Linda Isabel Cancio Orantes
Expediente 664/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 664/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Linda Isabel Cancio Orantes
Actuaciones
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a diez de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y de la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98, de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley, contra el auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos correspondientes. ELSA DANIELA FLORES SANCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8d.7f 15/06/22 01:35:59 2 Ahora, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, y que no existe acuerdo pendiente por dictar, se ordena su archivo definitivo, previa realización de las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ? Archivo como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, conforme a los artículos 6, 12, 14, 21, inciso d), y 35, se establece: 1. El archivo como asunto concluido; 2. El expediente es destruible en un plazo de tres años; 3. En el expediente no se exhibieron documentos originales; 4. El criterio de valoración para este expediente es destruible, en consecuencia, hágase constar en la carátula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia dicha leyenda: Destruible. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Radicación Visto lo de cuenta; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Linda Isabel Cancino Orantes, contra actos de las siguientes autoridades: Fiscal del Distrito Fronterizo Costa, con sede en esta ciudad; y, Subdirector de la Unidad Integral de Investigación y Judicialización de Delitos Graves y No graves, con sede en esta ciudad. Registro de la demanda Fórmese expediente impreso y electrónico, para los efectos que prevé el numeral 3°, de la Ley de Amparo; y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 664/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El suscrito tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito inicial o su aclaración. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran ofrecer las partes. Las anteriores consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito1, cuyo rubro y texto disponen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." En el caso, se considera que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que en contra del acto reclamado, procede un medio de defensa, a través del cual puede ser modificado, revocado o nulificado, que a la letra reza: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" Dicho precepto, en esencia dispone que el juicio de amparo es improcedente, contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. En el caso se estima actualizada la invocada causal de improcedencia, en atención a que la parte quejosa no cumplió con el principio de definitividad, rector del juicio de amparo, ya que para combatir las omisiones en formular imputación contra Heribel Mejía Barrios del Ministerio Público, dentro de la carpeta de investigación 501/2021, y de acogerse a las reglas del estándar probatorio mínimo y de la suposición fáctica, previamente a la promoción del juicio de amparo, debía instar el medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales2, que es el que tiene una tramitación específica, como lo es un término para su interposición, ante una autoridad distinta y de mayor jerarquía a la que emitió el acto (Juez de Control), en el que se celebrará una audiencia en la que se citará a las partes y, por tanto, se advierte que el Juez de Control, es legalmente competente para conocer y resolver el recurso en comento. Por tanto, en el caso se actualizó la invocada causal de improcedencia, tomando en consideración que tal abstención no fue impugnada a través del recurso ordinario procedente, que en el caso lo era el previsto por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que aún, ante la innominación de dicho recurso, establece en lo conducente, que las partes podrán impugnar ante el Juez de Control la omisión del Ministerio Público de investigar. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2017640, publicada en la Sistematización del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Así, como la diversa 1a./J. 27/2018 10a. de rubro y texto siguientes: SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Sin que en el caso ocurra alguno de los supuestos de excepción, previstos en la citada fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, aunado a que dicha circunstancia no fue alegada por la parte solicitante del amparo. Bajo esa óptica, se sostiene que, contra los actos en comento, procede un medio de defensa legal por virtud del cual pueden ser modificados, revocados o nulificados, el cual lo constituye el medio de defensa previsto en el multicitado artículo 258, lo que impone a la parte promovente del amparo agotar dicho medio de defensa antes de acudir al juicio de amparo, y al no haberlo hecho así, evidentemente inobservó el principio de definitividad, rector del juicio de amparo, quedando actualizada en plenitud la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo. En esas condiciones, al no agotarse el medio de defensa que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales para combatir la actuación reclamada, de conformidad en lo contemplado en los artículos 113 y 61, fracción XX, ambos de la Ley de la Materia, se desecha la demanda de amparo promovida por Linda Isabel Cancino Orantes. Domicilio de la parte quejosa Se tiene como domicilio los estrados de este juzgado federal. Medios digitales Este Juzgador autoriza la toma de las actuaciones mediante cámaras, grabadoras o lectores ópticos, ello con fundamento en la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Habilitación de días y horas inhábiles Con fundamento en el artículo 21, párrafo III, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial para que las notificaciones personales, así como cualquier diligencia ordenada en autos, pueda realizarlas, incluso, en días y horas inhábiles. Transparencia, aviso de privacidad y datos personales En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 3 y 1134 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción II, 26 y 27 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados5; 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación del primero de los ordenamientos en cita, publicada en el Diario Oficial de la Federación en nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente; hágase saber a las partes, que los datos personales que proporcionen en el presente asunto podrán ser utilizados para la tramitación y resolución de este juicio de amparo hasta su total conclusión; asimismo, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, a excepción de la información clasificada, definida por el segundo de los artículos del ordenamiento legal citado en primer término, pues la misma será suprimida de la versión pública de las sentencias ejecutoras, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, aun cuando no exista oposición de las partes para su publicación, procurándose que tal supresión no impida el conocimiento del criterio sustentado por este Juzgado. Asimismo, hágase del conocimiento de los servidores públicos adscritos a este órgano jurisdiccional que tengan acceso al presente expediente con motivo de sus funciones, a tratar los datos personales que resulten estrictamente necesario para el ejercicio de sus atribuciones con la debida administración y custodia, así como, vigilen que esos datos que tengan en posesión sean exactos, completos, pertinentes, correctos y actualizados, ya que tal información deberá ser resguardada a fin de su protección, lo anterior con apoyo en los artículos 4, 5, 6 y 7 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de Datos Personales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de octubre de dos mil dieciocho. Expediente electrónico Atento a lo establecido en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena la integración del sumario y la digitalización de constancias para que coincidan íntegramente el expediente impreso con el electrónico. Exhortación a las partes De conformidad con el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Para mejorar la comunicación, se invita a las partes a que: - De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. - En sus promociones propongan formas expeditas de contacto, como una cuenta de correo electrónico y un número de teléfono o de celular, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones. Notifíquese por estrados a la parte quejosa. Sánchez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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