, se despoja de su imperio y actúa en su faceta de derecho privado, tal y como lo hace un particular, lo que destaca la bilateralidad en el funcionamiento de esas relaciones; de ahí que cualquier controversia que se suscite en esos términos debe ser resuelta por los tribunales jurisdiccionales establecidos legalmente, dado que las actuaciones del ente público no pueden considerarse como actos de autoridad. En el caso particular, con el fin de evidenciar la actualización de la causa de improcedencia apuntada, se precisa que la quejosa reclama: De la empresa ***, con sede en esta ciudad: La omisión de dar respuesta al escrito que según la quejosa presentó el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, en el que solicitó el pago del siniestro ***, reporte ***, con número de póliza de seguro de cobertura amplia ***, con vigencia del once de julio de dos mil dieciséis al tres de agosto de dos mil dieciocho, expedida a su nombre. Desde esa perspectiva, este órgano jurisdiccional considera que en el caso no se cumple con la primer nota distintiva anotada en párrafos precedentes consistente en una relación de supra a subordinación, toda vez que el acto reclamado por la quejosa deriva de una relación y/o acuerdo de voluntades que contrajo con la empresa aseguradora a virtud de la contratación de la póliza de seguro de vehículo número 2670582996, en cuya relación adquirieron derechos y obligaciones recíprocas, de ahí, que la relación entre éstos no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a una relación de coordinación entre la compañía mencionada y la quejosa titular de la precitada póliza de seguro, por los que las controversias derivadas de la falta de pago de éste documento deben ventilarse en las instancias administrativas y/o jurisdiccionales del orden común competentes. Sin que sea procedente considerar a la empresa ***, como "particular con calidad de autoridad responsable", habida cuenta que no reúne la particularidad prevista por la ley de la materia, específicamente, que "sus funciones estén determinadas por una norma general", pues tomando en cuenta su razón social, es claro que fue creada por particulares con funciones precisadas por los mismos y acorde con sus intereses, de ahí que, se insiste, no reúne la calidad de "particular con calidad de autoridad responsable" para los efectos del presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia derivada de lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II, de la Ley de la Materia, se desecha de plano la demanda de amparo.
- Principal
En razón de no haber acudido la parte quejosa, a las instalaciones de este Juzgado, a efecto de notificarle personalmente el auto de catorce de abril del año en curso, no obstante el aviso dejado en su domicilio con anterioridad, se le notifica por lista de estrados el referido auto, que en lo conducente dice: Agréguese el escrito signado por ***, mediante el cual, en cumplimiento a la prevención efectuada en proveído de ocho de marzo de dos mil veintitrés, manifiesta: No obstante, no dio cumplimiento a la aludida prevención en la que se le requirió que manifestara lo siguiente: "a) Deberá aclarar qué acto en específico les reclama a las autoridades señaladas como responsable Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México y Congreso del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad. b) Manifieste, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado a las citadas autoridades responsables o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." En virtud de lo anterior, subsiste el apercibimiento efectuado a la parte quejosa en el proveído de ocho de marzo del año en curso.
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