Linda Sugey Velasco Chagala
Expediente 1090/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 23 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1090/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 08/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Linda Sugey Velasco Chagala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 1090/2021, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: ".Boca del Río, Veracruz, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la parte quejosa y tercero interesado, mediante proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Ahora, en sentencia de diez de mayo de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Linda Sugey Velasco Chagala, por propio derecho y en representación de su menor hija de identidad reservada Z.R.L.V, para los efectos siguientes: a). Deje sin efectos la resolución dictada el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, en el expediente 326/2021 de su índice. b). En su lugar, con libertad de jurisdicción, dicte otra en la que resuelva lo relativo al número de salario o salarios mínimos diarios que debe ser fijado a título de pensión alimenticia provisional a favor de las acreedoras, fundando y motivando debidamente por qué la cantidad que determine procedente se ajusta al principio de proporcionalidad previsto en el artículo 242 del Código Civil del Estado. Lo anterior a fin de que restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Concesión que se hace extensiva a los actos reclamados a la autoridad responsable ejecutora, al no haber sido combatidos por vicios propios, sino en vía de consecuencia de la resolución de que se trata. Asimismo, en acuerdo de veintisiete de julio del año en curso, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. Posteriormente, en auto de veinticuatro de agosto siguiente, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesado con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que obra en autos el oficio 4068 de dieciocho de agosto del año en curso, signado por el Juez Segundo de Primera Instancia del Decimonoveno Distrito Judicial, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, con el cual remitió la resolución de esa misma data, de la cual se aprecia que ordenó dejar insubsistente la resolución de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, dictada dentro de los autos del expediente número 326/2021-IV, de su índice administrativo, la cual resolvió el recurso de reclamación interpuesto por el demandado Héctor León Castillo (aquí tercero interesado). Asimismo, concluyó confirmar la pensión alimenticia provisional consistente en un salario diario para la menor, de identidad reservada, de iniciales Z.R.L.V. y, medio salario a favor de la actora Linda Sugey Velasco Chagala (aquí quejosa), que en la época en que se decretó dicha pensión provisional, el salario mínimo se encontraba tasado en ciento cuarenta y un pesos con setenta centavos moneda nacional ($141.70), medio salario equivale a setenta pesos con ochenta y cinco centavos ($70.85), resultando un total de doscientos doce pesos con cincuenta y cinco centavos ($212.55), cantidad que deberá depositar el deudor alimentista Héctor León Castillo (aquí tercero interesado), sobre los ingresos económicos que percibe como chofer de un taxi en la Ciudad de Catemaco, Veracruz, o por cualquier otra actividad lícita que desempeñe. Ahora, para arribar a dicha conclusión el Juez responsable, consideró las manifestaciones vertidas por la actora Linda Sugey Velasco Chagala, al momento de presentar su demanda esto es que reclamó el aseguramiento y pago de una pensión alimenticia provisional, y en el momento procesal oportuno, elevarla a definitiva, en forma preferente a cualquier otro acreedor alimentario, a su favor y de su menor hija, solicitándola en cantidad liquida a descontar del sueldo y demás prestaciones legales que percibe el demandado en su calidad de esposo y padre de su menor hija, como trabajador en la modalidad de taxista, en donde el propietario de dicha unidad corresponde a su hermano Jonathan León Villegas, entre otras prestaciones. Igualmente, valoró las pruebas exhibidas por la parte actora Linda Sugey Velasco Chagala, en su escrito inicial demanda y en su respectivo capítulo de pruebas, consistentes, en documentales públicas y privadas, probanzas a las cuales se les concedió valor probatorio en términos de los numerales 653 y 674 del Código Civil, en íntima relación con los diversos 235 fracción II, 261 fracción IV y 266 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Ahora, por cuanto hace a la posibilidad económica del deudor alimentario, al intentar su inconformidad respecto de la pensión alimenticia liquida fijada en forma provisional a favor de la aquí quejosa Linda Sugey Velasco Chagala, solicitó que se disminuyera considerablemente la misma, hasta que se cancele dicha pensión, ya que la citada quejosa cuenta con los medios necesarios para sufragar sus propios gastos, ya que goza de excelente salud y puede cubrir los gastos de la casa donde actualmente vive con sus otras hijas, por tanto, considera que no tiene ninguna obligación con respecto a la actora en el juicio de origen. Asimismo, valoró las pruebas exhibidas por la parte demandada Héctor León Castillo (aquí tercero interesado), en su escrito de reclamación, consistentes, en documentales públicas y privadas, probanzas a las cuales se les concedió valor probatorio en términos de los artículos 261, 262 y 266 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Adicionalmente, tomo en consideración el principio de proporcionalidad que rige en materia de alimentos establecido en el numeral 242 del Código Sustantivo Civil, esto es, considero justo y equitativo, confirmar la pensión alimenticia provisional consistente en un salario diario para la menor, de identidad reservada, de iniciales Z.R.L.V. y, medio salario a favor de la actora, en calidad de cónyuge del deudor alimentista, que en la época en que se decretó dicha pensión provisional, el salario mínimo se encontraba tasado en ciento cuarenta y un pesos con setenta centavos moneda nacional ($141.70), medio salario equivale a setenta pesos con ochenta y cinco centavos ($70.85), resultando un total de doscientos doce pesos con cincuenta y cinco centavos ($212.55), cantidad que deberá depositar el deudor alimentista Héctor León Castillo (aquí tercero interesado), sobre los ingresos económicos que percibe como chofer de un taxi en la Ciudad de Catemaco, Veracruz, o por cualquier otra actividad lícita que desempeñe. Finalmente, determinó que la cantidad liquida fijada, resulta suficiente para cubrir las necesidades primordiales de subsistencia de la alimentaria de referencia, indispensable para solventar una vida cómoda, sin lujos y cubrir necesidades vitales o precarias de las acreedoras de referencia, indispensables para solventarles una vida decorosa, sin lujos, suficientes para desenvolverse en el estatus social al que pertenecen, estimándose que tanto las acreedoras como el deudor alimentista se desenvuelven en un estatus social bajo, toda vez que el deudor alimentista se desempeña como taxista en una zona urbana ubicada en la cabecera municipal de Catemaco, Veracruz, quedando demostrado que es el único sostén familiar, aun cuando no conste de manera fehaciente los ingresos económicos del obligado alimentario, que la actora radica actualmente en casa de sus tías, al constituirse depósito judicial de su menor hija a su favor; asimismo, el deudor alimentario no logró justificar lo excesivo de la pensión provisional fijada en la especie, no siendo creíble que obtenga la cantidad de doscientos a doscientos cincuenta pesos diarios, al no demostrar tal circunstancia, de manera fehaciente, no obstante la existencia de otras dos alimentarias menores de edad, al no aportar mayores probanzas con las que justifique el cumplimiento alimentario para con las menores, ni los gastos que dice erogar para su propia subsistencia, resultando improcedente la reclamación intentada en la especie. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la medida cautelar solicitada (definitiva) tal y como se aprecia de la resolución interlocutoria de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la parte quejosa y tercero interesado, mediante proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Ahora, en sentencia de diez de mayo de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Linda Sugey Velasco Chagala, por propio derecho y en representación de su menor hija de identidad reservada Z.R.L.V, para los efectos siguientes: ".a). Deje sin efectos la resolución dictada el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, en el expediente 326/2021 de su índice. b). En su lugar, con libertad de jurisdicción, dicte otra en la que resuelva lo relativo al número de salario o salarios mínimos diarios que debe ser fijado a título de pensión alimenticia provisional a favor de las acreedoras, fundando y motivando debidamente por qué la cantidad que determine procedente se ajusta al principio de proporcionalidad previsto en el artículo 242 del Código Civil del Estado. Lo anterior a fin de que restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Concesión que se hace extensiva a los actos reclamados a la autoridad responsable ejecutora, al no haber sido combatidos por vicios propios, sino en vía de consecuencia de la resolución de que se trata." Asimismo, en acuerdo de veintisiete de julio del año en curso, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. Posteriormente, en auto de veinticuatro de agosto siguiente, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesado con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que obra en autos el oficio 4068 de dieciocho de agosto del año en curso, signado por el Juez Segundo de Primera Instancia del Decimonoveno Distrito Judicial, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, con el cual remitió la resolución de esa misma data, de la cual se aprecia que ordenó dejar insubsistente la resolución de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, dictada dentro de los autos del expediente número 326/2021-IV, de su índice administrativo, la cual resolvió el recurso de reclamación interpuesto por el demandado Héctor León Castillo (aquí tercero interesado). Asimismo, concluyó confirmar la pensión alimenticia provisional consistente en un salario diario para la menor, de identidad reservada, de iniciales Z.R.L.V. y, medio salario a favor de la actora Linda Sugey Velasco Chagala (aquí quejosa), que en la época en que se decretó dicha pensión provisional, el salario mínimo se encontraba tasado en ciento cuarenta y un pesos con setenta centavos moneda nacional ($141.70), medio salario equivale a setenta pesos con ochenta y cinco centavos ($70.85), resultando un total de doscientos doce pesos con cincuenta y cinco centavos ($212.55), cantidad que deberá depositar el deudor alimentista Héctor León Castillo (aquí tercero interesado), sobre los ingresos económicos que percibe como chofer de un taxi en la Ciudad de Catemaco, Veracruz, o por cualquier otra actividad lícita que desempeñe. Ahora, para arribar a dicha conclusión el Juez responsable, consideró las manifestaciones vertidas por la actora Linda Sugey Velasco Chagala, al momento de presentar su demanda esto es que reclamó el aseguramiento y pago de una pensión alimenticia provisional, y en el momento procesal oportuno, elevarla a definitiva, en forma preferente a cualquier otro acreedor alimentario, a su favor y de su menor hija, solicitándola en cantidad liquida a descontar del sueldo y demás prestaciones legales que percibe el demandado en su calidad de esposo y padre de su menor hija, como trabajador en la modalidad de taxista, en donde el propietario de dicha unidad corresponde a su hermano Jonathan León Villegas, entre otras prestaciones. Igualmente, valoró las pruebas exhibidas por la parte actora Linda Sugey Velasco Chagala, en su escrito inicial demanda y en su respectivo capítulo de pruebas, consistentes, en documentales públicas y privadas, probanzas a las cuales se les concedió valor probatorio en términos de los numerales 653 y 674 del Código Civil, en íntima relación con los diversos 235 fracción II, 261 fracción IV y 266 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Ahora, por cuanto hace a la posibilidad económica del deudor alimentario, al intentar su inconformidad respecto de la pensión alimenticia liquida fijada en forma provisional a favor de la aquí quejosa Linda Sugey Velasco Chagala, solicitó que se disminuyera considerablemente la misma, hasta que se cancele dicha pensión, ya que la citada quejosa cuenta con los medios necesarios para sufragar sus propios gastos, ya que goza de excelente salud y puede cubrir los gastos de la casa donde actualmente vive con sus otras hijas, por tanto, considera que no tiene ninguna obligación con respecto a la actora en el juicio de origen. Asimismo, valoró las pruebas exhibidas por la parte demandada Héctor León Castillo (aquí tercero interesado), en su escrito de reclamación, consistentes, en documentales públicas y privadas, probanzas a las cuales se les concedió valor probatorio en términos de los artículos 261, 262 y 266 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Adicionalmente, tomo en consideración el principio de proporcionalidad que rige en materia de alimentos establecido en el numeral 242 del Código Sustantivo Civil, esto es, considero justo y equitativo, confirmar la pensión alimenticia provisional consistente en un salario diario para la menor, de identidad reservada, de iniciales Z.R.L.V. y, medio salario a favor de la actora, en calidad de cónyuge del deudor alimentista, que en la época en que se decretó dicha pensión provisional, el salario mínimo se encontraba tasado en ciento cuarenta y un pesos con setenta centavos moneda nacional ($141.70), medio salario equivale a setenta pesos con ochenta y cinco centavos ($70.85), resultando un total de doscientos doce pesos con cincuenta y cinco centavos ($212.55), cantidad que deberá depositar el deudor alimentista Héctor León Castillo (aquí tercero interesado), sobre los ingresos económicos que percibe como chofer de un taxi en la Ciudad de Catemaco, Veracruz, o por cualquier otra actividad lícita que desempeñe. Finalmente, determinó que la cantidad liquida fijada, resulta suficiente para cubrir las necesidades primordiales de subsistencia de la alimentaria de referencia, indispensable para solventar una vida cómoda, sin lujos y cubrir necesidades vitales o precarias de las acreedoras de referencia, indispensables para solventarles una vida decorosa, sin lujos, suficientes para desenvolverse en el estatus social al que pertenecen, estimándose que tanto las acreedoras como el deudor alimentista se desenvuelven en un estatus social bajo, toda vez que el deudor alimentista se desempeña como taxista en una zona urbana ubicada en la cabecera municipal de Catemaco, Veracruz, quedando demostrado que es el único sostén familiar, aun cuando no conste de manera fehaciente los ingresos económicos del obligado alimentario, que la actora radica actualmente en casa de sus tías, al constituirse depósito judicial de su menor hija a su favor; asimismo, el deudor alimentario no logró justificar lo excesivo de la pensión provisional fijada en la especie, no siendo creíble que obtenga la cantidad de doscientos a doscientos cincuenta pesos diarios, al no demostrar tal circunstancia, de manera fehaciente, no obstante la existencia de otras dos alimentarias menores de edad, al no aportar mayores probanzas con las que justifique el cumplimiento alimentario para con las menores, ni los gastos que dice erogar para su propia subsistencia, resultando improcedente la reclamación intentada en la especie. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la medida cautelar solicitada (definitiva) tal y como se aprecia de la resolución interlocutoria de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General Notifíquese en términos de ley.Lo que se notifica por este medio a la parte tercero interesada, así por estar ordenado en autos.
- Principal
En esta fecha se notifica a la parte quejosa por lista de acuerdos el auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, en virtud, que no compareció a notificarse a este juzgado como lo indica el artículo 27, fracción I, inciso b, de la Ley de Amparo, mismo que dice: "...Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio y anexo signado por el Juez Segundo de Primera Instancia del Decimonoveno Distrito Judicial en San Andrés Tuxtla, Veracruz; en atención a su contenido, téngasele remitiendo las constancias con las que considera haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercero interesada, con el oficio y anexo de cuenta con registro 14902, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación que se les haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias. Apercibidos que de no hacer manifestación alguna al respecto en el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese en términos de ley. Lo que se notifica por este medio a la parte tercero interesada, por así estar ordenado en autos..."
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio y anexo signado por el Juez Segundo de Primera Instancia del Decimonoveno Distrito Judicial en San Andrés Tuxtla, Veracruz; en atención a su contenido, téngasele remitiendo las constancias con las que considera haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercero interesada, con el oficio y anexo de cuenta con registro 14902, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación que se les haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias. Apercibidos que de no hacer manifestación alguna al respecto en el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese en términos de ley. Lo que se notifica por este medio a la parte tercero interesada, por así estar ordenado en autos.
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