Linda Sánchez Rodríguez

Expediente 940/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
940/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
14/12/2020

Partes del expediente

  • Linda Sánchez Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio signado por la secretaria del Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez (13790), por medio del cual devuelve sin diligenciar nuestro exhorto 884/2020 orden 891/2020, que se remitió para notificar a la quejosa Linda Sánchez Rodríguez, en virtud que este juzgado carecía de competencia para conocer de su demanda y se remitió a un Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. En ese orden, dese de baja la comunicación oficial en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), sin necesidad de acusar recibo, pues así lo manifestó expresamente la autoridad exhortada. Ahora bien, toda vez que el domicilio proporcionado por la quejosa resultó inexacto, habida cuenta que no localizada en el mismo, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, realícese esta y las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. Por otro lado, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio signado por la secretaria del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez (13949), en el que informa que acepta la competencia declinada por este Juzgado de Distrito. Por tanto, con apoyo en el precepto 214 de la propia ley, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Tómese nota que el presente asunto es susceptible de destrucción, ya que encuadra en las hipótesis previstas por el punto j) del artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se ordena que una vez que transcurran tres años, contados a partir de esta fecha, se proceda a su destrucción.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que atento al oficio SECNO/STCCNO/513/2020, de cuatro de noviembre del año en curso, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó la determinación adoptada por la Comisión Especial, en la que resolvió suspender actividades respecto a este juzgado federal, por un periodo de catorce días comprendidos del cinco al dieciocho de noviembre de dos mil veinte, lapso durante el cual se suspendieron plazos y términos, en el presente asunto; en tal virtud, con esta fecha se reanuda este trámite. En ese orden, vista la demanda de amparo promovida por Linda Sánchez Rodríguez, por propio derecho, contra actos del Juez Cuadragésimo Cuarto Civil de la Ciudad de México, por considerarlo violatorio de los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales. Fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 940/2020-V, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, es pertinente destacar que la competencia en materia de amparo es la capacidad de los órganos jurisdiccionales para conocer de una demanda, en atención a que dicha facultad se la atribuye la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno o Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o, los Tribunales Colegiados de Circuito. Al respecto debe decirse que de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Amparo, en forma literal establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del contenido del precepto legal transcrito se advierte que existen tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito a saber: a) Por regla general la competencia se determina de acuerdo con el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones a prevención; y, c) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente será aquel en que se presente la demanda. Del análisis del precepto anterior, así como de su interpretación lógica y teleológica, se obtiene que si el acto reclamado requiere de ejecución material, el elemento a atender se vincula al lugar de esa ejecución, ya obrando hacia el pasado, en el presente o hacia el futuro inminente, es decir, el Juez competente será el que tenga jurisdicción en el lugar en donde se haya ejecutado, se esté ejecutando, se trate de ejecutar o se deba de ejecutar el acto reclamado. En ese sentido, para determinar al órgano competente para conocer de un juicio de amparo indirecto, por razón de territorio, debe analizarse únicamente si el acto reclamado tiene ejecución material o no la tiene. La importancia de que se haya tomado la ejecución material para fijar la competencia por razón de territorio radica en que las autoridades ejecutoras son las que se encargan de llevar hasta su último extremo la ejecución ordenada y, por tanto, son las que directamente se enfrentan al particular agraviado. El juicio de amparo debe ser entablado en el lugar en donde se lleva a cabo la ejecución, pues con ello, la parte quejosa dispondrá de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva y rendir con mayor facilidad las pruebas que a su derecho importen. Aunado a ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la importancia de que el juicio de amparo se tramite en donde el acto tiene ejecución, procura que el trámite del juicio se lleve con mayor rapidez e incluso que se eviten dilaciones en el cumplimiento de las sentencias de amparo, ocasionadas por la emisión de exhortos y despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones u otras diligencias que no podría hacer el juzgador del conocimiento. Ahora bien, de la demanda de amparo en estudio, se advierte que la parte promovente Linda Sánchez Rodríguez, señaló como acto reclamado, lo siguiente: "la orden de inscripción de las providencias precautorias respecto del bien inmueble inscrito en la partida 392, volumen 1225, libro primero, sección primera, cuyo domicilio corresponde al inmueble ubicado en Boulevard Tonatiuh, actualmente número 234, lote 13, manzana 111, sección segunda, colonia Ciudad Azteca, municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, en cumplimiento al acuerdo de fecha 18 de enero de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 1227/2017, cuyo actor es BANCO SANTANDER MÉXICO S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, seguido en contra de José Luis Sánchez de la Cruz, radicado en el Juzgado CUADRAGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO". De lo anterior, se concluye que el acto que ahora reclama consistente en la orden de inscribir las providencias precautorias respecto del inmueble ubicado en ubicado en Boulevard Tonatiuh, actualmente número 234, lote 13, manzana 111, sección segunda, colonia Ciudad Azteca, municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, ante el en el Instituto de la Función Registral del Estado de México con residencia en Ecatepec de Morelos, cuyo Director fue señalado como autoridad ejecutora. Por tanto, de conformidad al precepto legal 37 de la ley antes invocada, la autoridad competente para conocer de la demanda de que se trata es un Juzgado de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, por tener competencia jurisdiccional en el territorio de Ecatepec de Morelos, de esta entidad. En efecto, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, establece que los juzgados de Distrito del Segundo Circuito, con sede en Naucalpan de Juárez, ejercen su jurisdicción en los siguientes municipios: Los juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los siguientes municipios: Aculco, Apaxco, Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Coyotepec, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chapa de Mota, Ecatepec de Morelos, Huehuetoca, Hueypoxtla, Huixquilucan, Isidro Fabela, Jaltenco, Jilotepec, Jilotzingo, Melchor Ocampo, Naucalpan de Juárez, Nextlalpan, Nicolás Romero, Polotitlán, Tonanitla, Soyaniquilpan de Juárez, Teoloyucan, Tepotzotlán, Tequixquiac, Timilpan, Tlalnepantla de Baz, Tultepec, Tultitlán, Villa del Carbón y Zumpango. Entonces, como quedó asentado en el párrafo que antecede, la inscripción de las medidas provisionales tendrá ejecución sobre un inmueble ubicado en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, entidad federativa donde el aludido Juez de Distrito ejerce jurisdicción y, por ende, de acuerdo con el artículo 37, de la Ley de Amparo, este juzgador carece de competencia por territorio para conocer y resolver los actos de molestia. Apoya por identidad de razón, en lo conducente, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, abril de 2006, página 1060, cuyo rubro y texto dicen: "ORDEN DE DESPOSEIMIENTO DE INMUEBLE. RESULTA COMPETENTE PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS PROMOVIDA EN SU CONTRA, EL JUEZ DE DISTRITO QUE TIENE JURISDICCIÓN EN LA ENTIDAD FEDERATIVA EN QUE SE ENCUENTRA EL BIEN, AUNQUE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS RESIDAN EN SITIO DISTINTO. La ejecución de una orden de desposeimiento de inmueble es instantánea, toda vez que se consuma en el momento en que la autoridad materialmente limita su posesión a favor del tenedor; luego, si ésta se verifica en el lugar en que se encuentra el inmueble, se surte la competencia legal en favor del Juez de Distrito que tiene jurisdicción en la entidad federativa en que se ubica dicho bien, de conformidad con el primer supuesto a que alude el artículo 36 de la Ley de Amparo, en virtud de que al encontrarse la finca fija en un sitio, ineludiblemente es en éste en donde se ejecuta, sin importar que las autoridades ejecutoras tengan su residencia en distinto Estado de la República, toda vez que su traslado hacia el bien, aunque representa un papel destacado para llevar a cabo el desposeimiento, no implica que con esa actuación comience a ejecutarse, pues sólo constituye un hecho que sucede en una fase previa a los actos propiamente de ejecución, la que se materializa de manera instantánea precisamente cuando se realiza el desposeimiento que se impugna, aparte de que el numeral invocado, para fijar la competencia del juicio constitucional, atiende al lugar de ejecución del acto y no al que pertenezcan las responsables encargadas de llevarlo a cabo". En tales condiciones, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en relación con los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, se declina competencia en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, en turno, por las consideraciones señaladas en líneas que anteceden, solicitándole al Juez de Distrito, que conozca de esta determinación, informe el sentido del proveído que dicte, para estar en condiciones de acordar lo que en derecho proceda. Con copia de la demanda y de este proveído, fórmese cuaderno de antecedentes. Toda vez que señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado Federal, háganse esta y las subsecuentes aún las de carácter personal por medio de lista. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón la tesis aislada XXII.1o.22 K del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, diciembre de 1998, página 1067, de registro 195064, cuyo rubro dice: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL." No obstante lo anterior, dada trascendencia del presente proveído, y toda vez que el domicilio señalado en el escrito de demanda de amparo se encuentra fuera de la jurisdicción de éste órgano federal, por lo que, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 298, 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley en la materia, líbrese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado se sirva comisionar al actuario de su adscripción, se constituya en el domicilio ubicado en avenida Quetzalcóatl, número 340, lote 42, Ciudad Azteca, tercera sección, Ecatepec de Morelos, entre Quinto Sol y Teocallis, Estado de México, C.P. 55120, y con copia simple del presente proveído, notifique al quejoso. Se tiene por autorizado en los términos amplios que dispone el artículo 12 de la Ley de Amparo a Antonio de Jesús Cabello, toda vez que acredita tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y como autorizados en lo que estatuye la última parte del segundo párrafo del numeral en cita, a las demás personas que menciona, por así solicitarlo expresamente. Por otra parte, respecto al correo electrónico que proporciona, con fundamento en el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se toma nota del mismo, toda vez que únicamente se utilizará para brindarle atención tratándose de comunicaciones no procesales y en el evento de requerir establecer contacto en los casos en que se estime necesario. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para realizar las notificaciones en el presente juicio de amparo en días y horas inhábiles. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Acuerdo General de Administración 05/2015, por el que se expiden los lineamientos temporales para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del comité de transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se suprimen los datos personales de las partes e información reservada, salvo petición expresa de su publicación.

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