Linda Ixchel Mejia Sarabia

Expediente 180/2019 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 34 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
180/2019
Año
2019
Actuaciones
34
Última actuación
10/09/2021

Partes del expediente

  • Linda Ixchel Mejia Sarabia
  • Antonio Madrazo Zenteno
  • Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala
  • María Concepción Romano Flores, albacea definitivo de Carlos Romano Cuamatzi
  • Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, diez de septiembre de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previsto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de este numeral. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, a treinta de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 332), siendo que el quejoso Ayuntamiento de Chiautempan, Tlaxcala, realizó manifestaciones al respecto (fojas 336 a 338). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de treinta de enero de dos mil veinte, este órgano colegiado concedió al Ayuntamiento de Chiautempan, Tlaxcala, la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos: "(.) de que la responsable: 1. Deje insubsistente la sentencia reclamada; 2. Emita otra, en la que siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, analice y valore los medios de prueba aportados por la parte actora, bajo los siguientes puntos: a) Atienda la objeción planteada en la contestación de demanda, sobre las documentales exhibidas por el actor, consistentes en las veintisiete (27) facturas; b) De manera fundada y motivada analice el alcance probatorio que tiene la copia certificada del expediente 245/2017, en relación a la litis planteada; es decir, una explicación detallada del contenido de la prueba, y el aporte de ésta en la verificación de los hechos; c) Analice las tachas formuladas contra los testigos Héctor Alberto Cuéllar Gómez y José Antonio Pérez Barrón, a la luz de los hechos planteados por el demandado y resuelva lo que en derecho corresponda. d) Valore la prueba confesional a cargo del demandado a la luz de las respuestas esgrimidas por el absolvente de la prueba, sin revertir la carga probatoria sobre una posición formulada durante el desahogo de una confesional. 3. Hecho lo anterior, resuelva con libertad de jurisdicción." (fojas 131 vuelta y 132). Por acuerdo de trece de febrero de dos mil veinte, este órgano colegiado requirió a la responsable el cumplimiento de la ejecutoria de mérito en términos de los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo (foja 137). Luego, mediante oficio 293, de diecisiete de febrero de dos mil veinte, la Juez Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, remitió copia certificada del auto dictado el catorce de febrero de dos mil veinte, mediante el cual dejó insubsistente la sentencia de trece de febrero de dos mil diecinueve, y señaló las diez horas del veinticinco de febrero de dos mil veinte, para el verificativo de la continuación de la audiencia de juicio, en la que se dictaría la resolución definitiva (fojas 143 y 144). Posteriormente, mediante oficio 352, el Juez Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, remitió copia certificada de la sentencia de veinticinco de febrero de dos mil veinte (fojas 150 a 176), por tal motivo se les dio vista a las partes, siendo que el quejoso Ayuntamiento de Chiautempan, Tlaxcala, realizó manifestaciones al respecto (fojas 178 y 190). Mediante auto de trece de febrero de dos mil veintiuno, emitido por el Magistrado Presidente de este Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, se tuvo por no cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por las razones siguientes: "Ahora bien del contenido de los lineamientos invocados en la ejecutoria y de las consideraciones emitidas por la responsable en cumplimiento del fallo protector, se advierte que no está cumplida, en relación al punto "c) Analice las tachas formuladas contra los testigos Héctor Alberto Cuéllar Gómez y José Antonio Pérez Barrón, a la luz de los hechos planteados por el demandado y resuelva lo que en derecho corresponda." En efecto, en la consideración emitida por este tribunal se precisó lo siguiente: "Como lo alega el quejoso, al valorar dicha prueba y resolver el incidente de tacha de testigos, la jueza responsable no analizó las diversas razones por las que el demandado promovió la tacha, esto es, la a quo nada dijo, sobre "el interés directo que tienen sobre las resultas del juicio, derivado de la comisión que van a recibir" y que "uno de ellos, es enemigo manifiesto procesal". De ahí que es deficiente la consideración emitida en relación a la valoración de la testimonial, pues primero debe resolverse el incidente planteado por el demandado a la luz de lo efectivamente controvertido." Luego, la responsable en la nueva sentencia, sobre el punto concreto reiteró la consideración emitida en la sentencia reclamada, pero ni siquiera se refirió a la hipótesis consistente en que los atestes "tenían interés directo sobre las resultas del juicio, derivado de la comisión que van a recibir. De ahí que existe un defectuoso actuar de la responsable, por lo que, procede tener por no cumplido el fallo protector; y, en efecto, se requiere a la Juez Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Tlaxcala, para que dentro del término de tres días, deje insubsistente la sentencia de veinticinco de febrero de dos mil veinte, y dicte otra en la que deje firme las consideraciones sostenidas en relación a los puntos siguientes: a) El pronunciamiento sobre la objeción planteada en la contestación de demanda, sobre las documentales exhibidas por el actor, consistentes en las veintisiete (27) facturas; b) El análisis del alcance probatorio de la copia certificada del expediente 245/2017, en relación a la litis planteada; y d) La valoración de la prueba confesional a cargo del demandado a la luz de las respuestas esgrimidas por el absolvente de la prueba, sin revertir la carga probatoria sobre una posición formulada durante el desahogo de una confesional. Y, se pronuncie nuevamente atendiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo sobre el análisis de las tachas formuladas contra los testigos Héctor Alberto Cuéllar Gómez y José Antonio Pérez Barrón, a la luz de los hechos planteados por el demandado y resuelva lo que en derecho corresponda; específicamente sobre "el interés directo que tienen sobre las resultas del juicio, derivado de la comisión que van a recibir". Hecho lo anterior, resuelva con libertad de jurisdicción" (fojas 204 vuelta y 205). Luego, mediante oficio 10, de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, el Juez Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc transcribió el auto de quince anterior, mediante el cual dejó insubsistente la sentencia de veinticinco de febrero de dos mil veinte (fojas 222 y 223). Posteriormente, mediante oficio 77, el Juez Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, remitió copia certificada de la sentencia de tres de marzo de dos mil veintiuno (fojas 239 a 248), por tal motivo en auto de cinco de marzo de dos mil veintiuno (foja 257) se le dio vista a las partes, siendo que la tercera interesada Comercializadora Fet, Sociedad Anónima de Capital Variable, realizó manifestaciones al respecto (fojas 261 a 264). Mediante acuerdo de catorce de abril de dos mil veintiuno, emitido por el Magistrado Presidente de este Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, se tuvo por no cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por las razones siguientes: "El tres de marzo de dos mil veintiuno, en cumplimiento al auto de tres de febrero de dos mil veintiuno, dictado por la Presidencia de este órgano colegiado, dictó otra sentencia (cumplimiento del lineamiento "2"), en el que: Analizó las tachas formuladas contra los testigos Héctor Alberto Cuéllar Gómez y José Antonio Pérez Barrón, a la luz de los argumentos planteados por el demandado, fojas 242 vuelta y 243 [cumplimiento del lineamiento 2, inciso c], respecto de lo cual, en esencia, señaló: Que se declaraba fundado el incidente de tachas propuesto por la demandada en contra de los testigos Héctor Alberto Cuéllar Gómez y José Antonio Pérez Barrón, en la audiencia de juicio celebrada el treinta de enero del dos mil diecinueve, sustentado en las causas siguientes: "Que el testigo José Antonio Pérez Barrón, es enemigo expreso de su representada, en atención de que tiene un juicio radicado en el Juzgado del conocimiento, bajo el número 41/2018, en contra del Ayuntamiento, en el que reclama una serie de prestaciones en dinero y dicho juicio está en actividad procesal. Que los testigos tienen interés directo sobre las resultas del juicio, dado que tienen relación laboral con su representante y la actora principal. Y que ambos testigos señalaron que reciben una comisión derivada de ventas de las facturas." Lo anterior, porque determinó que en la declaración formulada por el testigo José Antonio Pérez Barrón, se actualiza la causa de enemigo expreso, pues de su testimonio se obtiene que tramitó un juicio en contra de la demandada, el cual se encuentra en trámite; confesión que quedó acreditada con la prueba de inspección judicial del expediente 41/2018, en el que se advierte que el testigo de nombre José Antonio Pérez Barrón, incoó en contra del demandado juicio oral mercantil, que se tramita bajo el número 41/2018, también del índice del juzgado responsable; medio de convicción que en términos del artículo 1299 del Código de Comercio, hace prueba plena, por ende, quedó acreditado la causa de enemigo expreso que se opuso. Asimismo, señaló que la segunda y tercera tacha formulada, consistente en que los testigos Héctor Alberto Cuéllar Gómez y José Antonio Pérez Barrón tienen interés directo sobre el resultado del juicio; quedó demostrada en autos, porque los atestes tienen una relación laboral con la actora principal, ya que éstos afirmaron trabajar para la empresa que representa el accionante y recibir una comisión derivada de las ventas de las facturas; declaraciones que consideró que tiene valor probatorio pleno en términos del artículo 1303 del Código de comercio. Concluyó que se califican de legales las tachas y probado el incidente de tachas; en consecuencia, declaró que la prueba testimonial no sería tomada en cuenta. Citó en apoyo a su determinación la tesis de rubro: "TACHAS EN MATERIA MERCANTIL. CASO EN QUE SE ACTUALIZA." De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio y, concomitante a ello, al auto de tres de febrero de dos mil veintiuno, puesto que expuso la razón por la que a su consideración quedó acreditado el interés directo sobre el resultado del juicio que, tienen los testigos Héctor Alberto Cuéllar Gómez y José Antonio Pérez Barrón, ya que los atestes afirmaron trabajar para la empresa que representa el accionante y recibir una comisión derivada de las ventas de las facturas; por lo que declaró fundada la tacha de testigo y, como consecuencia, dejó de considerar dichas testimoniales. De manera posterior, analizó la objeción planteada en la contestación de demanda, sobre las documentales exhibidas por el actor, consistentes en las veintisiete facturas, lo que aparece a fojas 245 y 246, respecto de lo cual, en esencia, señaló, a diferencia de la sentencia dictada el veinticinco de febrero de dos mil veinte: Que en términos del artículo 1296 del Código de Comercio, no pueden otorgárseles valor probatorio pleno a las veintisiete facturas, porque al momento de contestar la demanda el reo en el capítulo correspondiente las objetó, en cuanto a su alcance que les pretendía dar (voluntad tácita de su representada para establecer una relación comercial y para concretar actos de comercio); sin embargo, no fue desvirtuado por el actor con algún medio de prueba idóneo, infringiendo el artículo 1194 del Código de Comercio. Además, porque si las facturas adquieren distinto valor probatorio, con motivo de la objeción, lo consecuente es que a cada parte le corresponda probar los hechos de sus pretensiones, para que el juzgador logre adminicular la eficacia probatoria de cualquiera de los extremos planteados, resolviendo de acuerdo con las reglas de la lógica y su experiencia. Citó en apoyo a su determinación la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1a./J 65/2016 (10a.), de rubro: "JUICIO ORAL MERCANTIL. LA OBJECIÓN DE DOCUMENTOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1390 BIS 45, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, PUEDE PLANTEARSE COMO UN ACTO PROCESALMENTE VÁLIDO AL MOMENTO DE CONTESTAR LA DEMANDA (LEGISLACIÓN REFORMADA MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE ENERO DE 2012)." Analizó el alcance probatorio que tiene la copia certificada del expediente 245/2017, con relación a la litis planteada y el aporte de ésta en la verificación de los hechos, puesto que determinó que dicha pieza de juzgamiento carece de valor probatorio, porque en el desahogo de la prueba el declarante negó todas las posiciones que fueron calificadas de legales para su desahogo y no reconoció las facturas materia de la litis; y, por lo tanto, en nada beneficia a los intereses del actor. Valoró la prueba confesional a cargo del demandado a la luz de las respuestas esgrimidas por el absolvente de la prueba, sin revertir la carga probatoria sobre una posición formulada durante el desahogo de una confesional; se afirma lo anterior, porque del análisis se advierte que el juez responsable determinó desestimar la confesional a cargo del demandado Municipio de Chiautempan, Tlaxcala y/o H. Ayuntamiento Constitucional de Chiautempan, Tlaxcala, por conducto de su representante legal, Linda Ixchel Mejía Sarabia, síndico de dicho ayuntamiento, desahogada en la audiencia de juicio celebrada el treinta de enero de dos mil diecinueve, puesto que la absolvente negó las posiciones; y, que por lo tanto, carece de valor probatorio por no abonar a las pretensiones del actor. De lo anterior se concluye que, la autoridad responsable dictó una diversa resolución en el que cambió la valoración que había realizado respecto del caudal probatorio, en específico, respecto de la objeción realizada a la documental consistente en veintisiete facturas, a pesar de que, en el auto de tres de febrero del año en curso, de manera categórica se estableció que debía de dictar una nueva resolución en la que dejara firme las consideraciones sostenidas respecto de dicho medio probatorio; asimismo, con relación a la prueba documental consistente en la copia certificada del expediente 245/2017 y la prueba confesional a cargo del demandado, la autoridad responsable realizó una valoración breve a comparación de la resolución de veinticinco de febrero de dos mil veinte. Lo anterior se advierte claramente en el siguiente cuadro comparativo: SENTENCIA DE VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE SENTENCIA DE TRES DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. FACTURAS Documentales a las cuales se le otorga valor en términos del artículo 1296 del Código de Comercio, de las que se advierte que las mercancías que amparan cada una de ellas, fueron resultado de la operación comercial entre la parte actora y la demandada, en relación al pedimento que se realizó de las mismas, y que se entregaron las mercancías que ahí se detallan a su destino, no obstante el que hayan sido objetado por la parte demandada en cuanto a su alcance que le pretende dar respecto a que existe la voluntad tácita de su representada para establecer una relación comercial y para concretar actos de comercio, sin embargo, dicha objeción no quedó justificada, esto atendiendo a que si bien es cierto que al contestar la demanda negó la existencia de una relación comercial, y refirió que las facturas se emiten de forma unilateral, que no se tiene la certeza de haber recibido por parte de su representada la mercancía que unas las facturas contemplan, así como negó que el actor haya entregado dichas facturas a su representada al no existir contra recibo, también es cierto que las facturas analizadas contienen un sello de recibo del Ayuntamiento de Chiautempan, y la entrega de mercancías se puede acreditar con dichos documentos cuando la persona a cargo de quien se suscriben firma de recibido y en las facturas· analizadas constan sellos del citado Ayuntamiento de Chiautempan, lo que da una señal de recepción de las mercancías que amparan las facturas, y con estas se demuestra la vinculación del cliente con la factura, siendo que dicha relación se hizo en el domicilio del cliente o en algún local donde realiza sus actividades, o de residencia habitual del Ayuntamiento, donde desempeña sus actividades, tan es así que se estampó el sello correspondiente del recibo de servicios o mercancía pedidos. Orienta el criterio sustentado la siguiente Jurisprudencia cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "FACTURAS. SU VALOR PROBATORIO DEPENDE DE LOS HECHOS QUE SE QUIEREN ACREDITAR, DEL SUJETO CONTRA QUIEN SE PRESENTEN Y DE LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES (.)". Así como la siguiente tesis cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "FACTURAS. AUN OBJETADAS, SI SATISFACEN LOS REQUISITOS FISCALES Y EXISTEN OTRAS PRUEBAS QUE LO CORROBOREN, ACREDITAN LA RELACIÓN COMERCIAL ENTRE EL COMERCIANTE Y EL ADQUIRENTE DE LOS BIENES Y SERVICIOS. (.)" Por su parte el demandado no demostró conforme al artículo 1195 de la Ley Mercantil en cita, que el sello no corresponde a su representada, o cual es el sello que se emplea para el recibo de mercancía o el pago de dichas facturas. "Estas tienen valor de indicio y debieran adminicularse con otros medios de prueba, y no pueden otorgárseles valor probatorio pleno en términos del artículo 1296 del Código de Comercio en vigor, porque al momento de contestar la demanda el reo en el capítulo correspondiente las objetó en cuanto a su alcance que les pretendía dar respecto a que existía la voluntad tácita de su representada para establecer una relación comercial y para concretar actos de comercio, aspecto que se insiste no fue desvirtuado por el actor con algún medio de prueba idóneo, infringiendo el artículo 1194 del Código de Comercio en vigor. Lo anterior porque, si las facturas adquieren distinto valor probatorio, con motivo de la objeción, lo consecuente es que a cada parte le corresponda probar los hechos de sus pretensiones, para que el juzgador logre adminicular la eficacia probatoria de cualquiera de los extremos planteados, resolviendo de acuerdo con las reglas de la lógica y su experiencia. Se surte lo anterior porque al haber sido objetadas las facturas por el reo al contestar la demanda, y ante la falta de su reconocimiento y del sello de recibido contenido en las mismas, revirtió con ello la carga de la prueba al accionante, quien fue omiso en acreditar la entrega de la mercancía a la parte demandada, así como la autenticidad del sello contenidos en las mismas, porque las facturas por si solas no tienen el alcance de probarlo en términos de los artículos 1194 y 1195 del Código de Comercio en vigor, que establecen que el que afirma está obligado a probar sus acciones; asimismo, que el actor debe probar sus acciones; y que el que niega no está obligado a probar como en la especie lo hizo la parte demandada. Máxime por que los actos negativos están exentos de prueba. Cobra aplicación la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis, 1a./J. 65/2016 (10a.), por la Primera Sala, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 37, diciembre de 2016, Tomo I, página 331, Registro digital: 013280, rubro: "JUICIO ORAL MERCANTIL. LA OBJECIÓN DE DOCUMENTOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1390 BIS 45, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, PUEDE PLANTEARSE COMO UN ACTO PROCESALMENTE VÁLIDO AL MOMENTO DE CONTESTAR LA DEMANDA (LEGISLACIÓN REFORMADA MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE ENERO DE 2012).(.)" COPIAS CERTIFICADAS DEL JUICIO 245/2017, DE SU ÍNDICE "Por cuanto hace a la documental pública consistente en las copias certificadas deducidas del expediente 245/2017 de los del índice de esta Juzgado Mercantil y de oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, relativo a los medios preparatorios a juicio mercantil que promovió el accionante en contra del Ayuntamiento demandado, si bien es cierto que en términos del artículo 1292 del Código de Comercio, cuenta con pleno valor probatorio, también es cierto, que dicho medio probatorio no justifica lo referido por el accionante, atendiendo a que al desahogo de la prueba confesional de dicho juicio la demandada negó las posiciones que fueron calificadas de legales para su desahogo" (foja 163). 3. Documental pública.- Consistente en las copias certificadas deducidas del expediente 245/2017 de los del índice de este Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, relativo a los Medios Preparatorios a juicio ejecutivo mercantil que promovió el accionante en contra del demandado, para que reconociera judicialmente las facturas materia de la Litis; al respecto, debe decirse que dicha pieza de juzgamiento carece de valor probatorio por haber negado en el desahogo de la prueba la absolvente (demandado) las posiciones que fueron calificadas de legales para su desahogo y no haber reconocido las facturas materia de la litis, y por lo tanto en nada beneficia a los intereses del actor. CONFESIONAL A CARGO DEL DEMANDADO "La confesional a cargo del demandado Municipio de Chiautempan, Tlaxcala y/o H. Ayuntamiento Constitucional de Chiautempan, Tlaxcala, por conducto de su representante legal, Linda Ixchel Mejía Sarabia, síndico de dicho ayuntamiento, desahogada en la audiencia de juicio celebrada el treinta de enero de dos mil diecinueve, quien declaró al tenor del interrogatorio propuesto por la parte actora y oferente, de la que se advierte que no reconoció ninguna de las facturas que son base de la acción, y que fueron exhibidas por la parte actora, por el contrario negó que su representada haya pedido y recibido la mercancía que ampara cada de ellas, y que se adeuden, desconociendo el sello de recibo y constancia de recibo de las que lo contienen. Sin embargo, cabe manifestar que esta carece de valor probatorio, atendiendo a que la prueba confesional es un elemento de convicción que tiene por objeto la aceptación o reconocimiento de una de las partes de un hecho o varios hechos propios, de los que su contraparte intenta su demostración, y en el presente asunto al desahogo de dicho medio probatorio el demandado por conducto de su representante negó las posiciones que se le formularon, lo que trae como consecuencia que no aporte dato alguno y carezca de valor probatorio." (fojas 166 y 167). 4.- La confesional.- A cargo del demandado Municipio de Chiautempan, Tlaxcala y/o H. Ayuntamiento Constitucional de Chiautempan, Tlaxcala, por conducto de su representante legal, Linda Ixchel Mejía Sarabia, síndico de dicho ayuntamiento, desahogada en la audiencia de juicio celebrada el treinta de enero de dos mil diecinueve, misma que se desestima porque la absolvente negó las posiciones y por lo tanto carece de valor probatorio por no abonar a las pretensiones del actor. Del análisis a la sentencia de tres de marzo de dos mil veintiuno, se advierte que el juez responsable realizó un nuevo estudio de la objeción planteada por la parte quejosa por cuanto hace a las veintisiete facturas; puesto que, a diferencia de la primera sentencia, en la que se estableció que tal objeción era insuficiente para restarle valor probatorio a dicho medio de prueba, en la posterior determinación afirma que, con motivo a dicha objeción las partes tenían la obligación de demostrar sus pretensiones. En esa tesitura, la autoridad responsable pasó por alto que, en el proveído de tres de febrero del año en curso, al momento de valorar el cumplimiento de la ejecutoria, se declaró que ésta no estaba cumplida, pero se precisó que la autoridad debía de emitir otra resolución en la que dejara subsistente el análisis realizado a la objeción de la prueba documental consistente en veintisiete facturas que ofreció el quejoso, sin que lo haya hecho. Circunstancia que evidencia que la ejecutoria dictada en el presente amparo, todavía no se encuentra cumplida. Entonces, si la autoridad responsable hizo un análisis distintito, pues incluso cambió las consideraciones realizadas en la sentencia de veinticinco de febrero de dos mil veinte, respecto de las cuales se precisó en auto de tres de febrero de dos mil veintiuno, que debían dejarse subsistentes, es evidente que se excedió en el cumplimiento al que se debía ajustar, conforme a lo señalado en el referido auto de tres de febrero del año en curso, que ahora es parte de la materia de cumplimiento. No se soslaya que, en la ejecutoria de treinta de enero de dos mil veinte, este órgano actuando de manera colegiada haya resuelto conceder el amparo y protección de la justicia de la Unión, otorgando libertad de jurisdicción a la autoridad responsable; empero, dicha facultad (libertad de jurisdicción) fue agotada por la autoridad responsable respecto de las pruebas que se precisaron en el auto de tres de febrero de dos mil veintiuno; y, es en el marco de éste, junto con la ejecutoria de amparo de referencia, a la que debía ceñirse la autoridad responsable para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. De lo contrario, de considerar que la autoridad responsable puede cambiar su análisis, a pesar de que por acuerdo de Presidencia se acotó cuál era el tópico de los lineamientos que hacían falta para tener por cumplida la sentencia, se estaría soslayando el contenido del auto de tres de febrero de dos mil veintiuno, mismo que causó estado y, que por su naturaleza forma parte de la ejecutoria de amparo. De ahí que, existe un defectuoso actuar de la autoridad responsable, por lo que, procede tener por no cumplido en sus términos el fallo protector. Por tanto, se requiere a la Juez Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Tlaxcala, para que dentro del término de tres días: Deje insubsistente la sentencia de tres de marzo de dos mil veintiuno. Dicte otra en la que reitere las consideraciones sostenidas en la sentencia de veinticinco de febrero de dos mil veinte, con relación a los puntos siguientes: a) El pronunciamiento sobre la objeción planteada en la contestación de demanda, sobre las documentales exhibidas por el actor, consistentes en las veintisiete facturas; b) El análisis del alcance probatorio de la copia certificada del expediente 245/2017, con relación a la litis planteada; y c) La valoración de la prueba confesional a cargo del demandado a la luz de las respuestas esgrimidas por el absolvente de la prueba, sin revertir la carga probatoria sobre una posición formulada durante el desahogo de una confesional. Reitere también las consideraciones precisadas en la sentencia de tres de marzo de dos mil veintiuno, sobre el análisis de las tachas formuladas contra los testigos Héctor Alberto Cuéllar Gómez y José Antonio Pérez Barrón, y Hecho lo anterior, prescindiendo de hacer un análisis diverso, se pronuncie sobre la objeción que se planteó de las 27 facturas, debiendo subsistir las mismas consideraciones que se sostuvieron en la sentencia de veinticinco de febrero de dos mil veinte, en términos del acuerdo de tres de febrero de dos mil veintiuno por el presidente de este órgano colegiado" (fojas 272 a 277 y vuelta). Luego, mediante oficio 434, de quince de abril de dos mil veintiuno, el Juez Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc transcribió el auto de quince del mes y año en mención, mediante el cual dejó insubsistente la sentencia de tres de marzo de dos mil veintiuno (fojas 295 y 296). Posteriormente, mediante oficio 553, el Juez Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc remitió la sentencia de cuatro de mayo de dos mil veintiuno (fojas 312 a 329), por tal motivo se les dio vista a las partes (foja 332), siendo que el quejoso Ayuntamiento de Chiautempan, Tlaxcala, realizó manifestaciones al respecto (fojas 336 a 338). Ahora, del examen de las constancias que obran en autos y de la sentencia que remitió la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que: A. El Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, mediante acuerdo dictado el quince de abril de dos mil veintiuno, dejó insubsistente la sentencia de tres de marzo de dos mil veintiuno, foja 295 de autos (cumplimiento del lineamiento "1"). B. El cuatro de mayo de dos mil veintiuno dictó otra sentencia (cumplimiento del lineamiento "2"), en el que: I. Reiteró las consideraciones del pronunciamiento relativo a la objeción planteada en la contestación de demanda, sobre las documentales exhibidas por el actor consistentes en las veintisiete facturas (fojas 317 a 321 de autos, cumplimiento del lineamiento 2, inciso a), lo cual se evidencia con el siguiente cuadro comparativo: SENTENCIA DE VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE. SENTENCIA DE CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. FACTURAS. "Documentales a las cuales se les otorga valor en términos del artículo 1296 del Código de Comercio, de las que se advierte que las mercancías que amparan cada una de ellas, fueron resultado de la operación comercial entre la parte actora y la demandada, en relación al pedimento que se realizó de las mismas, y que se entregaron las mercancías que ahí se detallan a su destino, sin pasar por alto esta autoridad de que al momento de contestar la demanda dichas documentales fueron objetadas en cuanto a su alcance que le pretende dar respecto a que existe la voluntad tácita de su representada para establecer una relación comercial y para concretar actos de comercio, sin embargo, cabe resaltar que en el hecho número dos, el accionante refirió que las exhibió como anexos diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte y que dichas facturas fueron pagadas con cheque 468 del Banco Mercantil del Norte, lo que trae como consecuencia que dicha objeción no quedó justificada, esto atendiendo a que si bien es cierto que al contestar la demanda negó la existencia de una relación comercial, y refirió que las facturas se emiten de forma unilateral, que no se tiene la certeza de haber recibido por parte de su representada la mercancía que las facturas contemplan, así como negó que el actor haya entregado dichas facturas a su representada al no existir contra recibo, también es cierto que los motivos en los cuales basa ese desconocimiento no fueron acreditados, es decir no demostró lo contrario con algún medio probatorio, pues si bien es cierto que conforme al artículo 1195 de la Ley Mercantil en cita, los hechos negativos están exentos de prueba, también lo es que dicha exención se supera, cuando la negativa envuelve la afirmación expresa de un hecho, como es el caso, por tanto correspondía a la demandada la carga probatoria para acreditar que dichas facturas y el cheque que ya fue analizado su origen es diferente. Ahora bien, por cuanto hace a las facturas: *La identificada con el numero ACFDI 296, de fecha veintiuno de mayo de dos mil catorce; *La identificada con el numero ACFDI 301, de fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce; *La identificada con el numero ACFDI 933, de fecha veintitrés de enero del dos mil quince; *La identificada con el numero ACFDI 934, de fecha veintitrés de enero del dos mil quince; *La identificada con el numero ACFDI 957, de fecha treinta de enero del dos mil quince; *La identificada con el numero ACFDI 972, de fecha cinco de febrero del dos mil quince; *La identificada con el numero ACFDI 973, de fecha cinco de febrero del dos mil quince; *La identificada con el numero ACFDI 986, de fecha nueve de febrero del dos mil quince; *La identificada con el numero ACFDI 1332, de fecha diecinueve de junio del dos mil quince; *La identificada con el numero ACFDI 1333, de fecha diecinueve de junio del dos mil quince; *La identificada con el numero ACFDI 1337, de fecha diecinueve de junio del dos mil quince; *La identificada con el numero ACFDI 1340, de fecha diecinueve de junio del dos mil quince; *La identificada con el numero ACFDI 1341, de fecha diecinueve de junio del dos mil quince; *La identificada con el numero ACFDI 1344, de fecha diecinueve de junio del dos mil quince; *La identificada con el numero ACFDI 1345, de fecha diecinueve de junio del dos mil quince; *La identificada con el numero ACFDI 1346, de fecha diecinueve de junio del dos mil quince; *La identificada con el numero ACFDI 1348, de fecha diecinueve de junio del dos mil quince; *La identificada con el numero ACFDI 1349, de fecha diecinueve de junio del dos mil quince; *La identificada con el numero ACFDI 1352, de fecha diecinueve de junio del dos mil quince; *La identificada con el numero ACFDI 1353, de fecha diecinueve de junio del dos mil quince; *La identificada con el numero ACFDI 1359, de fecha veintidos de junio del dos mil quince; *La identificada con el numero ACFDI 1416, de fecha catorce de julio del dos mil quince; *La identificada con el numero ACFDI 1494, de fecha veinte de agosto del dos mil quince; *La identificada con el numero ACFDI 1506, de fecha veinticuatro de agosto del dos mil quince. Documentales a las cuales se le otorga valor en términos del artículo 1296 del Código de Comercio, de las que se advierte que las mercancías que amparan cada una de ellas, fueron resultado de la operación comercial entre la parte actora y la demandada, en relación al pedimento que se realizó de las mismas, y que se entregaron las mercancías que ahí se detallan a su destino, no obstante el que hayan sido objetado por la parte demandada en cuanto a su alcance que le pretende dar respecto a que existe la voluntad tácita de su representada para establecer una relación comercial y para concretar actos de comercio, sin embargo, dicha objeción no quedó justificada, esto atendiendo a que si bien es cierto que al contestar la demanda negó la existencia de una relación comercial, y refirió que las facturas se emiten de forma unilateral, que no se tiene la certeza de haber recibido por parte de su representada la mercancía que unas las facturas contemplan, así como negó que el actor haya entregado dichas facturas a su representada al no existir contra recibo, también es cierto que las facturas analizadas contienen un sello de recibo del Ayuntamiento de Chiautempan, y la entrega de mercancías se puede acreditar con dichos documentos cuando la persona a cargo de quien se suscriben firma de recibido y en las facturas· analizadas constan sellos del citado Ayuntamiento de Chiautempan, lo que da una señal de recepción de las mercancías que amparan las facturas, y con estas se demuestra la vinculación del cliente con la factura, siendo que dicha relación se hizo en el domicilio del cliente o en algún local donde realiza sus actividades, o de residencia habitual del Ayuntamiento, donde desempeña sus actividades, tan es así que se estampó el sello correspondiente del recibo de servicios o mercancía pedidos. Orienta el criterio sustentado la siguiente Jurisprudencia cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "FACTURAS. SU VALOR PROBATORIO DEPENDE DE LOS HECHOS QUE SE QUIEREN ACREDITAR, DEL SUJETO CONTRA QUIEN SE PRESENTEN Y DE LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES. (se transcribe)". Así como la siguiente tesis cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "FACTURAS. AUN OBJETADAS, SI SATISFACEN LOS REQUISITOS FISCALES Y EXISTEN OTRAS PRUEBAS QUE LO CORROBOREN, ACREDITAN LA RELACIÓN COMERCIAL ENTRE EL COMERCIANTE Y EL ADQUIRENTE DE LOS BIENES Y SERVICIOS. (se transcribe)" Por su parte el demandado no demostró conforme al artículo 1195 de la Ley Mercantil en cita, que el sello no corresponde a su representada, o cual es el sello que se emplea para el recibo de mercancía o el pago de dichas facturas. Por cuanto hace a las Facturas:  La identificada con el numero ACFDI 1052, de fecha veintisiete de febrero del dos mil quince;  La identificada con el numero ACFDI 1080, de fecha doce de marzo del dos mil quince;  La identificada con el numero ACFDI 1283, de fecha veintiocho de mayo del dos mil quince; Documentales a las cuales se les otorga valor probatorio de una presunción en términos del artículo 1306 del Código de Comercio, pues no contienen el sello señalado en las facturas que le anteceden al estudio, por lo que se les considera presunciones relacionando dichas facturas con las valoradas con anterioridad, por lo que se presume que las mercancías que amparan cada una de ellas, fueron resultado de la operación comercial entre la parte actora y la demandada, en relación al pedimento que se realizó de las mismas, y que se entregaron las mercancías que ahí se detallan a su destino, no obstante el que hayan sido objetadas en cuanto a su alcance que le pretende dar respecto a que existe la voluntad tácita de su representada para establecer una relación comercial y para concretar actos de comercio; sin embargo dichas objeciones no fueron justificadas, de conformidad al artículo 1195 de la Ley Mercantil en cita, los hechos negativos están exentos de prueba, también lo es que dicha exención se supera, cuando la negativa envuelve la afirmación expresa de un hecho, como es el caso, por tanto correspondía a la demandada la carga probatoria de acreditar sus objeciones al efecto es orientador el siguiente criterio, cuyos datos de identificación, rubro y contenido son del siguiente tenor: "FACTURAS. SI SE ARGUMENTA QUE LAS EXHIBIDAS NO CONTIENEN EL SELLO RECEPTOR QUE SE ESTILA, LA OBJETANTE DEBE ASUMIR LA CARGA PROBATORIA DE DEMOSTRAR CUÁL O CUÁLES SON LOS SELLOS QUE EN FORMA HABITUAL O EXCLUSIVA EMPLEA EN LAS OPERACIONES MERCANTILES QUE LLEVA A CABO COMO SIGNO DE ACEPTACIÓN. (se transcribe)".". "Documentales a las cuales se les otorga valor en términos del artículo 1296 del Código de Comercio, de las que se advierte que las mercancías que amparan cada una de ellas, fueron resultado de la operación comercial entre la parte actora y la demandada, en relación al pedimento que se realizó de las mismas, y que se entregaron las mercancías que ahí se detallan a su destino, sin pasar por alto esta autoridad de que al momento de contestar la demanda dichas documentales fueron objetadas en cuanto a su alcance que le pretende dar respecto a que existe la voluntad tácita de su representada para establecer una relación comercial y para concretar actos de comercio, sin embargo, cabe resaltar que en el hecho número dos, el accionante refirió que las exhibió como anexos diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte y que dichas facturas fueron pagadas con cheque 468 del Banco Mercantil del Norte, lo que trae como consecuencia que dicha objeción no quedó justificada, esto atendiendo a que si bien es cierto que al contestar la demanda negó la existencia de una relación comercial, y refirió que las facturas se emiten de forma unilateral, que no se tiene la certeza de haber recibido por parte de su representada la mercancía que las facturas contemplan, así como negó que el actor haya entregado dichas facturas a su representada al no existir contra recibo, también es cierto que los motivos en los cuales basa ese desconocimiento no fueron acreditados, es decir no demostró lo contrario con algún medio probatorio, pues si bien es cierto que conforme al artículo 1195 de la Ley Mercantil en cita, los hechos negativos están exentos de prueba, también lo es que dicha exención se supera, cuando la negativa envuelve la afirmación expresa de un hecho, como es el caso, por tanto correspondía a la demandada la carga probatoria para acreditar que dichas facturas y el cheque que ya fue analizado su origen es diferente. Ahora bien, por cuanto hace a las facturas: *La identificada con el numero ACFDI 296, de fecha veintiuno de mayo de dos mil catorce; *La identificada con el numero ACFDI 301, de fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce; *La identificada con el numero ACFDI 933, de fecha veintitrés de enero del dos mil quince; *La identificada con el numero ACFDI 934, de fecha veintitrés de enero del dos mil quince; *La identificada con el numero ACFDI 957, de fecha treinta de enero del dos mil quince; *La identificada con el numero ACFDI 972, de fecha cinco de febrero del dos mil quince; *La identificada con el numero ACFDI 973, de fecha cinco de febrero del dos mil quince; *La identificada con el numero ACFDI 986, de fecha nueve de febrero del dos mil quince; *La identificada con el numero ACFDI 1332, de fecha diecinueve de junio del dos mil quince; *La identificada con el numero ACFDI 1333, de fecha diecinueve de junio del dos mil quince; *La identificada con el numero ACFDI 1337, de fecha diecinueve de junio del dos mil quince; *La identificada con el numero ACFDI 1340, de fecha diecinueve de junio del dos mil quince; *La identificada con el numero ACFDI 1341, de fecha diecinueve de junio del dos mil quince; *La identificada con el numero ACFDI 1344, de fecha diecinueve de junio del dos mil quince; *La identificada con el numero ACFDI 1345, de fecha diecinueve de junio del dos mil quince; *La identificada con el numero ACFDI 1346, de fecha diecinueve de junio del dos mil quince; *La identificada con el numero ACFDI 1348, de fecha diecinueve de junio del dos mil quince; *La identificada con el numero ACFDI 1349, de fecha diecinueve de junio del dos mil quince; *La identificada con el numero ACFDI 1352, de fecha diecinueve de junio del dos mil quince; *La identificada con el numero ACFDI 1353, de fecha diecinueve de junio del dos mil quince; *La identificada con el numero ACFDI 1359, de fecha veintidos de junio del dos mil quince; *La identificada con el numero ACFDI 1416, de fecha catorce de julio del dos mil quince; *La identificada con el numero ACFDI 1494, de fecha veinte de agosto del dos mil quince; *La identificada con el numero ACFDI 1506, de fecha veinticuatro de agosto del dos mil quince. Documentales a las cuales se les otorga valor en términos del artículo 1296 del Código de Comercio, de las que se advierte que las mercancías que amparan cada una de ellas, fueron resultado de la operación comercial entre la parte actora y la demandada, en relación al pedimento que se realizó de las mismas, y que se entregaron las mercancías que ahí se detallan a su destino, no obstante el que hayan sido objetadas por la parte demandada en cuanto a su alcance que le pretende dar respecto a que existe la voluntad tácita de su representada para establecer una relación comercial y para concretar actos de comercio, sin embargo, dicha objeción no quedó justificada, esto atendiendo a que si bien es cierto que al contestar la demanda negó la existencia de una relación comercial, y refirió que las facturas se emiten de forma unilateral, que no se tiene la certeza de haber recibido por parte de su representada la mercancía que las facturas contemplan, así como negó que el actor haya entregado dichas facturas a su representada al no existir contra recibo, también es cierto que las facturas analizadas contienen un sello de recibo del Ayuntamiento de Chiautempan, y la entrega de mercancías se puede acreditar con dichos documentos cuando la persona a cargo de quien se suscriben firma de recibido y en las facturas analizadas constan sellos del citado Ayuntamiento de Chiautempan, lo que da una señal de recepción de las mercancías que amparan las facturas, y con estas se demuestra la vinculación del cliente con la factura, siendo que dicha relación se hizo en el domicilio del cliente o en algún local donde realiza sus actividades, o de residencia habitual del Ayuntamiento, donde desempeña sus actividades, tan es así que se estampó el sello correspondiente del recibo de servicios o mercancía pedidos. Orienta el criterio sustentado la siguiente Jurisprudencia cuyo rubro y texto dice lo siguiente: "FACTURAS. SU VALOR PROBATORIO DEPENDE DE LOS HECHOS QUE SE QUIEREN ACREDITAR, DEL SUJETO CONTRA QUIEN SE PRESENTEN Y DE LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES. (se transcribe)". Así como la siguiente tesis cuyo rubro y texto dice lo siguiente: "FACTURAS. AUN OBJETADAS, SI SATISFACEN LOS REQUISITOS FISCALES Y EXISTEN OTRAS PRUEBAS QUE LO CORROBOREN, ACREDITAN LA RELACIÓN COMERCIAL ENTRE EL COMERCIANTE Y EL ADQUIRENTE DE LOS BIENES Y SERVICIOS. (se transcribe)". Por su parte el demandado no demostró conforme al artículo 1195 de la Ley Mercantil en cita, que el sello no corresponde a su representada, o cual es el sello que se emplea para el recibo de mercancía, o el pago de dichas facturas. Por cuanto hace a las Facturas:  La identificada con el numero ACFDI 1052, de fecha veintisiete de febrero del dos mil quince;  La identificada con el numero ACFDI 1080, de fecha doce de marzo del dos mil quince;  La identificada con el numero ACFDI 1283, de fecha veintiocho de mayo del dos mil quince; Documentales a las cuales se les otorga valor probatorio de una presunción en términos del artículo 1306 del Código de Comercio, pues no contienen el sello señalado en las facturas que le anteceden al estudio, por lo que se les considera presunciones relacionando dichas facturas con las valoradas con anterioridad, por lo que se presume que las mercancías que amparan cada una de ellas, fueron resultado de la operación comercial entre la parte actora y la demandada, en relación al pedimento que se realizó de las mismas, y que se entregaron las mercancías que ahí se detallan a su destino, no obstante el que hayan sido objetadas en cuanto a su alcance que le pretende dar respecto a que existe la voluntad tácita de su representada para establecer una relación comercial y para concretar actos de comercio; sin embargo dichas objeciones no fueron justificadas, de conformidad al artículo 1195 de la Ley Mercantil en cita, los hechos negativos están exentos de prueba, también lo es que dicha exención se supera, cuando la negativa envuelve la afirmación expresa de un hecho, como es el caso, por tanto correspondía a la demandada la carga probatoria de acreditar sus objeciones al efecto es orientador el siguiente criterio, cuyos datos de identificación, rubro y contenido son del siguiente tenor: "FACTURAS. SI SE ARGUMENTA QUE LAS EXHIBIDAS NO CONTIENEN EL SELLO RECEPTOR QUE SE ESTILA, LA OBJETANTE DEBE ASUMIR LA CARGA PROBATORIA DE DEMOSTRAR CUÁL O CUÁLES SON LOS SELLOS QUE EN FORMA HABITUAL O EXCLUSIVA EMPLEA EN LAS OPERACIONES MERCANTILES QUE LLEVA A CABO COMO SIGNO DE ACEPTACIÓN. (se transcribe)".". II. Reiteró las consideraciones sobre el análisis del alcance probatorio que tiene la copia certificada del expediente 245/2017, en relación a la litis planteada y el aporte de ésta en la verificación de los hechos (foja 321 de autos, cumplimiento del lineamiento 2, inciso b), lo cual se evidencia con el cuadro comparativo siguiente: SENTENCIA DE VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE. SENTENCIA DE CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. COPIAS CERTIFICADAS DEL JUICIO 245/2017, DE SU ÍNDICE. "Por cuanto hace a la documental pública consistente en las copias certificadas deducidas del expediente 245/2017 de los del índice de esta Juzgado Mercantil y de oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, relativo a los medios preparatorios a juicio mercantil que promovió el accionante en contra del Ayuntamiento demandado, si bien es cierto que en términos del artículo 1292 del Código de Comercio, cuenta con pleno valor probatorio, también es cierto, que dicho medio probatorio no justifica lo referido por el accionante, atendiendo a que al desahogo de la prueba confesional de dicho juicio la demandada negó las posiciones que fueron calificadas de legales para su desahogo." "Por cuanto hace a la documental pública consistente en las copias certificadas deducidas del expediente 245/2017 de los del índice de este Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, relativo a los medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil que promovió el accionante en contra del Ayuntamiento demandado, si bien es cierto que en términos del artículo 1292 del Código de Comercio, cuenta con pleno valor probatorio, también es cierto, que dicho medio probatorio no justifica lo referido por el accionante, atendiendo a que al desahogo de la prueba confesional en dicho juicio, la demandada negó las posiciones que fueron calificadas de legales para su desahogo (.)." III. Reiteró las consideraciones sobre la valoración de la prueba confesional a cargo del demandado a la luz de las respuestas esgrimidas por el absolvente de la prueba, sin revertir la carga probatoria sobre una posición formulada durante el desahogo de una confesional (foja 322 de autos (cumplimiento del lineamiento 2, inciso d), lo cual se evidencia con el cuadro comparativo siguiente: SENTENCIA DE VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE. SENTENCIA DE CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. CONFESIONAL A CARGO DEL DEMANDADO. "La confesional a cargo del demandado Municipio de Chiautempan, Tlaxcala y/o H. Ayuntamiento Constitucional de Chiautempan, Tlaxcala, por conducto de su representante legal, Linda Ixchel Mejía Sarabia, síndico de dicho ayuntamiento, desahogada en la audiencia de juicio celebrada el treinta de enero de dos mil diecinueve, quien declaró al tenor del interrogatorio propuesto por la parte actora y oferente, de la que se advierte que no reconoció ninguna de las facturas que son base de la acción, y que fueron exhibidas por la parte actora, por el contrario negó que su representada haya pedido y recibido la mercancía que ampara cada de ellas, y que se adeuden, desconociendo el sello de recibo y constancia de recibo de las que lo contienen. Sin embargo, cabe manifestar que esta carece de valor probatorio, atendiendo a que la prueba confesional es un elemento de convicción que tiene por objeto la aceptación o reconocimiento de una de las partes de un hecho o varios hechos propios, de los que su contraparte intenta su demostración, y en el presente asunto al desahogo de dicho medio probatorio el demandado por conducto de su representante negó las posiciones que se le formularon, lo que trae como consecuencia que no aporte dato alguno y carezca de valor probatorio." "La confesional a cargo del demandado Municipio de Chiautempan, Tlaxcala y/o H. Ayuntamiento Constitucional de Chiautempan, Tlaxcala, por conducto de su representante legal, Linda Ixchel Mejía Sarabia, síndico de dicho ayuntamiento, desahogada en la audiencia de juicio celebrada el treinta de enero de dos mil diecinueve, quien declaró al tenor del interrogatorio propuesto por la parte actora y oferente, de la que se advierte que no reconoció ninguna de las facturas que son base la acción, y que fueron exhibidas por la parte actora, por el contrario negó que su representada haya pedido y recibido la mercancía que ampara cada una de ellas, y que se adeuden, desconociendo el sello de recibo y constancia de recibo de las que lo contienen. Sin embargo, cabe manifestar que esta carece de valor probatorio, atendiendo a que la prueba confesional es un elemento de convicción que tiene por objeto la aceptación o reconocimiento de una de las partes de un hecho o varios hechos propios, de los que su contraparte intenta su demostración, y en el presente asunto al desahogo de dicho medio probatorio el demandado por conducto de su representante negó las posiciones que se le formularon, lo que trae como consecuencia que no aporte dato alguno y carezca de valor probatorio." IV. Asimismo, reiteró las consideraciones sobre el análisis de las tachas formuladas contra los testigos Héctor Alberto Cuéllar Gómez y José Antonio Pérez Barrón, a la luz de los argumentos planteados por el demandado -fojas 315 vuelta y 316 (cumplimiento del lineamiento 2, inciso c), lo cual se evidencia con el cuadro comparativo siguiente: SENTENCIA DE TRES DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. SENTENCIA DE CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. ANÁLISIS DE LAS TACHAS FORMULADAS CONTRA LOS TESTIGOS HÉCTOR ALBERTO CUÉLLAR GÓMEZ Y JOSÉ ANTONIO PÉREZ BARRÓN. "Por ser de estudio preferente, se procede a resolver el Incidente de Tachas propuesto por la parte demandada en contra de los testigos Héctor Alberto Cuéllar Gómez y José Antonio Pérez Barrón, en la audiencia de juicio celebrada el treinta de enero del dos mil diecinueve, sustentado en las causas siguientes: Que el testigo José Antonio Pérez Barrón, es enemigo expreso de su representada, en atención de que tiene un juicio radicado en el Juzgado del conocimiento, bajo el número 41/2018, en contra del Ayuntamiento, en el que reclama una serie de prestaciones en dinero y dicho juicio está en actividad procesal. Que los testigos tienen interés directo sobre las resultas del juicio, dado que tienen una relación laboral con su representante y la actora principal. Y que ambos testigos señalaron que reciben una comisión derivado de las ventas de las facturas. Empero el incidente de tachas, las partes pueden tachar a los testigos por causas que éstos no hayan expresado en sus declaraciones, cuando el testigo tuviere parentesco con alguna de las partes, o desempeñare oficios o tuviere negocios o interés directo o indirecto en el pleito; asimismo, las tachas que hagan valer se calificarán en la sentencia, y deben contraerse únicamente a las personas de los testigos, en términos de los artículos 1390 bis 8 1307 al 1330 del Código de Comercio en vigor. En el presente caso, con base en la declaración formulada por el testigo José Antonio Pérez Barrón, se actualiza la causa de enemigo expreso y carece de credibilidad su testimonio, porque refirió que tiene un juicio radicado en contra de la demandada que se encuentra en trámite; confesión que quedó acreditada con el desahogo de la prueba de inspección judicial desahogada en la audiencia de juicio el treinta de enero de dos mil diecinueve, en las actuaciones del expediente 41/2018 de los del índice de este juzgado; y del resultado de dicha prueba resultó que el testigo de nombre José Antonio Pérez Barrón, tiene un juicio oral mercantil bajo el número 41/2018, radicado en este Juzgado, en contra del demandado; medio de convicción que en términos del artículo 1299 del Código de Comercio en vigor, hace prueba plena, y que demuestra la causa de enemigo expreso. Corre la misma suerte, la segunda y tercera tacha formulada consistente en que los testigos Héctor Alberto Cuéllar Gómez y José Antonio Pérez Barrón tienen interés directo sobre el resultado del juicio, pues quedo demostrado en autos que los mismos tienen una relación laboral con la actora principal; pues afirmaron en la audiencia de juicio cuando les preguntaron sus atestes trabajar para la empresa que representa el accionante, y recibir una comisión derivado de las ventas de las facturas, declaraciones que hacen prueba plena en términos del artículo 1303 del Código de Comercio. Con base en lo anterior, se califican de legales las tachas y por ende probado el Incidente de Tachas y por lo tanto se declara que la prueba testimonial no será tomada en cuenta al momento de resolver. Actualizándose la Tesis VI. 2º C384C, Consultable en Novena Época, Instancia Tribunales Colegidos de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 1697, registro 180763, Tesis aislada, materia civil, rubro: "TACHAS EN MATERIA MERCANTIL. CASO EN QUE SE ACTUALIZA. (Se transcribe)."." "Por ser de estudio preferente, se procede a resolver el Incidente de Tachas propuesto por la parte demandada en contra de los testigos Héctor Alberto Cuéllar Gómez y José Antonio Pérez Barrón, en la audiencia de juicio celebrada el treinta de enero del dos mil diecinueve, sustentado en las causas siguientes: Que el testigo José Antonio Pérez Barrón, es enemigo expreso de su representada, en atención de que tiene un juicio radicado en el Juzgado del conocimiento, bajo el número 41/2018, en contra del Ayuntamiento, en el que reclama una serie de prestaciones en dinero y dicho juicio está en actividad procesal. Que los testigos tienen interés directo sobre las resultas del juicio, dado que tienen una relación laboral con su representante y la actora principal. Y que ambos testigos señalaron que reciben una comisión derivado de las ventas de las facturas. Empero el incidente de tachas, las partes pueden tachar a los testigos por causas que éstos no hayan expresado en sus declaraciones, cuando el testigo tuviere parentesco con alguna de las partes, o desempeñare oficios o tuviere negocios o interés directo o indirecto en el pleito; asimismo, las tachas que hagan valer se calificarán en la sentencia, y deben contraerse únicamente a las personas de los testigos, en términos de los artículos 1390 bis 8 1307 al 1330 del Código de Comercio en vigor. En el presente caso, con base en la declaración formulada por el testigo José Antonio Pérez Barrón, se actualiza la causa de enemigo expreso y carece de credibilidad su testimonio, porque refirió que tiene un juicio radicado en contra de la demandada que se encuentra en trámite; confesión que quedó acreditada con el desahogo de la prueba de inspección judicial desahogada en la audiencia de juicio el treinta de enero de dos mil diecinueve, en las actuaciones del expediente 41/2018 de los del índice de este juzgado; y del resultado de dicha prueba resultó que el testigo de nombre José Antonio Pérez Barrón, tiene un juicio oral mercantil bajo el número 41/2018, radicado en este Juzgado, en contra del demandado; medio de convicción que en términos del artículo 1299 del Código de Comercio en vigor, hace prueba plena, y que demuestra la causa de enemigo expreso. Corre la misma suerte, la segunda y tercera tacha formulada consistente en que los testigos Héctor Alberto Cuéllar Gómez y José Antonio Pérez Barrón tienen interés directo sobre el resultado del juicio, pues quedo demostrado en autos que los mismos tienen una relación laboral con la actora principal; pues afirmaron en la audiencia de juicio cuando les preguntaron sus atestes trabajar para la empresa que representa el accionante, y recibir una comisión derivado de las ventas de las facturas, declaraciones que hacen prueba plena en términos del artículo 1303 del Código de Comercio. Con base en lo anterior, se califican de legales las tachas y por ende probado el Incidente de Tachas y por lo tanto se declara que la prueba testimonial no será tomada en cuenta al momento de resolver. Actualizándose la Tesis VI. 2º C384C, Consultable en Novena Época, Instancia Tribunales Colegidos de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 1697, registro 180763, Tesis aislada, materia civil, rubro: "TACHAS EN MATERIA MERCANTIL. CASO EN QUE SE ACTUALIZA. (Se transcribe)."." C. Finalmente, con libertad de jurisdicción resolvió, que la parte actora sí probó su acción, en consecuencia, condenó al demandado al pago de la suerte principal, así como al pago de los intereses generados y que se sigan generando hasta lograr el pago de dicha cantidad y, a los gastos y costas del juicio, fojas 327 vuelta y 328 (cumplimiento del lineamiento 3). De lo anterior se concluye que atento a lo resuelto por la autoridad responsable en el caso, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, pues como quedó relatado en líneas precedentes: 1. Dejó insubsistente la sentencia reclamada. 2. Emitió otro, en el que analizó y valoró los medios de prueba aportados por la parte actora, esto es: a) Atendió la objeción planteada en la contestación de demanda, sobre las documentales exhibidas por el actor, consistentes en las veintisiete (27) facturas. (Punto que se tuvo por cumplido en auto de tres de febrero de dos mil veintiuno). b) Fundó y motivó el alcance probatorio que tiene la copia certificada del expediente 245/2017, en relación con la litis planteada; pues explicó de manera detallada del contenido de la prueba, y el aporte de ésta en la verificación de los hechos. (Punto que se tuvo por cumplido en auto de tres de febrero de dos mil veintiuno). c) Analizó las tachas formuladas contra los testigos Héctor Alberto Cuéllar Gómez y José Antonio Pérez Barrón, a la luz de los hechos planteados por el demandado y calificó de legales las tachas y probado el incidente de tachas. (Punto que se tuvo por cumplido en auto de catorce de abril de dos mil veintiuno). d) Valoró la prueba confesional a cargo del demandado a la luz de las respuestas esgrimidas por el absolvente de la prueba, sin que haya revertido la carga probatoria sobre una posición formulada durante el desahogo de una confesional. (Punto que se tuvo por cumplido en auto de tres de febrero de dos mil veintiuno). 3. Resolvió con libertad de jurisdicción que la parte actora sí probó su acción, por ende, condenó al demandado al pago de la surte principal, así como al pago de los intereses generados y que se sigan generando hasta lograr el pago de dicha cantidad y al pago de gastos y costas. De lo anterior, se tiene que la autoridad responsable, dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el fallo protector, sin que haya incurrido en exceso o defecto en la ejecución de esa sentencia, pues circunscribió su actuación a los efectos fijados en ella. Así las cosas, de conformidad con el artículo 196 de la ley invocada, se tiene por cumplida dicha ejecutoria. Ahora bien, el Ayuntamiento de Chiautempan, Tlaxcala, por conducto de su síndico Linda Ixchel Mejía Sarabia, manifestó su inconformidad en contra del cumplimiento dado por la responsable, pues aduce que la juez responsable no cumple con lo ordenado en la ejecutoria, al argumentar cosas distintas a las ordenadas y repetir el acto reclamado por las siguiente consideraciones: i. Aduce que la juez en lugar de atender la objeción planteada en la contestación en relación a las facturas, sólo se encargó de buscar desvirtuar la misma, como si se tratara de una prueba ofertada por su representada, imponiendo las reglas generales que sólo son aplicables a hechos vertidos en acciones y excepciones, señalando en todo momento que es su obligación probar la objeción, por lo cual olvida por completo que la esencia de una objeción, es impedir el perfeccionamiento de la prueba a través del no reconocimiento tácito de lo que pretende alcanzar el actor con dicha documental, y con ello restarle valor probatorio, tal como lo establece el artículo 1241 del Código de Comercio. ii. Asimismo, refiere que se observa con ello una clara parcialidad que tiene el a quo con su contraparte, ya que en la primera sentencia que emitió y de la cual solicitó el amparo y protección de la justicia federal, señaló que toda vez que no objetó las documentales referidas, existía aceptación tácita de su representada y, por ello, dichas documentales tenían pleno valor probatorio, sin embargo, ahora que se ordenó que atienda las objeciones, sólo se encargó de desvirtuarlas como si se tratara de una prueba ofertada de su parte, aplicando las reglas generales de las pruebas las cuales resultan inaplicables para el caso de objetar documentales, ya que no es posible que quiera trasladar la carga probatoria de una acción, y en todo caso, también es importante resaltar que sus objeciones sí fueron acreditadas, más no analizadas, ya que de las mismas documentales que fueron objetadas se desprende que carecen de elementos que acrediten su voluntad de obligarse a una relación comercial, o que haya recibido una mercancía, al no encontrarse estampada la firma del represente legal, aunado a que no existe contrato alguno que así lo acredite. Por lo que alega que la responsable debió analizar a conciencia todas las pruebas ofertadas y adminiculadas para concluir que dichas documentales no tienen el alcance convictivo que les dio. iii. Concluye que al ser objetadas y conforme a los mismos criterios jurisprudenciales que refiere el a quo, las citadas documentales privadas, es decir, las facturas exhibidas, son indicios que pueden ser susceptibles de alcanzar plena fuerza probatoria si es reconocida o aceptada por dicho sujeto, en forma expresa o tácita, o si se demuestra su vinculación al acto con otros medios probatorios lo cual al ser objetados y no estar vinculados a ninguna probanza adicional no puede otorgárseles el valor. Estos argumentos son ineficaces. En efecto, tales argumentos tienden a controvertir la legalidad de la sentencia dictada en cumplimiento (es decir, la forma en que se analizó y valoró la objeción planteada en la contestación de demanda, sobre las documentales exhibidas por el actor, consistentes en las veintisiete facturas), por tanto, al no estar dirigidas a lo que es materia de cumplimiento, dichos argumentos resultan inatendibles; máxime que, lo relativo al análisis y valoración de la objeción planteada en la contestación de demanda, sobre las veintisiete facturas, se dejó libertad de jurisdicción a la responsable y sólo se le constriñó para que se pronunciara sobre dicha objeción. De ahí que, si lo que pretende en ocursante es hacer valer violaciones en el análisis de las objeciones, es decir, si fue correcto o no el pronunciamiento de fondo que se hizo sobre dichas objeciones, queda expedito el derecho del quejoso para hacerlas valer en el medio de defensa correspondiente. Sustenta lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2ª./J. 14/2016 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 717, Libro 27, febrero de 2016, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2010983, de rubro y contenido siguientes: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces". Así las cosas, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese como legalmente corresponda a las partes. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe.- Doy Fe.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, dos de junio de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que transcurrió el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de siete de mayo del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, haciéndolo el quejoso; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente. En conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, siete de mayo de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Titular del Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa remite copia certificada de la sentencia de cuatro del mes y año en curso y del acta de continuación de la audiencia de juicio, así como un DVD que refiere contiene el desahogo de dicha audiencia; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada, así como con los diversos oficios enviados por la responsable en cumplimiento a la ejecutoria emitida en el expediente en que se actúa, entregando copia autorizada de la sentencia correspondiente para que dentro del término de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, expresen lo que a su interés corresponda. En conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese, personalmente al quejoso y de forma electrónica a la tercera interesada. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe. MRA/ghm

Quedan 30 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · 6,390 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano