Linda Geraldine Fontalvo Robles
Expediente 1570/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1570/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 28/10/2022
Partes del expediente
- Linda Geraldine Fontalvo Robles
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
...de conformidad con lo dispuesto con los artículos 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, notifico por lista fija en el Edificio del Poder Judicial de la Federación, así como por lista en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa ***el auto de veintiséis de octubre del año en curso, que en lo conducente establece ...se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes, para que manifestaran sobre el informe de la autoridad responsable en relación al cumplimiento de la sentencia en la que se concedió el amparo y la protección solicitado por la parte quejosa, y, no habiendo hecho manifestación alguna...Consecuentemente, al haberse observado los lineamientos trazados en la sentencia de amparo, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, se declara cumplida la sentencia de amparo...Seguidamente, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y archívese este asunto como totalmente concluido..se advierte que en el presente juicio obra tomo de prueba que remitió la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, consistente en copias certificadas de diversas constancias que integran el expediente ********************de su índice; sin embargo resulta innecesario conservar las constancias descritas; por tanto, mediante oficio con transcripción devuélvanse a la autoridad en cita.
- Principal
notificación personal parte quejosa... se hace efectivo apercibimiento y con fundamento en el articulo 27 fracción I, inciso c, de la Ley de Amparo se notifica por lista a la parte quejosa el acuerdo de catorce de octubre de dos mil veintidós que en su parte conducente dice: ... téngase por recibido y agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito que presenta el licenciado Servando ****en su carácter de abogado autorizado de la parte quejosa; mediante el cual en atención al proveído de tres de octubre de dos mil veintidós, exhibe carta de trabajo suscrita por Daniela***en su carácter de empleadora. -Ahora bien, tomando en consideración la documental exhibida por la quejosa y toda vez que del escrito de cuenta se advierte que se comprometió a presentar a Daniela *** a efecto de que ratifique el documento que anexa a su ocurso, ....
- Principal
Mexicali, Baja California, catorce de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio y anexo que remite el Titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia Tijuana, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 522/2022, con número de orden 522/2022, del índice de este Juzgado, que se envió para notificar al quejoso el proveído de diez de octubre de dos mil veintidós. Por tanto, dese de baja en el libro de gobierno correspondiente, sin que sea el caso acusar el recibo de estilo correspondiente, toda vez que la presente comunicación oficial fue recibida vía Sistema Integral de Seguimiento Expediente (SISE). Notifíquese....
- Principal
Mexicali, Baja California, diez de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, téngase por recibido y agréguese a los autos el escrito que presentó ******************** en representación de ********************; y en atención a su contenido, se le tiene realizando sus respectivas manifestaciones en el sentido de que se ordene la inmediata libertad y que la autoridad responsable no fije una garantía económica a la parte quejosa. Ahora, es dable establecer que de conformidad con la Ley de Migración, el Instituto Nacional de Migración tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación de políticas en la materia, con base en los lineamientos que expida la misma Secretaría de Gobernación; y, entre sus atribuciones debe tramitar y resolver sobre la internación, estancia y salida del país de los extranjero, de ahí que, se presupone la legalidad de las medidas decretadas por la misma, al ser una autoridad especializada en asuntos de dicha índole. Asimismo, del contenido de los numerales 68, 69 y 111 todos de la Ley de Migración, se advierte que el trámite del procedimiento administrativo migratorio incluye: 1) La presentación; 2) El alojamiento en las estaciones migratorias o en los centros de asistencia social para el caso de niñas, niños y adolescentes migrantes; 3) El retorno asistido; y 4) La deportación. Así, la presentación, entendida como la medida dictada por el instituto mediante la cual acuerda el alojamiento temporal de un adulto que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno, sólo puede realizarse por el Instituto en los casos previstos en la ley, deberá constar en actas y no podrá exceder el término de treinta y seis horas. El Instituto resolverá la situación migratoria de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de su presentación, por lo que el alojamiento en las estaciones migratorias únicamente podrá exceder de los quince días hábiles, cuando se actualicen los supuestos previstos en el artículo 111 de la ley de Migración, transcurrido dicho plazo, el Instituto otorgará la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras subsista el supuesto por el que se les otorgó dicha condición de estancia. Obteniéndose que, el Instituto Nacional de Migración debe acordar el alojamiento temporal en un plazo que no exceda de treinta y seis horas; asimismo, a partir de ese momento, cuenta con un plazo no mayor de quince días para resolver la situación migratoria de los extranjeros presentados y que como excepción, se prevé que el alojamiento podrá exceder del plazo de quince días, en los supuestos previstos en el artículo 111 de la Ley de Migración, en este supuesto, el alojamiento en las estaciones migratorias no podrá exceder de sesenta días. Asimismo, que la autoridad migratoria debe pronunciarse en caso de considerarlo procedente en favor de la procedencia de medidas menos restrictivas de la libertad personal, ello atendiendo a las circunstancias particulares del caso en concreto, y con la información procesal con la que se cuente; y en su caso dictar las medidas previstas legalmente (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación), que aseguren que la quejoso no evada el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político; entre ellas, la obligación de presentarse ante la propia autoridad administrativa cuantas veces les sea exigido. Anteponiendo el principio de excepcionalidad, las autoridades administrativas quedan constreñidas, con la información que tienen de la persona migrante de primera mano, a verificar si procede su libertad en forma condicionada y responsable, o bien, a través del establecimiento de un domicilio dentro de la circunscripción del órgano de amparo donde el quejoso pueda ser localizado mientras se determina lo relacionado a su estancia en este país, o bien, si es que lo que hubiere, con un familiar que se haga responsable del quejoso mientras se resuelve lo pertinente con su estatus migratorio, con la prohibición de ausentarse de dicho lugar y la obligación de presentarse las veces que sea requerida por la autoridad administrativa. Partiendo de una presunción de libertad y no de una presunción de detención, donde la detención migratoria sea la excepción y se justifique solo cuando ésta sea legal y no arbitraria. En el entendido de que en caso de que consideren que la detención está justificada, están obligadas a exponer cuál es el fundamento jurídico razonado y objetivo sobre la procedencia y necesidad de dicha medida, toda vez que el mero listado de todas las normas que podrían ser aplicables no satisface el requisito de motivación suficiente que permita evaluar si la medida resulta compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos; lo que deberá realizarse en estricto apego al artículo 16 Constitucional, a fin de que sea posible analizar en sede judicial si las circunstancias que en un caso concreto justifican la detención han sido señaladas de manera expresa por la autoridad y si están sustentadas por datos objetivos que muestren el riesgo de incomparecencia de la persona migrante al procedimiento o que éste pueda ser obstaculizado de alguna otra manera. Lo que no impide que la autoridad con competencia legal dicte las medidas que aseguren que el quejoso no evada el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político, entre ellas, la obligación de presentarse ante ella y ante quien concedió la suspensión cuantas veces le sea exigido. Aunado a que es del conocimiento del suscrito que en diversos juicios de amparo que se tramitan ante este Juzgado Federal, los que constituyen un hecho notorio para este Juzgador, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y en los cuales fueron señaladas como responsables diversas autoridades del Instituto Nacional de Migración, recibiéndose diversos supuestos en los que se determinó la situación particular de los migrantes quejosos, como lo es: 1. En algunos casos se otorgó el documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, ello al aplicar la hipótesis del numeral 111 fracción V de la Ley de Migración; y, 2. En otros casos, se otorgó el oficio de salida de la estación migratoria, por razones humanitarias, al actualizarse la hipótesis contemplada en el numeral 111, fracción IV, 133 Fracción IV y 134, fracción I todos de la Ley de Migración. Sin que el suscrito Juez advierta las circunstancias particulares por las cuales se está en tales supuestos, esto es, el de otorgarse oficio de salida de la estación migratoria, o bien, documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, y que las mismas no se actualizan en el presente asunto. Por tanto, se requiere nuevamente a las autoridades responsables Subdirector de Regulación Migratoria del Instituto Nacional de Migración Delegación Federal en Baja California, Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración Delegación Federal en Baja California, Titular de la Oficina de Representación en el Estado de Baja California del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de Tijuana Baja California y Encargado de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de Tijuana Baja California, todas con sede en Tijuana, para el efecto de en el término de veinticuatro horas, contadas a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, informen respecto a las circunstancias particulares del caso concreto, la determinación de la situación migratoria conforme al procedimiento administrativo de migración que se le instauró a la quejosa ********************. Además, deberán brindar y justificar las razones del por qué la quejosa referida en párrafo supra no se ajusta al supuesto que hace viable obtener su libertad o en su caso, actúe en un plano de igualdad entre los quejosos y los diversos extranjeros, a fin de hacer patente la excepcionalidad de la reclusión. Se les previene, que de no cumplir con lo que aquí se ordena se impondrá multa por el equivalente a cincuenta veces la unidad de medida y actualización prevista por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, asimismo, podrán incurrir en la hipótesis que establece el artículo 266, fracción I, de la cita ley, que dice: "Artículo 266. Se impondrá pena de tres a siete años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a siete años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos al juez de distrito o la autoridad que conozca de un juicio de amparo o del incidente respectivo, cuando dolosamente: "I. No suspenda el acto reclamado a sabiendas de que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y se lleva a efecto su ejecución; y [.]". En otro orden de ideas, se tiene al promovente solicitando se tenga al aquí quejoso cumplimiento con los requisitos que marca el artículo 102 de la Ley de Migración y ordene a la autoridad responsable que lo ponga en inmediata libertad, ya que aduce haber cumplidos con los mismos. Atento a lo anterior, hágase del conocimiento del promovente, que dichos requisitos se deben de cumplir ante la autoridad migratoria correspondiente, toda vez que dicha autoridad es la encargada de verificar si cumplen o no con lo establecido en la Ley de Migración. No obstante a lo anterior, remítase copia del escrito de cuenta y requiérase a las autoridades responsables Subdirector de Regulación Migratoria del Instituto Nacional de Migración Delegación Federal en Baja California, Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración Delegación Federal en Baja California, Titular de la Oficina de Representación en el Estado de Baja California del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de Tijuana Baja California y Encargado de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de Tijuana Baja California, todas con sede en Tijuana, para que dentro del término improrrogable de veinticuatro horas informen el seguimiento que ha dado respecto al escrito presentado por la parte quejosa y en especial, mediante motivos y fundamentos informe si la quejosa cumple con los requisitos para su estancia legal en este país. Exhorto... Notifíquese y personalmente vía exhorto a la quejosa ********************..
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