Linda Raquel Rasgado Diaz
Expediente 412/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 412/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Juez Segundo Familiar de Este Distrito Judicial del Centro
- Linda Raquel Rasgado Diaz
Actuaciones
- Principal
MESA V B "... Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que, en la especie, en proveído de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo promovida por ********************contra actos del Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial del Centro, el cual se le notificó de forma electrónica el veintisiete del mismo mes; como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto causa estado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que este expediente, el cual será conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirán al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción correspondiente, ello de conformidad en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en veinticinco de marzo de dos mil veinte..."
- Principal
MESA V B "... Agréguese el escrito y anexos, de la quejosa *******; en su atención, dígasele que no ha lugar a tener por ofrecidas las documentales que exhibe, toda vez que mediante auto de veintiséis del propio mes de abril se desechó su demanda de amparo, por las razones ahí expuestas...."
- Principal
MESA V B "... Vista la demanda de amparo promovida por ******, contra actos del Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial del Centro. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 412/2023. Análisis de improcedencia.- Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen la obligación que tiene el Juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Así, procede analizar de oficio las causas de improcedencia por ser ésta una cuestión de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. De la lectura integral de la demanda de amparo y anexos se desprende esencialmente que la quejosa reclama: - El acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintitrés, emitido por el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, en el juicio sucesorio intestamentario 6/2023, por el que tuvo por apersonados a ***** a la sucesión intestamentaria a bienes del extinto ******. Desechamiento Bajo esa tesitura, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el normativo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, así como 170, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.). V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. (.)". La interpretación de los preceptos transcritos revela que la improcedencia del juicio de amparo también resulta de alguna disposición tanto Constitucional, como de la propia ley, diversa de las veintidós fracciones del artículo 61 transcrito; que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos de imposible reparación, los cuales deben entenderse como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este punto cabe resaltar que la Ley de Amparo en vigor, en su artículo 107, fracción V, es taxativa al señalar qué debe entenderse por actos de imposible reparación. Lo anterior es trascendente en la medida que bajo la vigencia de la Ley de Amparo anterior (publicada el diez de enero de mil novecientos treinta y seis en el Diario Oficial de la Federación), los actos de imposible reparación comprendían además de afectación a derechos sustantivos, también los actos procesales o formales cuando sus consecuencias afectaran a las partes en grado predominante o superior. Sin embargo, ya que la Ley de Amparo vigente limita la procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de los actos cuyos efectos sean de imposible reparación, precisando qué debe entenderse por éstos; entonces los actos procesales con las características referidas quedan excluidos de dicha categoría y, por ende, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclame un acto de naturaleza procesal o formal, ya que éste no tiene la característica de ser de "imposible reparación"... En efecto, la redacción de la actual Ley de Amparo ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, proporcionando mayor seguridad jurídica para la promoción del juicio biinstancial contra esta clase de actos, pues a través de una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Dicho en otras palabras, hoy día para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, se requiere, primero, que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", esto es, que el acto autoritario impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; segundo, que esos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión totalmente opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, donde la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese contexto, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", en los juicios de amparo iniciados conforme a la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de aquel criterio, por su incompatibilidad con el nuevo texto legal... Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- si no que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual, a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme a la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal del Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto ".aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." (Jurisprudencia 37/2014 (10ª), emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, aprobada el veintidós de mayo de dos mil catorce, según certificación del licenciado Rafael Coello Cetina, Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación). Expuesto lo anterior, en el caso, el análisis integral de la demanda se aprecia que la parte quejosa reclama: - El acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintitrés, emitido por el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, en el juicio sucesorio intestamentario 6/2023, por el que tuvo por apersonados a ****** a la sucesión intestamentaria a bienes del extinto *********. Como se ve, el acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación, dada su propia naturaleza intraprocesal e intermedia, pues no afecta de modo directo e inmediato materialmente derechos que revistan la categoría de "sustantivos", que tiene en su favor el justiciable, contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte; sino se insiste cuestiones que inciden únicamente en un presupuesto procesal. Tanto así, que los quejosos reclaman el acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio sucesorio intestamentario 6/2023, donde se tuvo por apersonados a unos presuntos herederos, es decir, no se les ha reconocido el carácter de herederos aún, pues ello se decidirá en la resolución que ponga fin a la primera sección del juicio sucesorio, en términos del artículo 759, 784 y 785, del Código de Procedimientos Civiles. Cabe agregar que, quien ahora ocurre en demanda de garantías no queda en estado de indefensión, pues de lo expuesto no se asume que el juicio de amparo sea llanamente improcedente y que la cuestión procesal que combate en relación con el juicio de origen en forma alguna pueda ser materia de análisis en defensa constitucional, sino sólo que no es este el momento propicio, en atención a que la vía indirecta del amparo no es la idónea de acuerdo a la pretensión de la parte quejosa de controvertir una cuestión procesal que, a su decir, la dejó sin defensa, y que puede trascender al resultado del fallo, por lo cual, debe aguardarse al dictado del mismo para, en caso de haber trascendido la violación a las leyes del procedimiento alegada, entonces y sólo entonces, promueva el amparo en la vía indirecta, haciendo valer tal violación procesal. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, lo procedente es desechar de plano, la demanda de garantías de cuenta, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizado en términos restringidos a Juan Carlos Rasgado Díaz, por no tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; así como a las demás personas nombradas en el proemio del escrito de demanda. Por otra parte, en términos de los artículos 3, 24 y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, así como, 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza al usuario ********************para consultar vía internet el expediente electrónico del juicio en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE]. Es así, habida cuenta que conforme al numeral 357 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, la solicitud para acceder al expediente electrónico puede formularse directamente por las partes o sus representantes legales, así como por las personas autorizadas en términos amplios conforme a la legislación adjetiva correspondiente, siempre que se incluya expresamente esa facultad. En consecuencia, con fundamento en los artículos 24 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo en relación con el artículo 558 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la notificación vía electrónica solicitada por la parte quejosa a través de dicho usuario, por así haberlo solicitado expresamente. Medios electrónicos De igual manera, con apoyo en la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se señala que el Pleno citado determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y a las personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramiten ante los Juzgados de Distrito y los Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos; se autoriza a la parte quejosa el uso de dichos medios electrónicos en los términos descritos con antelación. En el mismo orden de ideas, hágase saber a la parte quejosa que las reproducciones que se obtengan a través de los medios electrónicos mencionados no tendrán validez de documento público... desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. En el entendido que las actuaciones señaladas en el párrafo precedente, dado que implica contacto personal, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes las practiquen. Trámite de juicio en línea Toda vez que la demanda de amparo fue promovida de forma electrónica, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"). Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Transparencia Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición..."
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